20 de septiembre 2026
La avalancha se pinta imparable. El gobierno del Nuevo Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, está emperrado en reabrir el catastro minero para ampliar la superficie de actividad minera y así permitir la entrega de nuevas concesiones. Un asunto en extremo preocupante por varias razones.
Según la Ley de Minería, las concesiones mineras podrían incluir dentro de sus límites: terrenos productivos, emprendimientos turísticos, cuencas hidrográficas, fuentes de agua comunitarias, páramos, bosques primarios, e incluso comunidades enteras. Todo el territorio nacional podría ser – potencialmente – un espacio de explotación minera. Con esta apertura, se reactivarán cientos de proyectos mineros represados, en especial, por la resistencia de las comunidades, antes que solo por la ausencia del catastro, herramienta técnica que no se agota en lo burocrático.
El contexto del desarrollo de la minería es los ecosistemas frágiles en todas las regiones del país; el sistemático irrespeto a la Constitución, las leyes que sirven como escudos físicos y jurídicos para las empresas, así como los convenios internacionales para blindar el saqueo; la ausencia de una institucionalidad adecuada y la carencia de personal de control capacitado; la corrupción, así como las violencias estatales y criminales…
En consecuencia, la reapertura del catastro desatará una avalancha de conflictos sociales y una mayor destrucción ambiental en todo el país.
• El Nuevo Ecuador alimenta la conflictividad y el caos
Mencionemos algunas razones que harán aún más explosiva la situación.
La débil institucionalidad de las instancias de control, muchas de ellas corruptamente imbricadas con los intereses mineros.1 Su falta de financiamiento se agrava por la eliminación de la tasa de fiscalización de actividades mineras durante la fase de exploración; con esta decisión, el presidente Noboa – al servicio de los intereses mineros y presionado por la Cámara de Minería – estableció que solo se cobre una tasa de fiscalización a las empresas grandes y medianas en la fase de explotación: solo hay dos proyectos mineros de esas características: Fruta del Norte y Mirador.
En concreto, no habrá suficiente dinero para financiar las tareas de control y fiscalización, porque, como para cerrar el círculo perverso, el gobierno está atrapado en el austericidio del FMI que no solo reduce el gasto público, sino que alienta la disminución de instancias estatales, muchas de ellas indispensables para controlar el funcionamiento de las actividades extractivas: basta mencionar la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas…
En estas condiciones, con tan solo 35 funcionarios técnicos2 para vigilar 1.970 derechos mineros,3 de los cuales 433 se encuentran en trámite, difícilmente se puede regular y controlar las actuales actividades de la minería existente4; actividades que se expandirán mucho más si se abre el mencionado catastro.
Tampoco se sostiene el argumento de que, con dicho catastro se podrá combatir mejor la minería ilegal. Esa tarea no requiere de dicha herramienta, pues, tal como le hemos demostrado hasta la saciedad, se sabe con exactitud, y desde hace muchos años, dónde hay actividades abiertamente ilegales que se aprovechan de vínculos corruptos con funcionarios estatales y con empresas mineras supuestamente legales.5
Otra cuestión no menor: tener más minería en un momento de déficit agudo de suministro de energía eléctrica. Una sola mina puede, tranquilamente consumir más que provincias enteras: como sería el caso de Cascabel, que consumiría más que toda la provincia de Imbabura con alrededor de 500 mil habitantes.
En este complejo entramado hay que ubicar las políticas autoritarias del régimen. Allí se enlistan la represión y persecución de quienes defienden sus territorios, las crecientes acciones de vigilancia y espionaje, la restricción de la acción de las organizaciones sociales. Todo esto consolida aún más la militarización en Ecuador, dizque para combatir el crimen organizado, algo que evidentemente no se ha logrado, una militarización con la que realmente se pretende doblegar a las comunidades que resisten, para obligarlas a aceptar el extractivismo minero y petrolero en especial, y en el espectro nacional, busca disciplinar a la sociedad para poder desplegar las políticas económicas de inspiración neoliberal.
Abrir el país a una avalancha de empresas mineras sin tener al menos una institucionalidad sólida, expresa el nivel de irresponsabilidad y de complicidad del gobierno de Daniel Noboa. Se viene un momento complejo en el que se seguirán rompiendo las normas constitucionales y democráticas que, por lo pronto, frenan las hordas mineras.
• El Nuevo Ecuador plantea un avance pasadista
Noboa camina hacia la apertura del catastro minero para ampliar más la minería. Uno tras otro, da pasos para cristalizar esa pretensión. En febrero del presente año se firmó con Washington el ‘Convenio Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras”, y en marzo se expidió la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía”6 , que debilita los controles ambientales y permite la militarización de los territorios para romper la resistencia de las comunidades que lo defienden. Mientras tanto, la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá7, incluye – inconstitucionalmente – el arbitraje internacional para blindar a las inversiones de empresas mineras extranjeras (no solo canadienses), afincadas en ese país. Pongamos sobre la mesa también los múltiples acuerdos de explotación minera con empresas de China.
Lo anterior se completa con la condición impuesta en el convenio con el FMI para que se reabra el mencionado catastro, una base de datos tecnológica donde se registran y administran las concesiones mineras otorgadas por el Estado. El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) también entró en la danza. En el año 2025, ese banco multilateral entregó un préstamo para realizar actividades de prospección de proyectos de extracción de minerales convencionales y críticos en la cordillera oriental y sus estribaciones, en línea con la política exterior estadounidense. Al mismo tiempo el BID suscribió un acuerdo de garantía con Canadá por 200 millones de dólares para respaldar hasta 1.000 millones de dólares de nuevo financiamiento para proyectos de las cadenas de valor de minerales críticos en la región, incluido Ecuador.
Otra advertencia de sumo cuidado. La inundación de nuevas concesiones, introduciendo el inconstitucional arbitraje internacional, arrastrará la posibilidad de demandas millonarias en contra del Estado en la medida en que las empresas extranjeras consideren que sus ganancias sean afectadas con alguna acción estatal.8 Traigamos a colación los recientes acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos, que incorporan la figura de inversión apuntalada con dicho arbitraje, para así asegurar la rentabilidad a las empresas, tanto como la libre repatriación de ganancias y capitales, sin considerar los requerimientos económicos, sociales o ambientales que pueda tener el país.
Ya vemos lo que sucede ahora con el reclamo del SRI a la empresa canadiense Ludin Gold, que opera la mina “Fruta del Norte”. Esta minera se niega a pagar lo que equivale al “ajuste soberano” argumentando que afecta la rentabilidad anteriormente acordada. Se trata del pago de 154 millones de dólares del ejercicio fiscal del año 2023 (73 millones por ajuste tributario, más 81 millones por multas y sanciones), monto que serviría para cubrir con la disposición constitucional establecida en el artículo 408, que dispone textualmente que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Suma que no puede incluir el pago de impuestos y regalías, pues con claridad se habla de beneficios – es decir ganancias o utilidades – para cuyo cálculo jamás contener los pagos por obligaciones tributarias.
Estamos advertidos. La experiencia con los arbitrajes internacionales, en temas petroleros e incluso mineros, nos demuestra que el Ecuador se verá forzado a destinar grandes cantidades de dinero para atender los reclamos de las empresas, al tiempo que sacrifica su soberanía.
El Nuevo Ecuador, en definitiva, busca consolidar nuestra tradicional economía atada a la exportación de bienes primarios, permitiendo un redoblado saqueo protagonizado por los capitales transnacionales. Es decir, el país seguirá encadenado a los mercados globales y a las decisiones de los centros de poder económico. La violencia y la corrupción se mantendrán como una condición necesaria para mantener las actividades extractivas. Por lo que bien cabe preguntarnos cuándo se entenderá que intentar superar la pobreza y la inequidad con más extractivismo, es más de lo peor, en tanto profundiza los problemas en lugar de superarlos.
• El Nuevo Ecuador retrocede un cuarto de siglo
En concreto, con este accionar pro-minero se quiere cerrar el círculo que se intentó abrir hace más de 25 años. Entonces, con la participación del Banco Mundial, otro actor importante en el proceso de neoliberalización de la economía, se comenzó a preparar el terreno para la llegada de la minería transnacional a través del Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) y del Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental (PATRA). Los créditos otorgados por el Banco Mundial, para financiar estos proyectos, auditados por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC), fueron clasificados como deudas ilegítimas.9
Las condiciones contractuales subordinaron el marco constitucional a los intereses de la banca multilateral y el capital extranjero. La lista de afectaciones a la soberanía jurídica y a la misma esencia de lo que se ofrecía con dichos proyectos es muy clara. Los contratos obligaban al Estado ecuatoriano a modificar sus leyes internas como condición para recibir los desembolsos. Se impulsó el diseño de leyes a favor de terceros, como se dio a través de la reforma a la Ley de Minería de 1991. Se redujeron drásticamente las regalías estatales, eliminando controles ambientales rigurosos, facilitando la entrega de concesiones sin la debida fiscalización del Estado. Se crearon entidades paralelas como la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero Metalúrgica (CODIGEM), restando autoridad e ingresos directos al Ministerio de Energía y Minas. Los fondos de dichos préstamos se utilizaron principalmente para levantar información geoquímica y catastral valiosa (como sucedió en la zona de Íntag) que terminó beneficiando, de forma gratuita, a corporaciones mineras transnacionales en lugar de fortalecer la vigilancia ecológica del Estado.
Estos hallazgos sirvieron como justificación jurídica e histórica para que el país declarara el default selectivo de algunos tramos de los bonos de su deuda externa en el año 2008. Además, esos primeros intentos por generar condiciones para la expansión de la minería metálica desataron varios procesos de resistencia. Lo que interesa rescatar es que de allí emergieron varias acciones y propuestas que luego se plasmaron en la Constitución de Montecristi, como es la prohibición de los contratos con condicionamientos lesivos a la soberanía nacional, tal como acontece con los arbitrajes internacionales.
• El Nuevo Ecuador alienta la resistencia
A pesar de los avances conquistados, los intentos para al menos normar la minería en el Ecuador no han dado todavía todos los frutos esperados. Vivimos tiempos de acelerada regresión de derechos. Recordemos, para empezar, el irrespeto al Mandato Minero, de abril del 2008, con la Ley de Minería, expedida en enero del 2009. Destaquemos también el continuado atropello a la Constitución del 2008. Traigamos a cuenta el caso omiso de la voluntad popular que prohíben la minería, que hacen los gobiernos pro-mineros, expresada en varias consultas: Girón 2019, Cuenca, 2021, Quito 2023. Y en la actualidad esta ofensiva minera se redobla con las acciones cada vez más dictatoriales del régimen de Daniel Noboa10.
Todo eso, por más indignante que sea, no merma la importancia de las disposiciones constitucionales. Al contrario, ese marco jurídico configura una base democrática sólida, que sirve para desplegar las múltiples luchas para proteger los territorios. Tan es así, que cobran fuerza acciones como las del Quinto Río de Cuenca en defensa de los páramos, el agua y la vida, que comienza a inundar todo el país.11
Es claro que tenemos que actuar ya. Debemos frenar el caos social-ambiental e inclusive político CATASTRÓ-fico, que alienta Noboa con la avalancha minera.
FUENTES
1 https://lalineadefuego.info/entre-la-mineria-legal-e-ilegal-un-solo-abrazo-la-corrupcion-alberto-acosta-carlos-zorrilla-pocho-alvarez/
2 https://www.eluniverso.com/noticias/economia/mineria-arcom-tasa-minera-apertura-catastro-viceministro-javier-subia-ecuador-nota/?utm_source=chatgpt.com
3 https://controlminero.gob.ec/wp-content/uploads/2026/06/informe-de-la-actualizacion-de-la-tasa-de-la-supervision-y-control-minero-mef-borrador.pdf
4 https://controlminero.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/reporte_auditores_tecnicos_mineros_febrero_20260940679001773682161.pdf
5 https://lalineadefuego.info/entre-la-mineria-legal-e-ilegal-un-solo-abrazo-la-corrupcion-alberto-acosta-carlos-zorrilla-pocho-alvarez/
6 https://rebelion.org/entretelones-de-un-proyecto-de-ley-perverso/
7 https://lalineadefuego.info/enfrentando-una-ecuacion-perversa-tlc-canada-fmi-catastro-minero-extractivismo-desbocado-alberto-acosta-carlos-zorrilla-pocho-alvare/
8 https://lalineadefuego.info/el-perverso-laberinto-de-los-arbitrajes-internacionales-una-rapida-reflexion-sobre-los-tratados-bilaterales-de-inversion/
9 https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Libro-CAIC_Espa%C3%B1ol.pdf
10 https://www.sinpermiso.info/textos/en-memoria-de-mario-unda-1957-2026-ecuador-la-excepcion-transformada-en-dictadura
11 https://vocesazuayas.com/nuestros-paramos-no-se-tocan/
