Podríamos aprovechar el debate actual para iniciar una reflexión sobre el museo y la ciudad. La selección del predio, la relación del museo con el diseño urbano y su inserción dentro de una unidad de actuación urbanística no pueden tratarse como decisiones exclusivamente técnicas o inmobiliarias. Cuando esa unidad distribuye cargas y beneficios entre distintos propietarios públicos y privados y permite edificabilidad de hasta 24 pisos en una de las zonas de mayor plusvalía de Quito, el proyecto del museo incide directamente en la valorización del suelo, en la transformación del entorno y en la distribución de los beneficios generados por la inversión pública. Existe, por tanto, el riesgo de que el museo sea instrumentalizado como dispositivo de turistificación y financiarización urbana: una infraestructura cultural que aumenta el valor del suelo, atrae inversiones y consolida desarrollos inmobiliarios, sin garantizar que esos beneficios reviertan en la ciudadanía ni en el fortalecimiento del sistema cultural.<
Frente a ese riesgo, el Museo Nacional debería concebirse como una infraestructura pública abierta y permeable. Su implantación debe promover la porosidad entre el edificio y la ciudad, evitar cerramientos y barreras innecesarias y generar lugares de encuentro, descanso, circulación y apropiación ciudadana. Estas condiciones podrían contrarrestar los efectos de un museo concebido únicamente como objeto monumental, atractivo turístico o catalizador inmobiliario y permitirían convertirlo en un espacio verdaderamente accesible y cotidiano, vinculado con las necesidades y prácticas de quienes habitan la ciudad.
En ese sentido, la propuesta no es solamente arquitectónica: es también cultural, urbanística, ambiental, social y económica. Los derechos culturales deben expresarse espacialmente en el acceso efectivo al museo, en la calidad del espacio público, en la posibilidad de permanecer y encontrarse, en la conectividad con los barrios y en la participación de la ciudadanía en la definición de sus usos. Esto exige comprender el proyecto dentro de una construcción social del hábitat y no como una operación aislada sobre un predio. También requiere transparentar la distribución de cargas y beneficios de la actuación urbanística, proteger el interés público frente a la captura privada de la plusvalía y establecer mecanismos para que la inversión estatal contribuya a producir ciudad, equipamientos, accesibilidad, mejores condiciones de vida e importantes áreas verdes que serán la sombra y temperatura del futuro -en el marco de una ciudad que se define ambientalmente como verde-azul-.
El proceso impulsado para el nuevo Museo Nacional del Ecuador revela una contradicción de fondo: se pretende definir su diseño en un año y construirlo en otro, pese a tratarse de una obra emblemática y de enorme carga simbólica, sin que exista una política cultural suficientemente consolidada que establezca con claridad su misión, modelo institucional, colecciones, narrativas, relación con las comunidades, sostenibilidad financiera y articulación territorial. Este debate no puede reducirse a la elección de un edificio o de una imagen arquitectónica, pues la Constitución de 2008 define al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural y, junto con la Ley Orgánica de Cultura, reconoce y valora el derecho de las personas y colectivos a preservar sus identidades, memorias, patrimonios y expresiones culturales, participar en las políticas públicas que les afectan y contar con instituciones especializadas para la gestión de la memoria social.
Por ello, un museo nacional no debería reproducir un relato único, centralista y homogeneizador, sino construirse mediante un proceso democrático, público, intercultural y participativo que incorpore las memorias, lenguas, conocimientos, conflictos históricos y formas de representación producidas por el encuentro de comunidades, pueblos y nacionalidades así como de las distintas regiones, generaciones y sectores culturales del país, en la particular confluencia entre diversidad cultural, pisos climáticos y derechos de la naturaleza.
En cuanto a lo procedimental, es urgente que se conozca los documentos de cómo se seleccionó a los miembros del jurado, cuáles fueron los criterios para determinar que 2 de esos 7 votos son del presidente y vicepresidenta de la República. Cómo se determinó la delegación del voto de esas dos autoridades; cuánto de ese procedimiento se cumplió; cómo se definió el reemplazo de uno de los jurados técnicos externos, Hernán Crespo Bermejo, luego de su fallecimiento; por qué no se pospuso el concurso y se formalizó cuestiones de tanta relevancia. Además de hacer públicos los documentos tanto del viceministerio de cultura como del CAE, que aseguren la legitimidad de los procedimientos de selección del jurado y su respectiva formalización, es importante conocer cuáles fueron los criterios de calificación y las actas de ese jurado reconfigurado. Esto debe hacerse frente al pedido ciudadano de explicar la selección del ganador, con documentos formales y no con debates sobre si gusta o no gusta. Prueba de esto son los más de 20 000 firmantes pertenecientes a distintos sectores culturales y productivos. Esto, más allá de las contradicciones del propio gobierno, representado por el ministro delegado del presidente, que tenía voto en la selección, y que con la misma desatención con la que participó como jurado, deslegitimó el concurso proponiendo un nuevo capítulo de “nos retractamos”, como si esto fuera una serie con un guion repetitivo y agotador.
En consecuencia, el edifico del museo debe ser el resultado de un proyecto museológico, cultural, institucional y urbanístico previamente definido —o, al menos, desarrollado de manera integral y paralela— y no convertirse en su sustituto. Existe, además, una diferencia decisiva entre los referentes internacionales mencionados durante estos días de debate como ejemplos de proyectos cuyos diseños arquitectónicos generaron rechazo inicial y el caso ecuatoriano, diferencia que no puede quedar fuera del análisis. Tanto el Centro Pompidou como el Guggenheim Bilbao son obras monumentales que han sido nombradas en este debate público, que responden a contextos históricos, institucionales, urbanos y culturales distintos, y fueron concebidas dentro de procesos de planificación, financiamiento y política pública que no pueden reducirse únicamente a la controversia provocada por su diseño arquitectónico.
En el caso del Centro Pompidou, aunque se trató de una inversión gigantesca, el presupuesto destinado al proyecto representó menos del 15% del presupuesto cultural y su ejecución no significó abandonar la creación, el patrimonio, los museos, las bibliotecas, la formación artística ni la institucionalidad cultural francesa para concentrar los recursos en un solo edificio. El Centro Pompidou (1971-1977) costó algo más de mil millones de francos, pero su construcción se financió progresivamente durante seis años y, aun en el momento de mayor inversión, representó alrededor del 15 % del presupuesto cultural anual.
Tampoco el Guggenheim Bilbao (1992-1998) fue una intervención aislada, sino una pieza de una estrategia cultural, urbana, económica y territorial más amplia. En relación con el presupuesto cultural, el caso exige una lectura cautelosa debido a que su financiamiento fue compartido por el Gobierno Autónomo Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, y canalizado mediante distintas sociedades, subvenciones y ampliaciones de capital. La auditoría pública registra un total de 26.887 millones de pesetas en aportaciones públicas directas entre 1992 y 1998. El promedio de presupuesto público anual en cultura en esa época era de 60.000 millones de pesetas. La puesta en marcha del museo coincidió con una fuerte institucionalización y concentración del gasto, una reducción del apoyo a agentes culturales independientes y una orientación hacia la cultura monumental, turística y espectacular. Por ello, tampoco resulta correcto presentar el Guggenheim como una obra que se ejecutó sin tensiones ni costos de oportunidad para el resto del sector cultural: su éxito urbano y económico coexistió con críticas sobre la distribución de los recursos, el debilitamiento de la cultura de base y la prioridad concedida a los grandes equipamientos.
En el Ecuador la proporción es inversa: el Museo Nacional costaría más de 5 veces el presupuesto del viceministerio de cultura (restos del fagocitado ministerio de cultura), que se ha reducido en cerca del 60% en los últimos años, mientras el fomento de artistas, gestores y proyectos de patrimonio reposa en su totalidad en el fondo de fomento creado por la Ley Orgánica de Cultura de 2016 como un porcentaje de las operaciones del BDE, los mismos que se reducen cada año por falta de gestión pública. Si siguiéramos la receta de compararnos con las políticas públicas que acogen esas obras monumentales en su proporción presupuestaria, deberíamos tener al menos unos 200 millones de presupuesto anual en el viceministerio de cultura, y la verdad es que no llega ni a los 20 millones.
Otro aprendizaje de esos ejemplos internacionales citados en estos días muestra la importancia de respetar los tiempos de un proceso de esa complejidad: el Centro Pompidou pasó del concurso ganado en 1971 a su apertura en 1977, mientras que la construcción del Guggenheim Bilbao se extendió de 1993 a 1997. Incluso en contextos con instituciones sólidas, financiamiento definido y políticas urbanas y culturales consistentes, estos proyectos requirieron varios años de diseño, discusión y ejecución. En el caso ecuatoriano, tomarse el tiempo necesario no constituye una demora burocrática, sino una condición para cumplir con derechos culturales de la ciudadanía, asegurar legitimidad social y evitar que una infraestructura destinada a los acervos más importantes del país termine desconectada de su diversidad, de la construcción democrática del espacio público, de las necesidades reales de su sistema museal y de su ciudad. Sin embargo, está claro que ese no es el objetivo de este gobierno, no se trata de lograr procesos bien hechos, fundamentados, y para la ciudadanía, sino de posicionar relatos legitimadores sin asidero, que muestran que ellos “pueden”, y mientras más se contradicen, más pueden. Ojalá llegue pronto el momento en que eso empiece a pesar.
* Esto recoge reflexiones que surgen de las respuestas dadas a periodistas que me han planteado preguntas muy interesantes sobre el Museo Nacional en la coyuntura del debate.
