Por Juan Carlos Coéllar y Remedios Sánchez*
El terreno de partida.- En octubre del 2019, el movimiento indígena, junto a sectores populares y barriales, estudiantes, mujeres y población subempleada, logró detener la eliminación del subsidio a los combustibles, el Decreto 883 fue la punta de lanza del acuerdo firmado por el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La movilización, que paralizó al país durante 11 días, canalizó la frustración y la desesperanza de cientos de miles de personas. Sin embargo, no logró consolidarse en una expresión política de más largo aliento, ni los planteamientos formulados, como la “Propuesta País” presentada por el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales, permearon en el resto de sectores sociales.
Las movilizaciones de octubre del año pasado paralizaron temporalmente la aplicación de algunas medidas neoliberales, pero el gobierno de Moreno, en una clara alianza con los sectores de poder político y económico del país, continuó con el recetario del FMI como horizonte de su gestión gubernamental. No es sorprendente que en el repertorio de políticas implementadas antes de la crisis sanitaria se haya dado paso a la supresión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), dejando la función de planificación a cargo de una dependencia de bajo perfil, lo que se traduce en un retroceso de tres décadas, similar a lo que aconteció cuando desapareció el Conade y se creó Odeplan.
En el plano internacional los retrocesos han sido igual de graves. Es evidente la articulación con los intereses geopolíticos de Estados Unidos, el gobierno de Moreno dio el golpe de gracia a la ya debilitada Unasur para optar por la adscripción del Ecuador a la Alianza del Pacífico; suprimió el convenio que mantenía Ecuador con médicos cubanos especialistas en el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas y entregó a la justicia de Inglaterra al activista Julian Assange, quien se encontraba en la Embajada del Ecuador en Londres en calidad de refugiado político. Con esta vergonzosa decisión rompió toda normativa constitucional del Ecuador en esta materia y las más elementales consideraciones del derecho humanitario internacional.
La supresión de la Senplades, dejando la función de planificación a cargo de una dependencia de bajo perfil, se traduce en un retroceso de tres décadas.
La versión ecuatoriana de la sopa de Wuhan
La teoría política ha evidenciado que son los momentos de crisis los que revelan las orientaciones y características de los gobiernos. Es en el contexto de la emergencia sanitaria global actual, provocada por covid-19, que ha obligado a la adopción de estrictas medidas de confinamiento y que ha incrementado un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección individual, es cuando el gobierno del Presidente Moreno, de una manera perversa y premeditada, retoma lo que no pudo concretar en octubre de 2019, y consolida un paquete de medidas neoliberales.
No sólo está la mal llamada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que la Asamblea aprobó el 19 de junio pasado. Esta ley formulada bajo el pretexto de enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, no incluye ninguna medida de carácter redistributivo que obligue a las empresas y a las personas más ricas del país a cumplir con sus obligaciones y entregar una retribución mayor en estos momentos críticos. La Ley hace tabla rasa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que serán despedidos, no protege a las familias arrendatarias y deudores del sistema financiero que en lo sustantivo deberán realizar negociaciones bilaterales con sus empleadores, propietarios de bienes inmuebles y acreedores, respectivamente. Como es de prever, tales negociaciones se llevarán a cabo en condiciones desfavorables y asimétricas para las partes más débiles de la relación.[1]
Se afirma así una tendencia que ha venido imponiéndose en el gobierno de Moreno que consiste en la ausencia del papel regulador y de intermediación del Estado en las relaciones civiles de la sociedad y que privilegia su relación con el capital, como lo confirman los pagos por concepto de la deuda externa realizados al inicio de la pandemia y en los momentos más álgidos de esta crisis sanitaria. El Observatorio de la Dolarización señala que entre febrero y marzo de 2020 el gobierno de Moreno pagó 760 millones de dólares; que en marzo, por concepto de los bonos global 2020, canceló 342 millones y que por otros tramos de la deuda externa pagó un total de 791 millones de dólares. En abril de 2020, canceló por adelantado 865 millones de dólares de capital y 71 millones de dólares en intereses y comisiones a los consorcios financieros Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc.
La celeridad con la que el gobierno actúa frente a la banca internacional contrasta con el atraso en los pagos a los servidores públicos, su intención de disminuir el presupuesto de las universidades ecuatorianas y la obstinada negativa a enfrentar la grave crisis económica del país con medidas redistributivas que equilibren las profundas brechas socio económicas y la adopción y aplicación de otras políticas alternativas.
La celeridad con la que el gobierno actúa frente a la banca internacional contrasta con el atraso en los pagos a los servidores públicos, su intención de disminuir el presupuesto de las universidades ecuatorianas.
Durante el período de pandemia, no solo que Moreno ha ahondado el giro neoliberal, sino que ha demostrado una total falta de sensibilidad y empatía con las necesidades de la mayoría de la población ecuatoriana. Así lo evidencian la liberalización de los precios de los combustibles (Decreto Ejecutivo 1054); la reducción de la jornada de trabajo y el salario de las empleadas y empleados de la función ejecutiva (Decreto Ejecutivo 1053); el cierre de más de ocho empresas públicas y la fusión de otras instituciones (como la Secretaría Nacional del Agua y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad) con la consiguiente pérdida de miles de empleos. Todo lo anterior expresa la sumisión del régimen ante el FMI y el carácter y composición del gobierno de Moreno donde existe una clara hegemonía de los principales grupos de poder del Ecuador.
El repertorio de medidas neoliberales tiene un alcance mayor. Si nos atenemos a los contenidos de la carta de intención suscrita entre el gobierno y el FMI y a las recurrentes expresiones de los grupos de poder que insisten en una mayor reducción del gasto público (léase más despidos y eliminación de subsidios), en la monetización de activos (léase privatización), en la reforma tributaria (léase disminución del impuesto a la salida de capitales, incremento del impuesto al valor agregado y eliminación del anticipo al impuesto a la renta) y en la implementación de reformas que flexibilicen las condiciones de contratación laboral (léase reformas laborales que vulneran derechos y garantías constitucionales), el horizonte en el corto plazo advierte de un deterioro de las condiciones de reproducción de la vida de la mayoría de la población ecuatoriana y un incremento de la pobreza.
Frente a la adopción de este paquete económico y la aplicación del recetario del FMI las respuestas de los movimientos sociales y de los sectores progresistas y de izquierda han sido fragmentarias, débiles y desarticuladas. Después de las jornadas de octubre del año pasado, es evidente que existe un reflujo de estas expresiones políticas, agudizado por una crisis sanitaria y económica sin precedentes que ha sumido a la mayor parte de la población en sentimientos de miedo, incertidumbre y en la búsqueda desesperada de la sobrevivencia individual. Moreno y los grupos de poder han entendido la fragilidad social y las dificultades de activar procesos de resistencia, para acentuar la senda neoliberal iniciada con su mandato.
Durante el período de pandemia, no solo que Moreno ha ahondado el giro neoliberal, sino que ha demostrado una total falta de sensibilidad y empatía con las necesidades de la mayoría de la población ecuatoriana.
Resulta paradójico que en este contexto, la Fiscalía haya iniciado más de 140 investigaciones y que cerca de 200 contratos estén siendo examinados por la Contraloría. Desde que se implantó el estado de excepción se han producido alrededor de 40 allanamientos y 20 detenciones, incluidos los casos más emblemáticos como la detención del expresidente Abdalá Bucaram, las investigaciones al actual prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales (??), y el culebrón protagonizado por Daniel Salcedo, intermediario de una poderosa trama de intereses coaligados con la familia Bucaram. Los actos de corrupción toman lugar en medio de un discurso amplificado por los medios de comunicación más poderosos del Ecuador que celebran la supuesta política del gobierno de lucha contra la corrupción y transparencia de la gestión gubernamental
Los posibles escenarios que están por venir
Hacia el corto y mediano plazos, la sociedad ecuatoriana está frente a la disyuntiva de transitar entre una profundización del neoliberalismo encarnado en figuras como las de Guillermo Lasso o Jaime Nebot, o disputar y modificar el escenario con propuestas alternativas y posibles. No hay que olvidar que esta disyuntiva en otros contextos se resolvió a través de procesos fascistoides en lo social como lo sucedido en países como Estados Unidos, Hungría o Brasil, donde los sectores más retardatarios canalizaron la pérdida de horizontes sociales de las mayorías más golpeadas de esas sociedades, con la gestión de gobiernos autoritarios, racistas, patriarcales y coloniales, que han erosionado profundamente el sentido de la democracia.
Las elecciones previstas para el año venidero constituyen una oportunidad para que desde las posiciones progresistas y de izquierda se recojan las expresiones de frustración, pérdida de esperanzas vitales en las que se encuentra la mayoría de la población y que posibiliten la construcción de una agenda que movilice a los más amplios sectores sociales afectados por la crisis y por las medidas adoptadas por el gobierno de Moreno.
La idea no es nueva. Algunos sectores progresistas y de izquierda están pensando estrategias similares. Una de las opciones identificadas es el establecimiento de una alianza entre estos sectores y el “correísmo”, tal como lo plantea el movimiento político Rumbo Democrático.
Varias razones podrían explicar las dificultades de concretar esta alianza. Entre otras cuestiones está la propia personalidad de Rafael Correa, expresada en un egocentrismo exacerbado y ausencia de autocrítica. Por otra parte, pesarán en los movimientos sociales y en sus dirigencias, el recuento de los diez años que estuvo en el poder y su estilo de gobierno caracterizado por la aplicación sistemática de un discurso y una práctica poco afecta al diálogo y a la construcción de agendas programáticas concertadas con sectores sociales, anteponiendo siempre su evidente capacidad electoral.
La criminalización de la protesta social, la persecución a dirigentes sociales a través de los organismos judiciales, el sometimiento de todos los poderes del Estado a su control, el manejo discrecional de los recursos públicos; la imposición de una postura conservadora frente a los derechos sexuales y reproductivos, la desvalorización a las demandas de mujeres, indígenas y ecologistas, cohabitaron, contradictoriamente, con una dirección de defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos en el plano internacional. Los excesos autoritarios y los signos de corrupción que conllevó la gestión de su gobierno, entraron en contradicción con el mejor desempeño de las entidades públicas, con la mayor inversión social (aunque no siempre la más adecuada y eficiente) y la mejora de algunos indicadores sociales, entre ellos, la reducción de la pobreza.
Estos claroscuros del gobierno de Correa pesarán, finalmente, en las opciones para concretar una alianza como la que proponen algunos movimientos políticos de izquierda pues no se trata solamente de dejar atrás los “dimes y diretes”, como lo expresó el ex ministro de Economía, Diego Borja, en un reciente conversatorio.
Varias razones podrían explicar las dificultades de concretar esta alianza. Entre otras cuestiones está la propia personalidad de Rafael Correa, expresada en un egocentrismo exacerbado y ausencia de autocrítica.
Por todas estas razones, no vemos que existan las condiciones para que los sectores progresistas y de izquierda se reúnan en igualdad de condiciones con Rafael Correa para discutir y concertar una agenda programática de gobierno. Si lo hacen, estarán supeditados a las prioridades y decisiones de Correa, en medio de un proceso de alto desgaste y que podría resultar finalmente infructuoso.
¿Qué acuerdos progresistas y de izquierda, sin que éstos impliquen necesariamente alianzas orgánicas, son entonces posibles de cara al escenario electoral que se avecina? La atomización organizativa y política del Ecuador hace pensar que estos acuerdos únicamente serán factibles a partir de candidaturas provinciales y nacionales que los movimientos y colectivos sociales, progresistas y de izquierdas puedan presentar para la disputa electoral en la Asamblea Nacional. Con la finalidad de reducir las posibilidades de que en las y en los candidatos de este acuerdo progresista se filtren personas sin probadas convicciones democráticas y éticas, se podría poner en marcha mecanismos públicos de impugnación.
Estas candidaturas, que deberían abarcar un arco amplio de acuerdos desde el espectro del centro izquierda hasta la izquierda, adecuada a la baja densidad democrática que vivimos, tendrían que aglutinarse alrededor de una agenda mínima cuyo eje central sea el desmontaje de las políticas y medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de Moreno. Esta agenda podría considerar al menos los siguientes aspectos:
- Derogatoria de las reformas laborales que afectan los derechos y las garantías constitucionales de las y los trabajadores.
- Moratoria al pago de la deuda externa y la realización de una auditoría al endeudamiento propiciado por el gobierno de Moreno. El abordaje de la crisis de la deuda debería contemplar la necesaria coordinación con otros gobiernos de la región, de modo de enfrentar como bloque una renegociación favorable a los intereses de las mayorías sociales.
- Restitución de los derechos vulnerados por la aplicación del decreto que reduce las jornadas laborales y el pago de sueldos de servidoras y servidores públicos y de los docentes del sistema público de educación.
- Revisión de los decretos de fusiones y supresiones de organismos estatales como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC), en el marco de un examen que determine el tamaño y características del Estado que requiere el país para cumplir con los derechos y garantías de la población ecuatoriana. La crisis sanitaria ha evidenciado que un estado debilitado es incapaz de resolver los problemas de la población.
- Paralización de los procesos de privatización, eufemísticamente denominados como monetización de activos, de las entidades del sector estratégico.
- Propiciar un debate nacional, genuinamente participativo, sobre la conveniencia de la supresión del subsidio a los combustibles y la adopción de medidas compensatorias a los sectores que se ven afectados por esta medida.
En el mediano y largo plazos, estos acuerdos mínimos deberían transformarse en alianzas políticas capaces de construir una agenda que supere las miradas coyunturales y las reivindicaciones particulares. Siguiendo lo señalado por el pensador Boaventura de Souza Santos (2018) en Izquierdas del mundo, ¡uníos!, resulta ineludible redoblar la voluntad, en un camino no exento de dificultades y problemas, para despolarizar las tensiones reivindicativas de cada grupo o sector, enfrentando las posiciones que nos dividen y que impiden un trabajo en común. Las “pluralidades despolarizadas” de las que habla Santos tienen por objeto fortalecer las prácticas colectivas de lucha contra las diversas formas de dominación (capitalismo, patriarcalismo, colonialismo y saqueo y destrucción de la naturaleza), para transitar hacia nuevas expresiones sociales y políticas sustentadas en la diversidad y la defensa de lo común: la vida, la tierra y la paz.
*Integrantes del Colectivo Ecuatoriano para Alternativas Postcapitalistas (CK).
Fotografías: Presidencia de la República/INREDH.
Referencias:
[1] En Ley de Apoyo Humanitario, la Asamblea Nacional modificó la pretensión de dar carta abierta a los despidos sin indemnización alguna bajo el argumento de fuerza mayor. La Ley, que entró en vigencia el pasado 22 de junio con su publicación en el Registro Oficial, limitó los despidos sin indemnización solo a los casos de cierre económico o quiebra de las empresas. Este cambio, en el contexto general que se describe en este artículo, resulta absolutamente insuficiente.
