María Inés Rivadeneira*
11 de diciembre 2025
2025 ha sido un año clave para la Justicia Ambiental. Las históricas opiniones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de acción climática abren el camino para redefinir los modelos de desarrollo. Este año también se celebró la primera cumbre global del clima en la Amazonía. La ciudad de Belém do Pará en Brasil acogió a delegaciones de todo el mundo para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París, a 10 años de su establecimiento, en la Cumbre de Cambio Climático COP30.
Si bien los acuerdos alcanzados en Belém muestran que no todos los países están listos para tomar decisiones valientes que detengan las causas estructurales del calentamiento global, cerca de 40 países – varios de América Latina – y cerca de 100 empresas alrededor del mundo, se han comprometido en avanzar en unas hojas de ruta para salir de los combustibles fósiles y detener la deforestación. Al mismo tiempo, se aprobó un programa de trabajo sobre Transición Energética Justa que reconoce e integra los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes, y aquellos en aislamiento voluntario, así como la obligación de la Consulta, Previa, Libre e Informada. Otra buena noticia es la aprobación del Plan de Acción de Género 2026-2034, que incluye medidas para integrar este enfoque en políticas nacionales y acciones climáticas, además de reconocer a las defensoras ambientales y la necesidad de proteger y respaldar su trabajo.
Reconocer la Naturaleza como sujeto de derechos es crucial, pues visibiliza su rol en la habitabilidad del planeta. La inclusión de los derechos de la naturaleza por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, marca un hito esperanzador para la protección jurídica frente a la crisis ambiental. Este avance, junto con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), brinda a Ecuador un marco jurídico robusto para una transición justa.
Acabamos de celebrar el Día de los Derechos Humanos y nos recuerda que fue Ecuador el país pionero en reconocer a nivel Constitucional los derechos de la naturaleza y generar un marco legal favorable para integrar los derechos humanos, los derechos colectivos de pueblos indígenas, los derechos específicos de pueblos Afrodescendientes y Montubios en políticas, programas y proyectos. De igual manera con los derechos específicos de grupos: mujeres y diversidades, juventudes, adultos mayores, personas con discapacidades y niños/niñas, además de establecer la transversalización del cambio climático en la política pública.
Para Ecuador es crucial que se convoquen todos los sectores para acordar una transición justa y progresiva hacia una economía resiliente, diversificada y que genere ingresos sin dañar la naturaleza y cuide a las comunidades. Actividades como turismo de naturaleza, agricultura regenerativa o agroecología y cadenas de valor libres de deforestación y conversión, son alternativas viables en este sentido. Al priorizar la distribución equitativa de bienes y servicios esenciales, Ecuador no sólo cumplirá sus obligaciones, sino que construirá un futuro de prosperidad compartida y resiliencia climática.
En línea con su Constitución, el país puede, por ejemplo, fortalecer la conservación de la biodiversidad mediante políticas que fomenten corredores ecológicos protegidos y acuerdos de conservación con comunidades, utilizando la responsabilidad estatal para prevenir y restaurar daños. También es crucial transformar sus sistemas alimentarios hacia una agroecología resiliente y una agricultura regenerativa que contribuyen a la soberanía alimentaria sobre todo de las comunidades y personas vulnerables, al comercio justo y a comunidades con organización más robusta.
También hay que priorizar cadenas de valor libres de deforestación y conversión (como el cacao o café agroforestal) que aseguren una distribución justa de beneficios para pequeños productores, en línea con la protección de comunidades vulnerables que la CIJ demanda. En energía, Ecuador tiene la oportunidad de acelerar su matriz limpia y equitativa, atrayendo financiamiento sostenible para proyectos de energía renovable a pequeña escala que beneficien a las comunidades más alejadas, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Finalmente, en financiamiento, el país puede desarrollar instrumentos innovadores que vinculen la inversión a la protección de ecosistemas críticos y adaptación climática, incluyendo cláusulas de derechos de la naturaleza y derechos humanos.
En un país megadiverso y altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, esta decisión de la CIJ no es solo una noticia, sino una oportunidad única y urgente. El gobierno y los diferentes actores tienen la posibilidad de asumir un liderazgo coherente con el contexto del país, utilizando este nuevo marco de responsabilidades legales para proteger decisivamente sus ecosistemas críticos y comunidades.
Es el momento de acelerar una transición hacia un modelo de desarrollo justo y equitativo, que no solo impulse la economía, sino que también garantice la construcción de comunidades y ciudades resilientes ante los embates climáticos. Es hora de hablar de la transición a un país post-extractivista.
Ecuador podría beneficiarse al priorizar políticas ambientales en su agenda nacional, asegurando una institucionalidad fuerte e independiente. Esto implica dotarla de autonomía técnica, capacidades y financiamiento adecuados para garantizar el derecho humano a la acción climática y proteger nuestro patrimonio natural. El mundo observa cómo los países responden a la rendición de cuentas climática, y nuestro país tiene la oportunidad de demostrar su inquebrantable compromiso con un futuro sostenible y justo.
* Gerente de Políticas y Gobernanza de WWF Ecuador, Líder de Políticas de WWF América Latina y el Caribe
