17 de junio 2026
Estimadaos Lectores de Lalineadefuego
Colombia atraviesa por un proceso electoral en el que se presentan dos opciones políticas totalmente opuestas: una identificada con el progresismo y los sectores populares, y otra que representa a tendencias autoritarias e incluso fascistas. En este contexto, en las últimas semanas se ha observado un gran despliegue y reactivación de numerosos sectores sociales, barriales, juveniles, entre otros, con marchas, desfiles y pronunciamientos en favor de la democracia y de las conquistas alcanzadas durante el gobierno de Colombia Humana.
La Línea de Fuego pone a consideración de sus lectores uno de estos pronunciamientos difundido en estos días, en el que numerosos ciudadanos suscribieron una carta pública que recoge de manera sintética, orgánica y clara la necesidad de la unidad para frenar las intenciones autoritarias de facciones de la derecha del vecino país.
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CARTA PÚBLICA DE ACADÉMICOS E INTELECTUALES POR LA DEMOCRACIA, LA VIDA Y EL FUTURO DE COLOMBIA
Más allá de las cercanías, diferencias, críticas o desencantos que cada quien pueda tener frente al actual gobierno, consideramos que la coyuntura electoral que vive Colombia desborda una disputa ordinaria entre programas y propuestas de campaña. Lo que está en juego es la estabilidad de las instituciones democráticas, la vigencia del Estado social de derecho, el respeto por los contrapesos constitucionales y la posibilidad de tramitar nuestras diferencias sin convertir al adversario político en un enemigo a quien se puede o se debe exterminar. No se trata, por tanto, de pedir adhesiones incondicionales ni de borrar las divergencias legítimas que existen en la sociedad colombiana; se trata de reconocer que hay momentos en los que la defensa de unas reglas mínimas de convivencia democrática se vuelve una obligación ética y política compartida. En ese contexto, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la candidatura de Abelardo de la Espriella por las siguientes razones:
1. Uso de la inteligencia artificial y de estrategias digitales para manipular la opinión pública. Nos preocupa el uso de tecnologías digitales, campañas de desinformación y dispositivos de manipulación emocional orientados a deformar la conversación pública. Una democracia necesita debate, argumentos, información verificable y deliberación ciudadana; no puede reducirse a la producción artificial de miedos, adhesiones fabricadas, imágenes espectaculares o contenidos diseñados para sustituir el juicio crítico por reacciones inmediatas. Cuando la política se convierte en espectáculo algorítmico, la voluntad popular corre el riesgo de ser capturada por dispositivos opacos de persuasión y manipulación.
2. Construcción de un discurso de odio, autoritario y patriarcal.
Nos alarma la construcción de un discurso que identifica enemigos internos y habilita simbólicamente su persecución. La figura del “tigre”, la exaltación de la manada y la invitación a morder, atacar o destripar a todos aquellos que son presentados como una amenaza no son simples recursos de campaña, ya que expresan una forma patriarcal y autoritaria de entender la política desde la fuerza, la jerarquía, el control y la eliminación de las diferencias. Esta sensibilidad se sostiene en la veneración del hombre fuerte; aquel que castiga, no duda, promete derrotar a sus detractores a cualquier precio y convierte la agresividad en virtud pública. En un país atravesado por múltiples violencias, normalizar esa pedagogía de la crueldad significa empobrecer nuestra vida democrática y cerrar el paso a formas de convivencia fundadas en el cuidado, la cooperación, el reconocimiento de la diversidad y la defensa de lo común.
3. Fabricación de una política de guerra que involucra al conjunto de la población colombiana.
Nos inquietan los riesgos de una política de odio y exterminio, en especial por las consecuencias que puede traer para los sectores populares urbanos y rurales. La promesa de resolver problemas históricos mediante bombardeos, militarización, endurecimiento punitivo o nuevas formas de intervención armada desconoce que los costos de la guerra casi nunca los pagan quienes la proclaman desde los escenarios de poder y privilegio. Los pagan las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; los jóvenes empobrecidos; las familias que habitan territorios históricamente marginados; y las víctimas que padecen los efectos de la muerte, el desarraigo y el dolor. Colombia necesita seguridad, sin duda, pero una seguridad humana, civilista y en concordancia con la salvaguarda de los derechos humanos; no una reedición de políticas de seguridad antisubversiva que profundizan la violencia y cierran los caminos de la paz.
4. Desmonte del Estado social de derecho.
Rechazamos el posible desmonte del Estado y, en particular, de su dimensión social. En un país atravesado por desigualdades profundas, debilitar las instituciones públicas encargadas de garantizar derechos no significa reducir privilegios, significa dejar más desprotegidas y vulnerables a las mayorías. Durante los últimos años, Colombia ha tenido avances sociales relevantes en materia de reducción de pobreza, ampliación de derechos fundamentales como el de la educación, fortalecimiento de programas sociales, dignificación de sectores históricamente excluidos, como las mujeres y los jóvenes, y reconocimiento de poblaciones populares, campesinas, étnicas y trabajadoras. Destruir o debilitar esas capacidades estatales en nombre de una supuesta eficiencia puede conducir a una sociedad más desigual, fragmentada y expuesta al dominio de los poderes mafiosos o privados.
5. Afectaciones de tipo ambiental a los ecosistemas, los bosques y los páramos.
Tememos que una agenda extractivista de corto plazo ponga en riesgo los bosques, los páramos, las fuentes hídricas, los territorios campesinos y los ecosistemas estratégicos del país. Propuestas asociadas al fracking, la expansión irresponsable de la frontera extractiva o el debilitamiento de las regulaciones ambientales desconocen que la defensa de la naturaleza no es un debate ideológico, sino una condición elemental para la realización de la vida. Sin agua, sin bosques, sin suelos fértiles y sin territorios protegidos, no hay economía posible ni futuro digno que podamos dejarle a las próximas generaciones.
6. Aumento de la inestabilidad económica y social del país.
Advertimos los peligros económicos de una candidatura que ha manifestado cercanía con modelos de ajuste extremo. La promesa de destruir el Estado, reducir drásticamente sus funciones sociales y confiar la vida colectiva a los automatismos del mercado puede sonar atractiva para quienes viven protegidos por su riqueza, pero suele ser devastadora para quienes dependen de la salud y la educación pública, la protección laboral o el acceso a políticas de bienestar. Colombia no necesita saltos al vacío ni experimentos de laboratorio aplicados sobre la vida concreta de millones de personas. Necesita estabilidad económica con justicia social, responsabilidad fiscal con protección de derechos y transformación productiva sin sacrificio de los sectores más vulnerables de la población.
7. Debilitamiento del derecho a la educación. Observamos que el derecho a la educación queda reducido a la virtualización, la capacitación y el endeudamiento generalizado, cuando debería estar orientado hacia el desarrollo de todas las capacidades humanas, teniendo en cuenta los contextos sociales y territoriales, la producción de conocimientos creativos y la promoción de la investigación científica en defensa del interés nacional y de los objetivos comunes. Por todo lo anterior, las personas abajo firmantes, preocupadas por el futuro de Colombia y conscientes de nuestra diversidad de posturas, trayectorias y divergencias ideológicas, respaldamos la opción civilista, consensual y democrática que representan Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. Lo hacemos no desde la unanimidad ni desde la adhesión acrítica, sino desde la convicción de que Colombia necesita preservar la democracia, cuidar la vida, proteger sus instituciones republicanas, profundizar la paz, defender la naturaleza y abrir caminos de justicia social frente a las narrativas del odio, la guerra, el autoritarismo y la muerte.
