“Mientras el mercurio contamine las aguas y los grupos armados sean la autoridad de facto, no veo posibilidades de organizar una actividad minera formal en el corto plazo” Manuel Sutherland
El economista Manuel Sutherland, en una reveladora entrevista concedida al politólogo Nicmer Evans, analizó el impacto de la nueva Ley de Minas en Venezuela. Durante la conversación, Sutherland desnudó la realidad de un territorio donde el Estado perdió el control frente a grupos armados y mafias que operan bajo condiciones de semiesclavitud.
La ley frente a una realidad sin control estatal
Nicmer Evans: Según el marco legal vigente, ¿qué destino le depara a la minería artesanal y qué capacidad real tiene el Estado para imponer el orden en esos territorios?
Manuel Sutherland: La ley sugiere que la actividad minera artesanal será proscrita y duramente castigada, exigiendo permisos y una formalización empresarial rigurosa. Sin embargo, no existen mecanismos para que lo escrito en el papel se respete. Estamos ante un territorio inhóspito con escasa penetración estatal, controlado por bandas armadas y entrenadas que repelen cualquier fiscalización. El gobierno ha trabajado años en consolidar nexos con mafias y grupos paramilitares para la extracción violenta de riquezas, contaminando el ambiente sin escrúpulos.
Dudo que estos grupos cedan sus privilegios por las buenas. Quienes deberían imponer la ley son los primeros en romperla, institucionalizando mecanismos de extracción opuestos a la legalidad. Este personal carece de capacidad técnica y moral para cambiar la situación, pues sus intereses económicos dependen de que nada cambie.
Apertura transnacional y soberanía en jaque
Nicmer Evans: Al comparar este instrumento con la ley de 1999, ¿cuáles son los cambios más significativos en cuanto a la propiedad de los minerales y la participación de capitales extranjeros?
Manuel Sutherland: La ley de 1999 era más nacionalista y reservaba la exclusividad de la extracción al Estado. La normativa actual mantiene que el subsuelo pertenece a la República, pero abre espacios para que transnacionales y empresas privadas operen directamente. Ahora existe una mayor capacidad operativa para el capital internacional, permitiendo exportaciones directas sin la obligación de pasar por el Banco Central de Venezuela.
Un punto lesivo es la posibilidad de dirimir disputas en tribunales internacionales. En países civilizados, que tribunales extranjeros juzguen asuntos propios del territorio nacional sería un escándalo. Esto representa un retroceso evidente en la concepción de soberanía que se manejaba anteriormente.
El interés de las potencias occidentales
Nicmer Evans: ¿Busca esta ley atraer inversiones de países que tradicionalmente han estado alejados del actual eje geopolítico del gobierno, como Estados Unidos o Canadá?
Manuel Sutherland: Efectivamente. Al igual que la ley de hidrocarburos, busca abrir concesiones para países cercanos al eje estadounidense y europeo. El objetivo es formalizar la extracción de oro, diamantes y materiales estratégicos como el coltán, muy apetecidos por la industria tecnológica. Hay un desplazamiento progresivo de empresas chinas, rusas e iraníes para intentar atraer este nuevo capital.
El problema radica en que el cambio es solo retórico. No hay infraestructura, no hay servicios públicos y la población vive en extrema violencia. Mientras el mercurio contamine las aguas y los grupos armados sean la autoridad de facto, no veo posibilidades de organizar una actividad minera formal en el corto plazo.
Impunidad y el modelo de “libre explotación”
Nicmer Evans: ¿Puede esta nueva legislación erradicar la minería ilegal y los delitos asociados que han proliferado en el Arco Minero del Orinoco?
Manuel Sutherland: La ley es ambigua y no define mecanismos reales para combatir la minería irregular. Aunque estipula penas de hasta 15 años, el gobierno está imposibilitado para actuar. Integrantes del ejército y la policía se han coaligado durante años para enriquecerse mediante el contrabando de minerales, destruyendo el medio ambiente con total impunidad.
Desde 2011, el Arco Minero se convirtió en una zona de libre explotación sin reglas. El 95% de lo que se extrae sale por contrabando y no deja beneficios al fisco. El obrero está en una indefensión absoluta, bajo sistemas feudales de pago y rodeado de males como la trata de personas y la prostitución forzada.
Propuesta: ¿Cerrar el Arco Minero?
Nicmer Evans: Ante este panorama tan devastador, ¿cuál considera que debería ser el camino a seguir para recuperar esa región y sus recursos?
Manuel Sutherland: Mi postura particular es que el Arco Minero debe cerrarse. Es un paraíso para la explotación brutal y un infierno ambiental que genera ecocidios dolorosos. La destrucción de las cuencas afecta incluso la generación eléctrica del país. Debemos convertir a esos mineros en trabajadores de infraestructura y financiar la transición mediante bonos de carbono y ecoturismo responsable, aprovechando nuestra biodiversidad.
Si el país insiste en la minería, habría que paralizar todo por dos años para limpiar la zona de funcionarios corruptos y paramilitares. Solo tras una reorganización profunda, con empresas mixtas auditables internacionalmente, se podría pensar en una actividad controlada. Actualmente, la minería solo enriquece a una élite mínima mientras deja desolación y miseria para el resto de los venezolanos.
Fuentes utilizadas: Entrevista exclusiva de Nicmer Evans al economista Manuel Sutherland.
