Por Francisco Escandón Guevara*
El reparto de hospitales y contratos con sobreprecios son prácticas comunes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una entidad ahora agonizante.
La asfixia económica es una acción coordinada entre los gobiernos y el empresariado. Esta asociación obligó al IESS:
- A comprar bonos del Estado;
2. A desentenderse del pago de 40% del fondo de pensiones jubilares;
3. A tolerar las multimillonarias deudas que los patronos públicos y privados mantienen por no cancelar sus obligaciones con la seguridad social.
La solvencia económica de la institución, -financiada principalmente por los aportes de sus afiliados-, fue afectada, golpeada, lastimada cuando los presidentes del Consejo Directivo se convirtieron en obsecuentes a los gobiernos de turno, a los cuales debían su designación, y terminaron hipotecando la autonomía del IESS.
En los últimos catorce años dirigieron la institución: Ramiro González (y su partido Avanza), el corcho Fernando Cordero, Richard Espinoza, Manolo Rodas, Paúl Granda. Todos, juntos, fueron representantes de los gobiernos de Alianza País (el de Correa y el de Moreno), sobre más de uno pesan investigaciones o sentencias por acciones dolosas.
Capítulo aparte merece la designación de Jorge Wated, no sólo por su cuestionada idoneidad profesional y moral, sino porque propone resolver la crisis financiera facturándola a los trabajadores. Él propone aumentar el porcentaje y años de aportaciones, reducir las pensiones jubilares, cobrar toda atención de salud a hijos de afiliados y concesionar los centros de salud.
Las élites apuestan a desprestigiar la seguridad social para luego privatizarla a pretexto de su ineficiencia. El reparto de $8.500 millones de dólares anuales, que es el presupuesto actual del IESS, es del interés de las cámaras de la producción y los banqueros, del gobierno y el Fondo Monetario Internacional, de la consulta propuesta por Nebot, etc. Buscan que el IESS sea administrado por las aseguradoras privadas de fondos de pensiones, las famosas AFP, que ya fracasaron en Chile al ofertar prestaciones de salud inhumanas y pensiones miserables.
Para salvar al IESS, universalizar la seguridad social y mejorar la calidad de las prestaciones, el gobierno primero debe pagar los $24 mil millones que adeuda, al igual que los empresarios morosos. Junto a ello, los afiliados, jubilados y pensionistas deben recuperar la administración de la institución, quién puede cuidar mejor el IESS que sus legítimos dueños.
“Las élites apuestan a desprestigiar la seguridad social para luego privatizarla a pretexto de su ineficiencia”.
*Francisco Escandón Guevara, consultor político, articulista de opinión y activista por los derechos humanos y de la naturaleza.
Foto principal: Tomada del blog de fescandonguevara.wordpress.com