BOLIVIA: sigue en pie la nueva ley de litio, y el plan de Trump de robar los recursos estratégicos

Tras su asunción, el presidente Rodrigo Paz, dió muestras claras del acercamiento del Gobierno boliviano con los Estados Unidos. El ajuste neoliberal plasmado con el Decreto 5503, al que tuvo que dar marcha atrás, es expresión del control imperialista de los recursos estratégicos en América Latina y con ello, la profundización del extractivismo.

Así como lo hace con el petróleo en Venezuela, pretende hacerlo con el litio boliviano o los hidrocarburos. Esta nueva arremetida colonialista se muestra al desnudo en la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU y en los múltiples discursos que anuncian la “doctrina Donroe”, como forma de controlar y disciplinar a su “patio trasero”. Para este hegemón en decadencia, asegurar su poderío económico, político y militar en “su propio hemisferio” se ha convertido en un elemento de primera necesidad de disputa geopolítica ante la creciente influencia de China en la región y el mundo.

Es en este contexto que se impulsan planes de ajuste y entrega de bienes comunes naturales desde los gobiernos de derecha alineados con Trump, como Milei en Argentina y Noboa en Ecuador, y acuerdos con presidentes como Lula en Brasil. En Bolivia, Rodrigo Paz se pone a tono e intenta imponer una serie de medidas de ajuste, como la eliminación de impuestos a las grandes fortunas (IGF) o el Decreto Supremo 5503 que, ante las masivas movilizaciones y medidas de lucha obreras, campesinas e indígenas, tuvo que ser recientemente abrogado. A pesar de que se echó atrás un primer intento de privatizaciones y beneficios para las transnacionales y el capital extranjero extractivista, la situación sigue abierta y, más allá de los resultados inmediatos, el plan es el mismo y se intentará imponer por diversas vías, incluso a través de la Asamblea Legislativa, y se dirimirá con la lucha de clases.

Los nuevos decretos (5517, 5518 y 5519), pactados con la dirección de la Central de Obreros de Bolivia – COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia “Tupak Katari” (CSUTCB), mantienen, muchas de las medias de ajuste del DS 5503, mientras otras, como el Fast Track, se ha dejado en manos de una Asamblea Legislativa dominada por las derechas del país. Lo cierto es que sigue en pie el cese de subvención a los hidrocarburos, motor de las protestas de diversos sectores y justificado por otros sectores y el gobierno como necesario por “la combinación de abusos, mala administración y despilfarro” de los gobiernos del MAS-IPSP. Y si bien el cese de subvenciones responde más a una demanda del FMI, tanto el gobierno de Paz, como el conjunto de medidas adoptadas, son la consecuencia lógica de un programa extractivista de concesiones a la burguesía, impulsado desde el gobierno de Evo Morales y profundizado por el gobierno de Luis Arce, que, en la práctica, atenta contra conquistas que dejaron la guerra del agua y del gas.

El D.S. 5503 establecía un paquetazo de medidas con una avanzada para el extractivismo, que no logró pasar, gracias a las acciones en las calles. Con sus 121 artículos, pretendía abrir sectores estratégicos de la economía boliviana al capital privado y bienes comunes naturales al extractivismo, garantizando seguridad jurídica y legal para las empresas por encima de derechos sociales, ecológicos, indígenas y soberanos. En la misma sintonía del RIGI en Argentina, el decreto establecía estabilidad jurídica y tributaria por 15 años para inversiones vinculadas a la minería, hidrocarburos y energía, energía renovables, agroindustria y manufactura para exportación.

Creaba los Fast Track, contratos rápidos, entre las transnacionales y el Ejecutivo, que permitía aprobar proyectos por Decreto, sin pasar por la Asamblea Legislativa, ni por instancias de participación comunitaria o ciudadana de evaluación sobre impactos ecológicos, como establece la Constitución Política del Estado. El decreto también aseguraba mayor rapidez en los procesos vía ventanilla única, para evaluación y aprobación técnica, además del secreto administrativo y confidencialidad como regla general. Al igual que en otros países, el régimen permitía dirimir controversias en tribunales internacionales, que actuarán a favor de las corporaciones. Pese al retroceso en un primer intento de paquetazo, las medidas de ajuste de un recalentado neoliberal, o se mantienen en los nuevos decretos pactados con las dirigencias sindicales o pasarán a través de sucesivas leyes por la Asamblea Legislativa.

Una nueva ley del Litio para reescribir las condiciones de entrega

En medio de las protestas contra el DS 5503, el presidente Paz presentó el 1 de enero una nueva ley de litio que establece una licitación internacional para su industrialización. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, afirmó que la ley prevé destinar una parte de los salares al patrimonio turístico, pero otra, tendrá el objetivo de ser explotada por capitales extranjeros o de forma mixta con el Estado.

El anuncio se da mientras transnacionales como Uranium One Group, de Rusia y la China CBC / CATL, esperan que la Asamblea Legislativa ratifique el acuerdo firmado con el Gobierno de Luis Arce (2023,2024), quien tuvo una política de asociación y apertura de capitales extranjeros, para la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni y Coipasa. Convenios que fueron cuestionados ante los impactos sociales y ecológicos que podrían generar y ante el desconocimiento de acuerdos, plazos e inversiones. Sin embargo, la señal del Gobierno es para Washington, producto del acercamiento directo de Rodrigo Paz a la Casa Blanca como estrategia geopolítica frente a China y Rusia.

Más allá del entusiasmo, el marco vigente, la Estrategia de Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (año 2010) y la Ley de Litio – Ley 535 (año 2014), sostiene que los recursos minerales, ya sean de suelo o subsuelo en su territorio son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y que su administración es exclusiva del Estado para explotar el salar. El sector privado, podría hacerlo solamente en carácter minoritario, a través de asociaciones con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para la producción de baterías y materiales catódicos. Reformar esta estructura requeriría mayoría en el Congreso o una consulta popular, lo que podría demorar el proceso, y podría generar rechazo en las calles.

Además, se necesita de tecnología especial para separar litio de las salmueras bolivianas ya que, a diferencia de Chile y Argentina, tienen altas concentraciones de magnesio. Esto exige tecnologías más avanzadas, como la extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), que aún no se ha probado a escala comercial en Bolivia y cuyos impactos ecológicos son inciertos.

El litio es un metal fundamental para la producción de baterías y se ha convertido en uno de los recursos más codiciados del mundo. De las 51 millones de toneladas que se estiman en el llamado triángulo del litio compartido con Argentina y Chile, existen en esta zona 23 millones (45%) que se encuentran en los salares del departamento de Potosí en Bolivia (Bagley & Nazario 2015), país que tiene la dificultad de transformar esos recursos en reservas para ser explotadas. Sobre estas cifras, el litio se convierte en la nueva gallina de los huevos de oro (como antes lo fue la plata, el estaño o el gas) y Rodrigo Paz promete convertir a Bolivia en una potencia exportadora de este mineral, profundizando el extractivismo y siguiendo una ruta de privatizaciones ya inaugurada por el gobierno de Luis Arce y el masismo.

En Bolivia, dos momentos pusieron en crisis al modelo neoliberal y la llamada “democracia pactada” que, junto con la Marcha por el territorio y la dignidad (1990) y otros momentos de lucha, sentaron las bases programáticas de la Agenda de Octubre. Los momentos clave fueron la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003). En ellos, la movilización popular en instituciones de auto-organización y autodefensa, como comités en defensa de la economía popular o la Coordinadora del Agua en Cochabamba, obligaron al gobierno a dar marcha atrás en sus intentos de profundizar la privatización de bienes comunes naturales y de imponer otras medidas de ajuste. Este ciclo de insurrecciones e intensificación de la lucha de clases estuvo marcado por el alzamiento general, el surgimiento de organizaciones indígenas, como el CONAMAQ y la CIDOB, y la pérdida de control del campo y la ciudad por parte del gobierno.

Este proceso de lucha de clases, resultó en la renuncia y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Así, la huelga general indefinida, el bloqueo de caminos y las barricadas barriales, especialmente en El Alto, terminaron por quebrar las bases de la política económica neoliberal, inaugurada en 1985 con el D.S. 21060 e impulsada desde EE.UU. Algunas de las consignas centrales y unitarias del movimiento fueron 1) la nacionalización sin indemnización e industrialización soberana de recursos naturales como el litio y los hidrocarburos y 2) la Asamblea Constituyente por la transformación de Bolivia sobre formas de autoorganización, fundamentalmente indígena, contra el Estado colonial y el racismo estructural sostenido por las clases dominantes.

Ambas demandas, hasta el día de hoy, continúan vigentes y pendientes. Los gobiernos del MAS-IPSP, pese a renegociar contratos con las transnacionales, aumentando la participación estatal y redistribuyendo la renta, y pese a incorporar autonomías indígenas y pluralismo jurídico en la CPE, no cumplieron las demandas centrales de la Agenda de Octubre. Por el contrario, la política impulsada por el gobierno de Evo Morales y profundizada por el gobierno de Luis Arce, mantuvo a las transnacionales como “socias” del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011) plantea como pilar de sus políticas, negociar “relaciones virtuosas” con las empresas transnacionales, como si algo así fuera posible, más aún con las relaciones de dependencia y sometimiento al imperialismo, el capital financiero y sus empresas, y como si nada hubiésemos aprendido en los casi 200 años de imperialismo, en sus diversas formas. De este pilar se desprendieron las políticas extractivistas de entreguismo al capital nacional e internacional y la represión a los movimientos sociales, como lo fueron el pacto de 10 puntos, con el gobierno de Arce o la represión a la marcha por el TIPNIS, bajo el gobierno de Morales. Esta seguidilla de concesiones a los empresarios, a la burguesía ligada al imperialismo, sumada a las políticas antidemocráticas, represivas y proscriptivas a otras alternativas políticas, cimentó el camino para el actual gobierno de Paz y sus políticas de ajuste.

Otra salida para las mayorías a la crisis y el saqueo

Entonces ¿cómo impulsamos esas demandas pendientes de la Agenda de Octubre? ¿Cómo impulsamos la soberanía obrera, indígena y popular de los bienes comunes naturales? Si bien el paso atrás que tuvo que dar el gobierno de Paz con el D.S. 5503 muestra que existen las fuerzas necesarias para hacerle frente a los intereses imperialistas, los acuerdos que hizo la dirigencia de la COB y su llamado a la desmovilización, también muestran la necesidad de articular una fuerza política alternativa. Aquella de los trabajadores y sectores oprimidos, que permita unir las luchas (obreras, por la soberanía, contra la colonización y los derechos indígenas; contra el racismo, ecologistas, de mujeres y feministas) y recuperar las instituciones obreras de sus cúpulas burocráticas, desde instancias de autoorganización y con independencia política del Estado y los sectores patronales. La Olla Común Anticapitalista y la Asamblea Abierta, Obrera, Popular y Estudiantil fueron expresiones de instancias de autoorganización vinculadas orgánicamente a la marcha “Bolivia no se vende”, contra el ajuste del gobierno.

Desde la LORCI, por un Partido de Trabajadores Revolucionaries y la Corriente Internacional Revolución Permanente, planteamos una salida por izquierda y desde abajo; y luchamos para que la crisis la paguen los capitalistas, que la provocaron y no el pueblo trabajador, a punta de ajuste, extractivismo y saqueo imperialista. No aceptamos su gasolinazo, que no solo atenta contra la calidad de vida de la inmensa mayoría, sino que, además, sacrifica nuestros territorios al imperialismo. Sabemos que si el Estado no hubiese subvencionado al sector privado, no necesitaríamos ningún gasolinazo. Rechazamos sus intentos privatizadores, tanto del litio, como de cualquier bien común natural, ya sea por decreto o a través de la Asamblea Legislativa; por ser anticonstitucional, pero fundamentalmente por colocar el lucro por encima del bienestar humano y ecológico.

En lugar de aquello, planteamos una salida que construya las bases para una producción planificada, democrática integral, diversificada, ecológica, hacia una verdadera transición energética y en función de las demandas de las mayorías. Esto implica el monopolio del comercio exterior, la nacionalización del agronegocio para la reconversión agroecológica y la nacionalización de la banca y la minería privada bajo control obrero, comunitario y popular para que la crisis la paguen quienes se han enriquecido con el despojo de nuestros territorios y nuestro trabajo.

A pesar de la traición de la COB, la multitudinaria marcha “Bolivia no se vende”, es una primera muestra de que existe la fuerza para impulsar este programa y materializar la Agenda de Octubre. Conocemos el potencial de la clase trabajadora, unida dentro y fuera de las fronteras nacionales y no limitada a demandas corporativas e intereses burocráticos. Lo hemos visto en Bolivia en este ciclo 2000-2005, pero también el 2020, cuando las movilizaciones obligaron al gobierno de facto de Añez a llamar a elecciones. Lo señalan las experiencias de lucha y articulación en Argentina, como en Jujuy contra la reforma de Gerardo Morales centradas en el litio y el agua, en Chile, Perú o Colombia. Ante la avanzada de Trump sobre América latina, el ataque militar a Venezuela, y el avance de la Doctrina Donroe, son ellos o nosotros, los pueblos latinoamericanos unidos en la perspectiva del paro continental antimperialista.

Por, Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales y

Sebastián Moscoso Paz Biólogo, educador y militante de la LOR-CI

* Publicado primero en Desdeabajo.info https://www.desdeabajo.info/otras-noticias/item/bolivia-sigue-en-pie-la-nueva-ley-de-litio-y-el-plan-de-trump-para-robarse-los-recursos-estrategicos