22 de septiembre 2025
Desde hace más de una década, la organización internacional Global Witness documenta los ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos contra personas defensoras del ambiente y del territorio. Su trabajo no se limita a recopilar datos: revela patrones de violencia que se repiten en regiones donde el extractivismo, el crimen organizado, la impunidad y la ausencia del Estado se entrelazan.
Según Global Witness, una persona defensora del ambiente es cualquiera que, desde su posición en una comunidad, colectivo, organización o movimiento, defiende ecosistemas, agua, territorios, bosques, ríos, culturas y formas de vida frente a actividades que amenazan con destruirlos. No son solo activistas visibilizados en medios: muchas veces son campesinos, pueblos indígenas, mujeres, comunidades afrodescendientes, o incluso trabajadores estatales que cumplen funciones de vigilancia ambiental.
Seguimiento: datos desde 2012
Desde 2012, Global Witness ha registrado al menos 2.253 asesinatos de personas defensoras en todo el mundo. Más del 80 % ocurrió en América Latina, una región que ha sido epicentro de conflictos por tierra, selva, agua, minería, agroindustria y megaproyectos de infraestructura. La base de datos no pretende ser exhaustiva: reconoce que existe un fuerte subregistro, ya que muchos casos no son denunciados, investigados o visibilizados. Aun así, su tendencia deja claro que se trata de una crisis sistemática.
Hallazgos recientes: el 2024 en cifras
En el informe “Roots of Resistance” publicado en septiembre de 2025, Global Witness documentó 146 asesinatos o desapariciones prolongadas de defensores ambientales durante el año 2024. Colombia encabeza la lista con 48 casos, seguida de Guatemala (20), México (18) y Brasil (12). Ecuador no aparece entre los países con mayor número, pero casos como el asesinato de Eduardo Mendúa (2023), líder de la nacionalidad A’i Cofán, y la creciente criminalización de comunidades en la Amazonía, dejan claro que la violencia no es ajena al país.
Un tercio de las personas asesinadas en 2024 eran indígenas. Y la mayor parte de los ataques ocurrieron en regiones amazónicas, zonas rurales o áreas de alta biodiversidad. También se identificaron patrones de violencia específica contra mujeres defensoras, incluyendo agresiones sexuales, estigmatización pública y amenazas a sus hijos.
Causas y dinámicas: el nudo extractivo
Los principales factores que aparecen en los casos documentados incluyen:
- Intereses económicos y extractivismo: actividades como la minería (legal e ilegal), la explotación petrolera, la agroindustria intensiva, y los monocultivos, son causas recurrentes de conflicto. Empresas nacionales e internacionales muchas veces operan sin consulta previa, sin consentimiento, o mediante mecanismos de presión y despojo.
- Criminalización legal y política: en varios países, se ha usado el aparato judicial para hostigar, detener o sancionar a defensores. En Ecuador, esto ha incluido denuncias penales por sabotaje, terrorismo o invasión, especialmente en contextos de protesta social.
- Violencia institucional y actores armados: en algunos contextos se ha documentado la participación de fuerzas estatales en desalojos violentos, represión o vigilancia ilegal. En otros, el crimen organizado actúa en colusión con intereses económicos.
- Impunidad judicial: la gran mayoría de los casos de asesinatos de defensores no llegan a juicio, y cuando lo hacen, raramente se sanciona a los autores intelectuales. Esta falta de justicia perpetúa el ciclo de violencia.
Caso de Domingo Ankuash y la FICSH
En Ecuador, pese a avances como la prohibición de explotación petrolera en el Yasuní (tras el referéndum de 2023), líderes indígenas y ambientalistas siguen denunciando amenazas, presiones y criminalización. El contexto actual exige no solo vigilancia social, sino también políticas públicas que reconozcan, protejan y reparen el trabajo de quienes defienden la vida en todas sus formas.
Domingo Ankuash es presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), organización indígena del sur de la Amazonía ecuatoriana. Blogs El Espectador+3Noticias ambientales+3Front Line Defenders+3
En 2022 una sentencia constitucional ordenó al Gobierno hacer una consulta previa para el proyecto minero Panantza?San Carlos (empresa EXSA). Noticias ambientales+1
Pero recientemente Ankuash denuncia que se otorgó una nueva licencia ambiental para fase de exploración del mismo proyecto, sin que las comunidades indígenas hayan sido informadas o consultadas. “No sabíamos nada”, dice él. Noticias ambientales+
Además, la sede de la FICSH sufrió desalojo ilegal y violento por agentes estatales, según denuncias de organizaciones. Front Line Defenders+2Centro Latinoamericano de Estudios Europeos+2
Existen denuncias de que un dirigente aliado al gobierno (David Tankamash) y/o a intereses mineros ha intentado tomar posesión de la presidencia de la federación en reemplazo de Ankuash, lo que la comunidad interpreta como maniobra para debilitar la autogobernanza y facilitar la explotación minera. teleSUR+1
Los efectos:
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- Se viola el derecho constitucional e internacional al consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas.
- Se amenaza la autonomía territorial y organizativa de la nacionalidad Shuar.
- Puede representar precedentes peligrosos si se permite que licencias ambientales sean otorgadas sin transparencia, y que se reemplacen liderazgos locales con actores más aliados al gobierno o a empresas“Denunciamos el desalojo ilegal y violento contra la #FICSH y su presidente Domingo Ankuash.” — comunicado de organizaciones indígenas y sociales.
El contexto internacional para las y los defensores:
Además, Ecuador forma parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional en América Latina y el Caribe que incluye un capítulo específico sobre la protección de personas defensoras del ambiente. Este acuerdo obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio para que quienes defienden derechos ambientales puedan actuar sin amenazas ni represalias. Sin embargo, organizaciones sociales han señalado que la implementación efectiva de Escazú en Ecuador aún enfrenta rezagos normativos y falta de voluntad política. Por otro lado, desde Naciones Unidas, la Relatoría Especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales ha reiterado que los Estados deben prevenir ataques, proteger a defensores en riesgo, e investigar con celeridad toda forma de violencia contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. Ambas herramientas —Escazú y la Relatoría— ofrecen marcos concretos que Ecuador podría aprovechar más activamente para fortalecer la protección real, no solo formal, de quienes cuidan el tejido vivo del país.
La protección de las y los defensores no solo como un mapa de los daños, sino motor de cambio:
1. Fortalecer la legalidad del consentimiento libre, previo e informado
— Que el Estado garantice que todas las licencias ambientales para proyectos en territorios indígenas sean precedidas por consulta previa, con procedimientos transparentes, accesibles, respetuosos de las normas indígenas, y que no se puedan vetar esos derechos por licencias otorgadas previamente para otras fases.
2. Protección institucional efectiva para defensores/as
— Crear o reforzar mecanismos estatales con protocolos claros: atención de amenazas, desalojos, agresiones, judicialización indebida.
— Que la Defensoría del Pueblo, la fiscalía, el poder judicial tengan unidades especializadas con conocimiento intercultural para atender casos indígenas, ambientales, territoriales.
3. Sanción ejemplar para agresores, incluyendo actores intelectuales
— No basta con castigar agresores materiales; quienes dan orden, financian o permiten estos abusos deben ser investigados y sancionados.
— Transparencia en los procesos, participación de la comunidad afectada, monitoreo independiente.
4. Reconocimiento y fortalecimiento de la autogobernanza indígena
— Respeto por los liderazgos propios, órganos tradicionales, autoridades indígenas.
— Que comunidades puedan elegir libremente a sus representantes sin interferencia, y que esos representantes tengan respaldo legal para defender sus territorios.
5. Visibilización social y periodística
— Que medios nacionales atiendan sistemáticamente estos casos, los documenten, hagan seguimiento, den voz a las comunidades.
— Apoyo internacional, cooperación, ONG, academia, para respaldar la documentación de casos, generar evidencia, brindar acompañamiento.
6. Políticas públicas coherentes con la protección ambiental y de derechos humanos
— Que las leyes que rigen minería, hidrocarburos, concesiones territoriales, protección ambiental, tengan cláusulas claras sobre derechos indígenas, justicia ambiental, penalización de abusos.
— Revisiones independientes de licencias ambientales cuando existan sentencias constitucionales o fallos de instancias internacionales que exijan cumplimiento.
En Ecuador, el caso de Domingo Ankuash y la FICSH no es solo una anomalía. Es un espejo de lo que está en juego: en territorios ancestrales, en liderazgos comunitarios, en licencias que se otorgan detrás de puertas cerradas. Defender la tierra no es un lujo ni una protesta esporádica; es una cuestión de sobrevivencia cultural, ecológica, social. Si no se respeta la voz indígena, no habrá justicia ambiental sostenible. Si no se sanciona la impunidad, la resistencia se volverá sacrificio. Y el país —y el planeta— tiene demasiado que perder si eso ocurre.
