Con ese título, Paola Granizo acaba de publicar una investigación sobre los impactos del proyecto minero Mirador en la comunidad de Tundayme, cantón El Pangui. El relato es impactante: los daños generados durante el proceso de instalación de la infraestructura son devastadores. Esto significa, en buen romance, que en la fase de explotación las afectaciones serán mayores.
No se trata solamente de daños ambientales; inseguridad, violencia sexual, prostitución, consumo de drogas, enfermedades múltiples, malnutrición, pérdida de la diversidad, etc. completan este desolador panorama. De por medio está el viejo mito del desarrollo,esgrimido tanto por la empresa Ecuacorriente (ECSA) como por el gobierno.
Basta un breve análisis respecto de los efectos provocados por un proyecto de explotación minera en un sector selvático para concluir que el discurso sobre la supuesta responsabilidad de esa actividad es un canto de sirenas. La institucionalidad del Estado ecuatoriano es tan frágil y maleable que la informalidad y la ilegalidad terminan filtrándose por todos los poros.
No solo se trata de una relativización de las leyes desde los sectores empresariales, interesados en minimizar cualquier consecuencia negativa de sus actividades; la propia necesidad de poblaciones históricamente empobrecidas o marginadas contribuye a instaurar la lógica de los espejismos. El consumo suntuario anclado a la disposición de dinero reemplaza rápidamenteel esquema de vida basado en la producción agrícola y la economía de subsistencia. Sustituirun pescado del río por una lata de atún resume el drama de una transición impuesta desde visiones completamente ajenas.
En un informe recientemente publicado en diario El Universo,el pasado 24 de noviembre,se afirma que el Ecuador es el país con la mayor tasa de deforestación de América Latina, incluso superior a la que padece Brasil. Actividades extractivas como la minería y el petróleo, y el avance de la frontera agropecuaria están entre las principales causas de este grave fenómeno. Todas, indiscutiblemente, están relacionadas con la expansión del capitalismo, es decir, con la implantación de gigantescos negocios privados.
Pero a pesarde las evidencias en contra, las autoridades siguen insistiendo en las supuestas ventajas del modelo extractivista. La falacia del argumento radica en que los ingresos generados por la minería ni siquiera resolverán las necesidades fiscales del país. A lo sumo, servirán para que algunos grupos de burócratas incrementen su patrimonio por vía de la corrupción o de la discrecionalidad de la administración pública. Lo que sí está asegurado es el negocio de las empresas transnacionales.
Mientras tanto, los procesos de destrucción de la naturaleza y la cultura continúan imparables. Tundayme no era el paraíso, pero sí era una comunidad con posibilidades de construir alternativas dentro de un modelo de vida más saludable y equilibrado. Hoy, la arremetida del extractivismo solo dejará secuelas imborrables.
*Máster en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
