Por Romano Paganini y Ela Zambrano / Trabajo colaborativo entre La Línea de Fuego, Acapana, Radio Periférik y mutantia.ch
Las comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana solicitaron medidas cautelares en contra del gobierno. En la entrevista, el encargado de la Subsecretaria de Pueblos y Nacionalidades, Luis Maldonado Ruiz, explica la estrategia del Estado con relación a la pandemia y a las comunidades, justifica la construcción de una carretera por el Parque Nacional Yasuní y señala que el riesgo de contagio lo generaron las propias comunidades al no haber considerado los protocolos establecidos.
11 de junio de 2020, Quito. – A mediados de mayo, las comunidades waorani de la Amazonia ecuatoriana presentaron medidas cautelares en contra de varios ministerios del gobierno central, del Presidente, Lenin Moreno, e inclusive del Vicepresidente, Otto Sonnenholzner. Para entonces, este último ya no era delegado de Moreno ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional; en su reemplazo estaba la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Es por ello que la jueza de Pichincha, Delicia Garcés, declaró la nulidad del proceso: hubo según ella una falla en el pedido de los Waorani al haber convocado a Sonnenholzner y no a Romo.
María Espinosa, una de las abogadas de los waorani, dice que Sonnenholzner había sido nombrado como delegado de Moreno mediante un decreto presidencial, algo que no ocurrió con Romo: su designación aparece en un acta del COE y no a través de un decreto. Según informaciones del medio digital Plan V, la Vicepresidencia mandó esta observación al tribunal recién este lunes, 8 de junio, a pesar de que la audiencia empezó el viernes anterior. Espinosa considera esta demora como un acto de mala fe. “Esto muestra que hay un interés estatal de dilatar el proceso y motiva a la jueza tomar decisiones que carecen de un sustento legal”.
El subsecretario de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Maldonado Ruiz, no mencionó este hecho durante una entrevista efectuada el martes pasado. El ex-ministro de Bienestar Social (2001-2003), más bien, afirmó que las actividades económicas -en particular la industria petrolera- pueden ser el argumento central por parte del gobierno para desestimar las medidas cautelares. Sobre la carretera de 2,2 kilómetros que atraviesa el Parque Nacional Yasuní y que fue construida entre marzo y mayo, habla de forma reservada. “Lo que se ha hecho es dentro del área permitida. De todas maneras, este tema se está supervisando para ver si la construcción de esta carretera ha violado la ley o no”.
La nacionalidad Waorani, al igual que otros pueblos y nacionalidades de la Amazonia, han cuestionado que las acciones del gobierno son desarticuladas, tardías, ineficientes e insuficientes. ¿Nos podría detallar qué estrategias concretas está implementando el Estado para proteger a la nacionalidad waorani?
En cierta medida pueden tener razón. La situación del pueblo waorani es bastante delicada. No solamente se trata de contemplar la situación de contagio de la población wao, sino el riesgo que eso implica para los pueblos en aislamiento voluntario. La situación es complicada por las distancias entre las comunidades y la imposibilidad de brindar una atención masiva a cada comunidad. Es compleja porque se requieren recursos para la movilización, para adquirir los medicamentos y los insumos necesarios, para hacer levantamiento de información, para determinar si hay contagios o no. A esto hay que agregar que tenemos restricciones en el uso de gastos para movilización y transporte. La alianza interinstitucional ayuda mucho a nivel local y los GAD provinciales, cantonales y parroquiales son un apoyo fundamental. Para garantizar los alimentos se ha emprendido una campaña con el MIES y los COE cantonales. En este asunto se va a involucrar más la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, que ha transferido recursos a los gobiernos locales. Como Secretaria de Derechos Humanos, queremos evaluar si los GAD están usando esos recursos y destinando con prioridad a las nacionalidades y pueblos.
¿Cómo es exactamente el protocolo en el caso de reportarse a una persona de la nacionalidad wao con síntomas asociados al covid-19?
La alerta de la comunidad llega al COE cantonal que valora la situación. Ahí coordinan el Ministerio de Salud y del Ambiente. Se delegan brigadas para hacer las visitas a las comunidades y, según las necesidades de transporte, se recurren a los gobiernos locales. Si los Ministerios de Energía o Salud tienen los medios, se usan esos medios. A veces se requiere hacer vuelos por las distancias; estos se coordinan con las Fuerzas Armadas. Para la difusión de las medidas preventivas se ha traducido material de la Campaña Nacional para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, conjuntamente con las organizaciones que les representan, a fin de considerar las especificidades de cada pueblo.
Usted señala que hay una articulación interinstitucional en la que participan los COE cantonales. En cambio, la Coordinadora General del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Pastaza (Conconawep) y la Defensoría del Pueblo hacen un llamado porque, en los mismos COE no hay un interés de generar política pública intercultural y, peor aún, considerar la situación de los pueblos indígenas en la Amazonia.
Los representantes de los pueblos y nacionalidades no solamente están participando, están obligados a participar. Hay determinados GAD que lo hacen con mayor interés. Se están haciendo actividades de distinta índole en apoyo a las nacionalidades. Considero que obviamente no es suficiente. No se puede por las mismas características donde están ubicadas las comunidades, de establecer una presencia permanente. Esto también genera estos reclamos. La Secretaría de Derechos Humanos no dispone de recursos económicos ni de infraestructura, pero sí está en la posibilidad de convocar a todas estas entidades para que dialoguen, para que conozcan la situación que está atravesando el pueblo waorani. Es muy distinta la situación en la Sierra, porque la población está más concentrada, los centros de salud están más cercanos y hay mayor infraestructura. Los pueblos kichwa de la Sierra, por ejemplo, no han hecho ningún pronunciamiento.
El representante de la nacionalidad wao ha asegurado que tienen más de 70 casos con covid-19 confirmados por el Ministerio de Salud. ¿Está previsto un cerco epidemiológico para estos casos?
La Conconawep ha difundido ese número, refiriéndose a los informes del Ministerio de Salud. Pero no es una información del Ministerio de Salud, o digamos todavía, no se ha sistematizado esa información. Estamos en ese empeño para poder dar cifras concretas sobre el número de contagios. Con respecto a los cercos epidemiológicos, esto ya se viene realizando. Se aplica un protocolo de control de ingresos. Por otro lado, también se está coordinando para que las mismas comunidades -esto es una iniciativa a nivel nacional- hagan un autoaislamiento. Hay dificultades y sobrepasan las posibilidades de control previsto por el gobierno y por las mismas municipalidades y pueblos.
¿A qué se refiere?
Es que la población indígena ha salido a las ciudades donde hay alta contaminación y luego ha regresado a sus comunidades. Esta movilización ha generado problemas de contagio. No se informa ni a las autoridades comunitarias ni a las autoridades de gobierno. La población ha regresado de una manera oculta a la comunidad. Ha pasado también con los chachis y los éperas en la zona norte de la costa ecuatoriana. Debe haber un control estricto con las personas indígenas y las que no son indígenas que ingresan a las comunidades, pero eso no se ha logrado en un cien por ciento. Las mismas nacionalidades han solicitado como principal apoyo la difusión de las medidas de prevención en sus idiomas para poder trabajar con las comunidades.
¿Usted dice que las causas por las que se contagiaron los waorani es por su incursión a sitios poblados?
Sí.
Por el contrario, ellos señalan que el contagio se produjo porque las empresas petroleras, mineras y madereras no pararon en la cuarentena. De hecho, la Conconawep documenta el ingreso de trabajadores contagiados a los campos ubicados en zonas cercanas a las comunidades.
Pero esto habría que probarlo, porque el asunto es que no están a una distancia que posibilite la contaminación. El asunto es que sí hay miembros de la nacionalidad Wao que trabajan en estas empresas. Obviamente, hay riesgo. Los mismos miembros de la nacionalidad Wao han sido quienes han contaminado. Ahora es cierto que las actividades petroleras y mineras no se han suspendido porque esto es política gubernamental. Es vital para tener los recursos que requiere el país.
¿Garantizar las actividades económicas es la razón para pedir que desestimen las medidas cautelares?
Ese es el planteamiento realizado por el Gobierno. Efectivamente, porque es una necesidad vital.
“La población indígena ha salido a las ciudades donde hay alta contaminación y luego ha regresado a sus comunidades. Esta movilización ha generado problemas de contagio”.
Tenemos que insistir en este punto, porque hay varias denuncias de comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales -no solamente en Ecuador- que afirman el peligro de un contagio con covid-19 por la actividad de la industria extractiva. El gobierno ecuatoriano, ¿no tendría que haberse pronunciado más acertadamente y haber planteado una política para proteger mejor a los pueblos y nacionalidades indígenas?
No solamente que se ha hecho, sino que se ha actuado. Pero, obviamente, también está la política gubernamental con respecto a la crisis económica que se vive en el país: la necesidad de recursos, de las actividades que ya existen como la petrolera. Y estas se han mantenido. Pero no se han hecho nuevas exploraciones ni se han explotado nuevos pozos petroleras.
Pozos petroleros, al parecer no, pero la empresa estatal Petroamazonas ha abierto una nueva carretera de 2,2 kilómetros que atraviesa el Parque Nacional Yasuní y que une plataformas petroleras. Y eso en plena cuarentena. ¿Qué responde usted como Subsecretario de Pueblos y Nacionalidades frente a este hecho?
Con respecto a eso, la información que yo tengo es que este camino no está dentro del área de protección. Lo que se ha hecho es dentro del área permitida.
Según organizaciones sociales, la carretera pasa por zonas protegidas. Además, afecta a territorios de indígenas de contacto inicial como los waorani, a los Tagaeri y a los Taromenane que viven en aislamiento voluntario.
Sí, pero está establecido legalmente hasta dónde se puede llegar. De todas maneras, este tema se está supervisando para ver si la construcción de esta carretera ha violado la ley o no. Es una cuestión que está en investigación. Estamos nosotros para tener la información debida para poder actuar.
¿Usted ha sido consultado antes?
No. Nosotros como Subsecretaria de Nacionalidades y Pueblos en este momento estamos básicamente trabajando en la articulación entre entidades estatales y privadas y los gobiernos locales frente a la pandemia. Estos temas, que son mucho más específicos, están siendo tratados por las entidades que tienen competencia sobre el tema como el Ministerio de Energía y, en relación con el área del Yasuní y los pozos petroleros, la Subsecretaria de Pueblos en Aislamiento Voluntario.
“La información que yo tengo es que este camino no está dentro del área de protección. Lo que se ha hecho es dentro del área permitida”.
Teniendo en cuenta que muchos de los recursos de los “sectores estratégicos” definidos por el gobierno, como el petróleo o los minerales, se encuentran en territorios indígenas, ¿no le parece necesario mantener una articulación más cercana con la Secretaria de Pueblos en Aislamiento Voluntario?
Sí, es necesario hacerlo. Y el Estado ha previsto este tipo de articulaciones y procesos de vigilancia. Este año debía realizarse una veeduría ciudadana para poder hacer una inspección de los controles en esa área en cuanto a la presencia externa y a las garantías para los pueblos en aislamiento voluntario. No se realizó porque la Secretaría de Derechos Humano recibió recién esta competencia en octubre pasado, tras la disolución de la Secretaría de la Política. Esta veeduría está prevista para octubre de 2020. Pero esto no tiene solamente que ver con las instituciones del Estado, sino que la veeduría ciudadanía pueda visitar los territorios para verificar la situación. Nosotros estamos con el empeño de realizar estas articulaciones con las diferentes entidades. Los otros temas están asignados a otras entidades; el Ministerio de Energía y del Ambiente deben dar cuenta de estos temas.
El argumento del Estado es que se necesita de estos “sectores estratégicos” abiertos para tener un ingreso financiero. Sin embargo, causa la impresión de que la economía está por encima de la salud de los pueblos.
Es un dilema que vive el país: por un lado, unos plantean que deberíamos seguir en aislamiento, otros dicen que se requiere reactivar la economía. El gobierno ha dado una salida a través de las medidas que está tomando y también a través de las medidas económicas. En el caso concreto del petróleo, es la misma situación. Se pide la atención del Estado, ¿pero si el Estado no tiene recursos y se cierran también los medios a través de los cuales se pueden acceder a recursos económicos para atender a la pandemia? Ahí nos encontramos con el mismo dilema.
Un dilema de muchas décadas, ya que la matriz económica del Ecuador sigue siendo colonial y en base a la extracción de materia prima. ¿No habría que ir cambiando esta matriz violenta que sobre todo perjudica a los pueblos y nacionalidades indígenas y se agudiza en crisis como la que estamos viviendo?
Creo que la pandemia nos debe llevar a una reflexión y a aprender de los errores que se cometen de los sistemas que no nos ayudan en resolver los problemas. ¿Qué es lo que se ha evidenciado con la pandemia? Que en realidad el sistema económico capitalista no nos ayuda a resolver los problemas. Considero que ahora hay mucha más conciencia de la importancia del campo, de la producción de alimentos y de este movimiento que existe también en Ecuador y que toma cada vez más fuerza: la lógica de las economías comunitarias y de la autosuficiencia. Las alternativas de desarrollo con el Sumak Kawsay, como la misma Constitución dice, se tiene que concretizar. La pregunta es si después de la pandemia estamos todos conscientes de la necesidad del cambio de un sistema económico. Los procesos que vivimos con la pandemia nos han obligado a buscar alternativas, a pensar de otra manera, a tener un compromiso mucho más amplio entre todos los pueblos y ciudadanos, a buscar alternativas económicas, sociales y políticas para el país.
“Creo que la pandemia nos debe llevar a una reflexión y a aprender de los errores que se cometen de los sistemas que no nos ayudan en resolver los problemas. ¿Qué es lo que se ha evidenciado con la pandemia? Que en realidad el sistema económico capitalista no nos ayuda a resolver los problemas”.
Fotografía: Cortesía Secretaría de Derechos Humanos.
