11 de marzo de 2026
El ajuste fiscal va más allá de equilibrar cuentas públicas, termina influyendo en el tipo de Estado y de modelo económico que se consolida en la región.
América Latina atraviesa una nueva ola de austeridad fiscal, mientras los gobiernos de la región tratan de estabilizar sus finanzas públicas, pero en muchos casos lo hacen recortando inversión pública, limitando el gasto social y postergando reformas tributarias no regresivas, lo que profundiza la desigualdad y las tensiones sociales.
Así lo revela el nuevo reporte de Latindadd, “Recortes que cuestan derechos”, que analiza las políticas fiscales recientes en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica y El Salvador. El estudio concluye que las medidas de austeridad, lejos de ser una respuesta técnica inevitable, son una decisión política que deja de lado la inversión social y el desarrollo de largo plazo.
El informe señala que en América Latina esta consolidación se hizo casi exclusivamente recortando el gasto público, en lugar de aumentar los ingresos del Estado. En la práctica, esto significa menos inversión en infraestructura, precarización del empleo estatal, recortes de subsidios y presión sobre servicios públicos como salud y educación. Así, los sistemas tributarios continúan dependiendo en gran medida de impuestos al consumo, que afectan proporcionalmente más a los hogares de menos ingresos.
Tras la pandemia, la región experimentó un rebote económico inicial, pero no logró sostener un crecimiento fuerte, provocando un aumento en la deuda pública y que las condiciones de financiamiento internacional se volvieran más estrictas. En medio de este escenario, muchos gobiernos reforzaron la consolidación fiscal, es decir, los esfuerzos por reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda. Lo que afectó el financiamiento de servicios públicos desencadenando una ola de recortes en varios países de la región.
Aunque algunos países han logrado mejorar sus indicadores fiscales e incluso registrar superávits, el informe advierte que estos resultados conviven con mayor precariedad laboral, pérdida de poder adquisitivo y Estados cada vez menos capaces de planificar políticas públicas de largo plazo.
Argentina: superávit con crisis social
Argentina representa el caso más drástico. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, el país aplicó un programa de ajuste fiscal de shock con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal en el corto plazo.
Y aunque para agosto de 2025, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 1,56 billones de pesos (1,1 mil millones de dólares) y uno financiero de 0,39 billones (277 millones de dólares), incluso tras pagar 1,17 billones (831 millones de dólares) en intereses de deuda, este resultado se consiguió principalmente mediante un recorte real del gasto público del 28,4 % respecto a 2023. La obra pública se paralizó, los subsidios se redujeron y gran parte del gasto social perdió valor frente a la inflación. El equilibrio fiscal, advierte el reporte, se sostiene sobre un nivel de gasto mucho más bajo, con un alto costo social.
Ecuador: ajuste profundo bajo el FMI
En Ecuador, la austeridad se aplicó en un contexto especialmente complejo, marcado por crisis fiscal, energética y social. Bajo un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno combinó aumentos de impuestos indirectos, como el IVA, con recortes importantes en inversión pública.
Según el informe, pese al ajuste no se logró reconstruir las reservas internacionales ni reducir la conflictividad social. La inversión pública cayó a niveles históricamente bajos y la falta de mantenimiento de infraestructura contribuyó a prolongados cortes de electricidad.
Chile: austeridad pactada
Chile muestra una versión más gradual del ajuste. Una austeridad pactada, sin recortes abruptos ni discursos de emergencia. El retorno a la regla de balance estructural, que limita el gasto público según ingresos considerados permanentes, ha impuesto restricciones al presupuesto.
Aunque el país mantiene estabilidad macroeconómica, el informe señala que esta se logra en parte postergando una reforma tributaria progresiva y limitando la capacidad redistributiva del Estado. Además, el debate fiscal se ha vuelto cada vez más técnico y distante de las demandas ciudadanas por mejores pensiones, salud y vivienda.
Perú: austeridad sin pacto social
En Perú no hubo grandes anuncios de ajuste, pero sí una disciplina fiscal estricta. Tras retirar rápidamente los apoyos económicos puestos en marcha durante la pandemia, el gobierno mantuvo límites rígidos al gasto público. La inversión pública se convirtió en la principal variable de ajuste, pasando del 21 % del PIB en 2022 a alrededor del 18 % en 2024–2025.
El informe señala que esta austeridad “blanda” se aplica en un contexto de débil legitimidad política y creciente tensión social.
Costa Rica y El Salvador: disciplina con apoyo del FMI
Costa Rica consolidó su ajuste a través de una regla fiscal rígida y acuerdos con el FMI (EFF y Línea de Crédito Flexible). Si bien logró reducir la deuda y ordenar sus cuentas, el informe advierte que lo hizo con ingresos estancados y una inversión pública baja.
El Salvador, por su parte, combinó contención del gasto interno con un acuerdo EFF con el FMI. Aunque estabilizó algunos indicadores fiscales, la deuda sigue siendo elevada y el espacio para políticas sociales es muy limitado, en un contexto de alta concentración de poder político.
Las propuestas de la sociedad civil
El estudio de Latindadd recoge los aportes de organizaciones de la sociedad civil, indígenas, campesinas, feministas, ambientales y sindicatos, que coinciden en que las políticas de austeridad no son inevitables y que existen otras alternativas para hacerle frente al déficit, sin causar afectación a la población.
Entre las principales propuestas para evitar la aplicación de políticas de austeridad, el informe “Recortes que cuestan derechos” destaca la puesta en marcha de reformas tributarias progresivas, que graven grandes patrimonios, rentas del capital, herencias y utilidades empresariales; así como el combate a la evasión y la elusión tributarias y a los flujos financieros ilícitos.
El reporte de Latindadd también recomienda revisar las reglas fiscales excesivamente rígidas e incorporar cláusulas de flexibilidad que protejan la inversión pública y el gasto social. Además, plantea establecer inversión pública garantizada en áreas como salud, educación, cuidados y protección social, junto con mayores mecanismos de transparencia y control democrático sobre el endeudamiento público.
El mensaje central del informe es que la austeridad no es solo un tema técnico de contabilidad pública. También define el tipo de Estado y el modelo de desarrollo que los países de la región están construyendo.
Si las políticas actuales se mantienen, advierte Latindadd, la austeridad podría convertirse en un límite estructural para el desarrollo en América Latina, pues debilita la capacidad del Estado y profundizará las tensiones sociales en los próximos años.
INFORME: https://latindadd.org/informes/recortes-que-cuestan-derechos/
