Por Alfredo Espinosa Rodríguez*
Ecuador vive una convocatoria a elecciones que cercenó de raíz el derecho constitucional de los ciudadanos y de los sujetos políticos a presentar acciones de corrección e impugnaciones. Un presupuesto de USD 114,3 millones que insulta a la realidad de un país económicamente desahuciado. Un calendario electoral que inobserva los requerimientos de sus principales actores, los partidos políticos, exceptuando a las organizaciones correístas ahora coligadas en UNES (Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social). Procesos de democracia interna, en algunos casos ingeniosos y, en otros, atropellados y hasta dudosos en los nombramientos de directivas y precandidatos. Alianzas electorales sin programa que refiera algo más que la unidad de acción por no dividir la captación de votos. Un sistema informático que no garantiza la ansiada transparencia en el proceso y un deseo algo pervertido de buscar a toda costa contratos con empresas extranjeras para que auditen al máximo al órgano del control del Estado, como si una empresa, por más “eficiente” y “laureada” que sea, pudiera avalar a la Contraloría y sus informes. Terrible, pero cierto. La institución electoral se brutalizó a tal punto que hasta la soberanía se entrega como un cheque en blanco.
¿Por qué el triunvirato electoral o la responsable administrativa de cumplir con lo dispuesto en el Código de la Democracia, no gestiona la presencia del mismo equipo técnico de la Organización de Estados Americanos que auditó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares – TREP en Bolivia? Al proceso electoral ecuatoriano y a sus progenitores les hace falta recibir la sana crítica de organismos supranacionales expertos en materia electoral como la ONU, la OEA o la Unión Europea; porque son ellos los que han detectado los fraudes y la manipulación de resultados en países como Bolivia, donde la expresidenta del TSE – una vieja amiga de los triunviros electorales ecuatorianos – se disfrazó de hombre para huir de la justicia. Debe ser por este motivo, quizá, que la sola presencia de una auditoría llevada a cabo por la cooperación internacional no es bien vista y genera pavor.
Pero hay mucho más. Se mantuvo el número de 350 electores por Junta Receptora del Voto. Se suprimió el aporte de USD 20 a los jóvenes que integran estas Juntas, como si su presencia el domingo y en el contexto de la pandemia fuera una condena al trabajo forzado con riesgo al contagio. Se incrementó el número de recintos electorales, pero el sufragio se desarrollará en las condiciones del pasado: aulas cerradas, multitudes, poca ventilación. Ante estas decisiones, el resultado previsible será una afectación a la democrática y a la salubridad de los ecuatorianos, pues el ausentismo se incrementará por el miedo al contagio y, posiblemente, al ser las elecciones un evento de movilización a gran escala, el número de infectados con COVID en el país aumente alrededor de los quince días posteriores al sufragio.
Otro acto no menos importante que llama la atención fue el “error involuntario del personal técnico” del Organismo Electoral, que distribuyó a los electores según su sexo y no según su género, situación que generó malestar en la Comunidad Trans y LGBTI del país. Lo que extraña es que los “activistas” que laboran en la entidad y que abiertamente se identifican o forman parte de la comunidad LGBTI, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión – usado como argumento para vilipendiar y difamar a las autoridades electorales no alineadas con el triunvirato – hayan guardado silencio sepulcral.
Quieran reconocerlo o no, el país está en manos de tres personas. Sí, parece mentira pero es cierto. Tres personas tienen a su haber el destino de los ecuatorianos en el proceso electoral de 2021 y los ciudadanos, así como los sujetos políticos, deben activar mecanismos eficientes de control, porque el país necesita de manera urgente democratizarse desde sus entrañas.
La institución electoral se brutalizó a tal punto que hasta la soberanía se entrega como un cheque en blanco.
*Alfredo Espinosa Rodríguez, magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.
Fotografías: Archivo Público CNE.
