Tomado de Alainet.org*
Julian Assange se salva de ser extraditado a EE.UU., según la sentencia dictada el 4 de enero de 2021, en la Corte de Westminster, Londres, por la jueza Vanessa Baraitser, en consideración de que las condiciones carcelarias en ese país implican un riesgo real de suicidio para el fundador y (ex) editor en jefe de Wikileaks. La jueza ordenó su libertad, pero la fiscalía apeló y se tomará una decisión al respecto este miércoles 6. No obstante, la jueza apoyó la mayoría de argumentos de la fiscalía respecto a los motivos de la acusación y desechó los argumentos de la defensa.
En tal sentido, si bien la sentencia de hoy representa una primera victoria para Assange –y de paso una condena moral respecto a las pésimas condiciones del sistema carcelario estadounidense– la amenaza que este caso representa para la libertad de prensa en el mundo sigue intacta y podría reactivarse en la corte de apelaciones.
El periodismo bajo amenaza
Son muchos los expertos y defensores de derechos humanos que coinciden en que lo que está en juego en este caso legal no sólo es la extradición de Assange y sus derechos humanos individuales, sino que lo que se decida en las cortes británicas también tendrá un impacto directo en la situación de los periodistas de todo el mundo, pues serviría, dicen, de ejemplo para cualquiera que se atreva a filtrar información considerada “clasificada” que, de entrada, cuestione las acciones de gobiernos como Estados Unidos, lo que podría llevar a la autocensura.
Concuerdan, por lo tanto, en que es la libertad de prensa la que estaría siendo juzgada en Londres, en tanto su papel de cuestionar y exponer información de interés público, especialmente cuando implica graves violaciones a los derechos humanos.
“Lo que se concluye ahora, para los periodistas y los editores en general, es que cualquier periodista en cualquier país de la tierra –de hecho cualquier persona– que transmita secretos que no se ajusten a las posiciones políticas de la administración de los EE.UU. podría ser acusado en virtud de la Ley de Espionaje de 1917”, dijo Carey Shenkman, un abogado estadounidense de derechos humanos que está escribiendo un libro sobre un análisis histórico de la Ley de Espionaje de 1917, durante su testimonio en septiembre, en la Corte de Londres.
En principio, el Departamento de Justicia de EE.UU. alega que Assange conspiró con Chelsea Manning, una ex oficial militar de EE.UU., para descargar ilegalmente cientos de miles de registros de las guerras de Irak y Afganistán, junto con una gran recopilación de cables clasificados (Cablegate) del Departamento de Estado de EE.UU. Por lo cual, se le imputan 18 cargos, 17 de los cuales están bajo la controvertida Ley de Espionaje, aprobada después de la Primera Guerra Mundial –hace más de un siglo– y que fue usada para perseguir a espías y disidentes políticos.
La ley ha sido criticada como inconstitucional por los abogados internacionales de derechos humanos debido a que criminaliza el recibir y publicar información clasificada. El editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, la calificó de “arcaica”, señalando que nunca antes había sido utilizada contra un periodista y editor.
La acusación contra Assange en virtud de esta ley se centra casi exclusivamente en el tipo de actividades que los periodistas de seguridad nacional realizan habitualmente en relación a sus fuentes, comunicándose con ellos confidencialmente, solicitándoles información, protegiendo sus identidades de ser reveladas y publicando información clasificada.
“La decisión de acusar a Julian Assange por las alegaciones de una ‘conspiración’ entre un editor y su fuente o fuentes potenciales, y por la publicación de información veraz, atenta contra las libertades fundamentales de la prensa”, señaló Trevor Timm, fundador de la Fundación para la Libertad de Prensa, que defiende los derechos de los periodistas y hace un seguimiento de las violaciones de la libertad de prensa en los Estados Unidos, durante su alegato en septiembre.
“Los materiales sobre los que los periodistas escriben e imprimen a menudo no aterrizan mágicamente en sus escritorios” […] Los periodistas hablan con las fuentes, piden aclaraciones, piden más información. O sea, esta es una práctica estándar para los periodistas”, resaltó.
Sin embargo, la estrategia elegida por los fiscales estadounidenses es haber optado por procesar a Assange no como un editor, sino como un hacker, es decir, acusarlo de conspirar y piratear un ordenador del gobierno estadounidense. Y no acusarlo por la publicación de información confidencial, muy probablemente, dicen los expertos, para camuflar el ataque directo a la libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Publicar información obtenida ilegalmente está protegido por ley en los Estados Unidos. Pero el acto de obtener esta información, por ejemplo, a través del robo o la piratería informática, es un delito.
“Es un claro caso de libertad de prensa. Y los intentos del Departamento de Justicia de llevar el asunto hacia un caso de piratería informática, cuando no hay absolutamente ninguna evidencia de este acto por parte del señor Assange, creo que demuestran su deseo de alejarse de los temas importantes sobre la libertad de prensa”, afirmó una de las abogadas de Assange, Jennifer Robinson, en una entrevista con Democracy Now!
Lo que se concluye ahora, para los periodistas y los editores en general, es que cualquier periodista en cualquier país de la tierra –de hecho cualquier persona– que transmita secretos que no se ajusten a las posiciones políticas de la administración de los EE.UU. podría ser acusado en virtud de la Ley de Espionaje de 1917
–Carey Shenkman, abogado estadounidense de derechos humanos
En juego el derecho de la ciudadanía a ser informada
En 2010, WikiLeaks publicó una serie de artículos, en colaboración con los principales medios del mundo (The New York Times, The Guardian y Der Spiegel) conocidos como Afghan War Diary e Iraq War Logs. Una serie de documentos oficiales de EE.UU. que revelaron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán, así como la tortura infligida a los prisioneros en los centros de detención clandestinos de la CIA y los abusos en la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo.
Si bien este material se filtró bajo un manejo periodístico legal, como afirma su defensa, y protegida por la Primera Enmienda, y a pesar de que la mayor filtración de documentos de Cablegate no fue publicada inicialmente por WikiLeaks, sino por Cryptome, un sitio de filtraciones con sede en EE.UU., muy conocido en la comunidad informática, el sistema de justicia estadounidense se empeñó en llevar a cabo un proceso penal sin precedentes contra Assange. De hecho, puso en marcha un procedimiento extraterritorial impensable contra un medio de comunicación y un ciudadano extranjero, su editor.
John Sloboda, cofundador de Iraq Body Count, una ONG independiente dedicada a contar continuamente los asesinatos de civiles en Irak, testificó en septiembre sobre la importancia de las liberaciones de WikiLeaks y el trabajo con Assange en los registros de la guerra de Irak publicados en octubre de 2010. Señaló que diez años después, “los Iraq War Logs siguen siendo la única fuente de información sobre los cientos de miles de muertes violentas de civiles en Irak entre 2004 y 2009″.
“Los datos de las víctimas civiles siempre deben hacerse públicos” añadió, señalando que EE.UU. “nunca fue capaz de demostrar que un solo individuo ha sido significativamente dañado por la liberación de esta información”, refiriéndose a las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que la divulgación podría haber puesto en peligro las vidas de los iraquíes o de los estadounidenses.
Mientras tanto, desde noviembre de 2010, según varios defensores de los derechos humanos, Julian Assange ha sido víctima de un tortuoso proceso por parte de EE.UU. y de los países que han sido considerados como aliados (Reino Unido, Ecuador y Suecia), lo que deja en claro para muchos la persecución política, pues ha sido evidente la insistencia de vincular actividades periodísticas totalmente legítimas con una supuesta piratería informática ilegal o espionaje.
“WikiLeaks hizo lo que todos los periodistas deberían hacer, que es poner a disposición del público información importante que permita a la gente hacer juicios basados en pruebas sobre el mundo que les rodea y, en particular, sobre las acciones de sus gobiernos que revelan graves crímenes de Estado”, dijo Patrick Cockburn, periodista de investigación de The Independent, durante su testimonio en septiembre.
Por ello, aunque los fiscales estadounidenses insisten en argumentar que Assange no es un periodista sino un hacker o espía, lo que los expertos advierten es que, si se procede a su extradición y juicio, sería la puerta de entrada que permitiría a Estados Unidos procesar e investigar a una amplia gama de periodistas a escala global, lo que provocaría que editores y periodistas se autocensuren por temor a represalias.
“Si la prensa no publicara información clasificada sin autorización, el debate público sobre la guerra y la seguridad tendría lugar en un entorno de información controlado casi en su totalidad por los funcionarios del poder ejecutivo”, resaltó Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto de los Caballeros de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, durante su alegato en la Corte Británica de Westminster.
En el fondo, está en juego el derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que hacen, en su nombre, los gobiernos.
Disparar al mensajero
Assange ha estado en aislamiento casi completo en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres desde su arresto en abril de 2019, luego de haber sido expulsado por la fuerza de la embajada ecuatoriana cuando el Presidente de esa nación, Lenin Moreno, terminó ilegalmente con su asilo.
Si el Reino Unido lo extradita, se enfrentaría a 175 años de prisión, una sentencia a la que se sumarían los 10 años de persecución jurídica y policial. Y posiblemente sería condenado en un centro reservado para reclusos de máxima seguridad y sometido a los regímenes más estrictos, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento.
“Juzgar a Assange por revelar información verídica sobre serias faltas de conducta oficial, ya sea en Estados Unidos o en otros lugares, equivaldría a ‘disparar al mensajero’ en lugar de corregir el problema que se ha expuesto. Lo que sería incompatible con los valores fundamentales de justicia, el estado de derecho y la libertad de prensa estipulados en la Constitución estadounidense”, expresó recientemente el experto en torturas de la ONU, Nils Melzer, en una carta abierta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole que perdone al fundador de WikiLeaks.
“Se cometieron crímenes terribles en Irak y Afganistán. Se cometieron crímenes terribles en la Bahía de Guantánamo. Los autores de esos crímenes no están en prisión. Julian sí”, dijo la compañera de Assange, Stella Moris.
El gobierno estadounidense pide que se mantenga a Assange encarcelado mientras prepara su apelación a la sentencia, proceso que aún no tiene plazo. Por su parte, la defensa pide la libertad bajo fianza, y argumentará, entre otros motivos, las pésimas condiciones que vive Assange en aislamiento en la prisión de Belmarsh. Se estima que el proceso de extradición podría acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que la decisión sobre la extradición del periodista a EE.UU. podría seguir un curso por todavía algunos años.
“WikiLeaks hizo lo que todos los periodistas deberían hacer, que es poner a disposición del público información importante que permita a la gente hacer juicios basados en pruebas sobre el mundo que les rodea y, en particular, sobre las acciones de sus gobiernos que revelan graves crímenes de Estado”
–Patrick Cockburn, periodista de investigación de The Independent
*Alainet: http://bit.ly/2JMc0WN
