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13 octubre 2013
La amenaza de la explotación del petróleo en el Yasuní, territorio de pueblos en aislamiento voluntario, pone en cuestión conceptos centrales de la política moderna, como el concepto de soberanía. En nombre de la soberanía, el Estado ecuatoriano plantea el derecho a disponer de los recursos de un territorio específico, apelando a intereses superiores, aun cuando esa intervención amenace la vida de estos pueblos.
Más que una decisión sustentada sobre la aritmética de los intereses de mayorías y minorías, argumento muy utilizado por el Régimen para su autolegitimación, el concepto de soberanía ahora se ve presionado por la reivindicación de los derechos intangibles e inalienables de estos pueblos, que no pueden ser transgredidos por el Estado, por más que esto se ampare en la Constitución.
Esta contradicción surge justamente del texto constitucional, que se define como garantista de derechos, pero que al mismo tiempo establece procedimientos para anularlos y conculcarlos: la Constitución proclama, por un lado, el buen vivir y los derechos de la naturaleza y de los pueblos, que supuestamente sientan las bases de un nuevo modelo de desarrollo donde el crecimiento de la economía queda en segundo plano; pero por otro le pone precio al buen vivir, cuando hace un listado de todos los servicios que el Estado está en obligación de brindar a sus ciudadanos para garantizar sus derechos, servicios que presionan hacia el extractivismo y la explotación de la renta de la naturaleza.
El concepto de soberanía se sustenta sobre dos principios que ahora estarían siendo interpelados por la existencia de los pueblos no contactados; los de identidad y de territorialidad. Según la narrativa moderna, se es soberano como Estado y como individuos si de por medio existe una condición de pertenencia o de identidad a un grupo o a un territorio; el individuo pasa a ser parte de la colectividad y el Estado lo protege contra cualquier amenaza interna y externa.
Pero esta ecuación, que parece lineal y virtuosa, es en sí problemática y compleja; supone un colosal proceso de renuncia, neutralización y exclusión de aquello que es consubstancial con lo humano, que es su propia libertad de afirmación como alteridad irreductible. El individuo debe sacrificar y renunciar a esa identidad y asumir la que el Estado le ofrece, una identidad que le permite sobrevivir y afirmarse en su sacrificio y en su renuncia.
El ‘aislamiento voluntario’ es una señal de replanteamiento radical del concepto de soberanía, una total reivindicación de la pluralidad y de la libre movilidad de los individuos, derechos que componen la identidad contemporánea. La reivindicación de los ‘no contactados’ revela el desborde de los márgenes reales y simbólicos sobre los que se soporta el concepto de soberanía de los Estados contemporáneos, y apela a su radical reformulación. La condición de los ‘no contactados’, su misma existencia como tal, revela una condición de rechazo a la lógica de exclusión y anulamiento de identidad que afecta al sujeto moderno, sometido a la lógica de la soberanía.
