CHUCHAQUI SECO: Mucha ley y poca justicia para los ex-trabajadores de la cervecería nacional.

30 de junio 2015

En el 2008 iniciaron su demanda contra la Cervecería Nacional debido al impago de las utilidades. Llevan cuatro años protestando fuera de la Corte Constitucional, pero no hay fallo, y a pesar de que una de las juezas de la Corte, Wendy Molina, emitió su informe en diciembre del 2014, el caso todavía no aparece en el orden del día. Aunque son 1,200 trabajadores implicados, no parecen suficientes para ganar a una empresa grande de capital extranjera. La ironía es que a veces la ley puede volverse obstáculo cuando lo que se busca es la justicia.

“Ahora son siete años desde que iniciamos esta protesta.” Estamos en el parque arbolito frente a la Corte Suprema y quien me habla es Gabriel Segovia, ex trabajador de la empresa. “Y vamos cuatro años en el parque. Incluso pasé once meses viviendo en una carpa, justo aquí, frente a la Corte Constitucional, pidiendo justicia. Al final me desalojaron; me quitaron todo. Pero no importa, no vamos a dejar este espacio. Estamos aquí con la tela para seguir con la lucha. Solo pedimos justicia. ¿Es mucho? Solo quiero que me paguen lo que me deben.”

Hoy está solo, vino el domingo desde Guayaquil para pasar la semana a lado de la ensuciada bandera de los ex trabajadores de la cervecería nacional: “Chutapaga” dice. Me cuenta que ahora, después de tanto tiempo, “ya no podemos estar aquí todos, ni muchos, varios se murieron y otros ya son muy viejos y pobres para estar viajando. Pero no vamos a abandonar la protesta.”

Segovia es uno de los mil doscientos trabajadores que están pidiendo las utilidades no pagadas desde 1990 hasta 2005. Trabajó 19 años para la empresa y fue despedido tres días antes de poder recibir la jubilación patronal. “Formamos un sindicato” dice, “pero poco después fuimos despidos muchos de los líderes sindicales”

La empresa declara que no fueron sus trabajadores, que laboraron para una empresa tercerizadora, y por tanto no tienen derecho a utilidades. Puede que hoy en día la tercerización sea mal vista, aun cuando sigue existiendo en la práctica, pero en los años noventa el concepto se había convertido en moda, es decir modo de evitar el pago de los derechos económicos consagrados por primera vez en la Constitución de 1945. ¿Ético? Apenas. ¿Legal? Por desgracia.

Pero existe un inconveniente. “En el caso de la Cervecería” dice Vicente Reategui, abogado que representa a unos 400 de los ex trabajadores, “la tercerizadora fue administrada por las mismas personas que administraron la empresa. En la práctica no fue una empresa independiente, sino la misma Cervecería disfrazada. Mis clientes claramente trabajaban para la Cervecería”

Gabriel Segovia Muñoz

En primera instancia los trabajadores llevaron su caso al Ministerio de Trabajo, que en la forma de Richard Espinosa se declaró sin competencia. “Sin embargo” dice Reáteguí “es importante recordar que el Ministerio no tomó la parte de la empresa, todo lo contrario, sino que rehusó a aceptar el caso.”

Sin poder avanzar, los demandantes decidieron llevar su solicitud por el camino de la constitucionalidad y en el 2010 el juez Duodécimo de lo Civil de Guayas, Pedro Iriarte, falló a su favor. Según el SRI la empresa les debía 90 millones, pero la Empresa inició a moverse en contra de los trabajadores y la sentencia no se pudo efectivizar. El Ministro de Relaciones Laborales incluso dijo que su Cartera estaba lista para ejecutar la resolución: “”Hay que hacer cumplir la disposición del juez,“ dijo “caso contrario caeríamos en desacato y hasta podría ser destituido si no la hago cumplir.”[i] Pero la cervecería es poderosa, y no pasó nada.

Al final, después de una tortuosa epopeya legal, de veredictos a favor y apelaciones en contra, el caso regresó a la tercera sala de la corte penal de Guayas donde la decisión inicial fue confirmada y la empresa ordenada a pagar. Pero de nuevo la Cervecería Nacional no quiso pagar. La empresa, que en realidad no es nacional sino propiedad de la transnacional SABmiller (detrás de la cual se encuentra la notoria tabacalera Philip Morris)[ii], llevó el caso a la Corte Constitucional que, con una premura poco común, falló a favor de la empresa y en contra de los trabajadores.

Y ahí entró en juego el dinero.

¿Es posible ganar un juicio contra una empresa como la Cervecería Nacional?

Es la pregunta del millón. Curiosamente es la misma cantidad que la empresa pagó al hermano del secretario de la Corte Constitucional en el 2011 y, más curioso aún, sucedió solo unos pocos días antes de que la misma corte falló en contra de los trabajadores. Se levantaron sospechas, fuertes sospechas, sospechas que solo se agudizaron cuando el Secretario fue despedido y la decisión revocada. Pero sospechas son sombras, nada más, y el residente de la Corte, el mismo Patricia Pazmiño que dentro de unos meses será juez de la Corte Interamericana de Justicia, fue absuelto por el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, quien dijo no haber encontrado indicios de culpabilidad.

Pero queda un tufo feo, porque la absolución de Pazmiño no fue suficiente para limpiar la imagen de la Corte, sobre todo porque el pequeño inconveniente del cheque y la Corte se quedó en el olvido cuando la investigación instigada por Chiriboga también fue archivada. No pasó nada.

Interesante, de todos modos, que el mismo Galo Chiriboga era una vez abogado especializado en asuntos laborales, es decir representaba a trabajadores, ayudándoles a proteger sus derechos. Interesante también porque ahora en su papel de Fiscal General Chiriboga acusa de prevaricato a los tres jueces de Guayas que fallaron a favor de los obreros de la cervecería, y que fueron subsecuentemente destituidos por el Consejo de la Judicatura. Es decir que Chiriboga les está acusando de no haber cumplido con su deber profesional.

Y si bien resulta un poco difícil entender en qué se puede sustentar la acusación, no es tan complicado deducir que estos podrían encontrarse tras rejas dentro unos meses, y de ahí entender lo que pasará con la suerte de los trabajadores. “Si logran destituirles,” dice Vicente Reateguí, “estamos perdidos. Su fallo pierde toda legitimidad y estaremos en cero.”

La Justicia y la ley

Los trabajadores siguen demandando justicia, pero a veces la ley puede convertirse en obstáculo. Una empresa con amigos poderosos, dinero para contratar a bufetes de abogados y una importante presencia económica[iii] es un contrincante extraordinariamente difícil de ganar (el Caso Chevron Texaco es evidencia de ello) y tener pruebas en mano y Dios a su lado no necesariamente basta.

Esta es una guerra de desgaste, y a largo plazo la Cervecería (trans) Nacional claramente tiene todas las de ganar. Pero ganar no implica que haya justicia. Y a menos que la corte, de forma sorpresiva y en contra de todos los indicios, falle y falle a favor de su ex personal estos se quedarán con las manos vacías. Muy pocos van a dejar de tomar Pilsener en solidaridad con su caso.

“Antes de la Constitución del 2009 los derechos laborales eran tierra de nadie,” opina Vicente Reátegui “y si puedo decir algo a favor de Patricio Pazmiño, es que durante su tiempo a la cabeza de la Corte se han resuelto favorablemente casos laborales como el de Holcim[iv], y Andes Petroleum. Sin embargo, aquí hay que hacer una crítica. Este caso se ha quedado en el olvido, ha sido tratado de una manera, digamos, ‘no oportuna’”

Ahora Pazmiño se ocupa haciendo maletas para su viaje a Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vale preguntar entonces si para él, los trabajadores y los derechos laborales en general, no sería bueno resolver este caso emblemático antes de irse ¿No sería bueno dispersar las dudas, y comprobar que la Corte Constitucional no es, como algunos la llaman, ‘la casa de la moneda’?

Notas

[i] MINISTRO ESPINOSA ESPERA PAGO DE LA CERVECERIA. Biblioteca Banco Centre del Ecuador. http://biblioteca.bce.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94553

[ii] La Cervecería Nacional es propiedad de SABmiller, la cervecería más grande del mundo con sede en Londres, cuya principal accionista es el grupo Altria, anteriormente conocido como Phillip Morris Companies Inc. https://es.wikipedia.org/wiki/SABMiller

[iii] Según Ekosnegocios.com en 2013 las ventas de la Cervecería Nacional sumaron US $452.174.636, con utilidades de $183.170.880, y impuestos pagados $32.459.793 http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?ide=16

“…Para determinar en el caso sub judice si existe o no vulneración al derecho a la igualdad es preciso que se proponga un tertiu comparationis (juicio comparativo) con el caso Holcim. En ambos casos los trabajadores demostraron que fueron contratados por tercerizadoras vinculadas con la compañía a cuyo favor se prestaba el servicio, con el exclusivo objeto de eludir la obligación de repartir las utilidades que les correspondan a los trabajadores; el Ministro de Relaciones Laborales llegó a esta conclusión y declaró esos hechos como probados; y, se resolvieron al amparo del mismo Código de Trabajo. Los casos son sustancialmente iguales, sin embargo en el caso Holcim el Ministro declaró que es competente para resolver dudas relativas al pago de utilidades y en el otro caso, que no es competente para tramitar y resolver sobre el pago de utilidades. Para determinar si el Ministro del Trabajo debe o no aplicar su criterio anterior, el precedente administrativo debe estar sancionado judicialmente. La legalidad de la resolución dictada en el caso Holcim fue confirmada judicialmente no solo por autoridades legales sino también constitucionales. Puede afirmarse que elprecedente creado en el caso Holcim se constitucionalizó; allí el Ministro de trabajo defendió su competencia para ordenar el pago de utilidades mientras que en el presente caso se declaró incompetente, para lo cual, tenía que dar razones para justificar el cambio de criterio.” http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/files/2013/01/Caso-Cervecer%C3%ADa-Nacional-13a70vw.pdf..

* Lalineadefuego pidió entrevistas al Fiscal General y a Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, pero nunca recibió respuesta.