Colombia se prepara para la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo, en medio de un recrudecimiento de la violencia y la criminalidad. La llegada al poder de Gustavo Petro hace cuatro años trajo consigo cambios sustanciales en el abordaje de las políticas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Su política insignia fue la Paz Total, a través de la que buscó establecer negociaciones paralelas con diferentes grupos armados ilegales del país.
Su enfoque frente a las drogas se distanció inicialmente de la visión tradicional de gobiernos anteriores, en los que se priorizaba la persecución de los eslabones más débiles de la cadena. En cambio, su estrategia se enfocó en las partes más especializadas, principalmente en las redes vinculadas al crimen organizado transnacional y en los esquemas de lavado de dinero.
Pero la implementación de estas medidas enfrentó varios retos, como la reconfiguración criminal y la presión por resultados. A la par, se vio afectada por la falta de articulación entre la implementación de cada una de estas políticas.
En este contexto, no solo las dinámicas criminales del país han evolucionado, sino también los desafíos que heredará el próximo gobierno.
Una criminalidad fortalecida
Los grupos criminales se han fortalecido a lo largo de estos cuatro años y existen confrontaciones abiertas en diversas regiones del país.
En el marco de la Paz Total, se mantuvo el proceso de fragmentación de grupos ilegales que venía desde hace varios años, especialmente entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque al inicio del actual gobierno estas facciones se unieron para mostrarse más fortalecidas de cara a las negociaciones, las diferencias no tardaron en aflorar. En 2024, esto llevó a rupturas dentro de los grupos disidentes y al surgimiento de nuevos frentes, como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB).
“Son grupos más pequeños que se adaptan mejor a operaciones militares sostenidas”, dijo Glaeldys González, analista para los Andes del Sur del International Crisis Group. “Son más flexibles, más difíciles de combatir”.
La fragmentación también afectó a grupos armados ilegales de antaño, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que vio surgir una disidencia en Nariño, conocida como los Comuneros del Sur en 2024. Esta disidencia continuó las conversaciones de paz, mientras que el grueso del ELN rompió el diálogo con el gobierno.
Estos grupos, al igual que otros a nivel nacional, también han fortalecido sus capacidades militares y de control territorial. Entre 2018 y 2025, las principales estructuras armadas ilegales del país aumentaron más de 110% en número de combatientes, pasando de casi 13.000 a más de 27.000, según un informe de la Fundación Conflict Responses. Los Gaitanistas, también conocidos como el Clan del Golfo, han sido el grupo que más se ha fortalecido en este aspecto, seguido por el EMBF y el EMC.
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En este contexto, el nuevo gobierno deberá atender más de 10 frentes de confrontación entre grupos ilegales, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Meta, Chocó, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena, Arauca y Guaviare.
“Tiene que haber un análisis estratégico de priorización, dependiendo de las capacidades o de la amenaza que representen los grupos, y focalizar esfuerzos en estos espacios de confrontación donde las comunidades quedan en el medio”, afirmó González.
Control social y presión contra las comunidades
La principal consecuencia de la fragmentación de los grupos criminales en el país ha sido el aumento de la violencia derivada de las disputas territoriales y de los intentos de estas organizaciones por imponer control sobre las poblaciones locales.
El ejemplo más claro de estas dinámicas es la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, que desde enero de 2025 vive una crisis humanitaria sin precedentes, donde han sido desplazadas más de 100.000 personas por cuenta de los enfrentamientos entre grupos criminales.
Desde 2025, en el Catatumbo han ocurrido —y continúan ocurriendo— confinamientos, masacres y asesinatos selectivos; también hay enfrentamientos constantes entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, que operan bajo la sombrilla del EMBF.
Estas dinámicas se han replicado en todo el país. Las crecientes confrontaciones y las amenazas constantes de nuevos grupos criminales han llevado a que las relaciones entre grupos armados y comunidades evolucionen. Si bien antes había cierto grado de legitimidad por parte de los grupos en las comunidades, hoy el control social es cada vez más impuesto, sin espacio para negociación, algo que varios organismos internacionales han advertido en sus informes de monitoreo.
Además, las nuevas tecnologías, como los drones, han cambiado las reglas del juego e implican nuevos miedos y peligros para la población civil. Los drones son usados por los grupos como mecanismo de vigilancia en las comunidades y también se ha documentado que, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, los grupos están usando drones modificados, cargados con explosivos, para atentar contra la fuerza pública. Sin embargo, en muchas ocasiones, la población civil es la que recibe el impacto de estos ataques.
El ‘boom’ de las economías criminales
Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína en el mundo, y aunque los grupos colombianos sean solo un eslabón en las redes de tráfico globales, las ganancias derivadas de esta actividad son enormes.
Durante el gobierno de Petro se hizo un mayor énfasis en la interdicción de cargamentos de droga y la destrucción de infraestructura de producción. Sin embargo, los cultivos de coca continuaron en aumento y pasaron de 253.000 hectáreas en 2023 a 262.000 en 2024, según las últimas cifras oficiales. A esto se suma que el potencial de producción de cocaína aumentó de 2.664 toneladas métricas en 2023 a más de 3.000 toneladas en 2024, según datos revelados por el diario El País.
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Las ganancias de la minería ilegal de oro hoy pueden compararse con las del narcotráfico. Los altos precios internacionales del metal precioso han incentivado a grupos criminales, como los Gaitanistas, el ELN y las disidencias de las FARC, a participar en la cadena de explotación ilegal en zonas como Chocó, la subregión del Bajo Cauca en Antioquia y gran parte de la Amazonía. En estas regiones, los grandes grupos criminales cobran extorsiones a mineros legales e ilegales a cambio de seguridad, proveer insumos y ayudar a eludir los operativos de la fuerza pública.
Además, la extorsión y el secuestro, que si bien ya venían en aumento, dieron un salto desde el 2023 y hoy generan importantes ingresos para el mantenimiento de los grupos criminales, provocando afectaciones directas sobre las comunidades.
Debilidad de las fuerzas militares
En los últimos años, las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad han mermado. Detrás de esto hay varias causas.
Por un lado, con la llegada de Petro a la presidencia en 2022, comenzó una depuración de las fuerzas que ha derivado en la salida de decenas de altos mandos de las principales instituciones de seguridad. Si bien algunos de estos retiros han estado asociados a acusaciones de delitos, otros se han dado sin motivos de fondo aparentes. Entre 2022 y 2024, 355 oficiales de la policía fueron retirados. Para 2025, la policía colombiana, una institución de casi 143 mil personas, tenía el menor número de oficiales en 15 años, con un poco más de 680, entre generales, coroneles y tenientes coroneles. Lo mismo sucedió en el Ejército: entre febrero y abril de 2026, 49 coroneles y mayores fueron retirados.
Esta depuración en las esferas más altas de la fuerza pública ha afectado directamente sus capacidades operativas, pues son justamente los oficiales de mayor rango quienes están detrás de la planeación de operaciones de alto nivel, como las encargadas de labores de inteligencia militar y policial contra los principales grupos ilegales del país y redes criminales vinculadas a economías transnacionales.
A esta depuración se suma el hecho de que el número de integrantes de las fuerzas de seguridad viene disminuyendo desde hace años. Aunque se mantiene dentro del estándar internacional de 300 efectivos por cada 100.000 habitantes, entre 2008 y 2024, el número de efectivos de la fuerza pública colombiana descendió un 25,8%, pasando de 682 a 506 efectivos, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, lo que afecta directamente las capacidades operativas en los territorios.
Si bien las campañas para sumar nuevos integrantes a las fuerzas continúan, el déficit de capacidades operativas no se ha subsanado, mientras que el vacío dejado por la salida de altos mandos resulta más difícil de llenar.
“Independientemente de quién asuma la presidencia, va a tener que enfrentar este desbalance entre grupos criminales y armados y fuerzas de seguridad”, dijo González, de Crisis Group. “Estamos hablando de una fuerza sobrecargada, trabajando al límite de su capacidad. Quien venga va a tener que pensar en cómo recomponer ese equilibrio que se ha perdido”.
Un panorama internacional incierto
Estados Unidos ha sido durante décadas el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, en el último año, la relación atravesó su peor momento.
Las diferencias entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano respecto a los enfoques en materia de seguridad y de combate a las economías ilegales derivaron en la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y en sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Petro, algunos miembros de su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Si bien las tensiones se redujeron tras la reunión sostenida entre ambos presidentes en febrero de 2026, el tema de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos se mantiene como un aspecto clave en la carrera electoral para el próximo presidente de Colombia.
“Estamos hablando de un gobierno que va a recibir casi 30.000 integrantes de grupos armados”, dijo Gerson Arias, investigador asociado a la Fundación Ideas para la Paz. “Ya sea desde la izquierda o la derecha, tiene que haber un peso significativo en recomponer la estrategia de seguridad y eso significa hablar con Estados Unidos”.
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El próximo gobierno deberá definir estrategias de cooperación en un contexto en el que Donald Trump ejerce una mayor influencia en las dinámicas de seguridad regionales.
En ese contexto, la relación que establezca Colombia con Estados Unidos también podría definir la coordinación en materia de seguridad con países como Ecuador y Venezuela, claves para enfrentar las dinámicas criminales transnacionales.
