José Miguel Ahumada 1 y Nicolás Grimblatt 2
Chile suele presentarse como la economía más exitosa de América Latina, pero sus cimientos son frágiles. Su integración económica en la economía mundial se basa casi exclusivamente en la extracción y exportación de recursos naturales (principalmente cobre) y ha demostrado ser incapaz de sostener un crecimiento a largo plazo o reducir sus profundas desigualdades estructurales (Palma y Pincus, 2022). Lo que algunos autores han descrito como el modelo dual extractivo de Chile ha generado fuertes asimetrías sectoriales, donde los sectores primarios generan ganancias de productividad mientras que los servicios de bajo valor absorben empleo, sin que ninguno logre ambos simultáneamente (Katz, 2023; Palma, 2022). Actualmente, el cobre por sí solo representa entre el 45% y el 49% del total de las exportaciones, y los productos primarios, junto con las manufacturas basadas en recursos, representan aproximadamente el 90% de todos los bienes exportados.
Los orígenes de este modelo se remontan a la dictadura de Pinochet (1973-1990), cuando un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, diseñaron e implementaron reformas de mercado radicales. Privatizaron la mayoría de las empresas estatales, con la notable excepción del gigante del cobre Codelco y algunas otras empresas estratégicas, eliminaron los aranceles a las importaciones, desregularon los mercados de capitales y establecieron un conjunto de garantías constitucionales que restringían la intervención estatal en la economía, exigían mayorías cualificadas para cualquier reforma significativa y afianzaban la primacía de los mecanismos de mercado sobre las políticas públicas. La transición a la democracia en 1990 mantuvo gran parte de esta arquitectura económica. Los sucesivos gobiernos de centroizquierda añadieron programas sociales que lograron una reducción significativa de la pobreza, del 38,6 % en 1990 al 7,8 % en 2017, pero dejaron intactas las estructuras productivas e institucionales fundamentales (Torres, 2025).
Entre 1990 y 1999, el PIB creció a un ritmo superior al 6% anual, y a casi el 5% entre 2003 y 2012 durante el auge de las materias primas impulsado por China. Sin embargo, desde 2014, el crecimiento ha promediado apenas un 2%, lo que indica el agotamiento de un modelo dependiente de las materias primas y orientado a las exportaciones. Los límites de esta trayectoria se hacen evidentes en términos relativos. El PIB per cápita de Chile pasó del 25% del nivel estadounidense en 1990 al 44% en 2013, pero desde entonces se ha estancado y ha disminuido ligeramente hasta situarse en torno al 40% en 2024. Por el contrario, Corea del Sur y Polonia, por ejemplo, que partieron de niveles de ingresos comparables, lograron una convergencia más rápida y sostenida mediante la diversificación, la modernización industrial y la integración en cadenas de valor de alta productividad.
Chile sigue siendo una de las economías más desiguales de la OCDE, con una extrema concentración de riqueza e ingresos de capital en la cima. El poder económico se concentra en un pequeño número de conglomerados que controlan la minería, las finanzas, el comercio minorista y la silvicultura. En las últimas dos décadas, estos grupos han expandido cada vez más sus operaciones en el extranjero, particularmente en los mercados vecinos de Sudamérica, en lugar de reinvertir internamente para impulsar la modernización industrial, exportando efectivamente el modelo extractivo al Cono Sur (Ffrench-Davis y Díaz, 2019). Evidencia reciente a nivel empresarial refuerza este diagnóstico: entre 2013 y 2023, las mayores empresas chilenas (en particular las que emitieron deuda internacional) obtuvieron beneficios excedentes muy superiores a las medianas sectoriales (un 30 % por encima del promedio de la industria entre 2013 y 2019, llegando al 50 % entre 2020 y 2023), lo que constituye rentas persistentes en lugar de cuasi-rentas transitorias. Estas rentas están sistemáticamente desvinculadas de la reinversión productiva: mientras que las economías emergentes de Asia canalizan aproximadamente 23 veces más I+D privada por dólar apropiado por el 10 por ciento más rico que Chile, la élite chilena reinvierte apenas 0,3 centavos de cada dólar capturado en innovación, en comparación con 15,5 centavos en Corea, 8,5 en Japón y 6,1 en China (Ahumada et al., 2025).
Esta configuración estructural ha marcado la dinámica política y económica reciente de Chile, desde la ambiciosa, aunque finalmente estancada, agenda progresista del gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) hasta la toma de posesión de José Antonio Kast en marzo de 2026, cuya coalición de derecha señala un retorno a una política económica ultraortodoxa. Este contexto pone de relieve los principales desafíos que se avecinan y enmarca las posibilidades y limitaciones que definen las perspectivas de desarrollo de Chile.
Novedades recientes (2022–2026)
Los últimos cuatro años se han caracterizado por la turbulencia política y el auge y estancamiento de una agenda económica progresista. El gobierno de Gabriel Boric llegó al poder en 2022 con un ambicioso y progresista programa de desarrollo, cuyo objetivo era, entre otras reformas sociales, transformar el agotado modelo de exportación de materias primas de Chile. Durante sus dos primeros años, la administración posicionó el litio, el cobre y el hidrógeno verde como catalizadores del progreso tecnológico y buscó una mayor participación estatal en la gestión de los recursos estratégicos. Una iniciativa clave fue la creación de una empresa conjunta entre Codelco, la empresa estatal chilena de cobre, y SQM para la explotación del Salar de Atacama, con el Estado como accionista mayoritario (50% + 1). El gobierno también creó el Instituto Nacional del Litio para la investigación y el desarrollo, y propuso un Banco Nacional de Desarrollo con amplia participación de la sociedad civil. En el ámbito internacional, buscó preservar el margen de maniobra en materia de regulación industrial y ambiental en las negociaciones para modernizar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y en el proceso de ratificación del CPTPP (Ahumada y Grimblatt, 2025).
Sin embargo, las condiciones políticas para esta agenda se deterioraron rápidamente. La derrota de la propuesta de nueva constitución en septiembre de 2022, que buscaba reemplazar la carta magna de la era de Pinochet tras los levantamientos sociales de 2019, debilitó la agenda progresista de la coalición de Boric. Para la segunda mitad de 2023, el gobierno había vuelto en gran medida a un marco de política comercial ortodoxo, abandonando los intentos anteriores de renegociar acuerdos para salvaguardar la autonomía estratégica.
Además, la propuesta de crear un Banco Nacional de Desarrollo se reformuló como AFIDE (Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo), un instrumento más centralizado que eliminó los mecanismos de gobernanza participativa, adoptando una lógica de “reducción de riesgos” que subsidiaba la inversión privada sin mecanismos disciplinarios. Fundamentalmente, también excluyó la política comercial de su estrategia de desarrollo. Si bien AFIDE fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024, no recibió apoyo en el Senado, quedando solo como proyecto de ley sin implementación. La pérdida de ambición estratégica también fue evidente en el ámbito internacional. Ante la escalada arancelaria unilateral de Trump en 2025, el gobierno optó por la aquiescencia bilateral en lugar de asumir un rol de liderazgo regional o coordinar una respuesta multilateral, dejando a Chile aislado en negociaciones asimétricas.
Estos cambios políticos se desarrollaron en un contexto de creciente debilidad estructural en la posición comercial de Chile. Si bien el valor de las exportaciones creció un 61,5 % en la última década, impulsado por los altos precios del cobre, el volumen de exportaciones aumentó solo un 7 %. Desde la pandemia, el volumen de exportaciones de Chile creció apenas un 4,9 %, en comparación con el 19,6 % en toda Sudamérica y el 8,1 % a nivel mundial. La concentración de las exportaciones se intensificó aún más. Para 2024, los diez principales productos representaron el 62,9 % de las exportaciones, China y Estados Unidos absorbieron el 52,8 %, y el comercio intrarregional cayó del 18,1 % en 2015 al 13,8 % en 2024 (Sossdorf, 2024). Las manufacturas de alta tecnología representaron menos del 7 % del total de las exportaciones, frente al 10 % a mediados de la década de 1990.
En diciembre de 2025, el candidato de derecha José Antonio Kast ganó la presidencia con el 58 % de los votos, derrotando a Jeannette Jara, candidata de la coalición gobernante por el Partido Comunista. La elección estuvo marcada por la preocupación ciudadana por la seguridad pública, la inmigración irregular y la recuperación económica. Kast asumió el cargo el 11 de marzo de 2026, inaugurando un nuevo capítulo marcado por el inicio de la implementación de una agenda neoliberal radical. El 22 de abril de 2026, su administración presentó al Congreso un paquete de reforma tributaria radical como parte del llamado “Plan Nacional de Reconstrucción”, que propone (entre más de 40 medidas) una reducción del impuesto de sociedades del 27 % al 23 % y la invariabilidad tributaria durante 25 años. Paralelamente, las duras críticas del gobierno a la gestión de CODELCO han reabierto el debate, largamente latente, sobre la privatización parcial de la empresa estatal de cobre. Analistas y exmiembros del consejo de administración advierten que el ejecutivo está sentando las bases para abrir una parte de la corporación al capital privado.
Los desafíos actuales de la economía chilena
La canasta exportadora de Chile sigue concentrada principalmente en materias primas y manufacturas basadas en recursos, que en conjunto representan aproximadamente el 90% de las exportaciones de bienes. Dentro de esta estructura dominada por las materias primas, sectores clave enfrentan rendimientos decrecientes. La disminución de la calidad del mineral de cobre encarece cada vez más la extracción, la pesca sufre el agotamiento de la biomasa, la silvicultura ha alcanzado los límites de su expansión geográfica y la acuicultura se enfrenta a crisis sanitarias recurrentes (Ffrench-Davis y Díaz, 2019). El cambio hacia la exportación de concentrados de cobre en lugar de cobre refinado, superando los primeros las exportaciones de cobre refinado por primera vez en 2016, representa un proceso de regresión productiva en lugar de mejora. Las manufacturas de alta tecnología representan menos del 7% del total de las exportaciones, frente al 10% de mediados de la década de 1990, lo que evidencia el fracaso del modelo impulsado por las exportaciones para generar importantes externalidades tecnológicas o ventajas comparativas dinámicas.
Además, la doble dependencia de Chile de China (38% de las exportaciones) y Estados Unidos (15%) genera una grave vulnerabilidad en una era de creciente rivalidad entre grandes potencias. Gestionar estas tensiones, preservando al mismo tiempo la autonomía estratégica, representa quizás el desafío de política exterior más crítico que se avecina, especialmente a medida que ambas potencias condicionan cada vez más las relaciones comerciales a la alineación geopolítica, eludiendo unilateralmente (a Estados Unidos) la red de acuerdos de libre comercio de la que Chile se ha amparado desde la década de 1990. De hecho, décadas de tratados de libre comercio e inversión han reducido el alcance de la intervención pública. Por ejemplo, las disposiciones sobre solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), las cláusulas de propiedad intelectual y las normas de contratación pública limitan la capacidad del Estado para diseñar políticas industriales o ambientales que afecten los intereses de los inversores extranjeros. La arquitectura jurídica de la integración chilena consolida de hecho un modelo de subordinación regulatoria (Ahumada, 2019).
En relación con la estructura productiva interna del país, los conglomerados económicos rentistas chilenos, concentrados en la minería, el comercio minorista, las finanzas y la silvicultura, siguen siendo la fuerza dominante que moldea la política económica. El levantamiento social de octubre de 2019 reveló un profundo descontento popular con la desigualdad y el modelo privatizado, pero el fracaso de los procesos constitucionales en 2022 disipó el impulso transformador.
La victoria de Kast consolidó una coalición que prioriza la desregulación, la austeridad fiscal y la seguridad por encima de la transformación económica estructural. Su gabinete refleja directamente esta alineación. Los ministros y subsecretarios responsables de áreas económicas clave provienen de las principales federaciones empresariales y conglomerados corporativos del país, lo que indica que el sector privado ahora ejerce representación directa en los niveles más altos del gobierno. Esta configuración política refleja una característica estructural más profunda del capitalismo chileno, a saber, un régimen de acumulación rentista en el que las élites económicas priorizan sistemáticamente la captura y preservación de rentas derivadas de posiciones de mercado existentes por encima de la inversión en innovación o mejora productiva (Ahumada et al., 2025; Schneider, 2013). Estudios sectoriales han documentado rentas persistentes en seguros de salud (Accorsi & Sturla, 2020), minería de cobre (Sturla et al., 2018) y administración de fondos de pensiones (López, 2016), todas ellas desvinculadas del esfuerzo productivo o de la mejora de los servicios a la ciudadanía. La desconexión entre la apropiación del excedente y la reinversión productiva (una característica clave de la dinámica rentista de Chile) socava la justificación normativa de la concentración de ingresos como recompensa por la asunción de riesgos empresariales y ayuda a explicar por qué la movilización política de las élites obstaculiza sistemáticamente las reformas que condicionarían las rentas al desempeño en la inversión o la mejora.
Regreso al pasado: El presente de la agenda económica de Chile
El programa económico de Kast se centra en eliminar los obstáculos a la expansión del sector privado, incluyendo un ajuste fiscal de US$6 mil millones en 18 meses, la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la desregulación de las normas ambientales y laborales, y la simplificación de los permisos de inversión. Dentro del nuevo gobierno, coexisten de forma tensa corrientes ortodoxas, neoliberales, libertarias y populistas de derecha. La corriente populista se manifiesta en un discurso de emergencia fiscal que presenta la austeridad como un imperativo, al tiempo que busca reducciones de impuestos para las grandes corporaciones y los grupos de altos ingresos, desviando efectivamente recursos de los programas sociales hacia los sectores más ricos de la sociedad. La ausencia de una política industrial o estrategia de diversificación más allá de lo que las fuerzas del mercado puedan producir por sí solas sugiere que la nueva administración corre el riesgo de profundizar la dependencia de Chile de las exportaciones de materias primas en lugar de trazar un camino hacia la transformación estructural.
Las condiciones estructurales también pueden generar oportunidades, incluso dentro de este marco político. La demanda mundial de minerales críticos, en particular cobre y litio, en el contexto de la transición energética, otorga a Chile una influencia significativa. Los altos precios del cobre, impulsados ??por la electrificación y la infraestructura de energías renovables, proporcionan un alivio fiscal a corto plazo del que probablemente dependerá el gobierno de Kast para financiar su agenda. La transición verde ofrece una oportunidad real para ir más allá de las ventajas comparativas estáticas y avanzar hacia patrones de especialización tecnológicamente dinámicos mediante el procesamiento local, las industrias proveedoras de tecnologías renovables y las capacidades en componentes de baterías, electromovilidad e hidrógeno verde. Las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento, que actualmente representan solo alrededor del 10 % del total de las exportaciones, constituyen otra vía de diversificación subexplotada. Sin embargo, dado el proyecto elitista del gobierno actual, las posibilidades de que se concrete esa visión estratégica a largo plazo son extremadamente bajas.
La integración regional sigue siendo una necesidad estratégica, aunque choca con la preferencia del nuevo gobierno por el pragmatismo bilateral y la alineación con Estados Unidos. El comercio intralatinoamericano representa menos de una quinta parte de las exportaciones totales, y la mayoría de los acuerdos regionales carecen de políticas industriales coordinadas. Las alianzas sectoriales en torno a la electromovilidad, las energías renovables, la biotecnología y la infraestructura digital podrían fortalecer el poder de negociación colectiva y crear cadenas de suministro transfronterizas. El litio, el cobre y los recursos renovables de Chile podrían servir de base para una plataforma en el Cono Sur para el procesamiento y la fabricación de insumos esenciales para la economía verde global (Estevez et al., 2025). Sin embargo, el énfasis del nuevo gobierno en la alineación con Estados Unidos no deja espacio para una integración productiva regional más profunda.
La tensión central de la economía política chilena sigue sin resolverse. La experiencia de Boric demostró que los defensores de una política industrial activa coexistieron en coalición con los conservadores fiscales, pero esta coexistencia generó contradicciones en lugar de transformación. La victoria de Kast representa un retorno a la ortodoxia clásica en un momento en que la economía global recompensa cada vez más la capacidad estratégica del Estado. Que Chile logre salir de su trampa de desarrollo extractivo dependerá no solo de los ciclos mundiales de las materias primas, sino también de si las fuerzas políticas internas pueden finalmente construir coaliciones capaces de desafiar los marcos institucionales y legales que han perpetuado la dependencia de las materias primas durante cinco décadas de cambios de régimen. La experiencia de Asia Oriental sugiere un modelo concreto: países como Corea del Sur, China y Singapur han condicionado el acceso de las élites a las rentas (subsidios, crédito público, protección del mercado) a un desempeño medible en inversión y modernización tecnológica, utilizando controles de capital, instrumentos fiscales específicos y empresas públicas estratégicas para disciplinar la extracción de rentas (Amsden, 1989; Chang, 1993). El reto chileno, por lo tanto, no consiste solo en captar rentas improductivas mediante impuestos, sino en reorientar la apropiación de excedentes hacia la reinversión productiva a través de políticas industriales, tecnológicas y comerciales coordinadas, una tarea que se vuelve más difícil, aunque no menos necesaria, bajo un gobierno cuyo horizonte programático termina en la desregulación.
Referencias
- Accorsi, S. y Sturla, G. (2020). La estimación de la renta económica en el mercado de las Isapres en Chile. Documentos de Trabajo SDT 491, Universidad de Chile.
- Ahumada, JM (2019). La economía política del crecimiento periférico. Nueva York: Palgrave.
- Ahumada, JM; Grimblatt, N. (2025). Después del bórico . En https://www.phenomenalworld.org/analysis/after-boric/
- Ahumada, JM; Méndez, L.; Sossdorf, F. y Jara, R. (2025). Capitalismo rentista en la economía chilena: desconexión entre la captura de excedentes y la inversión productiva. New Political Economy, doi:10.1080/13563467.2025.2599183.
- Amsden, A. (1989). El próximo gigante de Asia. Oxford: Oxford University Press.
- Chang, HJ. (1993). La economía política de la política industrial en Corea. Cambridge Journal of Economics, 17(2): 131-157.
- Estevez, I.; Grimblatt, N.; Arauz, A.; Vásquez, S.; Riofrancos, T. y Chiriboga, A. (2025). Generando impulso para la transformación industrial verde en América Latina y el Caribe. Nota de debate de i3T, septiembre de 2025.
- Ffrench-Davis, R.; Díaz, A. (2019). La inversión productiva en el desarrollo económico de Chile: evolución y desafíos. Revista de la CEPAL, 127: 27-53.
- Katz, J. (2023). ¿Quo vadis, América Latina? Las dos caras del nuevo capitalismo latinoamericano. Revista CEPAL (140).
- López, F. (2016). Industria chilena de gestión de fondos de pensiones: ¿cuánto gana y cuánto debería ganar? Revista de Análisis Económico, 31(2): 101-114.
- Palma, JG (2019). La economía chilena desde el retorno a la democracia en 1990. Cambridge Working Papers in Economics, 1991.
- Palma, JG y Pincus, J. (2022). “¿Está el sudeste asiático cayendo en una trampa de ingresos medios al estilo latinoamericano?” En Waglé, S. y Wignaraja, K. (eds.), La gran conmoción. Cambridge University Press.
- Schneider, BR (2013). Capitalismo jerárquico en América Latina. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sossdorf, F. (2024). Auge y estancamiento del ciclo exportador chileno. Revista Latinoamericana de Política Comercial, 18: 97-151.
- Sturla, G.; López, R.; Accorsi, S. & Figueroa, E. (2018). La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile: nuevas estimaciones, 2005-2014. Revista CEPAL, 124: 107-129.
- Torres, M. (2025). El dilema del desarrollo en el Chile contemporáneo: un análisis Histórico-Estructural. Cuadernos de Economía, 44(93): 157-196.
1 Director del Centro de Investigación RadarSur. Académico, Universidad de Chile.
2. Coordinador General, i3T – Industria, Innovación e Infraestructura para la Transformación Estratégica.
