Por Alfredo Espinosa Rodríguez*

Ecuador vive una convocatoria a elecciones que cercenó de raíz el derecho constitucional de los ciudadanos y de los sujetos políticos a presentar acciones de corrección e impugnaciones. Un presupuesto de USD 114,3 millones que insulta a la realidad de un país económicamente desahuciado. Un calendario electoral que inobserva los requerimientos de sus principales actores, los partidos políticos, exceptuando a las organizaciones correístas ahora coligadas en UNES (Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social). Procesos de democracia interna, en algunos casos ingeniosos y, en otros, atropellados y hasta dudosos en los nombramientos de directivas y precandidatos. Alianzas electorales sin programa que refiera algo más que la unidad de acción por no dividir la captación de votos. Un sistema informático que no garantiza la ansiada transparencia en el proceso y un deseo algo pervertido de buscar a toda costa contratos con empresas extranjeras para que auditen al máximo al órgano del control del Estado, como si una empresa, por más “eficiente” y “laureada” que sea, pudiera avalar a la Contraloría y sus informes. Terrible, pero cierto. La institución electoral se brutalizó a tal punto que hasta la soberanía se entrega como un cheque en blanco.