Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas <www.idpc.net>
04 noviembre 2013
El informe ‘Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina’ analiza las condiciones estructurales de la implicación de las mujeres en los delitos de drogas y propone una serie de políticas públicas para garantizar sus derechos.
Entre 2006 y 2011, la población penitenciaria femenina de América Latina casi de suplicó, pasando de 40,000 a más de 74,000 internas. La mayoría de las mujeres encarceladas lo están por haber sido acusadas de delitos menores relacionados con drogas –75%-80% en Ecuador, entre 30 y 60% en México, 64% en Costa Rica, 60% en Brasil, o 70% en Argentina.
Este preocupante fenómeno preocupante se refleja en el informe de Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC, siglas en inglés) ‘Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina’ realizado por Corina Giacomello con la participación de expertos en el tema de drogas y mujeres: Diana Guzmán (DeJusticia, Colombia); Nischa Pieris (Comité Interamericano sobre Mujeres); Carlos Zamudio (CUPIHD, México) y Alejandro Corda (Intercambios A.C. y Universidad de Buenos Aires, Argentina).
Además de abordar el contexto en el que la mayoría de las mujeres de la región se implican en las redes de tráfico de drogas, el informe propone una serie de políticas en torno a la ampliación de alternativas a la prisión, la reducción de sentencias o la implementación efectiva de las conocidas como ‘Reglas de Bangkok’. El informe recomienda también a los gobiernos la elaboración de datos cuantitativos y cualitativos desagregados que permitan desarrollar una política de drogas adecuada con perspectiva de género basada en la prevención, en la descriminalización y despenalización y en la reintegración social.
Precariedad y vulnerabilidad económica
“La decisión de convertirse en un objeto contendedor de drogas y de exponerse al peligro de ser detenidas, no es una primera opción, sino un recurso desesperado y necesario por la extrema necesidad económica”, explica Giacomello. Además, las mujeres que ejercen de correo de drogas (“mulas”), generalmente se encuentran en los eslabones más bajos, precarios e “intercambiables” del narcotráfico. Su arresto y encarcelación no altera el buen funcionamiento del mercado ilícito. Sin embargo, continúan siendo las principales receptoras de los sistemas punitivos de América Latina.
Proporcionalidad de las penas y acceso a la justicia
Cabe destacar que las penas desproporcionales de las actividades relacionadas con drogas y políticas de prisión preventiva obligatoria también dificultan el acceso a la justica (y a la defensa) de mujeres en situaciones vulnerables. Así, en Bolivia, las mujeres representan más del 13% de la población penitenciaria total, una de las tasas más altas a nivel mundial y el 80% están en espera de una sentencia.
En algunos países de la región, como Paraguay, Venezuela, Perú o Argentina, se prevé una suspensión a la prisión preventiva o a la pena para mujeres embarazadas o en los primeros meses de lactancia. Sin embargo, cuando se trata de delitos de drogas, los beneficios que otorga la ley se ven restringidos.
En un contexto en el que varios gobiernos latinoamericanos están emprendiendo el camino de una reforma de las políticas de drogas, resulta imprescindible integrar una perspectiva de género que permita superar la actual discriminación y criminalización de los sistemas de justicia penal hacia las mujeres y garantizar su acceso pronto a la justicia y el respeto de los derechos humanos dentro de las prisiones.
* El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial integrada por 107 ONG que trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto sobre las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya políticas humanas que se fundamentan en evidencias científicas y que reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas. Puede ver una lista de los miembros de la red aquí.
