Ecuador está al borde del abismo económico, pero con la megaminería, dicen, daremos un gran paso adelante.
Gerard Coffey
09 julio 2025
La muy anhelada transición energética es crucial en la batalla contra el cambio climático, pero será acompañada por una expansión dramática en la demanda de metales como el cobre. Ecuador, un repositorio de extraordinaria riqueza natural, y uno de los países más biodiversos del mundo, está en la mira. Tanto al gobierno de Daniel Noboa como a las grandes empresas mineras, solo les interesa lo que hay por debajo de la tierra. Se habla de miles de millones de dólares en ingresos, pero el valor económico de la minería es altamente dudoso – o hasta negativo – si tomamos en cuenta los extensivos e irreparables daños que ocasionará en la naturaleza y las comunidades aledañas. En la batalla para preservar la biodiversidad y la sanidad del país, estas comunidades están enfrentando de manera valiente, tanto a su propio gobierno como a las grandes empresas mineras y sus tácticas violentas de desposesión. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora convertido en el prestamista encargado de ‘salvar al país’ después de años de mal manejo económico, se hace de la vista gorda.
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1. Cambio climático, transición energética y abultada demanda por metales
La transición energética verde ya está en camino. Vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, entre otras tecnologías, ya forman parte directa o indirecta de la vida de la población mundial entera. Es una revolución. Una revolución positiva que muy pocos se atreven a descalificar, porque la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles y así combatir el cambio climático, es la tarea más urgente de la humanidad.
Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático – mantener el incremento de la temperatura promedio global por debajo de 2°c – será crucial para la salud y hasta la supervivencia de la humanidad. Es un hecho cada vez más claro: con una subida de temperatura de 1. 5 grados, que se alcanzó en 2024, ya son más que evidentes los efectos negativos. muestra un incremento en el número y la gravedad de los eventos climáticos en 2024, con consecuencias que incluyeron la muerte de miles de personas y el desplazamiento de millones.
Pero nada viene gratis. Y como muchos han notado a lo largo de la historia, resolver un problema siempre trae otro. En este caso, una de las principales consecuencias de la transición energética verde es el dramático incremento en el uso de varias clases de metales necesarias para la fabricación y operación de las nuevas tecnologías. Y estos metales tienen que ser encontrados, minados, procesados, refinados, transportados, luego reciclados –en lo posible– y, finalmente, reemplazados. No es asunto menor.
Para limitar el aumento de la temperatura, se calcula que para el año 2040 será necesario cuadruplicar la producción de minerales para las tecnologías de energía limpia. Y si es posible una transición más rápida – para para reducir las emisiones globales a cero en 2050 – en 2040 la cantidad de minerales necesarios será seis veces mayor.
Como muestra de la escala del cambio necesario, según la Agencia Internacional de Energía (IEA por su sigla en inglés) una planta eólica terrestre requiere nueve veces más recursos minerales que una planta de gas para generar la misma cantidad de energía, sin hablar de la extensión de tierra y mar necesaria; mientras tanto, un vehículo eléctrico típico – incluyendo las baterías – demanda seis veces más recursos minerales que uno convencional. Y el número de vehículos está, y seguirá creciendo. El número de vehículos en Europa, por cada mil personas, es de 578; en tanto en India, una economía en plena expansión, apenas hay 34.[i] Es obvio que la demanda de metales solo crecerá, al mismo tiempo que la presión sobre países como el Ecuador para proveer esos metales sin importar el costo ambiental y social.
2. Las minas: huelen a vida, saben a muerte
Estimaciones conservadoras indican que, a nivel global, se necesitarán unas trescientas minas nuevas para satisfacer la creciente demanda. Y Ecuador está en el ojo del huracán: el país es visto por las empresas mineras grandes y pequeñas – y por sus accionistas, es importante subrayarlo – como una nueva fuente de riqueza metálica y financiera, sobre todo en el área de oro y cobre.
Ya hay treinta megaproyectos en vigencia en el Ecuador, dice William Sacher, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, y en su mayoría están en manos de empresas transnacionales. Si bien el avance hasta ahora ha sido lento, al abrir de nuevo el catastro minero –en septiembre de este año por proyectos metálicos pequeños, y en el primer trimestre de 2026 para proyectos medianos y grandes– sin duda habrá enormes expectativas por parte del gobierno, de las empresas mineras y del FMI – asesor económico de primera instancia del Estado ecuatoriano –, de expandir de manera significativa el número de áreas bajo el control de estas corporaciones.[ii]
Más de un millón seiscientas sesenta hectáreas (1.600.000 Ha) ya están concesionadas[iii]. Y con un gobierno ansioso de conseguir dinero por cualquier lado, debido al estado delicado de la economía, la propuesta es agilizar la aprobación e instalación de nuevas minas. Esto, a todas luces, se conseguirá sin tomar en cuenta los derechos de las poblaciones afectadas, o las consecuencias para la naturaleza y la extraordinaria biodiversidad del país. Y como ya quedó plenamente demostrado , las minas no tienen nada de benigno, fuera de la renta extraordinaria que les proporcionan a sus dueños.
Para conseguir una tonelada de cobre refinada –dependiendo de la riqueza de la veta–, se producirán, en promedio, 200 toneladas de desperdicios. Pero no queda allí. Hay que tomar en cuenta también el material que se tiene que sacar de la superficie, el llamado ‘overburden ’, es decir la tierra que se tiene que remover para tener acceso a la mena, la parte de la roca donde se encuentra el mineral aprovechable. Y si bien es difícil estar seguro de la cantidad, se estima que para cada tonelada de roca minada serán removidas entre tres y siete toneladas de tierra, lo que en un país de tanta biodiversidad como el Ecuador es alarmante.
Para tener una idea de la escala de lo que viene, William Sacher estima que:[iv]
“en el periodo de explotación (2020-2080), los desechos anuales promedio de la megaminería representarán más de veinticinco veces (2. 565%) la media total de desechos domésticos producidos en todo el país. Por su parte, el consumo de agua de las minas representará un promedio del 5,4% y el de energía eléctrica, un 9,3% de la cantidad anual consumida en todo el país.”
Alarmante también porque el material rocoso sin valor comercial – la ganga – no es inerte y, con las lluvias, que en un país como el Ecuador son casi constantes y fuertes, producen líquidos contaminados con metales tóxicos que pueden afectar el agua subterránea y los ríos de la zona. Por su parte, los relaves, o subproductos de la concentración inicial del metal, son altamente peligrosos y requieren almacenamiento en estanques grandes – durante décadas o siglos – porque nunca pierden su toxicidad. Y vale mencionar que la seguridad de los estanques de relaves, que constan entre las estructuras más grandes del planeta, [v] no siempre es de lo mejor. Existen varios casos de muros colapsados y consecuencias muy graves, como ocurrió en Brasil en 2019, cuando se rompió el estanque de la mina de hierro de Córrego do Feijão, en Brumadinho, dejando escapar 2.600 millones de galones de relaves y agua tóxica y 272 personas muertas[vi]. Y no es el único ejemplo.[vii]
Para peor, un reciente estudio reveló que a nivel global el 9% de los 1.721 estanques de relaves conocidos, se encuentran dentro de áreas protegidas. Otro 20% se ubica a 5 km de una zona protegida, con el consecuente peligro de rupturas en piscinas ubicadas aguas arriba. Y esto es, de hecho, una posibilidad que en Ecuador se tiene que enfrentar. Según el abogado Carlos Castro Riera, en el proyecto de ley orgánica de recuperación de áreas protegidas y promoción del desarrollo local, recientemente presentado por el gobierno de Daniel Noboa como proyecto de ley económica urgente, “se visibiliza el enfoque de normar la explotación económica de las áreas protegidas bajo la gestión de la iniciativa privada, encubierta por un lenguaje proteccionista que a la larga no puede ocultar la voracidad por la inversión de capital nacional o extranjero en sistemas naturales muy sensibles.”
Las consecuencias de una ruptura en estos sistemas, para un país como Ecuador, con su inestabilidad geográfica y alto nivel de biodiversidad y especies endémicas serían verdaderamente desastrosas.
Con todo, no es de sorprender que ecologistas y académicos, y sobre todo las comunidades afectadas, se opongan a los proyectos mineros. El más reciente rebrote del conflicto tomó lugar en el Cantón las Naves, en la Provincia de Bolívar, entre cientos de policías y personas de la comunidad de La Unión, afectada por el inicio de las actividades extractivas de Curimining S. A., empresa que a través de Silvercorp Metals tiene vínculos con el Grupo Nobis de la familia del presidente Daniel Noboa[viii]. La comunidad se queja de la falta de una consulta verdadera – aún no se ha dictado la legislación exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de septiembre del 2024 y de los impactos sociales como la contaminación del agua, el aumento de la delincuencia, la criminalidad y de la violencia género.
Efectivamente, son las mujeres quienes se ven afectadas de forma desproporcionada, principalmente por problemas de salud y disrupción social. La minería puede terminar con las prácticas agrícolas tradicionales de las que dependen ellas y sus familias, o forzar su desplazamiento fuera de sus comunidades debido a la pérdida de ingresos. En este caso, algunas incluso se ven obligadas a buscar empleo en las mismas mineras, donde podrían enfrentarse a la explotación, o a distintas formas de acoso laboral . Y la presencia de grupos de trabajadores , en ocasiones sin pareja ni familia en el lugar, beneficiados por una economía basada en el dinero, lleva a un concordante aumento del abuso de alcohol, el trabajo sexual y la violencia doméstica.
3. ¿Por qué la minería?
¿Por qué, por tanto, a la luz de todas las complicaciones que conlleva la minería, le interesa al Ecuador entrar en una fase de expansión dramática de este sector económico? La respuesta es que, por un lado, existen los vínculos arriba mencionados entre el grupo de Noboa y varias grandes empresas mineras internacionales. Por otro lado, la historia oficial señala que el país está en dificultades económicas, no tiene con qué pagar sus deudas y necesita encontrar, de urgencia, un sustituto para los decrecientes ingresos petroleros. Y mientras el FMI puede ayudar a resolver el problema de flujo de caja a corto-mediano plazo, su forma de ver la economía como nada más que números –Producto Interno Bruto, PIB– desconoce lo que ya se lleva décadas en reconocer en casi todos los círculos económicos del mundo, incluido su propio personal[x]: que la economía y el bienestar de un país también dependen de factores sociales y ambientales. Los números sirven, pero no lo definen todo.
Para resolver las dificultades económicas del país se han propuesto varias posibilidades. Entre ellas, canjes de deuda por naturaleza – incluyendo la extensión de la reserva marina de Galápagos –, que ostensiblemente ayudaría a proteger el medio ambiente, al mismo tiempo que reduce el peso de la deuda externa. Suena perfecto. No obstante, como en el caso de la minería las apariencias son engañosas. Canjes aparte, el grial, la verdadera apuesta del gobierno de Daniel Noboa, es precisamente la minería a gran escala y la riqueza subterránea del país que pondría más dinero en los bolsillos de algunos empresarios ya varias veces millonarios.
A primera vista, como los canjes, puede parecer buen negocio. Según algunas fuentes optimistas, las exportaciones del sector se han incrementado en un 700% desde 2018, para pasar de US$282 millones a US$2.200 millones en 2022. Esas mismas investigaciones también dicen que la minería ha creado empleos – 180.000 – y, en el año 2022, pagó US$590 millones en impuestos y regalías. Y dicen que estos indicadores solo pueden crecer. Para algunos analistas, en 2025 la minería podría llegar a ser el tercer rubro de exportación, con más de US$4.000 millones de dólares en ingresos, representando el 15% de las exportaciones nacionales, por delante del banano.
Los números suenan, sin duda, impresionantes. Pero, una vez más, las apariencias decepcionan. En este caso se puede afirmar sin temor a contradicción que, respecto de la minería, no todo lo que brilla es oro.
Efectivamente, el balance no parece tan positivo si comparamos los ingresos de esta actividad con los pasivos que ocasiona, es decir, con los costos negativos de producción de lo que se exporta: el uso masivo, y la contaminación del agua de la que dependen las comunidades y las ciudades; la pérdida de biodiversidad debido a las grandes extensiones de tierra explotadas; la producción de desechos tóxicos y las ya aludidas consecuencias de una posible ruptura de una piscina de relaves; el cierre de la mina; y el financiamiento, por parte del Estado, de la infraestructura energética y de transporte indispensables para la megaminería.
Dice William Sacher, refiriéndose a un estudio de costo-beneficio relacionado con la megaminería en el Ecuador, que:
“…se halló una estadística de los beneficios y costos futuros de la megaminería en el Ecuador para el periodo 2020-2120. (y) Se llegó a la conclusión de que la probabilidad que el conjunto de megaproyectos mineros considerados genere más costos que beneficios, es superior al 90%, y que la probabilidad para que representen al menos los dos tercios de los beneficios es del 99,9%”
“A la luz de los resultados producidos en el presente análisis, se concluye que la relevancia económica de la megaminería es altamente cuestionable, y por consecuente , también lo es la pertinencia de transformar al Ecuador en gran exportador de concentrado de minerales.”
La engañosa y rudimentaria contabilidad utilizada por el gobierno y las empresas tampoco devela toda la película. Como es de amplio conocimiento, las empresas mineras son esquivas en cuanto al pago de impuestos. Son expertas en lo que se llama traslado de beneficios, o ‘profit shifting’, es decir, la práctica de minimizar sus obligaciones tributarias al transferir la renta generada en países del Sur como Ecuador, a jurisdicciones donde se paga poco o nada: paraísos fiscales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nos proporciona una idea de la escala de la defraudación: la organización indica que a nivel global se evaden cada año entre US$100.000 millones y US$240.000 millones en impuestos corporativos, como resultado del traslado de beneficios por parte de corporaciones multinacionales – incluyendo las empresas mineras, – tanto por medio de la falsificación del valor de las exportaciones como por transferencia interna de ganancias a filiales registradas en paraísos fiscales. Otro estudio ha estimado que hasta el 40% de la renta anual de estas multinacionales (aproximadamente un US$ mil millones en 2019) ha sido ‘desviado ’[xi].
Como se puede imaginar, estas prácticas no han pasado desapercibidas, pero poco se ha hecho hasta ahora para ponerles fin: principalmente por falta de supervisión y porque los paraísos fiscales son legales. No obstante, para por lo menos ejercer cierto control sobre estas prácticas, en 2016 se estableció en la ciudad de Tokio, el Marco Inclusivo de la OCDE/G20, sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS por su sigla en inglés).
BEPS es un ‘juego’ de reglas e instrumentos que permitiría a los países conocer la realidad de las operaciones de las empresas transnacionales, con el objetivo de recibir su justa proporción de las ganancias. Ecuador sí forma parte del marco BEPS, y si bien este representa un buen primer paso, pero, por desgracia, la adopción del marco es voluntaria. Dado el historial de las empresas transnacionales ante medidas no vinculantes – e incluso ante aquellas que sí lo son –sería ingenuo esperar que allí se termine el asunto. Todo resuelto.
Según William Sacher es muy difícil tener una idea de la eficiencia del marco, porque no existen datos de las ganancias o transferencias hechas hacia paraísos fiscales. El marco tampoco es obligatorio. La pregunta, por tanto, es: ¿quién puede hacer cumplir a las empresas? La cruda realidad es que estas empresas tienen poder. Lograron diluir aspectos de la ley de minería relacionados con ganancias extraordinarias, que existían en las primeras versiones de la ley en el tiempo de Correa. Y con el precio actual de oro en US$3.334 la onza (28,35 gr) estas cláusulas habían sido aplicables. Ahora, después de los cambios, lo que pagan las empresas en el Ecuador es similar a otros países de la región: una tasa de entre 25% y 30% sobre el valor exportado. Y lo que se exporta, por ejemplo, de la mina Mirador, formalmente contiene solo un 30% de cobre. El problema es que no hay cómo estar seguro de la cantidad, ni la concentración, y, como consecuencia, tenemos un valor distinto a lo declarado: el problema es que no hay registro.
4. La complicidad de la autoridad
Es cierto que no se puede esperar mucho de Daniel Noboa, de su familia y de su imperio financiero. Ignoran la constitución, no cumplen con las normas ni toman en cuenta los derechos de las comunidades, y amenazan a través de sus abogados a grupos que se oponen. Arriba notamos la complicidad del grupo Noboa (Nobis) con unas grandes empresas mineras, inicialmente con Adventus Mining[xii], que en julio de 2024 fue absorbida por Silvercorp Metals de Canadá, empresa que se estima ahora controla alrededor del 10% del catastro minero en Ecuador.[xiii] Todo esto sin mencionar el hecho de no acatar las disposiciones de las cortes, la falta de una verdadera consulta previa en las comunidades etc. etc.
Pero aquí hay una pregunta importante que no se plantea: ¿Por qué una institución como el FMI no cuenta con líneas sociales y ambientales cuando presta dinero a un país? ¿Por qué, desde el punto de vista de este organismo, está bien que un país como el Ecuador tome la plata – muchas gracias – y haga lo que le dé la gana, sin importar la suerte de la naturaleza y las comunidades?
Está bien documentada, por otro lado, la presión que la institución ejerce para la reducción del tamaño del Estado, para la privatización de las empresas estatales y para la ‘concesión’ de la infraestructura – Coca Codo Sinclair por ejemplo -, entre muchos otros requisitos que establecen sus políticas. Pero cuando un país de los más endeudados y, además, de los más biodiversos, propone, seguramente con el beneplácito de los directivos de la entidad, convertir la mitad del territorio en concesión minera, con todo el daño que eso implica, se hace de la vista gorda.
Hay, sin embargo, evidencia de que el Fondo sí está consciente del vínculo existente entre la naturaleza y la economía. En un texto escrito por personal del FMI en abril de 2000, El FMI y el medio ambiente se encuentran estas líneas:
“En general, se reconoce que la estabilidad macroeconómica y la eliminación de las distorsiones de precios para que éstos reflejen mejor las consecuencias ambientales de la actividad económica ayudan a proteger el medio ambiente. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica no es siempre condición suficiente para lograr el desarrollo sostenible, ya que el crecimiento puede tener efectos ambientales negativos si existen problemas estructurales creados por una reglamentación inadecuada o por la ineficaz aplicación de la misma, o si existen fallas en las políticas o en los mercados. A menudo estos factores influyen considerablemente en el asesoramiento que proporciona el FMI. ”
En este contexto, vale preguntar si al FMI, como prestamista importante del gobierno ecuatoriano, no le incumbe asumir sus responsabilidades y exigir, como parte de cualquier acuerdo financiero, que el Ecuador respete tanto sus propias leyes ambientales y sociales como las normas determinadas por fallos internacionales. Como sabe muy bien esa institución internacional, el bienestar no es solo asunto de números, y no se consigue destruyendo la base de la vida.
Referencias
[i] Data for India https://www.dataforindia.com/vehicle-ownership/
[ii] William Sacher Sacher_2022_ACB%20extendido_Ecuador%20Debate.pdf
[iii] Diario La Hora https://www.lahora.com.ec/economia/Ecuador-ya-entrego-1.506-concesiones-mineras-y-ahora-les-cobrara-una-tasa-o-impuesto-de-control-20250603-0018.html
[iv] William Sacher Sacher_2022_ACB%20extendido_Ecuador%20Debate.pdf
[v] El Syncrude Mildred Lake Tailings Dyke en Alberta, Canadá, por ejemplo, extiende por 18 kilometres con una altura de entre 40 y 88 metres.
[vi] Alrededor de 10 millones de metros cúbicos (2.600 millones de galones) de desechos líquidos, o relaves, salieron de la presa, arrasando los asentamientos cercanos, destruyendo un puente ferroviario y enviando una oleada de lodo tóxico al río Paraopeba.
[vii] La brecha del estanque de relaves de Mount Polley en Canadá en 2014, liberó millones de metros cúbicos de desechos mineros y aguas residuales en las vías fluviales locales. https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/spills-environmental-emergencies/spill-incidents/past-spill-incidents/mt-polley
[viii] El Universo https://www.eluniverso.com/noticias/politica/mineria-frente-minero-conaie-gobierno-daniel-noboa-policia-nacional-nota/
[ix] https://www.corteconstitucional.gob.ec/caso-tagaeri-y-taromenane-vs-ecuador-sentencia-04-de-septiembre-2024/
[x] Embedded in Nature: Nature-Related Economic and Financial Risks and Policy Considerations by Charlotte Gardes-Landolfini, William Oman, Jamie Fraser, Mariza Montes de Oca Leon, Bella Yao octobre 03, 2024 https://www.imf.org/en/Publications/staff-climate-notes/Issues/2024/10/01/Embedded-in-Nature-Nature-Related-Economic-and-Financial-Risks-and-Policy-Considerations-555072
[xi] Manh-Duc Le y Marco Zamarian. Tax-avoidance profit shifting by multinational firms: evidence from Vietnam https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0939362524001080
[xii] Adventus Mining Provides Corporate Update: Change of Nobis Board Representative
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2078-tsx-venture/adzn/127396-adventus-mining-provides-corporate-update-change-of-nobis-board-representative.html
[xiii] Paola Jaimes Santamaría. CEPR. 01 de abril 2025Conflictos de interés y soberanía en juego: el TLC entre Canadá y Ecuador. https://cepr.net/publications/ecuador-canada-fta/
Buen articulo.