Serie: “Lo que el papel no dice”
Jose Proaño
06 de noviembre 2025
Tercera entrega de una serie de tres notas conceptuales sobre los derechos de los pueblos indígenas, a partir de las cartillas publicadas por la CIDH e IWGIA (septiembre 2025).
Consulta Previa, Libre e Informada.
Esas palabras suenan bien. A veces hasta poéticas.Pero cuando llegan a los territorios, lo que muchas comunidades viven es otra cosa:
cronogramas apurados, traducciones improvisadas, decisiones ya tomadas.
Esta cartilla nos invita a preguntarnos:
¿Consulta o simulacro? ¿Participación o puesta en escena?
La cartilla presenta el derecho a la consulta y al consentimiento como un mecanismo de diálogo intercultural, centrado en la autodeterminación. Afirma que:
- La consulta debe ser libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
- El consentimiento no es automático, pero es obligatorio en 4 casos:
- Desplazamientos forzados
- Eliminación de residuos peligrosos
- Actividades militares
- Proyectos de gran escala
También reconoce que los pueblos han desarrollado protocolos de autoconsulta, basados en sus formas propias de gobierno y toma de decisiones. Y se plantean recomendaciones importantes para los Estados.
Lo que se filtra desde los territorios
Aunque la cartilla menciona que los procesos deben ser vinculantes y culturalmente adecuados, no se detiene en las violencias que surgen cuando el consentimiento es negado. ¿Qué pasa cuando una comunidad dice NO?
¿Se respeta? ¿O es el inicio de nuevos conflictos y disputas legales con las autoridades estatales?
La mayoría de los Estados avanzan igual, incluso sin consentimiento. El “derecho a ser consultados” se convierte en un trámite sin consecuencia real.
¿Consulta o consentimiento?
Muchos Estados confunden —o hacen que se confunda— la consulta con un trámite.
Pero consulta no es consentimiento. Y sin consentimiento, la autodeterminación queda en el aire. El derecho no es a ser “informados” de lo que ya se decidió. El derecho es a decir: no queremos eso aquí. Y que eso baste.
Protocolos propios: herramientas vivas, no formalidades
La cartilla acierta al destacar los protocolos comunitarios de consulta, elaborados por pueblos indígenas desde sus propias normas y sistemas de decisión. Estos documentos son más que formularios. Son expresiones de soberanía.
Dejan claro cómo debe hacerse un proceso de consulta según la cosmovisión y estructura de cada pueblo. Pero muchas veces, los Estados ignoran o minimizan estos protocolos.
Un ejemplo notable de esto es el Protocolo de Consulta y Consentimiento del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, adoptado como ley propia en 2023. En él, Sarayaku establece que cualquier proceso de consulta debe estar enmarcado en su cosmovisión del Kawsak Sacha (Selva Viviente), reconociendo al territorio como sujeto vivo con derechos. Este protocolo no es una adaptación cultural de procedimientos estatales, sino un marco jurídico originario, que afirma que sin consentimiento libre, previo e informado, ninguna intervención es legítima.
Sarayaku exige que cualquier proceso de consulta respete sus formas propias de deliberación colectiva, se realice en su lengua, con tiempo suficiente, y con base en una relación de igualdad y no subordinación. La consulta no es solo un mecanismo técnico: es una relación entre sistemas jurídicos distintos. Como declara el propio texto:
“No es posible la consulta sin el reconocimiento pleno del sujeto político y jurídico que somos como pueblo originario.”
Este protocolo se convierte en una referencia clave para otros pueblos que buscan ejercer su derecho a decir NO sin ser criminalizados por ello.
Veto, ¿sí o no?
La cartilla responde a un viejo fantasma: el miedo estatal a que el consentimiento se convierta en “veto”. Aclara que no se trata de una negativa arbitraria, sino de una decisión basada en principios colectivos: sostenibilidad ecológica, defensa del territorio, continuidad cultural, buen vivir. Llamarlo “veto” es deslegitimar una decisión tomada desde el derecho propio.
Si no hay reconocimiento mutuo, la consulta es pedagogía colonial:
un intento del Estado de “hacer entender” lo que ya está decidido, mientras que la verdadera consulta parte de otro lugar:
del reconocimiento de que hay otros sistemas jurídicos, otras formas de validar lo real, otros lenguajes para lo justo. No se trata de consultar más. Se trata de consultar de otra manera.
¿Y ahora qué?
Esta cartilla puede ser útil. Sirve para exigir procesos dignos, respaldar protocolos propios, y denunciar simulacros. Pero también debe recordarnos algo esencial:
Que decir NO es parte de la autodeterminación.
Que sin consentimiento libre, no hay diálogo. Hay imposición.
Y que la consulta solo tiene sentido si el Estado está dispuesto a dejarse transformar por la respuesta que reciba.
Accede a la cartilla completa aquí:
https://iwgia.org/es/recursos/publicaciones/5829-2025-derecho-a-la-libre-determinacion-consulta-y-consentimiento-libres,-previos-e-informados.html
Epílogo
Tres cartillas, una tensión
Estas tres cartillas, publicadas por la CIDH e IWGIA, representan un esfuerzo serio por traducir el lenguaje del derecho internacional hacia formatos accesibles, pensados para la defensa colectiva.
Y sin embargo, también revelan los límites de esa traducción:
el lenguaje legal puede acompañar, pero no sustituir la sabiduría ancestral. Puede proteger, pero no siempre repara. Puede regular, pero rara vez escucha.
Porque el derecho, para ser herramienta viva, debe poder sostener preguntas que no encajen en sus casillas.
Debemos recordar que la libre determinación no es una meta jurídica, es el aliento de quienes nunca aceptaron ser definidos por otros.
Solo voy a decir que el autor insiste en “autodeterminación” y “otros sistemas jurídicos” lo que implica la creación de micro-estados y por tanto convertir al Ecuador en un estado federal, que lo digan de frente para oponernos.