17 de agosto 2026
La minería, que para los pueblos amazónicos viene a dar lo mismo si es legal o ilegal, avanza con inusitada violencia. Para debatir y enfrentar este y otros problemas por los que atraviesa la región, en Puyo se desarrolla hasta el 21 de agosto el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), en el que se reúnen organizaciones indígenas, sociales y ambientales.
El encuentro busca poner en el centro las voces de los pueblos que habitan la cuenca amazónica y los desafíos que enfrentan sus territorios, más cuando, a excepción de Brasil, los gobiernos que tienen incidencia en ella están cooptados por una derecha depredadora que no tiene interés ni en proteger la Amazonia, ni en los pueblos que en ella habitan.
Pero, ¿qué está realmente en juego en esa parte de la Amazonía que corresponde al Ecuador?
La Amazonía ecuatoriana forma parte de la cuenca amazónica, y se extiende al este de la cordillera de los Andes. El territorio está atravesado por una extensa red de ríos, entre ellos el Napo, Aguarico, Pastaza, Putumayo y Curaray. Estos sistemas fluviales, que nacen en los páramos serranos, sostienen ecosistemas, sirven como vías de movilidad y alimentación, y forman parte de los territorios ancestrales de diversos pueblos y nacionalidades indígenas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) reconoce 11 pueblos y nacionalidades indígenas que habitan este territorio, cada uno con sus propias formas de organización, prácticas culturales y conocimientos ancestrales, vinculados estrechamente con el territorio y sus ecosistemas.
Quizá entre los conocimientos más sensibles, y que podrían extinguirse, están la medicina tradicional, así como los significados de sus danzas, cantos y ceremonias. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, también comprenden formas de relacionarse con los bosques y los ríos, de organizar la vida comunitaria y de comprender la espiritualidad, por lo que el territorio constituye un elemento fundamental para la preservación de su identidad y cultura.
Sin embargo, la Amazonía no es únicamente un espacio de riqueza natural y cultural, también es un territorio donde convergen intereses económicos, ambientales y sociales vinculados con la explotación petrolera y minería, proyectos hidroeléctricos y de infraestructura, expansión agropecuaria, conservación de bosques, turismo, economías ilegales. Este cruce de intereses convierte a la región en un espacio de disputas sobre el uso del suelo, los recursos naturales y el territorio, pero también sobre el derecho a participar y decidir sobre el futuro de las comunidades y pueblos que lo habitan.
A escala nacional, Ecuador ha perdido aproximadamente 1,1 millones de hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2025, según Global Forest Watch. Durante este periodo, Sucumbíos registró la mayor pérdida de cobertura arbórea del país, con aproximadamente 200.000 hectáreas, seguida de Orellana, con 170.000 hectáreas.
La actividad petrolera no parará
La actividad petrolera seguirá dejando su triste huella ambiental a través de derrames imparables y otros incidentes registrados durante décadas de explotación. Cuando el crudo alcanza los ríos y suelos, las consecuencias se extienden a fuentes de agua, zonas de pesca, cultivos y espacios utilizados cotidianamente por las comunidades.
La CIDH señaló que entre 2012 y 2022 se registraron 1.584 derrames petroleros en Ecuador y que, según información del entonces Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la principal causa estuvo relacionada con la falta de mantenimiento de oleoductos.
Uno de los casos más graves ocurrió el 7 de abril de 2020, cuando la rotura de infraestructura petrolera provocó un derrame de aproximadamente 15.800 barriles de hidrocarburos que contaminaron los ríos Coca y Napo. Organizaciones de derechos humanos estimaron que alrededor de 27.000 personas y 105 comunidades resultaron afectadas directamente. Cinco años después, las consecuencias del derrame persisten y se han paralizado los procesos y demandas interpuestas por las comunidades kichwa amazónica.
Esta historia es recurrente, pues volvió a repetirse el 16 de junio de 2025. Un derrame petrolero en la cuenca del río Napo afectó a comunidades kichwa de la Amazonia ecuatoriana. Según la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonia (FCUNAE) y Amazon Frontlines, las comunidades amazónicas denunciaron que no habían recibido alertas preventivas suficientes. También cuestionaron que la respuesta se concentrara en la contención y en garantizar el transporte del crudo, mientras reclamaban atención para las familias afectadas: agua segura, alimentos, salud e información pública.
En noviembre de ese mismo año, otro derrame ocurrió cerca de El Coca, en la provincia de Orellana. El incidente, registrado el 20 de noviembre, afectó una finca rural de la comunidad El Conde, en la parroquia García Moreno, y en el 2026 los derrames se han vuelto recurrentes debido al mal estado de las tuberías ya que no existe un programa de mantenimiento y, al parecer, los gobiernos han preferido extraer todo el crudo posible antes de que todo colapse
La actividad minera en el centro de la violencia
Zamora Chinchipe se ha convertido en uno de los focos de expansión de la minería de oro en el sur de la Amazonía ecuatoriana. El informe MAAP #243, Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Sur – Provincia de Zamora Chinchipe, elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), Amazon Conservation y la Fundación EcoCiencia, analizó mediante imágenes satelitales, cuatro zonas de la provincia entre 2021 y 2025: la Reserva Natural Maycú; el Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza; el Parque Nacional Podocarpus; y la Reserva Biológica Cerro Plateado. En estos cuatro casos se identificaron áreas totalmente destruidas por actividades mineras.
Esta expansión se concentra en áreas protegidas y otras zonas de conservación. Entre ellas se encuentran el Parque Nacional Podocarpus, el Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza y la Reserva Natural Maycú.
La dimensión del crecimiento también puede observarse a escala provincial. Datos de MapBiomas y la Fundación EcoCiencia utilizados por MAAP muestran que la superficie acumulada asociada a la actividad minera en Zamora Chinchipe pasó de aproximadamente 5 hectáreas en 1995 a 6.802 hectáreas en 2024. Es decir, en menos de tres décadas, la superficie identificada con actividad minera aumentó más de mil veces.
Territorios Indígenas bajo asedio
Un análisis realizado en 2025 como parte del proyecto periodístico transfronterizo “Hasta la Última Gota” – liderado en Ecuador por InfoAmazonia – indicó que 207 de los 437 territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana se encuentran afectados por bloques petroleros. Esta superposición evidencia una de las principales tensiones de la región: un mismo territorio puede ser, simultáneamente, espacio de vida y territorio ancestral para una comunidad, zona de conservación y área de interés para la explotación de recursos naturales.
El conflicto por el territorio también ha llegado a la justicia. En el caso de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, la Corte Constitucional analizó el incumplimiento de las medidas de reparación relacionadas con las concesiones mineras que afectaban los ríos Chingual y Cofanes.
En enero de 2025, la Corte concluyó que una de las medidas de reparación había sido incumplida y estableció que el proyecto de reparación ambiental debía contar necesariamente con la participación de la comunidad en su planificación y ejecución.
Posteriormente, la Corte estableció la anulación de las concesiones mineras que afectaban el territorio A’i Cofán de Sinangoe, y señaló afectaciones a los ríos Chingual y Cofanes. La sentencia también vinculó la reparación con la vulneración de los derechos de la naturaleza y del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
También el caso de los mecheros que contaminan el ambiente donde viven comunidades indígenas de Sucumbíos y Orellana tuvieron un éxito en los tribunales de justicia y en la Corte Constitucional.
Los triunfos judiciales que alegraron a las comunidades indígenas pero el tiempo que va pasando sin que se cumplan las resoluciones judiciales o constitucionales los está desilusionando, hasta el punto que llegan a preguntarse si vale la pena seguir confiando en la justicia o en el entramado institucional ecuatoriano
Lo que está en juego y a lo que el FOSPA intentará responder
En la Amazonía están en juego los bosques, los ríos y la biodiversidad, pero también la posibilidad de que los pueblos y nacionalidades indígenas puedan decidir sobre los territorios que han ocupado ancestralmente.
Está en juego el modelo de desarrollo que el país quiere sostener: uno basado en la extracción de petróleo y minerales, o uno que encuentre formas de generar bienestar sin profundizar la degradación de los ecosistemas y los conflictos territoriales.
Y está en juego la capacidad del Estado para prevenir los impactos, garantizar información, respetar los derechos colectivos y reparar a las comunidades cuando esos derechos son vulnerados.
En este contexto, el XII Foro Social Panamazónico, que por primera vez se realiza en Ecuador, llega a Puyo como un espacio donde estas discusiones no podrán permanecer en lo abstracto. Son debates necesarios en territorios donde existen ríos contaminados, bosques transformados, concesiones mineras, bloques petroleros y comunidades que llevan años reclamando ser escuchadas.
La pregunta que el FOSPA se deberá responder es sobre cuál es su real capacidad de incidencia, con qué mecanismos puede frenar la depredación y, sobre todo, cuánto tiempo los pueblos podrán resistir la presión del extractivismo con gobiernos favorables a las empresas y a los grupos de poder económico.
Sin duda es muy dura la tarea que este Foro tiene sobre sus espaldas.
Jhon Byron Guevara Correa, egresado de la carrera de Comunicación Social con énfasis en Periodismo de la Universidad Central del Ecuador. Su trabajo combina la investigación periodística con la producción audiovisual, la creación de contenidos, fotografía y la gestión de redes sociales. Actualmente es voluntario en el área de comunicación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH.
