"Tengamos presente la coexistencia de actividades de las mineras “legales” - que con frecuencia son también ilegales al funcionar atropellando el marco institucional - con las propiamente ilegales. Y de todas, directa o indirectamente, con los capitales del crimen organizado. Esto se da sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso las mineras “legales” alientan la actividad ilegal, quizás aprovechando los trabajos de prospección de los mineros ilegales o entregando información de estudios geológicos de yacimientos superficiales a esos mineros, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica."
"... la pregunta relevante no es si la operación “funcionó” ese mismo día del anuncio. La pregunta es si la mejora del riesgo país es sostenible. En 2020, el propio FMI destacó que la reestructuración generó reducciones importantes de intereses y amortizaciones en el corto plazo. La recompra 2026, en cambio, no luce como una operación orientada a ahorro neto. Luce como una operación orientada a desplazar plazos. Su éxito depende de lo que ocurra después. Depende de si el tiempo ganado se usa para fortalecer ingresos permanentes, mejorar gestión presupuestaria, reducir fuga de capitales, diversificar la fuente de divisas. Si el tiempo se consume en improvisación y más gestión como la hemos observado en los últimos años, la operación solo habrá movido el problema hacia una fecha más cara."
"Estamos advertidos. No se puede seguir jugando con el futuro del Ecuador. Y la provincia del El Oro - ni ninguna otra provincia - puede ser tratada como zona de sacrificio para seguir sosteniendo una modalidad de acumulación primaria exportadora, causante de incontables destrozos sociales y ambientales. Es hora de plantearnos en serio alternativas sustentables y socialmente equilibradas."
"La recompra busca reducir los picos de pago entre 2026 y 2030. Pero el costo es trasladar la carga hacia más adelante. Ese futuro puede ser más adverso, con espacio fiscal limitado, gasto social tensionado y mayor dependencia del financiamiento externo. Y sin olvidar que al perpetuar los elevados niveles de deuda pública, se garantiza la tutela del FMI, que ha sucumbido al país en una crisis económica, social y de seguridad sin precedentes: llevamos tres cartas de intención firmadas desde el año 2019, y la deuda pública no se reduce."
"...planteamos una salida por izquierda y desde abajo; y luchamos para que la crisis la paguen los capitalistas, que la provocaron y no el pueblo trabajador, a punta de ajuste, extractivismo y saqueo imperialista. No aceptamos su gasolinazo, que no solo atenta contra la calidad de vida de la inmensa mayoría, sino que, además, sacrifica nuestros territorios al imperialismo. Sabemos que si el Estado no hubiese subvencionado al sector privado, no necesitaríamos ningún gasolinazo. Rechazamos sus intentos privatizadores, tanto del litio, como de cualquier bien común natural, ya sea por decreto o a través de la Asamblea Legislativa; por ser anticonstitucional, pero fundamentalmente por colocar el lucro por encima del bienestar humano y ecológico."
"... durante más de 30 días, diferentes puntos del país fueron escenarios de lucha social, pero también de vulneraciones de derechos. Buscamos visibilizar, desde nuestro acompañamiento institucional, la violencia estatal y el uso desproporcionado de la fuerza. Las fuerzas militares y policiales no observaron los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley" que Ecuador ha suscrito. Pero si usó la categoría de "terrorismo" como un discurso estigmatizante contra quienes ejercieron su derecho a la protesta, aun cuando ha sido el Estado el que ha sembrado terror en territorios ancestrales indígenas."
"El cierre del ITT marca un precedente histórico en justicia ambiental y transición postextractiva, y posiciona al Ecuador como el primer país del mundo en cerrar un campo petrolero por mandato popular."
El gobierno de Daniel Noboa y la Procuraduría General del Estado festejaron como un éxito que el Estado ecuatoriano solo tenga que pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, heredera de la Texaco. La aspiración de la transnacional era obtener unos 3,3 mil millones de dólares a través de un nuevo arbitraje internacional...
"...el viceministro de Minería Xavier Subía, en el Encuentro Anual de Minería, del 11 de diciembre de 2025, señaló que el gobierno no descarta el desarrollo de la mina Loma Larga, ya que está considerado dentro de las proyecciones de exportación de minerales del 2027. Esta declaración revela una doble cara del gobierno nacional, pues por un lado el presidente Noboa, refiriéndose al proyecto minero Loma Larga (Kimsakocha), ha declarado que "Yo no voy a seguir con este proyecto”, mientras por otro, su viceministro de minas Xavier Subía, declara que el gobierno no descarta el desarrollo del referido proyecto. Esta declaración del viceministro de minas, revela que el gobierno se burla de las manifestaciones reiteradas y constantes de la voluntad del pueblo de Cuenca, que el 16 de septiembre, transformado en Quinto Río, ratificó su decisión de no permitir que se haga minera en el páramo de Kimsakocha."
"Dicho logro, sin embargo, alcanzado por el acumulado de varios procesos políticos, con un amplio y profundo debate constituyente, no aseguró el cumplimiento de muchos mandatos constitucionales porque inclusive el gobernante, que apoyo dicho proceso pronto se transformó en uno de los primeros y principales violadores de la nueva Constitución."
"El presente artículo sostiene la hipótesis de que la convocatoria a la Consulta no fue precipitada, atolondrada, sino que respondió a la secuencia lógica de un comportamiento político e ideológico autoritario y prepotente, característico de las nuevas derechas oligárquicas, conservadoras, pero que se topó con un posicionamiento político y cultural de las clases populares, inesperado para ellos, de resistencia social que recuperó elementos de coyuntura y de largo plazo, recuperó memoria colectiva, así como mecanismos novedosos de comunicación, también indicar que un factor determinante fue el accionar político y social del régimen alrededor del Paro Nacional Indígena de septiembre y octubre de 2025."
Nueva Sociedad 319 /Septiembre - Octubre 2025
"Además de las categorías mencionadas, el crecimiento sostenido de la minería ha venido acompañado de un fenómeno alarmante: una mayor presencia del crimen organizado en las zonas de extracción aurífera. En regiones como La Libertad, Madre de Dios, Loreto y Amazonas, se ha documentado la presencia de redes delictivas que no solo financian las operaciones mineras ilegales, sino que también articulan circuitos de comercialización ilícita, ejercen control territorial y se vinculan con otras economías criminales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, entre otras."
"Las comunidades de Intag han aguantado tres décadas de abusos, atropellos, persecución y contaminación de sus ríos y riachuelos. Su lucha ha sido en defensa de sus derechos, establecidos constitucionalmente, como lo son los derechos de la Naturaleza, el derecho del agua a su ciclo vital y el derecho a la consulta ambiental. Vale tener en cuenta que pocos lugares en el mundo amenazados por la minería son tan biológicamente importantes como los bosques nubosos de la Cordillera de Toisán, que alberga dos sitios mineros en la mira de las transnacionales."
"La transición energética, tal y como se piensa desde el discurso hegemónico, además de aumentar la violencia, incrementa el extractivismo fósil y minero, toda vez que no aspira a modificar el perfil metabólico de la sociedad, es decir, los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos; antes bien, lo que busca es garantizar su funcionamiento18. Tampoco cuestiona las desigualdades entre los países de ingresos más altos y las economías empobrecidas, donde los primeros consumen seis veces más materiales per cápita y son responsables de diez veces más impactos climáticos per cápita que los segundos."
"el TFFF promete que parte de los rendimientos del fondo se donarán a los pueblos autóctonos y las poblaciones locales. Sin embargo, de los 4 dólares por hectárea, solo el 20% se destinará a las comunidades locales, con pagos irregulares. Un informe de la organización Global Forest Coalition (GFC) también expresó su preocupación por el hecho de que la existencia misma de los pueblos originarios no se reconozca dentro de las fronteras nacionales de algunos estados, o que el reconocimiento de sus derechos siga estando sujeto a la buena voluntad de las autoridades. Plantea una pregunta legítima: "¿Qué significa que ’los bosques permanezcan intactos’? ¿Podrán las comunidades indígenas utilizar madera o llevar a cabo pequeñas deforestaciones para garantizar sus medios de vida?"
