EL NAUFRAGIO DE UNA PROMESA: La redistribución agraria en la revolución ciudadana

EL NAUFRAGIO DE UNA PROMESA (primera parte)

La redistribución agraria en la revolución ciudadana

Pablo Ospina Peralta

Promesas

En 1994 se declaró superada la reforma agraria en el Ecuador. El descubrimiento criollo de los valores insondables de la desigualdad se afirmaban justo cuando las investigaciones sobre el “milagro asiático” en Corea del Sur, Taiwan o China, develaban que entre los secretos mejor guardados de la poción oriental para el “desarrollo” estaba precisamente la distribución equitativa de tierras y aguas. Los sepultureros de la reforma agraria cabalgaban montados sobre el discurso de la nostalgia por la supuesta pérdida de las capacidades productivas de haciendas que eran el “granero” del país, en manos de quienes no sabían hacerlas producir. En sus versiones más demenciales llegaron incluso a escribir sin la menor vergüenza, sin que les subiera un grado el rubor en las mejillas, que los indígenas eran los nuevos terratenientes del país.

Hay que reconocer que el gobierno ciudadano no tiene en el tema de tierras el mismo discurso de los epígonos de Durán Ballén. Según el Plan del Buen Vivir aprobado en el año 2009, el énfasis de la “primera fase” en el cambio en el modelo de acumulación del Ecuador es distributivo. El gobierno es perfectamente consciente de que la política de redistribución no puede centrarse exclusivamente en medidas impositivas y de ampliación del gasto social. Para “producir distribuyendo” y “distribuir produciendo”[1] es indispensable democratizar los factores de producción. En palabras del Plan del Buen Vivir (estrategia 1, “Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y organización”), no es posible construir una sociedad más igualitaria sin afectar los factores estructurales de la desigualdad:

El Gobierno Nacional se ha planteado el reto de impulsar un proceso sostenido de democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el agua y los activos productivos que no cumplen su función social (…). La presente estrategia tiene un particular énfasis en el sector agropecuario, en el que los efectos de las políticas neoliberales fueron extremadamente nocivos al intensificar la concentración de tierra y agua en pocas manos; extender el minifundio; aniquilar la institucionalidad pública y el rol regulador y redistribuidor del Estado; asfixiar a las pequeñas economías campesinas al punto de expulsar a los pequeños productores campesinos de su tierra y convertirlos en migrantes o asalariados; y promover una polarización creciente entre campo y ciudad (SENPLAES 2009: 101-2)

Es mérito incuestionable del gobierno haber señalado la necesidad y la deseabilidad de la distribución de la tierra y el agua, algo que prácticamente ningún gobierno de los pasados treinta años había vuelto a mencionar. Fuera del mérito discursivo innegable, ¿cómo afrontar este espinoso y fundamental problema que cualquier modelo de acumulación alternativo debería afrontar?

Luego de dos ministros de agricultura que impulsaron políticas convencionales, en agosto de 2009 el gobierno ciudadano nombró a Ramón Espinel, quien planteó la centralidad de las economías campesinas en un modelo agropecuario alternativo, debido a su efecto sobre el empleo, la provisión de alimentos para el mercado interno y sus mayores beneficios en cuanto a conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

Entre SENPLADES y el MAGAP diseñaron un “Plan Tierras” cuyo diagnóstico identificaba cerca de medio millón de productores familiares sin tierra y un poco más de medio millón que necesitaría mejorar su acceso a la tierra[2]. Los objetivos del Plan fueron ambiciosos. Aunque el documento de SENPLADES no lo decía, públicamente los voceros políticos del MAGAP mencionaron que buscaban reducir el índice de GINI en la concentración de la tierra del estratosférico 0,80 al altísimo (pero mejor) 0,69 en cuatro años. El Plan del Buen Vivir menciona que es su meta hasta 2013 reducir el índice de concentración de la tierra en un 22%, del 0,78 al 0,61, es decir, se plantea algo incluso más ambicioso que el MAGAP (SENPLADES 2009: 151 y 155).

Para ello en varias declaraciones públicas, los voceros del MAGAP propusieron el traspaso de 2.500.000 has a campesinos mediante tres procedimientos; primero, la entrega de 69.000 hectáreas en manos del Estado[3], segundo, la creación de un fondo nacional de tierras, previsto en la Constitución (art. 282) para compra de tierras y la expropiación y, tercero, la compra a los propietarios de tierras “improductivas” sujetas a afectación por no cumplir su función social (de las cuales solo se mencionan específicamente las tierras improductivas de la provincia de Santa Elena, en la Costa, que debían expropiarse hasta mayo de 2011)[4].

Otras versiones, más modestas, del Plan se plantearon ocho resultados medibles: distribuir en cuatro años (hasta diciembre de 2013) 20.000 hectáreas de tierras en poder de instituciones del Estado, titular un millón de hectáreas, comprar mediante el Fondo de Tierras 550.000 hectáreas, expropiar un poco más de un millón de hectáreas y catastrar otros dos millones. El costo estimado del Plan Tierras era de 38 millones de USD en cuatro años al parecer sin contar con los costos de implementar la compra del medio millón de hectáreas ni del pago de las expropiaciones del otro millón de hectáreas porque, de otro modo, estaría claramente sub – valorado[5].