11 de noviembre 2025
Luego de que el CNE, en la sesión del 25 de septiembre del 2025, aprobó el inicio del proceso y la convocatoria de la “Consulta Popular 2025”, las empresas mineras transnacionales y la Cámara de Minería de Ecuador, madrugaron para realizar un desayuno-conversatorio el 3 de octubre, sobre el tema “Asamblea Constituyente: Retos y oportunidades”. Ahí trazaron las aspiraciones de las empresas mineras respecto de la nueva Constitución, de ganar el gobierno la consulta popular.
Más allá de este desayuno conversatorio, el interés de las empresas mineras extranjeras es arrasar con la Constitución de Montecristi, porque la misma contiene normas que precautelan la naturaleza, el ambiente, el agua, los ecosistemas frágiles y amenazados como los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marítimos y marino-costeros.
Las empresas mineras pretenden que, en la nueva Constitución y la legislación posterior, se limiten derechos, como la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades indígenas; la Consulta Ambiental a toda comunidad afectada por decisiones estatales que puedan afectar el ambiente; y las consultas populares como las realizadas en Girón y en Cuenca. Su sueño es la privatización de los recursos naturales; la flexibilización de los derechos de la naturaleza y de las garantías al medio ambiente sano; y que sea únicamente el gobierno, sin consulta de cualquier tipo, el que resuelva el otorgamiento de las concesiones mineras y las diversas fases de la actividad minera.
Pero también es de interés estratégico de las empresas mineras extranjeras, contar con una legislación de minas, sin “excesos reglamentaristas” y “sobreregulaciones administrativas”, y que no exista separación en las funciones administrativas de regulación y control minero, ambiente y agua, energía y minas, sino más bien se concentren las mismas, como quien dice “tres en uno”, con miras a dar “agilidad” a las demandas de la minería metálica.
Por ello, las empresas mineras transnacionales atacan a la Constitución actual, a la que culpan de todos los males, incluso de la delincuencia y, por poco, del cambio climático y los desastres ambientales.
Nos preguntamos, si con la actual Constitución, acusada de “garantista de derechos”, se ha impuesto la arbitrariedad de los gobiernos de turno, para la explotación minera en fuentes de agua, paramos y bosques, y se han burlado de las consultas populares, ¿qué futuro le depara al país con la pretensión del gobierno de tener una Constitución neoliberal, que beneficie a las empresas mineras extranjeras?
El gobierno nacional, aliado de las empresas mineras extranjeras, espera ganar la consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución. De aprobarse la misma, pretenden retomar el avance de los proyectos mineros metálicos como el de Loma Larga (Kimsakocha), y por eso, en el caso de Cuenca, hasta el momento el gobierno central solo se ha limitado a revocar la licencia ambiental para la fase de explotación de dicho proyecto minero, la misma que podría volver a expedirse a través de diferentes vías y avanzar hacia la explotación minera en Kimsakocha.
Si el gobierno nacional hubiese querido poner fin en forma definitiva al proyecto minero Loma Larga, tenía que haber expedido el decreto ejecutivo de prohibición de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos materia de la consulta popular del 7 de febrero de 2022. De igual forma tenía que disponer que el MAE dejara sin efecto sus actuaciones en el trámite de ejecución de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, por no haber sido ejecutadas con apego a la sentencia, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Nada de ello ha sucedido, y de ganar el gobierno la consulta popular, Cuenca seguirá bajo la amenaza de la explotación minera en Kimsakocha, y la consiguiente contaminación de sus principales fuentes de agua.
