03 de julio 2026
Hay momentos en política en que una declaración importa no tanto por quien la pronuncia, sino por lo que revela. Osvaldo Hurtado, con quien mantengo profundas diferencias políticas e ideológicas, ha afirmado que Daniel Noboa es «un autoritario, un autócrata camino a convertirse en dictador». Añadió que el presidente concentra el control de las instituciones, que eliminó al movimiento político más importante del Ecuador y que impide que una parte importante de los ecuatorianos vote por sus candidatos.
¿Debemos volvernos hurtaditas? No. ¿Dejar de cuestionar su visión política, su historia o su comparación entre Rafael Correa y Noboa? Tampoco. Pero convertir ahora el debate en un juicio a Hurtado sería perder de vista lo principal: una voz proveniente de sectores históricamente enfrentados al correísmo reconoce que el régimen está cruzando límites. Esa fisura en el bloque de poder importa.
La pregunta de fondo es otra: ¿qué entendemos por democracia?
La Constitución no define al Ecuador simplemente como un país que realiza elecciones. Lo define como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano e independiente, y dispone que la soberanía radica en el pueblo.
Democracia, por tanto, no es depositar una papeleta cada cierto tiempo. Es poder escoger entre alternativas reales; organizarse políticamente; expresarse sin miedo; fiscalizar al poder; contar con funciones independientes; ejercer la participación directa; exigir derechos y desarrollar una política exterior soberana.
Cuando todo eso se reduce, tener urnas no basta.
Miremos los hechos.
Revolución Ciudadana fue suspendida por nueve meses y, cuando buscó participar mediante el movimiento Amigo, este también fue suspendido. Podrán discutirse los expedientes y sus argumentos jurídicos, pero el resultado político es concreto: la principal fuerza opositora quedó impedida de competir con sus propias candidaturas.
El propio Hurtado ha marcado una diferencia que no debería ocultarse: cuestionó duramente a Correa, pero recordó que durante su gobierno sus adversarios pudieron concurrir electoralmente; ahora se retiran del tablero organizaciones que representan a millones de ciudadanos. La periodista Alondra Santiago, también critica de la relación que Correa mantuvo con la prensa, sostuvo después de su expulsión del Ecuador que los casos no eran comparables.
No se trata de santificar el pasado. Se trata de no utilizar el pasado para esconder el presente.
El CNE, además, negó solicitudes para entregar formularios destinados a iniciar la revocatoria de Daniel Noboa. Antes de que los ciudadanos pudieran decidir si firmaban o no, el organismo electoral cerró esa posibilidad, aunque esas decisiones han sido impugnadas, el TCE cerro toda posibilidad.
Entonces cabe preguntar: ¿dónde queda la soberanía popular si un organismo administrativo decide previamente hasta dónde puede ejercerla el soberano?
La independencia de funciones tampoco se mide por la simple existencia formal de instituciones. Cuando la Corte Constitucional suspendió disposiciones cuestionadas por afectar derechos, el Ejecutivo encabezó una marcha contra ella. La propia Corte denunció riesgos para su independencia y organismos internacionales expresaron preocupación por las presiones contra sus jueces.
Y cuando tres jueces revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y sus hermanos, el Consejo de la Judicatura los suspendió hasta por tres meses. Cada episodio tendrá su expediente, pero juntos dejan una pregunta inquietante: ¿qué independencia real existe cuando una decisión que contradice al poder puede convertir inmediatamente al juez en investigado o sancionado?
La seguridad muestra otra dimensión de esta crisis.
Entre enero y junio de 2026 hubo 4.154 homicidios intencionales: fue el segundo primer semestre más violento registrado. En esos mismos seis meses se denunciaron 3.909 desapariciones.
Pero no hablamos únicamente de delincuencia común. La CIDH otorgó medidas cautelares a 26 personas desaparecidas que, según las solicitudes recibidas, habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas durante operativos realizados bajo estados de excepción. La Corte Constitucional declaró desaparición forzada la cometida contra los cuatro niños de Las Malvinas.
Human Rights Watch documentó además detenciones arbitrarias, torturas, ataques contra embarcaciones y desapariciones en operaciones relacionadas con la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, y cuestionó que la lucha contra el narcotráfico sea presentada como un «conflicto armado» para justificar reglas excepcionales.
¿Puede un Estado de derechos convertir la excepción en forma ordinaria de gobierno?
También se estrecha la libertad de expresión. Alondra Santiago perdió su visa y salió del país después de sus críticas al Gobierno. Directivos de Granasa denunciaron presiones estatales sobre Expreso y Extra. Gabriela Panchana fue condenada a treinta días de prisión por injuria a raíz de una publicación en X.
El problema no consiste en afirmar que toda voz crítica haya sido clausurada. Es más profundo: cuando disentir empieza a tener costos crecientes, aparece el miedo; y cuando el miedo entra en la política, la democracia retrocede.
El cuestionamiento tampoco es solamente nacional. El ingreso policial a la Embajada de México fue condenado enérgicamente por la OEA. Ahora Human Rights Watch cuestiona internacionalmente la cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos por abusos, opacidad y falta de controles.
La soberanía no consiste en izar una bandera mientras decisiones fundamentales se subordinan a intereses externos.
Por eso hablo del metro y medio de democracia.
Permanecen instituciones, normas, elecciones y algunos espacios para disentir, pero dentro de un terreno cada vez más estrecho, condicionado y vigilado. La forma democrática puede permanecer mientras su contenido se vacía.
Y aquí vuelve Hurtado. No para absolverlo. No para asumir su pensamiento. Su declaración importa porque muestra que la preocupación comienza a penetrar sectores que ayer acompañaban, justificaban o toleraban este rumbo.
Desde esta posición, el desafío es aprovechar esa fisura para construir un amplio acuerdo democrático, social y constitucional, más allá de diferencias partidarias, capaz de recuperar derechos, independencia institucional, soberanía y participación popular, y abrir una salida constitucional y democrática al actual Ejecutivo.
No se trata de decidir si Hurtado tiene razón en todo. Tampoco de regresar interminablemente a discutir sobre Correa, peor mezclar y confundir los hechos.
Se trata de mirar lo que está ocurriendo hoy.
Y preguntarnos:
¿Cuánta democracia debemos seguir perdiendo antes de reconocer que ya no vivimos plenamente en ella?
Fuentes:
Constitución de la República del Ecuador; declaraciones de Osvaldo Hurtado, julio de 2026; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 97/2025; Human Rights Watch, informes sobre Ecuador y cooperación de seguridad Ecuador-Estados Unidos, julio de 2026; El País, «La alianza de Noboa con Estados Unidos, cuestionada por denuncias de abusos en la guerra contra el narco», julio de 2026; documentación y resoluciones sobre la suspensión de Revolución Ciudadana y movimiento Amigo; resoluciones del CNE sobre revocatoria del mandato; Corte Constitucional, sentencia 1732-25-EP/26, caso Las Malvinas; pronunciamientos de la OEA sobre la Embajada de México; entrevistas, encuestas, publicaciones y material audiovisual aportados para este artículo.
