19 de mayo 2026
Desde hace muchos años, las universidades ecuatorianas se deslizan, con paso lento y constante, hacia la intrascendencia. Se han volcado sobre sí mismas, han renunciado a leer las demandas objetivas del país, y han ido perdiendo la capacidad —que en otro tiempo tuvieron, con más continuidad que ahora— de producir las élites intelectuales y técnicas que una comunidad política necesita para discutirse a sí misma con seriedad. No es un episodio coyuntural ni una mala temporada institucional. Es una deriva estructural que erosiona el papel histórico de la universidad como motor de desarrollo y como conciencia crítica de la sociedad.
Los indicadores cuantitativos ofrecen una fotografía ambigua. En los rankings regionales —QS Latin America, Times Higher Education— la ESPOL y la USFQ sostienen posiciones decorosas; la oferta de posgrados se ha multiplicado en menos de una década; algunas líneas de investigación han ganado densidad real. Pero esa contabilidad esconde una corrosión cualitativa que ningún ranking captura. Ecuador figura, junto al Perú, entre los países latinoamericanos con mayor proporción de publicaciones en revistas depredadoras. El sistema de posgrado ha crecido sin un correlato proporcional de control académico. Los presupuestos —los de las públicas, sobre todo— se contraen en cada ciclo fiscal. Y en el plano simbólico, casos recientes de validación expedita de “trayectorias profesionales” mediante el mecanismo de la VTP —una figura legítima en abstracto, pensada para reconocer aprendizajes adquiridos fuera del aula— han mostrado lo que ocurre cuando ese mecanismo se aplica sin filtro académico riguroso: una carrera de varios años termina cerrándose en pocos meses, y el producto final exhibe rasgos que difícilmente habrían pasado un tribunal en condiciones normales. Episodios así, sumados, no solo lesionan la meritocracia interna; corroen la legitimidad social del título universitario en una época que ya tiene razones de sobra para desconfiar del conocimiento experto.
