Los debates periodísticos sobre la violencia contra la mujer tienden a visualizar en la disyuntiva de género la ecuación perfecta para la promoción de la coerción y el odio en sus distintas manifestaciones físicas y psicológicas, cuyas consecuencias pueden ser letales: mujeres violentadas sistemáticamente en distintas etapas de su vida que terminan en decesos lamentables.
No obstante, ¿qué ocurre cuando la violencia se promueve de unas mujeres hacia otras y, más aún, cuando esta se encuentra mediada por una relación de poder gubernamental? El poder estatal y su administración de la violencia no conoce de género para su ejecución, quizás por ello la sujeción política y simbólica entre mujeres ha quedado de lado frente al discurso de la equidad política y electoral.
Las yasunidas, integrantes del Colectivo Yasunidos, son un claro ejemplo de cómo la acción política ciudadana bordea, eficientemente, los ríspidos linderos del poder gubernamental al cual han interpelado con sobriedad y de manera pacífica exigiendo se convoque a consulta popular para evitar que la explotación del Yasuní avance vertiginosamente en detrimento de los pueblos en aislamiento voluntario y del ecosistema de esa localidad.
El uso de la fuerza pública desproporcionada con dosis de amedrentamiento, la promoción escamoteada de la censura y la tozudez de los operadores correístas que juegan –en su calidad de asesores- con el destino del país, muestran cómo la violencia política y simbólica hacia las Yasunidas rememora la década perdida, cuya carta de presentación fue la vulneración de los derechos individuales y colectivos de ciudadanos penalizados por atreverse a pensar diferente y cuestionar la premisa correísta que defendía: “salir del extractivismo con más extractivismo”.
Este grupo de mujeres blanco-mestizas, jóvenes y adultas, madres; le demostraron al país y al mundo que sin la necesidad de ser indígenas y jactarse de ser originarias de la Amazonía pueden tener un mayor sentido de pertenencia hacia la riqueza de la biodiversidad y la vida humana, en contraste con aquellas mujeres que usan a diario (y por conveniencia) el performance (estético y discursivo) de las indígenas para reafirmarse –desde el poder gubernamental- como lideresas y luchadoras sociales, aunque su única batalla sea la de conservar sus beneficios burocráticos a cualquier precio, incluida la institucionalidad del país y su transición a la democracia.
¡La coherencia política está por encima de los discursos y los ropajes ancestrales!
¿Qué es lo más preocupante en este escenario? En primer lugar, que los operadores correístas continúan gobernando este país sin Rafael Correa, tras la sombra de quienes hasta hace no mucho fueron llamados a garantizar la transición a la democracia, lo cual nos debe poner en alerta a todos los ecuatorianos. En segundo lugar, que posibles luchas sociales, ciudadanas y medioambientales como las del Colectivo Yasunidos reciban la misma respuesta de la gubernamentalidad y su poder y que incluso la historia deleznable de Domingo Paredes y la obstrucción descarada a los procesos de consulta popular se repitan con otros rostros ejecutores.
Finalmente, los partidos y movimientos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, no pueden guardar silencio frente a las luchas ambientales. Es momento de crear ejes de convergencia entre las reivindicaciones de cada uno de estos sectores para dotarle al país y a la democracia de certezas en su transición.
*Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.
