Por Luis Fernando Rivera
20 de abril 2026
En un acto de burocracia oligárquica e ilegal, el gobierno de Daniel Noboa bloquea la legalización del nuevo Consejo de Gobierno de la Ecuarunari, elegido democráticamente en enero de 2026 con Leonidas Iza a la cabeza. Las dilaciones selectivas de la Secretaría de Pueblos, denunciadas por Iza el 17 de abril de 2026, violan el Código Orgánico Administrativo y los derechos colectivos indígenas, con el fin de debilitar la oposición y frenar la revocatoria de mandato.
Mientras el país enfrenta una crisis económica agravada por la subida de precios de combustibles, la precarización social y la avanzada minera, el movimiento indígena organizado enfrenta un nuevo frente de ataque: la burocracia selectiva del gobierno de Daniel Noboa.
Leonidas Iza Salazar, elegido presidente de la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) para el período 2026-2029, denunció el 17 de abril de 2026, en las instalaciones de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (en el sur de Quito), que se están poniendo “todas las trabas posibles” para no legalizar el nuevo Consejo de Gobierno. Dijo que se trata de una estrategia política para silenciar voces críticas y debilitar la organización que impulsa la revocatoria de mandato contra el presidente.[1]
Un congreso legítimo bajo asedio burocrático
El VIII Congreso de la Ecuarunari, realizado los días 30 y 31 de enero de 2026 en el Centro Internacional de Iniciativas Populares (CIIP) de Conocoto, Quito, eligió democráticamente a Iza como presidente con una participación masiva: se instaló con el 87,38 % de delegados y contó con representantes del 95 % de los pueblos filiales, según detalló el propio Iza en su última declaración.
El Consejo de Gobierno fue elegido de manera “oficial, legal y legítima”, con respaldo de firmas individuales de delegados y presidentes de organizaciones. El mandato es por tres años (2026-2029), conforme a los estatutos internos.
Sin embargo, el registro ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades —encabezada por Julia Teodora Angulo Girón (ex funcionaria de Guillermo Lasso y funcionaria del actual gobierno desde 2023)— fue negado en primera instancia y acumuló observaciones administrativas que Iza califica de “cuestionamientos sin sustento”. El 17 de abril de 2026, Iza y su equipo entregaron la documentación de subsanación completa: agenda del congreso, convocatoria, registro de delegados y respuestas a cada observación.
Sobre la ilegalidad de las dilataciones: violación de principios administrativos y derechos colectivos
Las prolongadas dilaciones de la Secretaría de Pueblos no solo son irregulares, sino que configuran una ilegalidad. El Código Orgánico Administrativo (COA) establece los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y buena fe (Art. 4), y el silencio administrativo positivo (Art. 207) indica que en ausencia de resolución expresa en plazos razonables (generalmente 30 días), la solicitud se entiende aprobada. El reglamento específico de la Secretaría (Resolución SGDPN-SGDPN-2024-0008-R y Acuerdo SGDPN-2022-001) obliga a las organizaciones a presentar la directiva en un plazo máximo de 30 días tras la elección, pero no autoriza a la entidad a eternizar el análisis de subsanaciones sin motivación ni plazo.
En este caso, han transcurrido más de dos meses y medio desde el Congreso (31 de enero de 2026) y ya han pasado días desde la entrega de la subsanación sin resolución definitiva. Esta inacción injustificada viola la celeridad administrativa y atenta directamente contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de 2008: el derecho a conservar y desarrollar sus propias formas de organización social y a construir y mantener organizaciones que los representen (Art. 57, numerales 9 y 15).
Al convertir un trámite formal en un obstáculo político, la Secretaría ejerce un poder discrecional y arbitrario que reproduce lógicas coloniales y de dominación de clase, negando en los hechos el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano e impidiendo la posibilidad de las demandas sociales y económicas que el movimiento indígena viene exigiendo frente a las medidas oligárquicas y fondomonetaristas. Se trata de un caso de lawfare administrativo que busca desmovilizar y debilitar al ala más fuerte del movimiento popular.
El rol de la Corpukis: una contradicción secundaria convertida en obstáculo
Lamentablemente existe una impugnación que proviene de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro (Corpukis) – presentada por su presidente, Manuel Medina Macas, el 2 de febrero de 2026 – que está siendo usada por la Secretaría de Pueblos para impedir la inscripción del consejo de gobierno encabezado por Iza. El cuestionamiento se centra en la nominación de María Mercedes Quishpe como dirigente de Agraria y Recursos Naturales. Medina Macas argumentó que Quishpe “no se encuentra en la lista de delegados oficiales” presentada por Corpukis, que “no pertenece a nuestra organización de base” y que su postulación violó el reglamento del Congreso, constituyendo un acto “inmoral, ilegal y sorprendente” sin autorización de las bases saraguras. Incluso advirtió que esto “amenaza con radicalizar la división en el Pueblo Saraguro”, según consta en el texto de la impugnación de Corpukis del 2 de febrero de 2026.[2]
Iza ha respondido que mediante una resolución del último Consejo Ampliado de la Ecuarunari, se comunicó a los compañeros de Corpukis que cualquier problema interno no debe entorpecer el registro oficial del Consejo de Gobierno. El dirigente enfatizó que el congreso respetó la autodeterminación de los pueblos y la democracia comunitaria, y que las diferencias deben resolverse en el ámbito organizativo interno, sin que la Secretaría de Pueblos actúe como árbitro político.
Aquí radica la incapacidad de la Corpukis (y de sectores que la secundan): no logran distinguir la contradicción principal de la contradicción secundaria. La contradicción principal es la que enfrenta al pueblo indígena y campesino contra la oligarquía ecuatoriana, representada hoy por el gobierno de Daniel Noboa: un régimen que prioriza los intereses de multinacionales mineras, banqueros y élites exportadoras, mientras precariza a las comunidades con leyes como la de Minería, liberaliza combustibles y criminaliza la protesta social; sin mencionar las sospechas de asociación de Noboa con el narcotráfico. Ese es el enemigo real, el que divide y debilita al movimiento para mantener el statu quo lumpen y neoliberal.
Se trata de un mecanismo que no solo reproduce la lucha de clases tratando de eliminar al sector con mayor capacidad de movilización social-popular, también reproduce la colonialidad, donde la burocracia estatal funciona como un mecanismo moderno de control sobre los pueblos. En lugar de reconocer la autodeterminación indígena, se refuerza una lógica tutelar que decide quién es “legítimo”. Por otro lado, el gobierno de Noboa se presenta como “moderno” y “eficiente”, pero utiliza la lentitud administrativa para ejercer control político, resolviendo registros de organizaciones afines en días, mientras las críticas acumulan meses de observaciones.
La Secretaría de Pueblos, dependiente del Ejecutivo, actúa aquí como instrumento de control. Mientras el registro de la Conaie se resolvió en días[3], el de la Ecuarunari acumula meses de observaciones y plantones. Iza lo dijo con crudeza: “A las organizaciones que no están de acuerdo con el Gobierno les están poniendo trabas para obtener los registros”. Es la táctica clásica de la oligarquía: dividir para reinar, burocratizar para desmovilizar y judicializar para criminalizar.
Al permitir que esta disputa alimente las dilaciones de la Secretaría, Corpukis — consciente o inconscientemente — juega a favor del Gobierno.
Un gobierno que teme al pueblo organizado
Desde febrero de 2026, la Ecuarunari decidió impulsar la revocatoria de mandato contra Noboa, en coordinación con organizaciones como la Fenocin, según la decisión pública de la Ecuarunari de ese mes.
La decisión responde a las bases: incumplimiento de promesas, políticas antipopulares y una “descomposición institucional” que usa el discurso del narcotráfico para justificar la ruptura del estado de derecho y la clausura democrática.
Paralelamente, Iza ha denunciado que el mismo patrón de trabas se aplica a otras organizaciones críticas, mientras el gobierno busca “elecciones seccionales solo con ADN” mediante cancelaciones selectivas en el CNE.
La Ecuarunari ha sido durante más de medio siglo uno de los principales bastiones de la resistencia indígena y popular en el Ecuador. Con Leonidas Iza al frente, su gran desafío consiste en trascender las contradicciones secundarias para forjar una unidad real, manteniendo siempre como eje central la lucha contra la oligarquía y la conquista de derechos universales para todo el pueblo ecuatoriano.
Corpukis y sus dirigentes deben reflexionar: ¿sirve impugnar una nominación interna mientras el gobierno avanza en su deriva autoritaria proto fascista?
Leonidas Iza y su Consejo seguirán insistiendo en el registro, defendiendo la legitimidad del congreso y avanzando en la revocatoria. Como enseña la historia de las luchas populares, la única forma de vencer al enemigo principal — la oligarquía representada por el gobierno de Noboa — es con unidad férrea, claridad ideológica, diálogo fraterno entre pueblos y movilización organizada.
[1] La Hora. (2026, 17 de abril). Leonidas Iza busca legalizar el Consejo de Gobierno de la Ecuarunari y cuestiona a la Secretaría de Pueblos. https://www.lahora.com.ec/politica/leonidas-iza-busca-legalizar-el-consejo-de-gobierno-de-la-ecuarunari-y-cuestiona-a-la-secretaria-de-pueblos-20260417-0036.html
[2] La Hora. (2026, 4 de febrero). Organización indígena de Saraguro acudirá a la Secretaría de Pueblos para impugnar nominación de una dirigente de Ecuarunari. https://www.lahora.com.ec/politica/organizacion-indigena-de-saraguro-acudira-a-la-secretaria-de-pueblos-para-impugnar-nominacion-de-una-dirigente-de-ecuarunari-20260204-0023.html
[3] En las elecciones internas de la CONAIE de julio de 2025 ya se registraron tempranas manifestaciones de intervención selectiva del gobierno. Como señala Pablo José Iturralde, la gran pregunta de fondo es si resulta posible sostener y ampliar un proyecto de autodeterminación indígena sin caer en la subordinación al Estado corporativo ni en la lógica del acomodo institucional. Iturralde, P. J. (2025, 24 de julio). Elecciones en la CONAIE: preguntas de fondo. La Línea de Fuego. https://lalineadefuego.info/elecciones-en-la-conaie-preguntas-de-fondo-pablo-jose-iturralde/
