Por Hugo Noboa
El presidente Daniel Noboa está jugando a Rambo; es el gobierno de las armas; de la ocupación militar y policial a poblaciones urbanas y rurales; de los contenedores llenos de cadáveres de jóvenes amontonados en la morgue de la Policía; del asalto armado a las embajadas.
En esa tónica, el 12 de junio de 2024 emitió un decreto ejecutivo, el 302, que nuevamente baja los impuestos a consumos especiales (ICE), a las armas de fuego y municiones a 30%, facilitando el acceso a las mismas por parte de grupos violentos de la sociedad.
Ello constituye un desacato a la sentencia de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que ante una acción de protección ciudadana, actuando como tribunal de segunda instancia (es decir, la sentencia tiene que cumplirse, hasta que no haya una decisión legal diferente de una tribunal de mayor jerarquía), emitió una sentencia que deja sin efecto el decreto 645 del 10 de enero de 2023 emitido por el ex presidente Guillermo Lasso, decreto que fundamentalmente disminuyó el ICE a las armas y municiones de 300 a 30%, y complementariamente, a manera de una cortina de humo, disminuyó el ICE de otros productos nocivos (tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y plásticos).
Entre las justificaciones para emitir el decreto 302, el presidente Noboa señala que busca fortalecer la seguridad ciudadana y promover la lucha contra el tráfico ilícito de armas. Como que el contrabando se combate con disminución de impuestos y no con acciones de control en las aduanas y fronteras. Contrabando en el que con toda seguridad están involucrados grupos económicos poderosos, legales e ilegales.
Es evidente que recibió presiones de comerciantes de armas, y quién sabe de otros grupos interesados. Uno de los argumentos que se esgrime es que las empresas de seguridad alertaban al Ejecutivo de que no se puede desaduanar 10.000 armas que “están bloqueadas” porque “fueron importadas con 30 % del ICE, realizaron todos los trámites y el pago de impuestos, ahora las autoridades exigen una reliquidación de los tributos con el 300 % del ICE” (se refieren al fallo judicial del 24 de abril 2024, que restituyó al 300% el ICE a las armas, vigente desde el año 2008, antes del decreto 645 del 10 de enero 2023). Ver https://www.forbes.com.ec/today/empresas-seguridad-envian-sos-presidente-daniel-noboa-n54410
“Entre las justificaciones para emitir el decreto 302, el presidente Noboa señala que busca fortalecer la seguridad ciudadana y promover la lucha contra el tráfico ilícito de armas”.
Pero este argumento de las empresas de seguridad y seguramente de los comerciantes de armas, es falso. Para importar o desaduanar cualquier producto se requiere pagar aranceles (si hubiese) e impuestos a la importación, pero no los impuestos a consumos especiales (ICE), que no lo pagan los importadores o las empresas que comercian, sino los consumidores al momento de la compra. Siempre las empresas se atribuyen el aporte del ICE al fisco, pero el ICE pagamos los consumidores y si no compramos un producto nocivo (como armas, tabaco, alcohol o alimentos ultraprocesados), compramos un bien o servicio de acuerdo a nuestras necesidades y en ese proceso pagamos otro tipo de impuestos. Además, ¿a dónde está dirigido ese enorme arsenal de 10.000 armas? Todo parece muy sospechoso.
Ahora se entiende por qué los grupos de poder económico pusieron a un joven violento como Daniel Noboa, miembro directo de la oligarquía, en la presidencia de la República.
En realidad, todo esto estuvo fraguándose desde hace varios años. Posiblemente el plan inició inmediatamente después del levantamiento popular de octubre de 2019, movimiento que los grupos de poder vieron como una amenaza a sus intereses económicos y políticos.
El tinglado legal para armar grupos violentos (¿paramilitares?) inició con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal (del 29 de noviembre del 2021), aprobada con apuro aprovechando el desconcierto de la pandemia de Covid-19. Un artículo de la misma “faculta” (inconstitucionalmente) al presidente, mediante decreto ejecutivo, con visto bueno de un organismo del mismo Ejecutivo, a bajar el ICE:
“Art. 62.-A continuación del artículo 82 agréguese el siguiente artículo innumerado:
“Art. (…).-El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá en cualquier momento reducir las tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales de cualquiera de los bienes o servicios gravados con éste, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.”
Contradiciendo abiertamente las disposiciones de la Constitución de que cualquier modificación tributaria debe hacerse con aprobación del legislativo, es decir mediante una ley, para evitar abusos de poder.
“Art. 301.-Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.” (el resaltado es nuestro)
“Ahora se entiende por qué los grupos de poder económico pusieron a un joven violento como Daniel Noboa, miembro directo de la oligarquía, en la presidencia de la República”.
El tinglado completo tiene una secuencia:
2021, noviembre: Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que permite arbitraria e inconstitucionalmente al presidente bajar el ICE de bienes y servicios.
2022, diciembre: RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC22-00000063 del Servicio de Rentas Internas, que hizo un ajuste por inflación de ICE de cigarrillos, alcohol, bebidas azucaradas y fundas plásticas. Lo cual aparentemente sólo fue una trampa, pretexto para que el Ejecutivo emita un decreto (el 645) que derogó la resolución del SRI y fundamentalmente bajó significativamente el ICE de armas y productos electrónicos de tabaco (quien firmó la resolución como director del SRI en el gobierno de Lasso fue el economista Francisco Briones Rugel, paradójicamente hoy un gran opositor de la sentencia que restituyó los impuestos disminuidos con el decreto 645).
2023, enero: Por presión del Comité Empresarial Ecuatoriano, el presidente Lasso emitió el decreto ejecutivo 645, que bajó el ICE a armas de fuego y municiones de 300 a 30%, dispositivos electrónicos de tabaco y nicotina de 150 a 50%, y eliminación del ajuste por inflación que el SRI hiciera al ICE de cigarrillos, alcohol, bebidas azucaradas y fundas plásticas.
2023, abril: Decreto ejecutivo 707 de Guillermo Lasso, que permite la libre portabilidad de armas por civiles.
2023, junio: Decisión de un juez de primera instancia (Renán Eduardo Andrade Castillo), que, presionado por la secretaría jurídica de la Presidencia y las industrias, decidió declarar improcedente la acción de protección presentada por ciudadanos el 31 de mayo de 2023 contra el decreto ejecutivo 645. Fallo del juez Andrade que fue revocado por un tribunal de segunda instancia en abril de 2024, dejando sin efecto el decreto 645 del 10 de enero de 2023.
2024, junio: Amenazas de la secretaria jurídica de la Presidencia de Daniel Noboa (Mishel Mancheno, que en el gobierno de Lasso fuera funcionaria del Ministerio de Salud Pública y participara en un criterio técnico favorable a los impuestos saludables), de presentar una acción extraordinaria de protección contra el fallo de los jueces de segunda instancia.
2024, junio: Decreto ejecutivo 302 de Daniel Noboa que nuevamente disminuye el ICE a armas de fuego y municiones a 30%, es decir al mismo nivel que el decreto 645 de Lasso de enero 2023. Lo que constituiría un desacato a la sentencia de la sala de segunda instancia.
El punto crítico de toda esta agresiva estrategia para armar a grupos peligrosos, es el artículo de la Ley del 2021 que permite al presidente a su antojo y por presiones económicas, sin participación del legislativo, bajar el ICE a productos y servicios. En este caso productos nocivos que atentan contra derechos a la vida, la seguridad, la salud y el ambiente.
Las consecuencias de este desatino ya se evidencian en un incremento de la violencia armada. Durante la vigencia de los decretos 645 y 707 de Lasso (año 2023 y primeros meses del 2024), la violencia (homicidios, la mayoría con armas de fuego) creció enormemente (ver gráfico de statista).
Las justificaciones de lucha contra el narcotráfico no son tan creíbles, más probable es que se trate de un proyecto contrainsurgente. Según el investigador mexicano Oswaldo Zavala, al analizar la guerra contra los “carteles” de droga en su país: “‘los cárteles no existen’. Esto significa que ‘cartel’ es un sustantivo común que esconde la imbricación de negocios legales, ilegales, civiles y estatales. Plantear un argumento en términos de guerra de cárteles borra el hecho de que lo que existe son disputas por circuitos económicos de todas clases, legales e ilegales, administrados por segmentos y estructuras del estado de las que no tenemos claridad.” (ver https://laboratoria.red/publicacion/la-opacidad-es-una-estrategia-de-contrainsurgencia-entrevista-a-raquel-gutierrez/)
Pero hay otras manifestaciones gravísimas que ya están ocurriendo, como el aumento de los femicidios con armas de fuego. En el año 2022 uno de cada tres femicidios (32%) se cometieron usando armas de fuego, ello aumentó un poco para el 2023 (37%), pero sobre todo para los primeros 5 meses del presente año 2024 dos de cada tres femicidios (61%) fueron con armas de fuego (ver mapas de ALDEA https://www.fundacionaldea.org/mapas). Los decretos 645 y 707 de Lasso y ahora el decreto 302 de Noboa, ponen armas de fuego en manos de hombres femicidas y de otros grupos violentos; facilitan el cometimiento de femicidios y otras formas de violencia armada.
¿Qué otras consecuencias nefastas vendrán por esta carrera armamentista y está política guerrerista que inició Guillermo Lasso y la continúa con mucho afán Daniel Noboa?
Fotografías: Tomado de la Web Statista, Flickr/Fundación Aldea.
Hugo: Ud. esta diciendo que la importación legal de armas incrementa la violencia; es posible pero los grupos delictivos se proveen de armas por el trafico ilegal. Por lo demás, sus argumentos son muy débiles: no presenta casos de otros países.