No nos equivocamos quienes advertimos sobre la imposibilidad de transformar la función judicial en 18 meses, tal como se prometió y aprobó en la consulta popular de mayo del 2011. En efecto, afrontar desde la técnica y el voluntarismo una complejidad institucional tan densa no puede tener otro desenlace que la superposición incongruente de elementos: jueces incompetentes ocupando edificios de lujo, funcionarios arcaicos manipulando software sofisticado, discursos posmodernos avalando viejas y enmohecidas prácticas.
Los casos de inoperancia y arbitrariedad de la administración de justicia durante este último período de transición desbordan hasta la más aguda imaginación. Los procesos en contra de diario El Universo, el Gran Hermano y COFIEC-Duzac bastan y sobran para confirmarlo. No solo se ha perdido la probidad, sino el pudor y el recato. El desparpajo, la desfachatez y el cinismo con que se ha manejado estos casos desde el sistema judicial aniquilan hasta las más modestas expectativas éticas que se generaron en la ciudadanía.
La descomposición de la función judicial es tan desmedida que hoy se cometen injusticias sin pestañear. Es lo que ha ocurrido con el caso de los 10 de Luluncoto. A un proceso plagado de irregularidades e inconsistencia, el pasado 1 de diciembre se agregó una plasta que coronó este amasijo de inmoralidades: uno de los jueces del tribunal penal se enfermó minutos antes de la audiencia. Consecuencia: la audiencia se declaró fallida y, con esta argucia, se prolongó injustamente la prisión de los detenidos.
El caso es paradigmático porque nos retrotrae a la época de Febres-Cordero, cuando la justicia era manipulada al antojo del poder ejecutivo. Entonces también se echaba mano de leguleyadas y artimañas para perjudicar a los enemigos políticos del gobierno. Los procesos en contra de los militantes del movimiento Alfaro Vive Carajo son ilustrativos: sistemáticamente se irrespetaban decisiones judiciales que favorecieran a los procesados; no se acataban fallos, ni recursos de amparo, ni habeas corpus; cuando un juez tenía la valentía de liberar a un detenido, inmediatamente se le montaba una nueva acusación para bloquear la excarcelación.
No obstante, en medio de tanto atropello existieron –a diferencia de hoy– resquicios para la actuación independiente de ciertos jueces. Hubo decisiones que ni siquiera el despotismo de Febres-Cordero pudo neutralizar, por la simple razón de que el control sobre la función judicial nunca fue total, como ocurre ahora. La lógica del reparto de espacios de poder entre las distintas fuerzas políticas, condenable desde todo punto de vista, permitió al menos un control cruzado que favoreció algunas decisiones independientes. Hubo funcionarios que se atrevieron a actuar apegados a la ley y resistieron a las presiones oficiales, sin miedo a ser destituidos. Y no es que Febres-Cordero no arremetiera contra esos funcionarios probos, denigrándoles públicamente y hasta amenazándolos; simplemente no tenía en sus manos los instrumentos para destituirlos a su arbitrio. En aquellos años no existía un Consejo de la Judicatura servil y dispuesto a acatar disposiciones del poder de turno.
La situación se vuelve más desalentadora porque el país aspiró a la construcción de una institucionalidad judicial diferente, alejada de la tradición de injerencia y manipulación a las que nos tenía acostumbrados la partidocracia. Ilusamente pensamos que la crisis política de los años anteriores reflejaba una crisis del sistema y no un simple reacomodo de formas e intereses. Las evidencias no solo que nos desilusionan, sino que nos auguran un peligroso retroceso, un carpado en el tiempo que sintoniza a la perfección con los anhelos absolutistas manifestados por Correa y sus áulicos.
El 2013 está bastante más lejano de nuestra justicia que la santa inquisición. Hoy, en los extramuros de la función judicial operan los mismos viejos actores que controlaron la justicia a favor de los grupos oligárquicos. Tan solo cambiaron las corbatas amarillas por las verde-limón.
