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23 Diciembre 2013
La reforma de la educación es un programa estrella del gobierno, acaso el dominio en el que mayor esfuerzo institucional existe para modernizarla. Había mucho que cambiar, requería ideas, voluntad política y recursos. Podemos disentir sobre ciertos aspectos de cómo se la realiza o sobre algunas de sus metas u objetivos, pero al fin se marcó un terreno de cambios indispensables. Uno de ellos era hacer verdaderas universidades y transformar a la mayoría de ellas que eran colegios secundarios grandes, de pésima calidad; dedicadas unas a hacer simplemente dinero barato multiplicando cursos, diplomas sin valor; otras en destrucción por el clientelismo político, controladas por élites que priorizaron mantenerse, gracias a las rentas universitarias, antes que con un proyecto de calidad educativa. Empobrecían a la sociedad con falsos profesionales.
La evaluación y clasificación de las universidades servía para eliminar a las que no eran y crear exigencias para las otras. Aún más, era indispensable cambiar el imperdonable deterioro de la universidad pública, mientras sólo algunas privadas se ponían al día. Sin embargo, privilegiar a un sistema paralelo nuevo, con exceso de recursos a detrimento de la renovación del sistema existente reproduce el sistema actual, habrá universidades públicas de segunda y otras hipotéticamente de primera. Construir un proceso, que aunque demoroso llevé a todos a la misma meta era mejor prioridad.
En un primer momento de la evaluación, sorprendió que las universidades que debían desaparecer eran menos de las que un primer análisis se las identificó. Después, en la clasificación, hubieron generosas clasificaciones. Nadie entendió, ni sus profesores, cómo la Universidad Central podía ser una universidad A. En la clasificación reciente, que tardó más de una semana en hacerse pública, al final algunas reclasificadas en B terminan en A y otras de C en B. A su vez, algunas universidades se quejan que los evaluadores iban con dedicatoria, en búsqueda de los aspectos, no raramente de simple infraestructura, que requerían una puesta al día.
Así, si bien se podría disentir o aceptar los criterios para la evaluación, lo cual requiere más debate, estos hechos entre otros, algo dicen que la evaluación no siempre sigue procedimientos objetivos. Otra vez se percibe el uso de la sanción, aún más inadmisible con los disidentes. La transparencia y la exigencia con principios y normas objetivas son mejor portadoras de cambios positivos que sembrar la duda y el uso del chantaje para sometimiento circunstancial que será el borrar y empezar de nuevo mañana. La universidad debe ser causa colectiva y como tal, saber que la mitad o los tres cuartos no responden a criterios positivos, nos llevaría a vivir juntos un plan de su puesta al día, en un proyecto compartido.
fuente: http://www.elcomercio.com/jorge_g-_leon_trujillo/Jorge_G-_Leon_Trujillo_0_1052894761.html.
