09 de marzo 2026
¿Qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio? Bertolt Brecht.
El gobierno de Ecuador desató un sorpresivo conflicto con Colombia. Después de un largo tiempo de relativa estabilidad, volvemos a tener una severa convulsión a nivel estatal en las relaciones entre estos dos países hermanos. Sin olvidar el bombardeo colombiano en territorio ecuatoriano en el año 2008, podríamos traer a colación varios enfrentamientos vividos anteriormente, en especial en los difíciles primeros años de vida republicana. Basta recordar “las locuras de Tulcán y Causpud”, como las tildó el gran historiador Alfredo Pareja Diezcanseco, refiriéndose a las batallas que se libraron en esos lugares fronterizos, en 1862. Entonces, un tirano conservador, Gabriel García Moreno, personaje de inteligencia rápida y odio pronto a derramarse en contra de sus adversarios, quizás motivado por un confuso lio de faldas, pero explicado públicamente por disputas limítrofes, emprendió en una aventura bélica en contra de Colombia, en la que fracasó.
Hoy, Daniel Noboa, persona que brilla más por su alma envenenada por la codicia y la vanidad, que, por su inteligencia, culpa al país vecino por la desbocada inseguridad ciudadana en Ecuador, ocasionada, según su discurso, por la falta de control fronterizo de parte de Colombia. Levantando ese argumento, el régimen ecuatoriano estableció una “tasa de seguridad” para financiar el combate al crimen organizado. Eso significó, inicialmente, un alza de 30% en los aranceles a todos los productos colombianos que importa Ecuador. En respuesta, el gobierno colombiano suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, al tiempo que introdujo aranceles para productos ecuatorianos. Ecuador repostó incrementando en 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano por el oleoducto transecuatoriano. Un par de semanas más tarde, sin justificación alguna, Noboa llevó los aranceles al 50%; Colombia contraatacó con una medida similar. Así, la “guerra comercial” escaló, sin que un encuentro realizado a nivel de las cancillerías haya tenido éxito…
Se esgrimió también un pretexto económico: se dijo también que hay que reducir el déficit comercial con Colombia. Lo cierto es que los impactos económicos son enormes para las dos partes. Con estos aranceles suben los precios de los productos colombianos que se consumen en Ecuador, y viceversa. Una situación agravada porque un elevado porcentaje del comercio entre estos dos países está compuesto por insumos para la producción. Estos incrementos generan presiones inflacionarias. Por cierto, es muy fácil anticipar lo que podría significar para Ecuador no tener el suministro de electricidad desde Colombia, en momentos de un nuevo estiaje de magnitud, como el de años recientes.
Demos un paso más. Esta decisión de Noboa, si la miramos todavía dentro del ámbito económico, representa un golpe muy duro para la integración regional. Dentro de la Comunidad Andina de Naciones hay convenios bilaterales que están siendo violentados; lo que ya ha provocado reclamos por parte de Colombia en las instancias correspondientes. Y, por cierto, estas relaciones económicas bilaterales, sean comerciales, financieras, empresariales, se han construido en décadas. Es más, esta disposición noboista, torpe por donde se la mire, va en contra de lo que debe ser la respuesta inteligente de nuestros países: profundizar y ampliar la integración, en un mundo donde se desbaratan las ilusiones del “libre comercio”, que nunca existió.
Entendamos, estas medidas comerciales no servirán para enfrentar el crimen organizado. Con un incremento de los precios de los productos que se comercializan entre los dos países, se abre aún más la puerta para actividades irregulares: vía contrabando. Una situación preocupante puesto que el capital criminal extiende sus tentáculos en todas las actividades en donde encuentra ganancias, sean actividades ilícitas o inclusive lícitas.
Adicionalmente, la “tasa de seguridad”, es decir que los dineros que se recauden no van a ser suficientes para financiar la lucha en contra del crimen organizado. Además, hemos constatado cómo el gobierno de Noboa ha recurrido a la elevación del impuesto al valor agregado y de los precios de los combustibles, incluso justificándola por las necesidades de financiamiento del “conflicto armado no internacional”, decretado en enero del 2024, sin que esos recursos hayan sido canalizados para dicho fin, cabe anotar. Lo que ha buscado el régimen, con estas medidas económicas impuestas por el FMI, es sumar reservas monetarias internacionales para atender las demandas de los acreedores de la deuda externa; acumulación lograda a través de un doloroso austericidio neoliberal.
Tratar de endilgar la expansión de la minería ilegal exclusivamente al gobierno colombiano, como han intentado algunos voceros del régimen ecuatoriano, es una falacia. La minería ilegal no solo está en la frontera de Ecuador con Colombia, está en todo el Ecuador y también en muchos puntos del país vecino, hay que reconocer. Las bandas criminales colombianas y ecuatorianas rebasan las fronteras nacionales de estos países, enraizándose más y más en la región amazónica.
Lo grave es que en Ecuador se toleró la expansión de la minería ilegal. Los lugares donde existe minería ilegal eran conocidos desde hace muchos años. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, que se expidió en la segunda mitad del año 2020, ya se identificaron los lugares donde existe minería ilegal en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia; en realidad, esta actividad ilícita se ha extendido a 17 de las 24 provincias. La pregunta es, si el Estado ecuatoriano sabía dónde hay minería ilegal, ¿por qué no intervino? Y la respuesta es porque había y hay vasos comunicantes entre las actividades mineras legales e ilegales, así como con las instancias de control del mismo Estado, incluyendo la fuerza pública, y con seguridad de muchos de estos actores con el crimen organizado.
En la actualidad el gobierno trata de limpiar un poco lo que es la agencia de regulación de la minería, despidiendo a varios funcionarios acusados de corrupción, se entiende. Ha prohibido la explotación minera en algunos ríos de la provincia amazónica de Napo. Simultáneamente interviene con gran despliegue mediático en la destrucción de unos pocos campamentos de minería ilegal. ¿Son señales alentadoras?, aparentemente si, pero no nos olvidemos que en estos cinco años no se hizo prácticamente nada. Se permitió que el crimen organizado se enraíce en muchos lugares del país copando los espacios con potencial aurífero. Y bien podría ser que ahora se despeje de minería a pequeña escala en algún territorio -como parece sería el caso de la mencionada provincia amazónica- para entregarlo a empresas de mayor tamaño, como ya sucedió en la provincia costeña de Esmeraldas hace algunos años. Esta situación se complica aceleradamente con la reciente aprobación de una reforma legal pro-minería transnacional que debilita los controles ambientales y la participación ciudadana, al tiempo que consagra la militarización de los territorios con potencial minero para romper la resistencia de las comunidades.
Lo de fondo. La minería legal y minería ilegal van de la mano. Muchas veces las empresas legales compran el oro de las empresas ilegales. En ocasiones las empresas mineras “legales” alientan la actividad ilegal, quizás aprovechando los trabajos de prospección de los mineros ilegales o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales a esos mineros, que asumen el trabajo sucio de romper la resistencia de las comunidades. Y luego, con la venía del gobierno, a estas empresas se las presenta como las que van a resolver el problema, con el masivo respaldo de la gran prensa. Además, toda la minería legal, autorizada por el Gobierno, tiene bases de ilegalidad, en la medida que estas empresas “legales” han incumplido e incumplen con una serie de disposiciones constitucionales. Como saldo, vivimos en un escenario muy complejo, agravado por la ausencia de una política real de seguridad por parte del gobierno de Noboa.
Que se debe combatir el crimen organizado, no cabe duda alguna. Es evidente, también, que se requieren acciones conjuntas entre los dos países, con una estrategia clara y no simples acciones a nivel táctico de efecto inmediato, que carecen de efectos estructurales, en los que debe influir tanto la equidad social como el equilibrio ecológico. Lo que sorprende e indigna es que se tomen medidas que a primera vista resultan insuficientes, torpes y contraproducentes.
A más de los puntos analizados abramos la puerta a una reflexión más amplia.
En realidad, como ha sucedido y sucede con frecuencia en estas tierras americanas, tantas veces gobernadas por las oligarquías, Noboa trata de minimizar su responsabilidad buscando un culpable externo ante su inocultable fracaso en su guerra contra el crimen organizado. El año 2025 cerró con 9.143 homicidios intencionales, la cifra más alta de la historia republicana, con tasas superiores a 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes (2023: 47), con picos que superan las 100 muertes violentas en algunas provincias de la Costa. De esta manera Ecuador se convirtió, en muy pocos años, en el país más violento de la región.
El “conflicto armado no internacional” le permitió a Noboa movilizar masivamente a las calles fuerzas armadas y policías, recurriendo a la declaración de sucesivos estados de excepción, que ha dejado de ser una herramienta extraordinaria para convertirse en parte de una arquitectura estable del poder. Con 13 estados de excepción decretados en poco más de dos años (incluido el emitido en febrero de 2026), en diversas provincias, el país ha vivido más de 800 días bajo regímenes excepcionales. Es decir, casi dos años completos gobernados bajo dichos estados de excepción, viabilizados mediante decretos y suspensión de garantías, con una creciente militarización de la sociedad.
La excepcionalidad ya no opera como respuesta temporal a la crisis, sino como forma ordinaria de gobierno. No estamos ante una desviación coyuntural del Estado de derecho, sino ante su reconfiguración estructural bajo un régimen de urgencia permanente, inclusive en al ámbito económico, en donde se han procesado una docena de leyes por la vía rápida, sin debate en la sociedad y con graves violaciones a la Constitución. De forma simultánea, se ha profundizado la represión y el populismo penal visible en decenas de cambios legales, incluso algunos aprobados en una consulta popular del año 2024, con los que se endurecen las penas y se blinda a la fuerza pública en sus tareas represivas. Mientras que, como lo dejamos anotado, no todos los recursos económicos recaudados para este fin han sido canalizados para enfrentar el crimen organizado.
Por cierto, ha circulado una tesis referida a que Noboa cumple con disposiciones que provienen del coloso del norte empeñado en debilitar la tendencia progresista en las próximas elecciones colombianas; esta acción podría transformarse, de ser válida, en otro autogol… en la medida en que las tensiones entre Washington y Bogotá amainaron con la reunión de los respectivos presidentes en la Casa Blanca, a inicios de febrero del año en curso.
Llegados a este punto, desplegando otro aspecto que podría rondar en la cabeza del aspirante a tirano del siglo XXI, nos podríamos preguntar si acaso Noboa -uno de los diez gobernantes serviles, que participaron en la cumbre de la genuflexión (La Jornada.8.03.2026) en Miami, el 7 de marzo – trata de emular al actual gobernante norteamericano, asumiendo el papel de TRUMPito andino.
Todo lo anterior y más es posible. Ecuador no atraviesa solo una crisis de seguridad. Cruza un umbral político de deterioro sistemático y cada vez más acelerado de su democracia. Cuando la excepción y la urgencia dejan de justificarse y comienzan a reproducirse a sí mismas, lo que está en juego ya no es el orden, sino la forma misma de lo político. Es evidente que vientos dictatoriales soplan con fuerza en estas tierras ecuatoriales.
¿Qué hacer?, nos preguntamos. A más de reconocer esta compleja situación, la tarea pasa por recuperar la política, desarmando el lenguaje de la guerra, consolidando proyectos de vida y no de muerte, fortaleciendo procesos unitarios de todas las fuerzas democráticas para enfrentar esta dictadura en ciernes y, por supuesto, marginando este tipo de respuestas oligárquicas, como las brevemente analizadas, que rayan en locuras que golpean a los pueblos.
En consecuencia, si nos concentramos en el contexto binacional y regional, una posición madura y responsable demanda una renovada integración entre los países vecinos, en particular con la República de Colombia de la que históricamente formamos parte.-
* Economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008
Nota: Una versión anterior de este texto se publicó en la Revista Amauta Siglo XXI – Vocero de los Socialistas Mariateguistas, número 41, Lima, Perú.
Foto: France 24
