Estado de excepción y decepción estatal

Por Jaime Chuchuca Serrano*

El filósofo político nazi, Carl Schmitt, estableció en Teología Política la continuación entre soberanía y Estado de Excepción (2009). Giorgio Agamben critica a los juristas y expertos en derecho porque nunca consideraron al Estado de Excepción como un problema jurídico, sino como una cuestión de hecho (quaestio facti); de este modo explicaron que el estado de necesidad del Estado de Excepción no puede tener forma jurídica. El Estado de Excepción fue colocado junto a la guerra civil, la insurrección y la resistencia en la grieta de la indecibilidad de lo jurídico y lo político. El Estado de Excepción, expone Agamben, se convierte en la contradicción de la forma legal, porque suspende los derechos (Agamben, 2019). El Estado de Excepción abandona la vida en manos de las leyes. El gobierno de Hitler fue un Estado de Excepción de 12 años, concluye Agamben, y esta práctica pasó a los Estados democráticos modernos.  

El profesor Enrique Dussel en una de sus clases critica a Agamben por su eurocentrismo y reflexiona como Latinoamérica ha vivido en Estado de Excepción permanente desde su “descubrimiento” (1492), con muy pocos años de democracia. En esta trama hay una distinción entre el Estado de Excepción Real, surgido de la emergencia real, y el Estado de Excepción Ficticio, que se impone sin crisis que lo amerite. En las actuales circunstancias, el capitalismo pandémico conllevó al Estado de Excepción Mundial, con una combinación de estados de excepción reales y ficticios, que provienen de los intereses económicos y políticos.

Boaventura de Sousa (2020) mencionó que Ecuador se convirtió en un laboratorio de la pandemia, donde funcionó el capitalismo sangriento (capitalismo gore) que no pudo ni enterrar a sus muertos. Las cuarentenas y Estados de Excepción sin planificación, como las acostumbradas en Ecuador, conllevan a “inmunizaciones de rebaño” periódicas. La presión del confinamiento incentiva al consumo, las multitudes agolpadas se multiplican en pequeños espacios para conseguir lo necesario; así como una parte de la población se somete a la fuerza del confinamiento, otra la viola sistemáticamente. A pesar de que el ritmo promedio de contagio del país en 2021 ha sido 10 mil casos por semana, el gobierno declara Estado de Excepción (Decreto 1291) coincidencialmente cuando sube los pasajes (intraprovinciales e interprovinciales) y aprueba la Ley de Defensa de la Dolarización que termina entregando el Banco Central al poder de los bancos privados. El Estado de Excepción focalizado en 16 provincias y el confinamiento de fines de semana escasamente congelará el incremento de contagios, pero sí lo hará con la organización de la protesta social.^[1]

Este último Estado de Excepción de Moreno se hace en el proceso de transición al gobierno del neoliberal Guillermo Lasso, quien entre sus primeros discursos de victoria denominó al narcopolítico, Álvaro Uribe, conocido como el matarife, “defensor de la república” y la “democracia”, en acto seguido se reunió con el presidente Iván Duque, brazo derecho de Uribe. Esto sucede en momentos en que el narcotráfico y el sicariato cobran unas 500 vidas en Ecuador en lo que va del año. Frente a los estados de excepción permanentes, ficticios y no ficticios, se abre una pluralidad de resistencias que combaten las miserias del poder. 

El capitalismo pandémico conllevó al Estado de Excepción Mundial, con una combinación de estados de excepción reales y ficticios, que provienen de los intereses económicos y políticos.

*Jaime Chuchuca Serrano es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, Licenciado en Ciencias de la Educación, en Filosofía, Sociología y Economía. Magíster en Sociología. Doctorando en Ciencias de la Educación.

Bibliografía:

Referencias:

^[1] El gobierno de Moreno ha usado desaforadamente las teorías conspiranoicas para la persecución. Desde 2019 procesó a decenas de personas por el incendio de la Contraloría General del Estado en el Levantamiento de Octubre, por presunto terrorismo, no obstante, en esta semana la Contralora encargada, Valentina Zárate, asegura que el incendio empezó por dentro, el incendio fue organizado por el propio Estado (El Comercio, 2021).