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viernes, mayo 3, 2024

LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD ES ESENCIALMENTE POLÍTICA. Entrevista a Ati Cañete

El problema de los privilegios de las élites es que nos quitan derechos a los ciudadanos y suponen un obstáculo para las reformas que combaten la desigualdad.

 30- 08-2017.

La Linea de Fuego conversó con Ati Cañete, Coordinadora de OXFAM para la Campaña “Iguales” contra la desigualdad en América Latina y el Caribe.                 El crecimiento exponencial de la desigualdad en América Latina, la reversión de los logros alcanzados en la última década en esta materia, la captura del Estado por las élites económicas y la corrupción como mecanismo de la misma son tópicos abordados en la entrevista. 

La Linea de Fuego:  Existe un importante repunte de las preocupaciones sobre la desigualdad en el mundo; en el presente momento, el movimiento por la justicia global está empeñado en generar herramientas para combatir el crecimiento exponencial del fenómeno de la desigualdad. El trabajo de Thomas Piketty plasmado en su obra el Capital del siglo XXI  ha reavivado la discusión sobre el enorme crecimiento de la desigualdad. En este sentido, ¿cómo ubicas el problema de la desigualdad en América Latina, que particularidades te parecen centrales?

Al trabajar en Oxfam, una organización que lleva muchos años, luchando por la eliminación de la pobreza, te vas dando cuenta de que las premisas estructurales que generan el fenómeno de la pobreza son particularmente difíciles de superar en nuestras sociedades.  ¿Por qué? Porque cada vez  que impulsas un conjunto de reformas que realmente podrían combatir la pobreza de manera estructural, te topas con la resistencia de ciertos sectores, de ciertas élites que se oponen con fuerza a cualquier reducción de sus beneficios.

En la lucha contra la pobreza, todos los actores sociales están de acuerdo; el problema es cuando discutes los métodos, el cómo de esa reducción de la pobreza. Y ese cómo se torna polémico cuando implica reducir los beneficios de unos pocos que cuando se sienten atacados en sus intereses se oponen con todas su fuerzas a las reformas.

El problema de la desigualdad en América Latina no es un problema del pasado o un rezago de la historia en estas sociedades, sino un fenómeno actual – en el sentido de actuante – que es el inevitable resultado de políticas y marcos económicos que las élites defienden cerradamente como una manera de perpetuar sus privilegios.

Discutir sobre desigualdad en América Latina resulta clave, no sólo porque es el continente más desigual del mundo, sino que, al ser un concepto relacional, te permite develar los entramados de poder, los intereses y actores que se confrontan, al tiempo de transparentar los obstáculos que se han puesto en la mesa para emplear vías efectivas de combate a la pobreza y a la desigualdad.

América Latina no es un continente pobre, no tiene los límites que aquejan al Africa. Realmente la única explicación a la magnitud de la pobreza en la región es que no hemos sido capaces de  oponernos a la inercia de ciertas élites que obstaculizan de manera sistemática la generación de reformas necesarias para atender las causas estructurales de la pobreza.

Revisando el Informe de OXFAM sobre la desigualdad en America Latina y el Caribe[1], ustedes hablan de una “década dorada” en la que los ingresos de la región fueron altamente favorables para las economías; pero la desigualdad no disminuyó en el mismo ritmo. Entonces ¿a que llamamos la década ganada? ¿Qué avances reales hubo y que límites registró la reducción de desigualdad?

Entre el  2000 y 2010 América Latina experimentó la reducción de desigualdad y pobreza más importante de su historia, los números lo demuestran. El contexto económico estuvo marcado por el alto precio de los commodities que permitió la entrada de ingresos extraordinarios muy significativos. El correlato político fue acompañado por gobiernos progresistas que priorizaron la promulgación de una serie de políticas que habían sido relegadas, en especial las políticas sociales. Esto permitió el buen desempeño de los indicadores de reducción de pobreza y desigualdad. No obstante, la agenda pendiente sigue siendo el sistema productivo porque a decir verdad, en el reproductivo las cosas no se han hecho mal. En la esfera productiva quedó pendiente reestructurar el sistema productivo, el sistema de empleo, salarios, estos fueron temas que se dejaron de lado generando una mayor vulnerabilidad frente a los cambios en el contexto internacional, la desaceleración económica y el descenso en los precios de los commodities; nuevamente las tasas de pobreza van en ascenso lo que significa que buena parte de los hogares que salieron de la pobreza en esta década han vuelto a entrar en ella.

Tampoco se ha tenido éxito en lograr consolidar las redes necesarias para que cada vez sea menos indispensables las políticas sociales de compensación; se supone que el ideal para ello es que el mercado y la sociedad repartan de manera más equitativa la riqueza.

Finalmente, el tema del extractivismo, la enorme dependencia de las ganancias “fáciles” a que supusieron para muchos gobiernos estimularon políticas de nacionalización de los recursos pero sin implicar el empleo de los ingresos generados en la diversificación productiva.

Estas deudas pendientes nos han hecho enormemente vulnerables a los choques externos, muy dependientes del mercado externo. De hecho, en el año 2015 se registró el  mayor aumento de pobreza desde 1980 en la región: 7 millones de personas se volvieron pobres y 5 millones indigentes en el año 2015. O sea, aumentó tanto pobreza general como la pobreza extrema.

Esto significaría que mucha gente que salió de la pobreza en la década anterior, retornó a ella tras la crisis…

Sí, por supuesto. Están empezando a retornar. Además, se ha hablado mucho del aumento de las clases medias en la región y yo creo que eso es una falacia. Primero, porque la medición que se ha utilizado para hablar de clase media es una medición de ingreso y la dimensión de clase es un conflicto muchísimo más complejo. Intervienen  otras muchas variables en la conformación de una clase y por lo tanto esa llamada clase media clasificada por su ingreso resulta un concepto demasiado volátil. El ingreso de un hogar, por ejemplo, puede ser bueno este año y malo el que viene; eso no significa tú no cambias de “clase”,  así de vuelta y porrazo…

¿Cuáles serían esas variables, esos factores que conforma la pertenencia a una clase social?   

No son factores estrictos de renta económica o de ingresos, son factores relativos a tu  identidad, a como ha sido construida de tu relación con el Estado, de tu relación con los otros, todas estas variables subjetivas y relacionales conforman la clase. Estas variables también forman parte de las diferencias entre las distintas clases medias históricamente configuradas.  Las clases medias europeas, por ejemplo, son clases medias que crecieron amparadas y apalancaron el Estado de Bienestar. Son clases medias que utilizan los servicios públicos y demandan a sus estados servicios públicos de calidad; son clases medias conscientes de los tributos y pagos que demandan sus derechos.

Las clases medias latinoamericanas, por otra parte, sobre todo las que crecieron en esta época han tenido una relación principalmente con sus ingresos, han tenido un aumento de ingresos que les ha dado acceso a ventajas, pero son ventajas que dependen casi exclusivamente del dinero. Y lo que no alcanzan a imaginar las clases medias latinaomericanas es que la privatización de sus necesidades las vuelve vulnerables en alto grado.

El que estas clases medias no hayan entrado en diálogos con los Estados para exigir servicios sociales de calidad, y que hayan aprovechado el incremento de rentas para emplear el dinero en educación privada, seguros médicos privados, etc. Los hace igual de vulnerables a los choques y descensos súbitos de ingresos. Ahora mismo viene un período de recesión, bajan tus ingresos y sigues sin tener un servicio público que cubra esas necesidades. . Y por lo tanto te vuelves a poner en la fila de las clases que has despreciado, las clases empobrecidas, vuelves a ponerte en la fila del servicio público junto a ellas, sin haber presionado por cambios.

Es una clase media muy individualizada, que entiende que el éxito es personal y que depende en exclusiva de tu propio esfuerzo.  No han sido clases medias capaces de entender que su fortaleza y su sostenibilidad viene dada por un contrato social por un Estado que defienda los derechos de todos, no solo los de un grupo, o los de ellos.

Algo que resulta muy interesante en el informe y en general en el trabajo que están llevando ustedes sobre desigualdad, es el manejo de datos que permiten aterrizar la desigualdad en criterios menos abstractos. Se plantean definiciones y categorías más concretas que los deciles o quintiles de población. Ustedes hablan, por ejemplo, de los ultra-ricos. ¿Qué son los ultra ricos en términos de la actual configuración de la estructura social en América Latina?   

 

Yo creo que un tema importante es que si queremos hablar de desigualdad no podemos hablar solamente de pobres, como si ellos fueran el problema. Tenemos que empezar a hablar de la otra cara de la moneda también,  porque la otra cara está interrelacionada al fenómeno de la pobreza, esa otra cara son los ricos y la riqueza.

En los últimos cinco años, se ha empezado a hablar mucho  de ello, yo diría que el trabajo  Thomas Piketty lo ha traído a  la palestra y lo ha convertido en un tema importante. Pero, este es un tema importante, hay muy poca información producida al respecto. Lo que hemos hecho en Oxfam es utilizar las mejores bases de datos que existen en el mundo sobre riqueza, sabiendo que todavía son débiles para el objetivo propuesto.

¿Cuáles serían estas debilidades?

No existe información completa, principalmente, porque es muy difícil conseguir datos sobre riqueza.

Las fuentes de datos que estamos usando sobre riqueza son fuentes de datos bancarias producidas por el Credit Suisse[2]  información a la que ni siquiera los gobiernos tienen acceso debido al secreto bancario.

En sí mismo, esto constituye un tema importante, para hablar de esto precisamos  demandar una mejor medición. Los Estados que tienen que empezar a generar información sobre esto para poder generar políticas públicas que ayuden a reducirla. Por ahora hemos usado los mejores datos disponibles.

Cuando hablamos de infra-ricos en América Latina nos referimos a personas con más de 30 millones de dólares en su haber, porque estos son los datos que ha producido el estudio de Wealth X que produce UBS y que te da los datos del número de personas que tienen esa fortuna o más.

Y te los da por país porque, por ejemplo, la otra base de datos la grande Credit Suisse que hemos usado a nivel global, en América Latina es representativa sólo para Brasil, México, algunos países no para todos.

Esta información nos ha dado el número de personas país por país.  Por ejemplo, en el Ecuador son 280 personas pero no tienes el dato preciso, simplemente los tratan como un grupo y te dan el dato agregado. Pero estoy segura de que tú te sientas a hablar con cualquier ecuatoriano y te va a saber decir qué nombres están ahí. Es gente conocida, todo el mundo en nuestras sociedades los conoce,  sabemos que en general son familias cuya riqueza ha sido heredada y perpetuada desde los inicios de la república e incluso desde la época colonial.

De hecho, buena parte de los multimillonarios que aparecen en FORBES son propietarios de fortunas heredadas. Este tema no se discute a profundidad en nuestras sociedades, habría que remarcar en estos temas, porque a menudo nuestras sociedades generan una especie de culto, de admiración a estas familias, hacia estas personas ricas sin comprender necesariamente los orígenes de tales fortunas.

Seguro que existe gente emprendedora, pero la realidad latinoamericana muestra más bien que el conjunto de las élites , en general, está compuesto por familias que vienen casi desde la colonia, acumulando riqueza y generando unos vínculos muy fuertes con el Estado. Este es un tema que queremos remarcar desde Oxfam. No solo nos está preocupando la concentración de riqueza en tanto problema económico. También nos preocupa como un problema político, un problema de democracia, de los vínculos que esto genera con el poder.

Si vemos el tema económico el fenómeno es desproporcionado; 8 personas a nivel mundial concentran tanto como 3600 millones de personas. En América Latina la proporción equivale a 32 personas controlando la misma riqueza que 300 millones de personas.

 

¿En qué sectores están estos megamillonarios?  

Las principales fuentes de multimillonarios en la región son las cerveceras, las industrias extractivas y el sector financiero. Son los tres sectores que generan multimillonarios en la región.  Son tres sectores con altos niveles de monopolio por sus características internas y también sectores sobre todo las extractivas y el sector financiero muy privilegiados por políticas públicas y por regulaciones y tratamiento fiscal.

¿Decías que no sólo es un proceso económico, sino que se refuerza en la concentración del poder político?

El asunto es que esto va  acompañado de la producción y reproducción de relaciones de  poder, de unos densos vínculos políticos que garantizan la reproducción de estas fortunas.  La cercanía al poder permite a  esas familias seguir garantizándose privilegios en el diseño de políticas públicas, en subvenciones estatales, en contrataciones, en el tratamiento de sus propiedades inmobiliarias, etc.

Todo esto garantiza que  sigan teniendo mucha más ventaja que cualquier persona común del Ecuador y por lo tanto su capacidad de regeneración y de concentración de su riqueza es brutal. El problema de estos privilegios es que se convierten en la barrera objetiva para garantizar derechos al resto de la población. Son privilegios que niegan derechos y ahí es donde esto no puede permitirse porque los Estados deben cumplir con su mandato histórico de asegurar a las grandes mayorías derechos, de manera progresiva, pero al máximo posible cada año para lo cual se deben sancionar políticas para ello. Lo que vemos, en su lugar es como estas políticas no avanzan y seguimos teniendo políticas que privilegian a unos pocos. Lo vemos en el sistema fiscal. El sistema fiscal solo como dos grandes datos, está principalmente basado en América Latina en los impuestos indirectos.  El 60% de ingresos provienen de impuestos al consumo.

Los impuestos al consumo castigan más a los más pobres porque los pobres todo lo que tienen lo consumen, no tienen capacidad de ahorro, por lo tanto, el privilegiar los impuestos al consumo es una decisión política de un Estado que decide castigar más a los que menos tienen, y menos a los que más tienen.

¿Las exenciones fiscales para cierto tipo de empresas sería otro ejemplo de estas políticas regresivas o de estancamiento de la situación?

Exactamente. ¿Cómo es posible que la renta que  produce un ahorro tenga un tratamiento fiscal que o bien no lo gravan o bien lo gravan a una tasa muy inferior a la renta que produce un trabajo?

Eso lleva a que un heredero de una familia rica pague menos impuestos que una maestra o que cualquier trabajador.

El mismo tratamiento sucede en el caso del impuesto a la renta. Mientras más gigantescas se tornan las exenciones fiscales para unos sectores, los otros quedan en desventaja e incluso son castigados por el sistema fiscal. Volver a poner la balanza en su sito supondría revertir este comportamiento.

Otro tema que es central son los salarios. En América Latina, en la información que recogimos había un solo país de la región cuyo salario mínimo legal cubre la canasta básica de subsistencia, esto es Costa Rica. En el resto de países, el salario mínimo legal no cubre la canasta básica. En las mesas de negociación del salario mínimo se supone una estructura tripartita (Estado, patronos y trabajadores). ¿Qué rol cumple el Estado allí? ¿No debería defender a los trabajadores, a las grandes mayorías’ ¿No debería preocuparse por corregir las asimetrías que generan desigualdad social?

 

El gran “mantra”  del discurso empresarial en torno a la ampliación de las exenciones fiscales, de las reformas fiscales regresivas y en general de la desgravación de impuestos es el que correlaciona la baja de impuestos con el mejoramiento de condiciones de productividad y empleo. ¿Qué dirías sobre este planteamiento?

 

Cada vez  que un gobierno implementa rebajas fiscales a un sector económico poderoso dejamos en el aire la cuestión de  ¿cuánto de esas rebajas fiscales ha llegado a beneficiar en realidad la creación de empleo de calidad?

En general lo que hemos visto en la práctica es que empresarios de la región no son capaces de ser transmisores de beneficios que se operan a través de ellos para que lleguen hacía la ciudadanía, quedan capturados en sus manos.

Los datos nos permiten contrastar este tipo de afirmaciones. En teoría los estados implementan las exenciones fiscales para que el sistema productivo retorne estos incentivos en forma de nuevos empleos. Pero en América Latina más 60% del empleo es informal. ¿Han sido efectivas estas medidas?

Además, gran parte de las ventajas fiscales  de las ventajas fiscales se van por ejemplo al sector extractivo que genera apenas el  0.5% del empleo de la región. ¿Cuál es el modelo? ¿Estamos impulsando las industrias y los sectores productivos que generan empleo? O simplemente estamos salvaguardando los intereses de los sectores con mayor capacidad de influencia, los sectores con mayor capacidad de “captura del Estado”.

 

En qué consiste la “captura del Estado”. ¿Cómo el poder económico asegura el poder político en América Latina?

Cuando hablamos de captura del Estado nos referimos a cómo unas determinadas élites políticas y económicas consiguen que las políticas públicas de un Estado logren beneficiarlos, por lo general en detrimento de los  intereses de las grandes mayorías.

En general en América Latina se habla de la corrupción de los Estados, se habla de una clase política muy denostada, en la que gran parte de la población empieza a no confiar, a no tener mucha confianza en ellos. Existen  razones para que esto sea así, pero casi nadie habla de las élites económicas que son las promotoras de la corrupción.

 

Hay que hablar de esto, de cómo las élites económicas resultan centrales en el diseño de las políticas e  influyen de diferentes maneras en las decisiones políticas. A veces lo hacen por vías legales, y otras por ilegales. Pero estamos hablando del lobby, estamos hablando del financiamiento de campañas y de partidos, estamos hablando también de líneas más fuertes de corrupción tal como las que hemos visto en el caso de Odebrecht.

El caso Odebrecht es un ejemplo claro que nos muestra en la región, o sea nos ha demostrado todo este andamiaje del que Oxfam venía hablando, es decir, es un caso perfecto para demostrar de lo que estamos hablando de la captura del Estado. Cómo la élite económica se articula con una élite política a la cual la beneficia en términos individuales y partidarios a cambio de acceso a contratos y sobrevaluaciones, empleando además una amplísima red de paraísos fiscales para lavar el dinero.

Hemos visto la extensión de esta red,  atraviesa las ideologías, ha financiado partidos de derecha, partidos de izquierda, hemos visto cómo una gran empresa, una de las principales constructoras, una de esas multimillonarias que salen en nuestros números, toda la red que tenía armada. Esta es la que estamos hablando pero seguramente son muchas más. Y eso en lo que se concreta, es decir, esas sobrevaluaciones, esos sobornos, lo que tiene que tener claro la gente es que no solo es un problema de que me enfado porque él se ha hecho  rico con ventajas, es que te ha quitado derechos como ciudadano, es que esa sobrevaluación de esa obra te quitó el hospital que debía estar en tu pueblo, te quitó la escuela de calidad a la que debieron ir tus hijos. Entonces, es un círculo perverso y hay que irlo desnudando.

Un caso como el de Odebrecht supone un desafío para las sociedades latinoamericanas porque muestra la manera en la que se está llevando a cabo esta captura del Estado por las élites económicas en colusión con las élites políticas. El debate actual recae únicamente sobre los políticos sobornados, pero no sobre mecanismos para evitar esta captura del Estado. ¿Qué debería plantearse desde las sociedad civil latinoamericana para hacer de este un caso insigne en el combate a la desigualdad y la captura del Estado?   

Yo pienso que este caso debería ser un catalizador de la voz de la ciudadanía latinoamericana para alertar de los peligros de este entramado empresarial-político que se ha conformado.

El caso es harto complejo. En un primer momento lo que está primando es el reclamo del castigo, de la sanción a los participantes. Dependiendo de los países se podrá o no generar algunos niveles de castigo en relación a la capacidad de los sistemas judiciales de primar o autonomizarse del sistema político (ejecutivo y legislativo).

No tendremos nunca la certeza de si realmente se ha filtrado toda la información necesaria y eso siempre dejará la duda de si se han procesado en realidad a todos los implicados o hay sectores que han quedado por fuera.

Otro tema nodal e importante es que la ciudadanía comprenda que no se trata de un entramado de captura de una o dos personas, sino que los vínculos llegan al  financiamiento partidario, no solo al enriquecimiento personal.

Este elemento  está mucho más entroncando de manera estructural con el fenómeno de captura del Estado que con la vieja coima personalizada a tal funcionario que se ha hecho rico.

Ese es un caso injusto, ilegal, y que hay que castigar, pero no es tan grave como lo que es un sistema que captura a un partido completo que está en el poder. Este es otro tema del que hay que hablar. Y otro tema importante también que desnuda esto es el tema del lavado y del uso de los paraísos fiscales por toda esta red de empresas tanto para realizar actividades ilegales como para eludir el pago de impuestos.

Es un círculo en el que la ciudadanía tiene que estar clara de todas las implicaciones que trae y además de las sanciones y controles que deben generarse.

Soy partidaria de  generar sistemas de control muchos más eficientes y poder frenar esta captura.

Creo que lo mejor que podría traer este caso a largo plazo es el fortalecimiento de la ciudadanía y de los movimientos sociales y concertar con ellos cambios políticos que realmente traigan reformas estructurales y una vuelta en la representación de los intereses en los espacios políticos.

 

Justamente, ¿cuáles piensas que son las vías para lograr este control sobre los mecanismos de captura del Estado?

Las vías son esencialmente políticas. La lucha contra la desigualdad es política, no es técnica. La receta nos la sabemos todos. No hay mucho que inventar. Sabemos que hay que pagar salarios buenos, sabemos que tenemos que pagar impuestos en función de lo que ganamos, sabemos cuáles son las áreas prioritarias en las que debe invertir un Estado. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que hay que desarrollar políticas para la igualdad entre hombres y mujeres. Las recetas ya están claras, ya se han producido.

El problema reside en ¿cómo ponerlas en marcha’?.  Ahí está el debate de intereses, por eso creemos que la lucha contra la desigualdad es esencialmente política, y cuando hablamos de esencialmente política, hablamos tanto de la participación ciudadana exigiendo a sus gobiernos que representen su intereses en múltiples maneras, en las calles, participando en mecanismos a lo mejor más formales pero participación ciudadana que informe a sus gobernantes de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y les exijan esa garantía.

 

Pero por otro lado está también el debate político más formal que es la participación a través de las elecciones tanto con el voto, es decir, cómo conseguir que el voto represente los intereses reales de la ciudadanía. Vemos muy a menudo en la región que las dinámicas clientelares y otra serie de dinámicas también muy a menudo de lealtades.

Hay muy poco debate profundo en América Latina en los procesos electorales sobre propuestas reales de políticas públicas. Muy a menudo los debates están muy vinculados a las capacidades de un candidato o de otro. Eso impide un debate más democrático que permita una mejor representación de los intereses. Una línea es el voto y otra es la conformación ya de opciones políticas que consigan desligarse de los intereses económicos y que también tengan claro que su misión es servir a los intereses de la mayoría y no permanecer en el poder o garantizarse privilegios a ellos mismos.

 

 

 

[1] “Privilegios que niegan Derechos”: Desigualdad Extrema y Secuestro de la Democracia en América Latina, disponible en https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/reporte_iguales-oxfambr.pdf

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse_Group

 

 

 

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