Revista Intercambio
04 de diciembre 2017
La educación pública está bajo ataque. El nombre dado a esta guerra contra la garantía del derecho a la educación es diverso, aunque se encierra en el calificativo de Reforma Global de la Educación (sus siglas en inglés son GERM, acrónimo que igualmente significa germen, microbio o bacteria, por su carácter maligno y enfermizo) (Gawain, 2015). El derecho a la educación, en sí mismo, está amenazado de diversas maneras, así como lo están características que hablan del alcance de este derecho, como la accesibilidad, gratuidad, el laicismo, la responsabilidad del Estado, la pertinencia social, entre otras.
La privatización es uno de los componentes más perversos de la “reforma” neoliberal, que es en realidad una contrareforma destructora de múltiples avances sociales, todos resultantes de años y décadas de luchas de los pueblos para conquistar sus derechos. Mientras más engañosa, más perversa, porque la venden como un producto deseable bajo ofrecimientos de “calidad”, de “meritocracia” (una manera elegante de llamar al darwinismo social), de superación a través de la “competencia” y, por último, de lograr una educación que resuelva los problemas sociales. Pero no se ha podido demostrar que la privatización mejore la calidad educativa, cualquiera sea la concepción que se tenga de la misma (Waslander et al., 2010), mientras que, por el contrario, se puede comprobar que la superioridad de la educación privada no es más que un mito construido por intereses muy claros (CLADE, 2012).
América Latina, por supuesto, es también escenario de esta guerra. Las recientes luchas de maestros, estudiantes y padres de familia en nuestros países, han tenido como un elemento presente la defensa de la educación pública, la exigencia de financiamiento y la liberación frente a las reformas internacionales y mecanismos de sometimiento de los sistemas educativos como las pruebas PISA.
Son pocos los estudios de carácter regional sobre el tema, a pesar de la creciente preocupación que se genera en cada país. Uno de ellos, realizado en 2012 por la Campaña –CLADE-, recoge la memoria del “Seminario Privatización de la Educación en América Latina”, en el que se señalan las múltiples caras que este proceso podía alcanzar, alertando que:
“Más allá del mecanismo explícito de privatización, sea a través de la intervención directa de actores privados en la provisión del servicio educativo, a través de la provisión de bienes y servicios privados al interior del sistema público o de la asunción de criterios empresariales privados en los parámetros de la política pública, lo que está en juego en estas tendencias es la posibilidad de ejercer un proceso educativo en democracia” (pág.16).
No hay que olvidar que muchos de esos procesos han sido impulsados por deudas externas ilegítimas asumidas por los gobiernos sin consulta con sus pueblos (Isch, 2008).
La Internacional de la Educación (IE), federación mundial de los sindicatos docentes, presentó dos estudios respecto a la temática, realizados por investigadores de la Universitat Autónoma de Barcelona. El primer documento (IE, 2017a), titulado “La privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias”, presenta los resultados de una sistematización de las diferentes trayectorias de privatización educativa documentadas en la región en las últimas décadas, mientras el segundo (IE, 2017b) constituye un Manual para el Estudio de la Privatización.
Si bien no se logra profundizar en todos los países, algo bastante difícil además por la existencia de la reducida documentación señalada en algunos de ellos, el estudio permite concluir que existen distintos caminos para la transferencia de la educación pública al sector privado, no siempre de manera total, pues las necesidades de un negocio privado no descarta el aprovechamiento del estado a través de alianzas pública-privada, escuelas charters, bonos educativos, subvenciones o incluso comercialización internacional, aprovechando los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Las trayectorias que el estudio identifica hacia la privatización son:
- Privatización educativa como parte de la reforma estructural del Estado. Tiene a Chile como vitrina principal de su aplicación en el marco de las políticas neoliberales, pero sin duda es un proceso continental que va más allá del ejemplo resaltado en el estudio.
- Privatización educativa como reforma incremental. Pone los ejemplos de Colombia y Brasil países con educación descentralizada en el que se conjuga la suma de reformas y la emergencia de una clase media con mayor capacidad de consumo que busca la educación privada.
- Privatización “por defecto”. Países como República Dominicana, Perú o Jamaica, donde habría limitada capacidad de respuesta del Estado. De nuestra parte nos atreveríamos a señalar que aquella falta de capacidad es también el resultado de decisiones intencionales en esa dirección, pues el neoliberalismo impulsó un llamado “debilitamiento” del Estado en lo social precisamente para demostrar su tesis de la “ineficacia” del estado y la necesidad de la empresa privada. Muy usado es el mecanismo de desfinanciamiento y precarización del sistema público que conduce a las condiciones de desastre. En este sentido, podemos hablar de cómo en distintas formas se provoca, en el desastre, la crisis y deslegitimación del proyecto público educativo.
- Alianzas público-privadas históricas. Impulsadas por ejemplo en Argentina y parcialmente en República Dominicana. Es importante que se resalta como una de sus formas la del Estado con la Iglesia (con una sola de las múltiples presentes), que se reproduce en países que definen el laicismo como principio educativo.
- Privatización por la vía del desastre. El caso de países centroamericanos y Haití, donde la situación de emergencia ha sido la vía de la privatización.
- Privatización latente. El ejemplo es Uruguay, donde la educación privada ha jugado un rol marginal, pero el discurso que favorece la privatización crece así como los iniciales procesos de alianza público-privada.
La consecuencia es que, independientemente cuál vía, la privatización avanza en América Latina y trae consigo una mayor brecha educativa entre ricos y pobres. Todos los caminos conducen a aplastar un derecho humano de todos para permitir los beneficios del sector privado.
Falta por analizar con mayor profundidad una manera indirecta de privatización, que es el aprovechamiento por parte del sector empresarial y las clases dominantes de todo el sistema público de educación, sin que deje de estar en manos estatales. Esto va desde la repetida consigna de dejar que los empresarios señalen como debe ser la Universidad, la investigación universitaria puesta a la cola de contratos empresariales, los exámenes de ingreso que obligan a los padres a endeudarse para ampliar la matrícula privada, hasta la generación de un conjunto de políticas públicas desde las clases dominantes en la sociedad, aquel 1% denunciado en las protestas de los indignados alrededor del mundo.
CLADE (2014) denomina a esta modalidad como la “gobernanza corporativa del sistema educativo”, que se expresa en la incidencia en políticas públicas, la presencia de representantes empresariales en cargos públicos y programas educativos privados que forman parte de la política pública gubernamental.
Para la Red Social para la Educación Pública en América (Red SEPA), un tema vinculado de grave afectación es la promoción de pruebas estandarizadas ya de por sí graves, que toman un carácter nuevo en la privatización de las pruebas PISA impulsadas por la OCDE, instancia que reúne a las potencias más desarrolladas del mundo (Kuehn, 2016). En este año, junto a más de 200 organizaciones y personalidades firmantes, la Red emitió un “Manifiesto contra PISA y la lógica estandarizadora de la educación en el mundo”, en el que se señala como: “Actualmente la OCDE, que aplica la prueba pisa, ha contratado a una corporación transnacional de la educación, la empresa Pearson, para el desarrollo de su versión 2018”. Si la evaluación controladora se ha convertido además en la manera real de direccionar la educación, aquí encontramos una línea privatizadora global de fuerte impacto en países de la región.
Así las cosas, corresponde prepararse para batallas a nivel de cada país y a escala continental para defender el derecho a la educación y a la educación pública como su vía de concreción. Las jornadas contra el ALCA y sus planes educativos son un buen ejemplo que no podemos olvidar.
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[1] Profesor de la Universidad Central del Ecuador, investigador en temas ambientales, sociales y educativos. Integrante del núcleo de investigadores de la Red Sepa.
Referencias Bibliográficas
CLADE, 2012. Seminario Privatización de la Educación en América Latina y Caribe. CLADE y Open Society.
CLADE, 2014. Mapeo sobre tendencias de la privatización de la educación en América latina y el Caribe. CLADE y Open Society.
Gawain, Little, 2015. Global education “reform”. Building resistance and solidarity. manifestopress.org.uk, National Union of Teachers and the Teachers Solidarity Research Colletive. Descargable en: http:// teachersolidarity.com/
IE, 2017a. La privatización educativa en América Latina: una categoría de políticas, tendencias y trayectorias. Autores: Moschetti, M., Fontdevila, C. y A. Verger.
IE, 2017b. Manual para el estudio de la privatización en América Latina. Autores: Mocheta, M., Fontdevila, C. y A. Verger.
Isch, Edgar, 2008. Banco Mundial y BID: La deuda fue imponer el neoliberalismo en educación. Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público -CAIC-.
Kuehn, Larry, 2016. Cuestionemos el sistema pisa: enfoquémonos en su propósito y no solamente en la tabla de resultados/puntajes. En: Revista Intercambio, órgano de difusión de la Red de Investigación de la RED-SEPA, número 9, noviembre de 2016.
Waslander, S. Pater, C. y Weide, M. Van Der, 2010. Markets in Education. An annalytical review of empirical research on market mechanisms in education. OECD Educational Working Papers No 52. Paris.
Fuente: http://idea-network.ca/wp-content/uploads/2017/11/Revista-Intercambio-11-diciembre-2017.pdf
