16 de junio 2026
El 19 de mayo de 2022, siete familias fueron violentamente allanadas por la policía con el objetivo de apresar a 9 militantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad.
El gobierno de Guillermo Lasso montó un falso positivo judicial para criminalizar la protesta social en el país y enviar un mensaje de amenaza a todas las organizaciones de izquierda. No fue una coincidencia que la detención a los guevaristas se diera 15 días antes del inicio del paro nacional convocado por las organizaciones indígenas y populares. Una estrategia que buscaba construir un enemigo interno que justifique la implementación de lo que llamaron “El Plan Ecuador”. Una copia del “Plan Colombia” para establecer un estado policiaco de persecución, encarcelamiento y asesinato de dirigentes sociales.
Durante el proceso judicial que duró 1 año, nuestros abogados defensores mostraron que este proceso estuvo absolutamente viciado, con una infinitud de nulidades que, claramente respondía a una política de criminalización de la lucha social. En la Audiencia preparatoria de juicio, nuestra defensa con pruebas en las manos evidenció los montajes de fiscalía, las rupturas de las cadenas de custodia, la ausencia de registro y de firmas de responsabilidad en los objetos obtenidos en los allanamientos; la ausencia de diálogo intercultural por el caso de los dos compañeros indígenas que violan los acuerdos de la OIT sobre pueblos indígenas; la indefensión en la que estuvieron nuestros familiares entro otros vicios. Sin embargo, los jueces llevaron a juicio a los 9 militantes y por presión del gobierno y de la embajada de los Estados Unidos, cuyos representantes asistieron al juicio, en abril de 2023, tres de los 9 compañeros fueron sentenciados.
A Gabriela Gallardo la condenaron a 5 años, a Carlos Carguachi a 13 años y a Omar Campoverde Quibiulco a 16 años. Nuestros abogados apelaron a la sentencia, proceso judicial que se ha dilatado durante estos tres años. En este tiempo, pese a no haber una sentencia en firme: Carlos Cargiuachi ha permanecido en una cárcel de Quito lejos de su comunidad indígena, lo que viola muchos derechos que él tiene por ser parte de los pueblos indígenas. Gabriela Gallardo, quien sufre de un tumor cerebral por el cual le otorgaron Habeas Corpus y le dieron prisión domiciliaria, ha sido víctima de la ilegal revocatoria de este derecho y enviada primero a la cárcel de Cotopaxi, luego a la de Tungurahua y finalmente a la de Guayaquil. Omar Campoverde ha sido trasladado de Quito a Cotopaxi y de ahí a la cárcel de Santa Elena que se ha convertido en un centro de tortura y exterminio.
Omar Campoverde, durante estos años injustamente encarcelado, desarrolló en la cárcel de Quito trabajo educativo y cultural como encargado de la biblioteca, construyó un boletín para que se oiga la voz de los presos, un club de literatura y un taller de educación popular y escritura creativa. De manera arbitraria fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde Omar formó el Comité de presos Nelson Mandela para luchar por los derechos de las personas privadas de la libertad. En este centro y como retaliación a su lucha por los derechos humano, el 19 de septiembre de 2025, Omar es sometido a crueles torturas por parte de la Policía Nacional. Omar con su dignidad de luchador social denuncia este crimen de Estado, sus abogados hacen la denuncia pública y empiezan el proceso judicial por esta violación a los derechos humanos de Omar. Su voz de denuncia molesta al poder, que, en el actual gobierno de Noboa, ha convertido las cárceles del país en centros de violación sistemática de los derechos humanos. El 17 de diciembre de 2025, Omar es trasladado a la denominada cárcel del “Encuentro”, que ha sido denunciada por varios organismos de Derechos Humanos del país como un centro de tortura. Desde esa fecha, Omar es incomunicado, no permiten la visita de sus abogados ni de sus familiares, vulnerando todos sus derechos.
El 9 de abril de 2026 se convoca a la audiencia de apelación y los jueces convocan la lectura de la sentencia para el 22 de mayo 2026. En un momento en que los jueces se retiran de la sala de zoom para deliberar, Omar logra abrir el micrófono y denuncia ante toda la audiencia compuesta por los abogados defensores, la representante de fiscalía y los familiares que ha sido víctima de nuevos hechos de tortura que incluía violencia sexual cometida por funcionarios de la seguridad del Estado. Ante esta grave denuncia, sus abogados hacen la denuncia formal y piden a Fiscalía que actúe de oficio, pues su representante oyó la denuncia de un crimen. Con estos antecedentes de convoca a una audiencia para receptar formalmente la denuncia de Omar para el día 28 de mayo y abrir una instrucción fiscal que investigue este delito. El día señalado se lleva a cabo la audiencia y Omar cuenta con detalle los crímenes de los que ha sido víctima que rebela una crueldad extrema a la que el Estado lo ha sometido a través de sus funcionarios. Estos detalles no podemos compartir pues nos encontramos en instrucción fiscal, solo podemos decir que las cárceles en Ecuador y sobre todo la llamada del Encuentro se han transformado en depósitos de seres humanos donde se enferman y mueren de tuberculosis, de hambre, de enfermedades curables de tortura.
Ante esta violación a los derechos humanos de Omar Campoverde hemos solicitado un Habeas Corpus para pedir por su vida, la misma que nos han negado. Apelamos a su solidaridad para hacer esta denuncia a nivel internacional y acompañarnos como veedores en este difícil proceso que atraviesan los presos políticos en el ecuador.
