23 de febrero 2016
A pesar de la nefasta historia del extractivismo –es decir, la extracción de recursos naturales a niveles insostenibles– en América Latina y África1, gobiernos autoproclamados progresistas, como los de Ecuador y Bolivia, todavía favorecen esta actividad con la justificación de acabar con la pobreza. Esto se ha convertido en un mantra para dichos gobiernos, transformándose así la erradicación de la pobreza en un fin en sí mismo y haciendo que cualquier medio para lograrlo se vea justificado. Sin embargo, lo que hace que el extractivismo resulte atractivo es el dinero fácil y rápido que puede proporcionar a gobiernos ineptos o corruptos. Esto sucede a pesar de las abundantes e irrefutables evidencias de que el extractivismo, como camino para mitigar la pobreza, a menudo produce exactamente lo contrario y lo más probable es que termine por generar mayores males sociales2, como la corrupción a gran escala3.
En el caso de Ecuador, la apertura de una de las áreas protegidas más importantes del mundo por su significancia biológica, la Reserva de Biósfera Yasuní4, a la extracción petrolera a finales de 2014 fue la cereza en el pastel extractivista que se había estado horneando durante mucho tiempo. La minería a gran escala fue parte de ese pastel de varias capas, aunque todavía no había alcanzado el mismo nivel de la industria petrolera, debido principalmente a que la legislación minera hacía que la minería fuera relativamente costosa en comparación con los países vecinos. Además de las importantes protestas en contra de la mayoría de proyectos mineros –como el caso de Intag contra la minería cuprífera a gran escala–, el elevado valor de los impuestos ayudó a frenar el desarrollo de la minería en Ecuador, que es todavía el único país andino libre de minería de metales a gran escala.
No obstante, la industria minera tiene una larga historia de cortejar gobiernos hasta lograr su objetivo, sobre todo en países corruptos que dependen de materias primas, y el Ecuador no ha sido la excepción. Desde que el actual régimen promulgó la última ley minera en 2009, se han realizado varias modificaciones a la legislación, las mismas que han facilitado y abaratado el saqueo de los minerales del país por parte de las empresas mineras. Dichos cambios dieron lugar a exenciones que permitirán a las empresas mineras, por ejemplo, evadir el pago del impuesto al valor agregado –impuesto que todos los ciudadanos y empresas ecuatorianas están obligados a pagar. En términos prácticos, otro de los cambios eliminó el impuesto a las ganancias extraordinarias, impuesto con que se grava la extracción de recursos minerales en tiempos de bonanza. El gobierno también eliminó muchas de las regulaciones y permisos con los que las empresas tenían que cumplir y que las mismas consideraban onerosos (estos son algunos de los principios básicos del neoliberalismo). Es importante tener en cuenta que varios de estos cambios ocurrieron después de que el presidente dijera categóricamente que no habría ningún otro incentivo para favorecer a la industria minera y que si a las empresas mineras no les gustaba la legislación minera del país podían irse a hacer minería a otro lado6.
Incentivos como estos pueden fácilmente provocar innumerables conflictos cuando las empresas –algunas de propiedad de individuos inescrupulosos– invaden un país en busca de dinero fácil y en un entorno fiscal y regulatorio favorable. Las repercusiones de estas decisiones son enormes y pueden sentirse hasta décadas más tarde, afecta a cientos de miles de personas, generan graves impactos a los derechos humanos y civiles y da lugar a pesadillas ambientales que pueden durar décadas, incluso siglos. Esto es lo que puede suceder y a menudo ocurre cuando el extractivismo se convierte en política de estado. Y en el caso de la minería a gran escala, cuando la llevan a cabo empresas de propiedad estatal en un escenario en el que la independencia de los poderes es inexistente o disfuncional, el impacto puede ser mucho más devastador.
Es en estos casos –es decir, cuando se trata de gobiernos autoproclamados progresistas o de izquierda, en nombre de la mitigación de la pobreza y en la ausencia de una verdadera independencia de poderes– de repente se vuelve aceptable violar derechos humanos, socavar a los gobiernos locales, romper las leyes y criminalizar las protestas que surgen cuando la gente siente que su bienestar, sus derechos y sus medios de subsistencia están en riesgo.
En Ecuador, el proyecto minero cuprífero Junín, donde la empresa chilena Codelco –el mayor productor de cobre del mundo– ha estado perforando pozos exploratorios en bosques nublados primarios durante casi un año con total apoyo y beneplácito del gobierno de Correa, ejemplifica muchos de los males del extractivismo. La fase de exploración incluye la perforación de 90 huecos de 10 cm de diámetro y cientos de metros de profundidad en el subsuelo para determinar si la extracción de cobre resulta económicamente factible. Dado el desplome de los precios del cobre, esa sigue siendo una gran interrogante.
La perforación se está realizando en tierras de propiedad y administración comunitaria, en bosques primarios excepcionalmente biodiversos incluso bajo estándares latinoamericanos, y en las inmediaciones de ríos y caudales prístinos. Estos bosques también son hogar de docenas de mamíferos y otras especies en peligro de extinción que se encuentran aún más amenazadas que los de la selva amazónica ecuatoriana. Para poder llegar a la zona de prospección minera el gobierno envió a cientos de policías de fuerzas especiales para intimidar a la comunidad de Junín, una comunidad con 20 años de resistencia histórica en contra de la actividad minera. Semanas antes de esta incursión abusiva, Javier Ramírez –presidente de la comunidad de Junín, la cual se le reconoce por estar en la vanguardia de la resistencia– fue arrestado sin una orden judicial y fue encarcelado durante 10 meses antes de ser declarado culpable de usar la violencia para impedir que empleados mineros accedieran a la zona. Al momento del supuesto incidente, según el testimonio del médico belga que estaba brindando atención a Javier debido a una inflamación de rodilla, Javier se encontraba en cama sin poder moverse.
El arresto y posterior ocupación e intimidación de los habitantes de la zona de Intag por parte de los cientos de policías generó el efecto que el gobierno y Codelco deseaban, y la empresa recientemente concluyó la primera de 3 fases de exploración. Pero sus impactos ambientales ya están haciéndose sentir.5 Árboles milenarios de bosques primarios están siendo talados para construir infraestructura minera, la reserva forestal de la comunidad y su infraestructura están siendo utilizadas arbitrariamente, senderos utilizados por la comunidad para realizar ecoturismo han sido destruidos, y el agua que brota como producto de la exploración ha contaminado ríos y caudales –siendo todo esto impensable en la mayoría de países. Los impactos sociales, como en todos los proyectos extractivos, empezaron a sentirse mucho antes de que se sintieran los ambientales. Estos impactos incluyen violaciones generalizadas de derechos humanos, muchas de las cuales han sido documentadas y denunciadas por reconocidas organizaciones de derechos humanos.7,8
El impacto social más dolorosamente evidente son las divisiones creadas por las empresas mineras. Mucha gente de Junín y de otras comunidades aledañas fue seducida con falsas ofertas de trabajo, con el dinero fácil y la seguridad que las empresas supuestamente brindaban, ocasionando profundas divisiones entre familiares y amigos. El tejido social de las comunidades está siendo destruido a medida que los valores sociales, culturales y espirituales comunitarios son reemplazados lentamente por la tentación del bienestar económico individual. Aun así, y como testimonio de la resiliencia de las comunidades agrícolas inteñas y su gente, la resistencia en contra de este devastador proyecto continúa. En este contexto, cabe recordar por qué existe tanta oposición a pesar de las poderosas fuerzas alineadas en contra de la comunidad. Después de todo, este es un proyecto que no solo afectaría uno de los bosques más biodiversos de nuestro planeta y a docenas de especies en peligro de extinción, sino que también reubicaría al menos cuatro comunidades, incrementaría la delincuencia, provocaría la deforestación masiva de bosques primarios (lo cual, según un estudio de impacto ambiental, secaría el clima local), además de contaminar ríos y quebradas de la zona con metales pesados. ¿Quién en su sano juicio no querría sumarse a la oposición que desea detener algo tan devastador?
La pobreza económica es terrible, eso no puede negarse. Pero, trágicamente, seguimos olvidando que existen otros tipos de riqueza y muchos otros tipos de pobreza. Incluso cuando el deseo de erradicar la pobreza económica es bien intencionado, si las políticas adoptadas erosionan la legalidad, debilitan las instituciones democráticas, violan derechos humanos, amenazan a la población, afectan a especies en peligro de extinción, y además aniquilan actividades económicas sustentables, se corre el riesgo de generar un tipo de pobreza más destructivo y duradero: uno que atormentará a las futuras generaciones.
REFERENCIAS Y LECTURAS ADICIONALES
Para obtener mayor información sobre violaciones a derechos humanos, ver el documental “Javier con i Intag” en http://bit.ly/1mCtEdP
- https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15047/282450Natural0resources0violent0conflict.pdf?sequence=1
- http://www.theguardian.com/world/2015/mar/22/the-global-extraction-industry-has-become-hallmarked-by-plundering-violence-and-political-corruption
- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755595584573966.1073741838.401843526615842&type=1&l=be22f4a290
- http://bit.ly/1QgGMDl
Sr. Zorrilla;
Es impresionante el aguante en la lucha antiminera que vienen desarrollando, lucha que ha tomado como bandera la mentira, el engaño, la desinformación, el temor, la violencia… y todas aquellas acciones desesperadas típicas de las personas que no cuentan con un argumento cierto y claro sobre la actividad minera.
Y si, ya son 20 años de lucha antiminera, que bolsillo tan grande para soportar y financiar las falacias y artimañas que se han engendrado durante todo este tiempo…
Habrá que solicitar al Estado Ecuatoriano, un seguimiento y monitoreo de sus cuentas y de sus pseudo fundaciones ecológicas, sobre todo de los envíos millonarios ilegales de dinero desde las cuentas de multinacionales en Estados Unidos.
Habla tanto de ecología, que se olvida de las multinacionales que están detrás de Ud.… ¿Acaso pretenden controlar las fuentes de agua, para luego lucrar con el recurso? O ¿Acaso es que quieren impedir la explotación de cobre para controlar los precios de los metales?
Sr. Zorrilla, analice y determine si las multinacionales, (a las que tanto atacó) no lo han convertido en un títere convencido y manipulable, sin tarima vista, y lo peor sin público para que aplauda su miasma mental y verbal…
Le aseguro que a la UAF (Unidad de Análisis Financiero), le encantaría conocer de Ud. y DECOIN, con el simple objeto de determinar la legalidad o no de sus compras y transacciones, pa ver si anda caminando derecho o torcido…
Deseándole bienestar, me suscribo;
Paul Andrade Mora
Paul Andrade,, Tríste troll de AP lanzando amenazas. Lo lógico hubiera sido que nombre las transnacionales que usted se imagina financian la resistencia en Intag, no le parece? Sería fácil que su gobierno lo averigue. Cómo no existen, puede no más decir cualquier tontería… Además, ¿no es cierto que su gobierno prohibió la comercialización del agua? Entonces cómo se van adueñarse? A los lectores de este intercambio (dudo que le interese a PA), informesen sobre nuestro trabajo con las comunidades y verán que los bosques que se compran para proteger las fuentes de agua bebible y biodiversidad- todos, sin excepción,, están a nombre de las comunidades y gobiernos locales. Ni yo ni la DECOIN nos hemos beneficiados de un solo metro cuadrado con esas adquisiciones. Sus argumentos no resisten el más mìnimo análisis, cómo diría su gran líder, pero si existe la orden de encontrar la quinta pata al gato no cabe duda que encontraran no solo la quinta, sino la sexta, séptima y octava si les da las ganas. No olvidemos que el régimen mantuvo encarcelado a Javier Ramírez por 10 meses sin sentencia, después de arrestarlo sin órden de prisión. Tal vez el estado debe investigar todo este oscuro capítulo del sistema judicial, al igual de tantos otros….