Ecuador acaba de tomar una decisión histórica sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, centro biodiverso de su Amazonía. La protección de estos territorios evidencia un creciente liderazgo de las mujeres indígenas, que afrontan múltiples amenazas a causa de ello: sólo durante los últimos cinco años (2018-2022) se registraron en esa región al menos 31 hechos de violencia contra defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza.
La primera entrega de este reportaje especial de La Línea de Fuego, producido con el apoyo de Earth Journalism Network, da cuenta de la continuidad de las mujeres en esa lucha y de las agresiones que padecen, agudizadas con cada avance de las políticas extractivas. El cuadro se completa con las historias de vida de tres lideresas amazónicas, que honran el legado de ser hijas y madres de la selva.
Por Jorge Basilago*
Parecen haber nacido en marcha, pies y rostros firmes, decididas a no detenerse jamás. Con faldas o vestidos, con hijos o sin ellos. A pesar de los obstáculos reales y simbólicos, o quizá por su causa. El ser en el andar. “La participación de las mujeres en la historia del movimiento indígena, desde la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios en los años treinta, ha sido siempre de vanguardia”, remarca la abogada Adriana Rodríguez Caguana, integrante del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), en Quito.
“En materia de derechos humanos, las mujeres indígenas generan siempre liderazgo: tenemos los antecedentes de la lucha por la tierra, contra el régimen de haciendas o por el acceso a la educación”, concuerda Gina Benavides, abogada, activista y exdelegada encargada de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE). “Las mujeres amazónicas son pioneras en la lucha contra el extractivismo y por los derechos de la naturaleza. No sólo están pensando en ellas o en este país, sino en el mundo entero”, añade.
Un paso tras otro, consolidan ese rumbo y modelan organizaciones que les ayuden a seguirlo. Otras, muchas, se suman en el camino. Dejan los temores a un costado y avanzan: “Tuvimos muchas amenazas. Estuvimos escondidas, con miedo. Ese mismo miedo que ahora es ganas de luchar y defender lo que es nuestro”, sentencia Elsa Cerda, presidenta de la Asociación de Guardia Kichwa Yuturi Warmi.
Yuturi es el nombre de una hormiga amazónica, protectora del territorio de su colonia. Una especie de madre combativa que defiende la casa común. El mismo rol que asumen las mujeres.
“En materia de derechos humanos, las mujeres indígenas generan siempre liderazgo: tenemos los antecedentes de la lucha por la tierra, contra el régimen de haciendas o por el acceso a la educación”.
-Gina Benavides, abogada, académica y exdefensora del Pueblo (e) del Ecuador.
Muchas razones
Las motivaciones de ese compromiso femenino son numerosas. En principio, la Amazonía ecuatoriana es una región desigual y violenta: cualquiera de sus indicadores socioeconómicos generales trasluce empobrecimiento, marginación y falta de oportunidades, pero la brecha es aún más dramática si se contemplan los componentes de género y etnia. “Lograr algún proceso de reivindicación es una lucha diaria, por la situación estructural de discriminación que se da, incluso dentro de las comunidades”, explica Yajaira Curipallo, delegada de la DPE de Pastaza. Instalar nociones como “equidad” o “empoderamiento”, aclara la funcionaria, es un desafío en construcción, con algunos resultados evidentes.
La problemática ambiental es otro buen ejemplo. Para los pueblos y nacionalidades indígenas amazónicos, ese eje atraviesa cada partícula de la realidad. Las consecuencias del extractivismo en sus diversas variantes, suman razones de inquietud o rebeldía para la población. Y las mujeres sufren afectaciones específicas por su causa: “Nosotras hacemos producir las chakras, cosechamos los productos… por eso, cuando no se respeta la naturaleza, se daña nuestra convivencia y nuestra forma de vida”, refiere María Cuji, excoordinadora del área de Mujer y Salud de la nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU).
Cuji nació en Canelos y vive en Ilipi, sector de Villano, cerca del campo petrolero homónimo, operado por Pluspetrol. Los efectos nocivos de esa proximidad, asegura, son evidentes en el entorno desde tiempo atrás: estima en un 50 por ciento la migración de peces de los ríos cercanos, y los plátanos, que antes “se cosechaban durante cinco o seis años”, ahora ven reducido a la mitad su período productivo. Al igual que sus compañeras, en la comunidad y en la organización, se opone a la expansión de otras actividades dañinas para el ambiente, como la deforestación promovida por la industria maderera y la instalación de hidroeléctricas.
María Cuji, exdirigenta de Mujer y Salud de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU),
reflexiona sobre la explotación maderera en su provincia.
En las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza, la industria petrolera mantiene en funcionamiento casi 450 mecheros de quema de gases. Nueve niñas impulsaron una campaña para exigir que sean apagados. La Corte de Sucumbíos falló a favor de las demandantes –asesoradas por la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt)–, pero el plazo para completar el proceso de apagado venció en marzo de este año, sin resultados. Durante el desarrollo de la causa, se detectó además que la contaminación emitida por esos mecanismos de expulsión de gases, tiene relación directa con varios centenares de casos de cáncer: el 70 por ciento de ellos, afectan a mujeres.
Los derrames de crudo han sido otra lamentable constante regional: hubo casi 1.600 durante la última década (2012-2022). Las labores de remediación siempre resultaron tardías y parciales. La contaminación nunca desapareció por completo y se ramifica incluso dentro de la mente y el alma de las personas. “Después del derrame de 2020 en el río Coca, entrevisté a una señora que me dijo: ‘El río está triste, porque huele mal’. Ahora los niños tienen miedo de ir a bañarse y eso es un gran impacto, porque son niños indígenas y pierden el contacto espiritual que siempre tuvieron con el agua”, observa Alexandra Almeida, coordinadora del Área de Petróleo de la organización Acción Ecológica.
“En 2021, [el presidente Guillermo] Lasso anunció que incrementaría la protección en las Islas Galápagos contra la pesca ilegal. Me parece perfecto. Pero al siguiente día firmó los decretos 95 y 151, que permiten el aumento de la frontera extractiva minera y la perforación de nuevos pozos petroleros en la Amazonía. Entonces, ¿por qué nos afectan a nosotros, si la Constitución y la Ley Amazónica equiparan a esta región con Galápagos, en términos de protección y conservación?”
-Eduardo Rojas, delegado de la Defensoría del Pueblo de Napo.
Por su parte, el delegado de la DPE de Napo, Eduardo Rojas, llama la atención sobre el avance indiscriminado de la minería legal e ilegal (vinculada, según fuentes oficiales, a grupos delictivos como “Los Choneros”) en su provincia. Pero advierte la responsabilidad del gobierno nacional en ello: “En 2021, [el presidente Guillermo] Lasso anunció que incrementaría la protección en las Islas Galápagos contra la pesca ilegal. Me parece perfecto. Pero al siguiente día firmó los decretos 95 y 151, que permiten el aumento de la frontera extractiva minera y la perforación de nuevos pozos petroleros en la Amazonía. Entonces, ¿por qué nos afectan a nosotros, si la Constitución y la Ley Amazónica equiparan a esta región con Galápagos, en términos de protección y conservación?”, indaga.
Eduardo Rojas, delegado de la Defensoría del Pueblo de Napo, sobre declaraciones de la exministra de Gobierno Alexandra Vela, en relación con grupos delictivos vinculados a la minería ilegal en esa provincia.
“Uno de los principales problemas con el sistema que tenemos es que los pueblos indígenas ya han visto décadas de explotación petrolera en las que no existió ningún beneficio para ellos. Es una historia de dominación en la que siempre han sido perjudicados con la afectación ecológica de sus territorios”, reflexiona Adriana Rodríguez Caguana. Para la investigadora, así como el extractivismo tiene un claro sesgo machista y patriarcal, la forma en que las mujeres amazónicas reelaboran su herencia de resistencias indígenas para enfrentarse a él, deviene en una variante de “ecofeminismo” que, en su opinión, “no surge de la nada” y alberga la potencia necesaria para consolidar el “desarrollo de un feminismo indígena”.
Muchas maneras
Años atrás, la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) intentó acceder a territorio del pueblo kichwa de Sarayaku, provincia de Pastaza. Las estrategias de la empresa para iniciar sus operaciones, chocaron una y otra vez contra la decisión de las mujeres del lugar. Aunque los hombres, en cierto momento, parecían dispuestos a ceder: “Ellas, entonces, les dieron un ultimátum: ‘Si ustedes dejan entrar a la petrolera, nosotras no les hacemos más chicha’. En las comunidades sólo las mujeres hacen chicha, pero los hombres no pueden vivir sin ella. Fue casi una amenaza de muerte (risas)”, comenta Alexandra Almeida.
Se trata, apenas, de una de las múltiples formas en que las mujeres amazónicas lograron organizarse y expresar sus puntos de vista, en tiempos recientes. No siempre de un modo orgánico o continuo, pero a menudo con esa posibilidad en mente: “Nosotras éramos un grupo de unas 15 mujeres que hacíamos artesanías. Y seguimos haciéndolas. Pero en 2021, cuando el presidente de nuestra comunidad estuvo a punto de aceptar el ingreso de una empresa minera, decidimos fabricar nuestras propias lanzas y volvernos guardianas”, describe Elsa Cerda, sobre el origen de Yuturi Warmi, la primera guardia indígena compuesta exclusivamente por mujeres. Hoy, esa organización tiene casi 50 integrantes y cuenta con equipamiento y capacitación para realizar monitoreo territorial permanente.
Las iniciativas productivas, o aún sociales, que incluyen un fuerte componente cultural (turismo, gastronomía, cultivos orgánicos ancestrales, artesanías, entre otras), suelen propiciar esa clase de espacios de formación y articulación política. Lineth Calapucha, la primera mujer kichwa en alcanzar la viceprefectura de Pastaza, revela sus planes en este sentido: “Pensamos en la construcción de una Casa de Acogida para mujeres que hayan sufrido violencia de género, y que ahí funcione también una escuela de empoderamiento en derechos de la mujer”, describe. Concretar ese proyecto, reconoce, “sería un gran sueño”, dadas las carencias regionales en la materia.
“Cuando el presidente de nuestra comunidad estuvo a punto de aceptar el ingreso de una empresa minera, decidimos fabricar nuestras propias lanzas y volvernos guardianas”.
-Elsa Cerda, fundadora y presidenta de la Asociación de Guardia Kichwa Yuturi Warmi
La abogada y académica Adriana Rodríguez Caguana resalta el rol de las mujeres indígenas
en la Educación Intercultural Bilingüe y la preservación de las lenguas originarias.
“Antes, desde la Defensoría, pedíamos hacer capacitaciones sobre violencia contra la mujer, extractivismo y derechos de la naturaleza, pero muchas veces los consejos de gobierno comunitarios no lo permitían. Ahora se han activado bastante las dirigencias de género y familia, y son las mismas organizaciones las que nos piden trabajar esos temas”, apunta Yajaira Curipallo. Esa apertura creciente no sólo ha estimulado la toma de conciencia y posición individuales, sino también el surgimiento de organizaciones como la Red de Mujeres Amazónicas, la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (Amwae) y muchas otras. Recientemente, varios de estos grupos convocaron al Primer Encuentro Nacional de Mujeres Ecuatorianas Organizadas, en el que se consensuó una Agenda para el Ecuador desde las Mujeres, presentada a los binomios postulantes a la presidencia en las elecciones de agosto 2023.
Un punto que todavía genera percepciones dispares es la baja presencia femenina en las altas dirigencias de las mayores estructuras indígenas de la región y el país: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Mientras que la exdelegada de la DPE Gina Benavides considera este hecho como “un problema”, su colega del Programa Andino de Derechos Humanos no le asigna tanta relevancia: “Creo que los cargos no son importantes, porque las lideresas son fuertes, tienen representatividad y son reconocidas en sus comunidades. El problema es ver qué pasa con las mujeres que no tienen poder político; cómo contribuye en esos casos la dirigencia femenina, para disminuir la violencia de género y fortalecer relaciones de igualdad”, puntualiza Adriana Rodríguez Caguana.
Nathaly Yépez, asesora legal de Amazon Watch, reclama un rol más activo
del Estado en la protección de las culturas ancestrales vivas.
“Creo que los cargos no son importantes, porque las lideresas son fuertes, tienen representatividad y son reconocidas en sus comunidades. El problema es ver qué pasa con las mujeres que no tienen poder político; cómo contribuye en esos casos la dirigencia femenina, para disminuir la violencia de género y fortalecer relaciones de igualdad”.
-Adriana Rodríguez Caguana, Programa Andino de Derechos Humanos (UASB)
Muchas mujeres (y varias deudas)
Las estadísticas no abundan. Tampoco, a menudo, son fáciles de corroborar, y están dispersas en registros de diferentes organizaciones de derechos humanos, ecologistas y ciertas dependencias estatales. Pero aún así son útiles para determinar que, en las condiciones actuales, ser mujer, indígena y defensora de la naturaleza son factores de riesgo para la integridad física y psicológica en la Amazonía. Durante los últimos cinco años (2018-2022) hubo al menos 31 casos de esas características en el Oriente ecuatoriano; cinco de ellos, colectivos.
Varios de esos sucesos apuntan a instalar, en los colectivos femeninos, un sentimiento de indefensión y soledad que anule su postura crítica. Como la sospechosa muerte de María Taant, en marzo de 2021, que continúa impune: la cantante y activista shuar acababa de recibir un reconocimiento de la DPE, por su lucha antiextractivista, cuando fue atropellada en Taisha por un vehículo que huyó sin ser identificado. O como el incendio intencional de la vivienda de Margoth Escobar, fundadora y referente de la red Saramanta Warmikuna, y el ataque con piedras al domicilio de Patricia Gualinga, lideresa del pueblo kichwa Sarayaku.
“No tenemos un sistema estatal de protección de defensoras/defensores que permita registrar los diferentes niveles de hostigamiento y acoso antes de llegar a un grado de agresión que ya constituya un delito. Lamentablemente, ahora sólo contamos con la vía penal, pero para acceder a ella, el nivel de daño a un bien jurídico como la vida o la integridad tiene que constituir efectivamente una agresión”, detalla Nathaly Yépez, asesora legal del equipo ecuatoriano de Amazon Watch. Benavides confirma esta deuda normativa y agrega otros dos desafíos pendientes: la articulación de procesos de capacitación en derechos, en todos los niveles educativos, y una ley efectiva de reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La abogada y exdefensora del Pueblo (e), Gina Benavides, señala la importancia de contar con
una Ley Integral de Reparación y con capacitación en enfoque de derechos.
Entre otras garantías fundamentales, lo que corre peligro en la Amazonía es la posibilidad de vivir en un ambiente saludable. Las mujeres lo saben, porque lo viven a diario con la intervención de cualquier forma de extractivismo. “Si alteran la selva, la naturaleza, están alterando los derechos de la mujer amazónica”, subraya María Cuji, para quien la propuesta del “Kawsak Sacha” (Selva Viviente) no puede concretarse sin resolver primero las carencias de la población. “Creo que seguimos ciegos y por necesidad vendemos los recursos que están dentro de nuestros territorios”, enfatiza.
Alexandra Almeida confiesa haber recibido críticas por sostener que las mujeres indígenas “asumen la defensa de la Pachamama de diferente manera que los hombres”. “Creo que el hecho de ser mujer y defender a la Pachamama, que también lo es, las vincula de una manera más estrecha con el sentimiento de la protección y de reproducción de la vida. Tienen muy presente eso de no destruir lo que heredamos de nuestros mayores. De hecho, la Ronda Suroriente no avanza por la resistencia de los pueblos indígenas, con una fuerte dosis de participación de las mujeres”, aclara.
“Son mujeres quienes han frenteado estas luchas y quienes dan el mensaje de ejemplo de que sí se puede cambiar la historia aquí, con el respeto a los pueblos y a la naturaleza”, coincide y elogia el delegado de la DPE de Napo, Eduardo Rojas. Mientras tanto, las fronteras entre madres y selva se adelgazan hasta formar un único universo, fértil y rebelde, donde sólo cabe la lucha por la vida.
“Creo que seguimos ciegos y por necesidad vendemos los recursos que están dentro de nuestros territorios”.
-María Cuji, exdirigenta de Mujer y Salud de PAKKIRU
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
Edición: Ginna Morelo / Alberto Ñiquen Guerra / Ela Zambrano.
Realización audiovisual: Andrea Moreno.
Ilustraciones: Gía Román.
Diseño mapa estadístico: Santiago García.
Logística y asistente de fotografía: Leonardo Moreno.
Fotografías: Web Universidad Andina Simón Bolívar / Cuentas de Facebook de las personas entrevistadas.
