El Diplo No.270
5 octubre, 2026
Construcción de cárceles, cada vez más grandes, cada vez más cerradas, con los derechos humanos en deuda, con la promesa de los gobernantes de garantizar en ellas su máxima seguridad, es la oferta que en uno y otro de nuestros países estos hacen para enfrentar las crecientes olas de violencia (1). Una cresta seguritaria con soporte en el punitivismo penal. En Ecuador, cada día gana más espacio este discurso y esta oferta de “tranquilidad” para la ciudadanía.
La violencia callejera, en ascenso, gana espacio cada día en distintos espacios sociales. No es casual, entonces, escuchar testimonios cotidianos de personas que han sido asaltadas, así como recibir videos de robos a mano armada y hasta de muertes violentas en las calles. El miedo está presente. Cuando esto sucede, se aceptan soluciones improvisadas e irracionales y también nos creemos los discursos de mano dura.
Nadie quiere salir a la calle pleno de pánico, sintiendo que en cualquier momento será violentado. El deseo de tranquilidad es común a la especie humana. De ahí que el discurso de mano dura sea un recurso no solo para llegar al poder sino también una forma de ejercicio del poder. Sus manifestaciones son múltiples: la retórica del conflicto armado, las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana, los reiterados y continuos estados de excepción en los que se suspenden los derechos, la criminalización a quienes defienden derechos humanos y de la naturaleza, la censura y presión a los periodistas y medios de comunicación que disienten y critican al gobierno, las vulneraciones a los derechos humanos. Y en su base, el punitivismo penal.
El punitivismo penal
Estamos ante una de las formas de entender la política criminal, la misma que considera a la ley penal y al poder punitivo como los principales y únicos instrumentos para combatir el crimen. Habilita la coerción del Estado. Tiene un listado de conductas punibles y establece penas que son restrictivas de derechos. La más común y generalizada es la privación de libertad. El punitivismo apuesta a la idea de que aumentando los delitos y las penas, y aplicando sanciones severas a quienes delinquen, la sociedad se inhibirá de cometer delitos. Considera que tiene un efecto disuasivo.
Cuando el discurso punitivista es adoptado por los políticos, que se aprovechan del miedo de las personas, estamos ante el populismo penal.
Hay otras formas de comprender la relación entre la ley penal y el Estado. Los Estados que se definen como democráticos en sus constituciones, como es el caso de Ecuador y de todos los países de la región, limitan el ejercicio del poder punitivo. Esos límites se encuentran en la Constitución, que en sus desarrollos actuales organiza el poder, establece frenos y contrapesos, reconoce la independencia del poder judicial y, quizá lo más importante, se comprometen a respetar y garantizar los derechos de las personas que habitan en su territorio. Estos límites y vínculos nos llevan a un derecho penal mínimo, también conocido como garantismo penal. Se considera que si el fin fundamental del Estado es proteger derechos, entonces el uso de la coacción tiene que ser excepcional y proporcional, porque siempre esa intervención restringe derechos y podría vulnerarlos.
En este contexto, la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada debe enmarcarse en la lógica de los derechos, la democracia y el Estado de derecho. No prevenir ni enfrentar la violencia y el crimen organizado sería una grave omisión del Estado y una vulneración a los derechos. También enfrentar al crimen organizado, por cualquier medio, sería una vulneración a los derechos.
Como puede constatarse en la historia pretérita y presente de la humanidad, una política estatal punitivista, que suele sortear los límites que impone el derecho y los derechos humanos, tiende al autoritarismo, represión y vulneración masiva de derechos.
Una realidad, un exceso en el ejercicio del poder, para analizar la cual el penalista y criminólogo Zaffaroni suele recurrir a la metáfora de la cloaca, graficando con ella la relación entre poder punitivo y límites por los derechos. La violencia del Estado –que se manifiesta en el uso de la fuerza por parte de militares y policías, en allanamientos, detenciones y en particular en el encierro en cárceles, y las vulneraciones a derechos que pueden ocurrir, como las torturas, desapariciones o ejecuciones—, es como las aguas sucias de una cloaca que se dirige a una ciudad habitada. Los límites al poder punitivo –que son los derechos y las garantías– son diques que controlan esas aguas sucias. Los diques tienen que operar de forma inteligente. No pueden detener la fuerza de esas aguas o de ese poder porque se desbordarían, pero tienen que contener y canalizar esas aguas. Esa contención es el derecho penal mínimo. La idea es que la mayor cantidad de gente quede al margen de esas aguas y solo cubra a quienes rompen los márgenes establecidos por la ley. El populismo penal es contrario a esos límites (2).
Esta relación entre poder punitivo y límites no es mera retórica. En la historia está demostrado que todo país que quita los limite al poder punitivo del Estado acaba en genocidios: Armenia, Alemania, Guatemala, Ruanda, Palestina. También la historia nos demuestra que los países que apuestan al punitivismo penal, que es más agudo cuando se utiliza la retórica de guerra, más violaciones a los derechos humanos provocan.
Si bien el presidente Daniel Noboa en Ecuador ha apostado por el populismo penal, no es el primero en hacerlo en la historia nacional de este siglo.
El primer giro punitivista en el siglo XXI en Ecuador lo hizo el expresidente Rafael Correa Delgado. En el año 2014 expidió el Código Integral de Garantías Penales (Coip), un ambicioso proyecto que integró en un solo cuerpo normativo leyes penales sustantivas, procesales y de ejecución de penas. En esta ley se apreció un alejamiento a la Constitución del año 2008, que está cargada de derechos y de límites al poder punitivo. En lo sustantivo, la ley aumentó el número de delitos y también la duración de las penas –rompimos una tradición republicana de mantener el máximo de la pena en 16 años, incrementada a 40 años–. El código penal engordó. En materia procesal, se instauraron los juicios abreviados, que es una especie de pena sin juicio y multiplica el número de condenados. En materia de ejecución penal se restringieron las posibilidades de prelibertad y libertad condicional. Todo este paquete normativo representa una compleja política criminal punitivista. El efecto, inevitable, fue el aumento de la violencia estatal en desmedro de los derechos.
Cuando el presidente Noboa tomó el poder en el año 2023, había transcurrido casi una década desde que el Coip se expidió. Un buen tiempo para poder evaluar si el punitivismo penal fue eficaz en Ecuador para combatir el crimen organizado. Las cifras, en cuanto a muertes violentas, dan pista sobre ello: la tasa entre el año 2014 y 2020 fue aproximadamente de 8/100.000. El año 2021 subió a 14. Dos años más tarde, ya en la presidencia de Noboa, la tasa era de 44.5 (3).
Sin embargo, el presidente Noboa no miró para atrás ni aprendió las lecciones de la década punitivista. El 21 de abril de 2024 convocó al pueblo ecuatoriano a una consulta popular 9 de las 11 preguntas fueron sobre punitivismo penal: incremento de penas para 13 delitos, cumplimiento de pena sin beneficios penitenciarios, tipificación de porte de armas, apoyo a las fuerzas armadas. Se aprobaron leyes sobre extinción de dominio, integridad pública (que dispuso la expulsión de extranjeros condenados) y otras leyes que fueron cuestionadas en su constitucionalidad y están pendientes de resolución en la Corte Constitucional.
Al año siguiente, 2025, Ecuador subió la tasa de muertes violentas a un pico de 50.9, el más violento de la historia nacional. Esto significó un promedio de 25 homicidios diarios y compartimos con Haití el triste récord de tener la tasa más alta de mortalidad violenta de América Latina (4).
Aunque una respuesta completa sobre las razones del incremento de estas muertes puede tener muchas variables, lo cierto es que se podría afirmar que el Coip, y la política punitivista que le fundamenta, no fue eficaz. Ahora veamos qué sucedió con las cárceles.
La construcción de megacárceles
La cereza del pastel de toda política punitivista es la construcción de megacárceles. Tiene un efecto simbólico particular. Es una obra física, se puede ver, es tangible. Da una respuesta al miedo y al sentimiento de inseguridad ciudadana. La cárcel acaba siendo una promesa cumplida.
El presidente Noboa jugó siempre con la idea de diseñar un lugar siniestro para encerrar criminales. Afirmó que les pondría lejos del país, en unas barcazas en medio del mar. No cumplió con esta promesa. También se le ocurrió la genial idea de construir una cárcel en la Antártida (3). Tampoco cumplió. Finalmente, prometió una megacárcel, que la llamó cárcel del Encuentro, a la que dedicó particular atención y la construyó en tiempos récord.
Pero Noboa, una vez más, no fue el primero en hacerlo en el Ecuador ni en la región. Y tampoco se dio el tiempo para aprender de las experiencias vividas en el mismo Ecuador por la construcción de estos centros carcelarios.
El expresidente Rafael Correa inauguró en Ecuador la noción de megacárceles en el año 2014 (mismo año de la gran reforma a la ley penal). Construyó tres: las cárceles de Turi en el austro, de Latacunga en el centro del país y la Penitenciaria de Guayaquil en la costa ecuatoriana. De este modo centralizó el control penitenciario y masificó el encierro. Los efectos de la ley punitivista y de estas construcciones, fatales, no se hicieron esperar. El primero fue el hacinamiento. El segundo, inédito en la historia nacional: las masacres carcelarias.
Cuando se expidió la Constitución del año 2008 – que hemos dicho que fue garantista – la población carcelaria era de 12.000 personas. Cuando se expidió y aplicó el Coip la población subió a cerca de 26.000 personas. Al asumir el poder, el presidente Noboa, la población fue de aproximadamente 31.000 personas (5). Actualmente suman más de 39.000 las personas privadas de la libertad.
Al momento de llegar al poder el presidente Noboa, teníamos ya en Ecuador un problema serio en las cárceles. No solo que había hacinamiento, sino también que el Estado había perdido el control en su interior. En las cárceles mandaban los cabecillas del crimen organizado, con la aquiescencia de las autoridades penitenciarias (Snai).
Lo más grave sucedió en septiembre del año 2021. Al interior de la Penitenciaria del Litorial se enfrentaron dos bandas criminales y murieron alrededor de 120 personas. Las escenas fueron dantescas. Los cadáveres aparecieron apilados, cuerpos degollados, quemados, muertos de forma extremadamente violenta. El problema fue que las masacres continuaron. El 23 de febrero de 2021, 79 personas fueron masacradas el mismo día en Turi, Penitenciaria del Litoral y Latacunga. En noviembre del 2021, en la Penitenciaria del Litoral murieron violentamente 68 personas.
Como respuesta a esta violencia demencial en creciente, Noboa acude a los estados de excepción, a cuyo amparo el ejército toma el control de las cárceles. Sin embargo, el problema carcelario no se solucionó. Las masacres continuaron. En noviembre de 2024 murieron 17 personas en la Penitenciaria del Litoral, en septiembre de 2025 murieron 17 personas en la cárcel de Esmeraldas y 16 en la Cárcel de Machala (6). Si a estas muertes se agregan las nunca investigadas muertes por ahorcamiento, que se sospecha que también tienen que ver con rendiciones de cuentas entre bandes del crimen organizado, el total de muertes es de 868 bajo control estatal entre los años 2020-2025 (7).
Como si estos sucesos no fueran suficientes para evidenciar la ineficacia del punitivismo carcelario, durante la adminstración del presidente Noboa y bajo control militar sucedió en las cárceles un problema humanitario y sanitario grave. Por un lado, se denunció que existe hambruna que afecta a aproximadamente 35.000 presos de 36 cárceles del país; por otro, más de 600 personas han muerto por tuberculosis (8).
Sin reparar en el fracaso penitenciario para cumplir con el mandato constitucional, que ordena que el sistema penitenciario se organiza para rehabilitar a las personas, al presidente Noboa no se le ocurre otra cosa que construir otra megacarcel de máxima seguridad, que la denominó “La cárcel del Encuentro”. Esta cárcel, según se denunció, se construyó en un lugar que tiene un valor ecológico y construida sin hacer consulta alguna a las comunidades aledañas (9).</span
“El Encuentro”, ubicada en la provincia de Santa Elena, entró en funcionamiento en noviembre del año 2025. Fue diseñada para albergar a 800 personas consideradas de alta peligrosidad, y para cabecillas de los grupos de delincuencia organizada. Se conoce que ya están allímás de 600, entre ellas el exvicepresidente de la República, Jorge Glas; el actual alcalde y uno de los más destacados opositores del gobierno, Aquiles Álvarez; el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exministro del interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha denunciado que a esas personas les han restringido sus derechos a la visita, la comunicación familiar, a la integridad personal y que las han incomunicado con sus abogados y familiares (10).
Balance y perspectivas de las políticas punitivistas y las megacárceles
La aplicación de las políticas punitivistas y la construcción de megacárceles, que es una política continua desde el año 2014, no ha demostrado tener efectos en la disminución del crimen organizado. Al contrario, las cifras de la violencia en Ecuador han aumentado, tanto en la criminalidad organizada como en las vulneraciones a los derechos humanos.
El punitivismo penal ya no solo es local sino que responde a una situación regional y global. El 7 de marzo de 2026 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la presencia del Ecuador y de otros presidentes de países de la región, proclamó el Escudo de las Américas. Su objetivo: coordinar operaciones para combatir al crimen organizado. Desde esa fecha, Ecuador ha recibido la visita de altos personeros de los Estados Unidos, incluído el Secretario de Estado, Marco Rubio. Ahora se hacen operativos militares compartidos en el mar costero ecuatoriano. Hasta el momento se han reportado 10 embarcaciones bombardeadas por supuesta participación en el tráfico de combustibles y drogas.
Creer que las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía, las cárceles, los estados de excepción, la retórica de la guerra, el apoyo militar norteamericano, erradicarán el crimen organizado no solo es una mirada miope, incompleta, restrictiva, sino que es autoritaria, que termina multiplicando la violencia.
Hay que buscar por otro lado las soluciones. Quizá, como sostiene en su libro el criminólogo canadiense Irving Waller, la solución pase por construir más escuelas y menos cárceles. Esto quiere decir que el enfoque puede ser más efectivo si se lo hace desde las políticas públicas inclusivas y con enfoque de derechos humanos, en lugar de apostar por la represión y la estigmatización de grandes segmentos de la población (11). Al final, a quienes se aplican las leyes penales no son las personas que están dirigiendo los grandes carteles de drogas, muchas veces en complicidad con altas autoridades del Estado, sino contra los más pobres y marginales, que gran parte de las veces el único servicio público que reciben es la cárcel.
Otra solución, que requiere del consenso y la cooperación internacional, es considerar el de las drogas como un problema de mercado y de salud pública. Esto implica la regularización. Seguramente no se resolverá el problema de la adicción y consumo de las drogas, pero muy posiblemente la violencia que provoca la ilegalidad y el combate mediante la punición disminuirían de forma drástica. Si hay un mercado que la guerra no ha podido eliminar, quizá convenga convertir a esos traficantes en empresarios y a esos miembros de Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) en trabajadores. Paralelo a ello, centrar la atención del Estado en los problemas sociales de fondo, que encementan el piso para la expansión de la delincuencia: la inequidad, la exclusión y la pobreza sistémica.
1. InSight Crime, “Mapa de las Megacárceles en América Latina”. https://insightcrime.org/es/noticias/mapa-megacarceles-america-latina/
2. E. R. Zaffaroni, Estructura básica del derecho penal (Buenos Aires: Ediar, 2009),
3. Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, https://oeco.padf.org/datos/
4. Jon Lee Anderson, “Ecuador’s Risky War on Narcos”, The New Yorker https://www.newyorker.com/magazine/2024/06/24/ecuadors-risky-war-on-narcos
5. Censo penitenciario. https://www.atencionintegral.gob.ec/censo-penitenciario-finalizo-en-ecuador-con-31-319-personas-privadas-de-libertad-censadas/
6. El País, “Una nueva masacre carcelaria deja 32 presos muertos en Ecuador”, https://elpais.com/america/2025-11-10/al-menos-32-presos-asesinados-en-una-masacre-carcelaria-en-ecuador.html
7. CDH, Reporte sobre crisis en la Penitenciaria del Literal. https://www.cdh.org.ec/informes/674-alto-a-la-masacre-en-penitenciaria-del-litoral.html
8. El País, “Morir de hambre y tuberculosis en prisión: la crisis sanitaria devora las cárceles de Ecuador”. https://elpais.com/america/2026-01-26/morir-de-hambre-y-tuberculosis-en-prision-la-crisis-sanitaria-que-devora-las-carceles-de-ecuador.html
9. CDH, Demanda contra cárcel de Santa Elena. https://www.cdh.org.ec/actividades/647-demanda-contra-carcel-en-santa-elena.html
10. CDH, Por el derecho de las familias a mantener el contacto con sus seres queridos https://www.facebook.com/CDHGuayaquil/posts/-por-el-derecho-de-las-familias-a-mantener-el-contacto-con-sus-seres-queridosel-/1394995022834788/n
11. Irving Waller, Menos represión. Más seguridad. Verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia (México: INACIPE, 2007).
Nota: declaro que utilicé IA para hacer los cuadros y también como fuente primaria de información. Las fuentes fueron verificadas. No fue usada en la estructura del ensayo, la escritura ni en la edición.
* Abogado. Constitucionalista. Sociólogo del derecho. Ex juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador. ramiro.avila@uasb.edu.ec
