Alejandro Mantilla
Fundación Rosa Luxemburg
24 de mayo 2026
Pronósticos
A unas semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, el oficialismo progresista parece más cerca de la continuidad que de la derrota. De acuerdo con todas las encuestas publicadas en el último mes,[1] la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué tendría la mayor votación en primera vuelta. Invamer le atribuye una intención de voto del 44,3 %, GAD3 un 36 %, Guarumo el 38 %, Atlas Intel un 37,4 % y el Centro Nacional de consultoría un 37,2 %.
Las encuestas también coinciden al señalar que las dos candidaturas de derecha, encabezadas por Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, hoy se disputan el paso a segunda vuelta. Aunque las diferencias varían según la medición, De la Espriella aventaja a Valencia en todos los sondeos: 21,5 %/19,8 % en Invamer; 21 %/13 % en GAD3; 29,4 %/20,9 % en Atlas Intel; 20,4 %/15,6 % en CNC; y 23,9 %/22,8 % en Guarumo.
Mientras la candidatura de izquierda encabeza la intención de voto en primera vuelta y la derecha dividida vive una agitada pugna, el centro político consolidó su retroceso. En el último mes, las candidaturas encabezadas por Sergio Fajardo y Claudia López muestran un techo del 4 % de la intención de voto.
Las cinco encuestadoras coinciden en sus pronósticos para la primera vuelta, pero frente a la segunda (en la que el candidato ganador necesita más del 50 % de los votos) se registran diferencias relevantes. Invamer, GAD3 y el CNC señalan que Cepeda derrotaría a De la Espriella y a Valencia en segunda vuelta. Guarumo arroja una apretada victoria de Cepeda frente a De la Espriella y augura su derrota frente a Valencia. Atlas Intel plantea que Cepeda sería derrotado por los dos candidatos de derecha en segunda vuelta.
El favoritismo de la izquierda, la división de la derecha, el desastre del centro y una competencia apretada en segunda vuelta son tendencias que resultan de la reconfiguración del panorama político en Colombia.
Los pasos adelante
El favoritismo de Cepeda (así como sus limitaciones) depende directamente del desempeño del gobierno de Petro, cuya administración ha transmitido una imagen de búsqueda de cambio social que se expresa principalmente en cuatro puntos:
Una agenda de reformas sociales redistributivas con énfasis en recuperar derechos laborales, cambios en el sistema de seguridad social, avances en la garantía de la educación pública, y adjudicación de tierras para familias campesinas, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
Un liderazgo alternativo en debates globales en medio de la oleada militarista y el avance de la derecha mundial, como el rechazo del genocidio en Gaza y la confrontación con el gobierno de Trump por la deportación de colombianos.
El explícito distanciamiento frente a la agenda extractivista y a la dependencia de los combustibles fósiles como estrategias de desarrollo económico.
Un discurso de enfrentamiento hacia el poder político y económico tradicional.
Petro no ha traicionado su discurso de cambio. Ha tenido resultados legislativos y se ha acercado a sectores desatendidos por los gobiernos anteriores. La reforma laboral, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, el aumento de recursos para las universidades públicas, la reglamentación de la ley sobre territorios afrocolombianos, la constitución de entidades territoriales indígenas y el aumento del salario mínimo son algunos logros destacados. Estos avances se han gestado pese a la resistencia de la oposición y a las diferencias con sectores del Estado que no se alinean con el ejecutivo.
En ese marco, el gobierno ha agitado un mensaje efectivo: los éxitos se derivan de la acción gubernamental, pero los fracasos se deben a factores externos. El gobierno ha aprovechado la presión de la oposición, el escrutinio de la prensa corporativa, los fallos adversos de la rama judicial y las diferencias con la junta directiva del Banco Central como factores que lo favorecen. Esas tensiones han evitado el desencanto de su electorado, pues propician una imagen de gobierno bienintencionado pero perseguido, bloqueado por sus enemigos. En contraste, sus detractores interpretan esas pugnas como amenazas del ejecutivo a la institucionalidad.
A diferencia de otras experiencias de gobiernos progresistas en la región, el gobierno de Petro mantiene lazos sólidos con los movimientos sociales. No se evidencia un distanciamiento, una ruptura o el paso a la oposición de los sectores populares con capacidad de movilización. Esto incluye a los movimientos sociales más críticos con las políticas pendientes del gobierno y a las organizaciones que se han movilizado para forzar negociaciones y mesas de diálogo con altos funcionarios.[2] En las administraciones de Uribe, Santos y Duque, la movilización social procuró el cambio enla orientación de las políticas públicas y el modelo económico. En la administración de Petro la movilización ha buscado que el gobierno cumpla con su propio programa. Así, el respaldo de las organizaciones sociales a Cepeda refleja una mezcla de convicción y acción racional, pues la confianza en la continuidad reafirma tanto la posibilidad de cambios generales de la política pública, como las expectativas por los beneficios que conllevan esas transformaciones.
Los sectores políticos que rodean al gobierno actual y a su candidato afín se han agrupado electoralmente en el Pacto Histórico (PH) de manera compacta. Esa coalición incluye a la izquierda histórica (es importante la participación de Aida Quilcué, venida del movimiento indígena y con experiencia parlamentaria), a expresiones electorales de los movimientos sociales, a políticos tradicionales en trance de conversión (o de oportunismo) y a nuevas figuras impulsadas por el trampolín de las redes sociales. Las iniciativas electorales que desde el espectro progresista han pretendido autonomía frente al PH, o bien han fracasado electoralmente, o bien no tienen mayor futuro al margen de esa coalición. Es el caso de las listas al congreso impulsadas por Roy Barreras y Carlos Caicedo, dos candidatos presidenciales con escasas (por no decir nulas) posibilidades.
En suma, tanto electoral como socialmente, la candidatura de Iván Cepeda refleja un bloque compacto, sin mayores fisuras, a pesar de las tensiones internas.
Los tropiezos
La mirada optimista de los partidarios de la continuidad se opaca ante ciertos claroscuros del gobierno actual que seguramente incidirán en la elección venidera.
Los agonismos internos[3] han marcado al gobierno desde su inicio. La rotación de ministras y ministros por diferencias con el presidente, las tensiones reflejadas en los consejos de ministros y las diferencias entre los altos funcionarios de la izquierda con un ala proveniente de la política tradicional (en especial con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la hoy embajadora Laura Sarabia) han marcado episodios que han mostrado profundas fracturas al interior de la administración. Esto repercute ante la opinión y, seguramente, impacta de manera negativa en la gestión del ejecutivo. La paulatina desaparición de la vicepresidenta Francia Márquez de los debates públicos ha sido un síntoma de un problema más general.
Asimismo, el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la detención del hijo del presidente por inconsistencias en la financiación de la campaña o el inusitado peso de una novel funcionaria candidata a viceministra de Juventudes que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo son factores que han afectado profundamente al gobierno ante la opinión pública.
Los fracasos de piezas fundamentales del programa de Petro, como la reforma a la salud o la política de paz, han traído graves consecuencias para la sociedad y para la administración. Aunque el gobierno no ha conseguido que se apruebe una reforma al sistema de salud, la reacción de los gestores privados ligados al capital financiero ha ocasionado una crisis que el gobierno no ha sabido contrarrestar, lo que ha aumentado los reclamos de pacientes en todo el país.
En materia de paz, la ambiciosa política gubernamental consistente en mantener diálogos con una amplia diversidad de grupos armados ilegales[4] ha fracasado estruendosamente, lo que ha causado el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país. Según los datos de Indepaz,[5] 22 líderes sociales han sido asesinados desde abril (con corte al 10 de mayo), lo que equivale a un asesinato cada 48 horas en este período. La aparición de nuevos actores armados tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 y la correlativa competencia por el copamiento territorial entre estructuras armadas legales e ilegales ha profundizado la situación de inseguridad en varias regiones del país, lo que hoy es aprovechado por las candidaturas de oposición.
Tal vez la principal limitación del gobierno consistió en un alto grado de incertidumbre sobre el marco general de su proyecto societal. En sus dos primeros años, osciló entre el ajuste institucional propio de la llegada al Estado y la paranoia (a veces exagerada) por la posibilidad de un “golpe blando”. Su urgencia en ese lapso fue mantenerse en el gobierno, por encima de la capacidad de ejecutar un plan con vocación sistémica. La animadversión entre el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el presidente así lo revela.[6] La gestión de la economía incurrió en reiteradas decisiones a favor del endeudamiento, que seguramente tendrá efectos negativos para el próximo gobierno, y los tribunales rechazaron de manera sistémica los decretos de emergencia económica. Sin embargo, el gobierno mantiene resultados económicos razonables. El dólar no se disparó, el desempleo se mantiene en los niveles más bajos del siglo y no hay un grave brote inflacionario a la vista.
La (aparente) división de la derecha
A pesar de las dificultades, imprecisiones y errores del gobierno nacional, en estos cuatro años la oposición no ha logrado canalizar una coalición unitaria, un liderazgo claro o un bloque social con capacidad movilizadora que ocupe las calles.
Esa debilidad es sintomática de las dificultades de la derecha colombiana para tejer un bloque con un proyecto definido. Las investigaciones judiciales al expresidente Álvaro Uribe y el legado de derrota de su discípulo Iván Duque son síntomas de un grave problema de liderazgo de la derecha colombiana. No en vano, en la elección de 2022 fue un líder político regional ajeno a las élites políticas, quien disputó la segunda vuelta con Gustavo Petro tras el fracaso electoral de Federico Gutiérrez, el candidato arropado por Uribe.
Una parte de este fracaso radica en una carencia de repertorios innovadores, pues sus proyectos de sociedad reiteran la predecibley fracasada combinación entre militarización y neoliberalismo. Recetas peligrosas, impopulares y poco creativas. En suma, para la derecha el único punto de su agenda es detener a la izquierda para recuperar el control del ejecutivo.
Ante el bajo desempeño de los políticos profesionales, algunos sectores empresariales buscaron a una outsider que encarnara el espíritu de la época de la derechización global. Así apareció la precandidatura de la periodista Vicky Dávila, apadrinada por el segundo hombre más rico de Colombia, Jaime Gilinski. Sin embargo, la expectativa de una “Milei cafetera” nunca se cumplió, lo que llevó a la aparición del abogado Abelardo de la Espriella. “El Tigre”, como se hace llamar en una poco disimulada copia del libertariano argentino, ha repetido con obediencia el libreto de la derecha continental inspirada por Trump y el exilio miamense. Allí donde la periodista Dávila no logró despegar, De la Espriella ha sido la respuesta a las plegarias de la teología de la prosperidad que sueña con rebajas de impuestos, recortes de derechos y emprendimientos en el mundo de la machosfera.
Pero el outsider necesita una insider. En un régimen político donde la oligarquía local y la tecnocracia neoliberal tienen un peso complementario, el expresidente Uribe optó por ampliar su alcance para cautivar sectores afines sin matricularlos como militantes de su partido. Para lograrlo, escogió a como precandidata a Paloma Valencia, nieta de un expresidente conservador y reconocida heredera de capital político y hacendatario. A continuación, la incluyó en la llamada “consulta por Colombia”, convergencia inicialmente convocada por algunas figuras de centro-derecha. Valencia ganó con holgura la consulta para escoger candidata presidencial en esa alianza. Con ese movimiento, el uribismo logró colonizar el centro político, aunque de hecho venga de los sectores más extremos del panorama político colombiano. Para sellar esa imagen de derechista con lavado de marca hacia el centro, Valencia escogió como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata integrante de la comunidad gay con una gran capacidad comunicativa y una imagen fresca que compensan el conservadurismo extremo de la candidata presidencial.
Así, Valencia y De la Espriella le apuntan a un juego de relevos en el que conquistan sectores electorales complementarios. El excéntrico abogado juega a emular a Milei y a Bukele; Valencia aparece como la representante de los poderes tradicionales que puede dialogar con el centro político. Así aspiran a sumar sus votos para enfrentar al adversario común en segunda vuelta. Sin embargo, ese proyecto tiene dos problemas. Por un lado, el escenario remoto, pero no imposible, de una victoria de Iván Cepeda en primera vuelta. Por otro, que la competencia entre las dos candidaturas de la derecha se polarice de tal forma que se generen heridas que dificulten su esperada suma de votos en las elecciones de junio.[7]
Una elección apretada
El favoritismo de Iván Cepeda no implica una victoria asegurada en la elección presidencial. De no ganar en primera vuelta, o no obtener una ventaja considerable hacia la segunda, la reelección del progresismo estaría en serios problemas. Un escenario polarizado hacia la segunda vuelta podría serle adverso si se considera el reciente intervencionismo electoral del gobierno de Estados Unidos en la región. En un contexto de polarización, o de empate técnico entre las dos fuerzas en contienda, el gobierno de Trump podría inclinar la balanza. La inquietud por la reciente filtración de audios del narcotraficante hondureño Juan Orlando Hernández es apenas una manifestación de ese riesgo.[8]
Ante un escenario tan abierto y peligroso, los senderos del jardín se bifurcan. Una eventual victoria de la derecha conllevaría un paso más de la administración Trump en la región; un inmediato retroceso en la garantía de derechos sociales de la clase trabajadora, y posibles ataques a las libertades de las mujeres y las personas LGTIBQ+. Sin embargo, se trataría de un gobierno que tendría que enfrentar a uno de los movimientos sociales mejor organizados y con mayor capacidad de movilización del continente; además, con liderazgos que, a diferencia del pasado, hoy conocen el Estado desde adentro.
Una victoria de Cepeda podría apuntar a construir un plan de gobierno más ordenado, con menos improvisación, menos agonismo interno y mayor coordinación entre el presidente y sus funcionarios. En un contexto de derechización global y regional, la victoria del progresismo podría generar un nuevo referente para la izquierda latinoamericana, pero eso exigiría una reflexión sobre el proyecto de sociedad que la nueva administración pretende defender, y cómo las reformas se enmarcan en esa visión política. Ya no se trataría de un gobierno cuya principal tarea sea mantenerse, sino de un compromiso sobre una reforma moral e intelectual que transforme al país. No obstante, las dificultades en seguridad, unas finanzas públicas maltrechas, una relación de fuerzas adversa en el congreso y las cortes, así como un escenario geopolítico caótico, son claras restricciones para la acción emancipadora.
Pase lo que pase, el panorama del sistema político varió sustancialmente en el último lustro, en comparación con la horrible noche de inicios de siglo.
Referencias:
Mouffe, Ch. (2013). Agonística. Pensar el mundo políticamente. FCE.
[1] Puede consultarse la comparación de resultados y su ponderación en: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/ponderador-de-encuestas-a-un-mes-de-la-primera-vuelta-de-2026/
[2] Según el dato aportado por el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, en conversación personal, el gobierno de Petro ha mantenido al menos 130 mesas de diálogo con movimientos sociales, en las que participan varios ministerios e instituciones estatales de orden nacional y más de 300 mesas locales para revisar política pública.
[3] Aquí replanteo el concepto de ‘agonismo’ acuñado por Chantal Mouffe (2013). Por agonismo interno me refiero a la consideración de un “ellos rival” en el seno de lo que debería configurarse como el campo del “nosotros”.
[4] Estos incluyen a la guerrilla del ELN, las organizaciones disidentes de las antiguas FARC, los grupos paramilitares y algunas expresiones de crimen organizado urbano.
[5] Véase https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
[6] Véasehttps://www.eltiempo.com/politica/gobierno/jorge-ivan-gonzalez-renuncia-a-planeacion-nacional-dnp-por-diferencias-con-petro-850561
[7] Véase https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-05-10/la-derecha-colombiana-se-ataca-a-si-misma-mientras-la-izquierda-observa.html
[8] Véase https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/05/03/mundo/milei-aporto-350-mil-dolares-a-campana-para-desprestigiar-a-sheinbaum-y-petro
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