El Congreso aprobó el acuerdo por USD 1.900 millones. La Cámara de Senadores sancionó el acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional, que respalda las reformas del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, y pasa al ejecutivo para su promulgación. En la Cámara de Diputados ya se había aprobado el acuerdo anticipadamente. La Cámara de Diputados aprobó con antelación el acuerdo de 1.900 millones de dólares que respalda las reformas para fortalecer las reservas internacionales.
El acuerdo con el FMI establece el fin del subsidio al diésel. Todos los anuncios al respecto se dieron después de la sanción del acuerdo de USD 1.900 millones. El presidente anunció la eliminación total de la subvención al diésel, cuyo precio fluctuará de acuerdo al mercado internacional. Se dice que la medida se tomó para recuperar la economía en crisis, buscando en parte esta recuperación con la suspensión del subsidio a combustibles, por otra parte con recortes al gasto público.
No se trata solo del préstamo. Se trata de un plan que contempla treinta y seis meses, se trata del plan respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El objetivo es estabilizar la economía boliviana. Se propone ajuste fiscal, control monetario y un régimen cambiario flexible, con la meta de reducir el déficit, limitar el financiamiento del Banco Central al sector público, reconstruir las reservas y recuperar la sostenibilidad de la deuda.
El compromiso es eliminar totalmente el déficit primario del sector público no financiero, lo que supondrá un ajuste fiscal acumulado de alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. Explicado de manera simple: Entra plata fresca para reservas, a cambio el gobierno se compromete a gastar menos, dejar de imprimir para financiarse y dejar que el dólar y el diésel se muevan con el mercado.
Se trata de políticas de austeridad, que se convierte en la receta dolorosa del FMI. Se exige reducciones masivas del gasto público, lo que impacta negativamente en la inversión social, en la inversión en salud, educación y programas sociales. A las políticas de austeridad acompaña la suspensión de las subvenciones. Se impulsa el retiro abrupto de subsidios a los combustibles, carburantes, incluso, a productos básicos, afectando, de esta manera, de forma inmediata, al poder adquisitivo de las familias, sobre todo de las familias que viven día a día.
La aplicación de las medidas del FMI implica la pérdida de soberanía. La condiciones impuestas obligan a cumplir leyes, así como rumbos macroeconómicos, dictados desde la Casa Blanca, limitando notoriamente la autonomía de los Estados subalternizados.
El efecto negativo tiene que ver con el incremento de las desigualdades. Los programas de ajuste estructural han profundizado la pobreza durante la crisis, que expone a los pueblos a la vulnerabilidad.
Las recetas aplicadas en los países no evitaron, de todas maneras, las catástrofes financieras. Haciendo una paráfrasis al dicho conocido, podemos decir que por donde pasa el FMI no crece ni la yerba. Los sectores sociales, entre ellos jubilados y otras organizaciones, cuestionan estos prestamos condicionales porque trasladan el costo de la crisis a la sociedad, al pueblo, ocasionan un mayor endeudamiento, además de la amenaza de perder lo poco que se tiene, en tanto bienes privados, bienes públicos y bienes comunes, además de darse lugar la subida de los precios y los tarifazos.
Acompañando al fin de los subsidios a los combustibles, viene la consolidación fiscal masiva, la flexibilización cambiaria, la liberación de exportaciones y precios. Se contempla la eliminación paulatina de los controles de precios de la canasta familiar o básica, y el levantamiento de cupos o restricciones a las exportaciones.
En lo que respecta al impacto social, se anuncia el riesgo de la conflictividad, que, además tiene que enfrentar la inflación. El encarecimiento inmediato del combustible impacta en los costos del transporte y de los alimentos. Además, todo esto ocurre cuando el Congreso amplio, inconstitucionalmente, el Estado de excepción por noventa días. Algo que convierte al contexto en el que se aplican las medidas del FMI en un ámbito inconstitucional.
Pregunta: ¿Por qué no pagan la crisis los que la ocasionaron? Por lo menos considerando medio siglo, cuando se hacen visibles las causas inherentes de la crisis estructural. En este lapso de tiempo se dan gestiones de gobierno neoliberales, primero, después, neopopulstas, para experimentar el reciente retorno a un neoliberalismo deshilachado. Esta pregunta apunta a los que se han beneficiado de una crisis intermitente, también de carácter dilatado, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Podemos reiterar la pregunta, de una manera específica, dentro de distintas tonalidades que implica la pregunta: ¿Por qué no la pagan la crisis los empresarios que se han beneficiado, la banca que siempre se beneficia, sobre todo en tiempos de crisis? También podemos preguntar: ¿Por que no paga la crisis el gremio de la clase política variopinta?
Ahora haremos un breve repaso a la historia del FMI, para evaluar su decurso, descubriendo, poco a poco, la evidencia de su anacronismo, en la medida que han transcurrido sus medidas en el transcurso del tiempo.
Breve historia del FMI
La historia del FMI es la historia de cómo el mundo buscó no repetir la Gran Depresión, convirtiéndose en el prestamista más polémico del planeta.
El origen: Bretton Woods, 1944
El FMI se diseñó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Cuarenta y cuatro gobiernos se pusieron de acuerdo en un marco para la cooperación económica, con el propósito de evitar la repetición de las desastrosas medidas de política económica, que contribuyeron a la Gran Depresión de los años treinta. La idea fue elaborada por dos connotados economistas, el americano Harry Dexter White y el británico John Maynard Keynes. El convenio constitutivo fue adoptado el 22 de julio de 1944, conocido como los acuerdos de Bretton Woods, que entró en vigor el 27 de diciembre de 1945. El FMI se constituyó junto a su organización paralela, el Banco Mundial, con sede en Washington D.C. Desde entonces, por un acuerdo tácito, el director gerente del FMI es europeo y el presidente del Banco Mundial es estadounidense. La función atribuida, en principio, al FMI, era ser el guardián del Sistema Monetario Mundial. Cada país registraba su tipo de cambio fijo atado al dólar, y el dólar atado al oro.
De 1945 a 1971 el sistema funciona como se había establecido. En esas décadas el FMI vigilaba que nadie devaluara la monda nacional a su antojo para ganar en exportaciones. Ante problemas de balanza de pagos, se acudía a prestamos en dólares a corto plazo.
En 1971 se rompe el marco de este funcionamiento. EE.UU. abandona la convertibilidad del dólar en oro. Se acaban los tipos de cambio fijos y se pasa al mundo de cambios flotantes que conocemos. El FMI pierde su función original y se reinventa como supervisor, ademas de convertirse en bombero de la crisis.
Durante los años 80s se desata la crisis de la deuda, en este contexto se da lugar el giro neoliberal. Aquí el FMI, como se dice, cambia de piel, ingresa plenamente en América Latina, incluida Bolivia. Con el impago de la deuda mexicana en 1982, estalla la crisis de la deuda. El sistema, aparentemente más flexible, se desplomó de nuevo con la crisis de la deuda externa en 1982. Desde ese momento el papel del FMI se centró en la coerción hacia los países deudores, obligándolos a pagar sus deudas en perjuicio de su estabilidad política, social y económica. Es cuando el Banco Mundial introdujo los préstamos de ajuste estructural con clara inspiración del pensamiento neoliberal; el FMI, poco tiempo después, con el mismo enfoque, incorporó los servicios de ajuste estructural en 1986. Liberalización, privatización, recorte fiscal, es decir, el famoso Consenso de Washington.
De los 90s hasta hasta la actualidad estallan crisis intermitentes. La crisis asiática de 1997 y la crisis rusa de 1998. El FMI presta, pero con condiciones muy duras. Nace el estigma de “receta del FMI”. Durante el 2008, también durante el 2010, el FMI vuelve a Europa para salvar a Grecia, Portugal, Irlanda. Durante el periodo que va del 2020 hasta el 2026, bajo la experiencia dramática del COVID, el FMI emite Derechos Especiales de Giro históricos, con esto vuelve a ser relevante para países de ingresos medios con reservas bajas.
Saltándonos a lo que ocurre ahora en Bolivia, que es miembro fundador del FMI desde 1945, se acaba de aprobar el programa de treinta y seis meses por USD 1.900 millones, bajo un nuevo plan, donde el FMI pide ajuste fiscal de 8,5% del PIB y eliminación del déficit primario, pero también habla de proteger a vulnerables. Podemos decir que hay una historia marcada de Bolivia con el FMI. Marcada cíclicamente: cada 25 a 30 años se recurre al FMI.
Viendo retrospectivamente en la historia podemos observar que entre 1932 y 1957 Bolivia está veintiséis años fuera del sistema del FMI. Hasta 1957 Bolivia no pagó la deuda externa, por lo tanto, no recibió tampoco nuevos créditos; la guerra del Chaco en 1932 encontró a Bolivia sin posibilidades de recibir préstamos en el exterior. Después de veintiséis años, una vez firmado el primer acuerdo con el FMI para la estabilización monetaria, el segundo gobierno del MNR, mediante Decreto Supremo del 25 de mayo de 1957, dispuso la reanudación de pagos, consolidando un saldo neto de 62 millones de dólares, estableciendo con esto el nuevo convenio con un nuevo plan de pagos. Este fue el famoso Plan Eder de 1956-57. Primer Stand-By de la historia boliviana. Austeridad clásica para frenar la inflación de la Revolución de 1952.
Durante el lapso que viene de 1958 y va a 1982, se da lugar un endeudamiento sin FMI. En los 60s la banca internacional casi no prestaba a Bolivia. No hubo créditos de mediano y largo plazo a Bolivia por parte de la banca internacional antes de 1970. En cambio en los 70s entra la plata fácil de los petrodólares. En Bolivia quien contrajo el crédito fue el gobierno de la dictadura militar. La deuda era aproximadamente de 1.800 millones de dólares, donde 75% se contrajo en la dictadura militar. Esa deuda explota en 1982 con la crisis latinoamericana.
Durante el año de 1985 se da lugar el quiebre o la bifurcación conocida como relativa al Decreto Supremo 21060. La crisis económica, política y social que removió al país, durante la primera mitad de la década de 1980, derivó en la inclinación por impulsar un nuevo “modelo de desarrollo” basado en un programa de estabilización económica de carácter ortodoxo, a partir de la promulgación del Decreto Supremo 21060, en agosto de 1985, que instaura lo que se vino en llamar eufemísticamente la Nueva Política Económica. El grueso de las medidas para la estabilización, acordadas y negociadas con el FMI, se plasmaron en el DS 21060. Se puede decir que el programa de estabilización económica de 1985 eliminó la hiperinflación, enfrentando la crisis provocada por el elevado endeudamiento externo de la década de los años setenta. También se puede decir, en contraste, que, en la calle se evidencio la convulsión social. Quince días de huelgas y de motines son provocados por el notorio aumento de precios de los alimentos y de la gasolina, ocasionados por las medidas de ajuste estructural preparadas, financiadas por el Banco y el FMI.
Durante el periodo que viene de 1986 y va a 1999 se da lugar el ajuste estructural al estilo del Heavily Indebted Poor Countries, HIPC, que es un programa del FMI y del BM, conformado en 1996, para reducir la deuda externa insostenible de los países con menores ingresos. El FMI creó modalidades nuevas para países pobres: Servicio de ajuste estructural (1986), servicio de ajuste estructural reforzado (1987); El Structural Adjustment Facility (ESAF), el año 1986; y el Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), a mediados de 1988. Bolivia entró en todos. ESAF 1986, ESAF reforzado 1988, luego ESAF/PRGF en los 90s. A cambio de seguir ajustando, Bolivia entró al alivio de deuda. Por lo tanto se condonó gran parte de la deuda con el Club de París, cuya fecha de corte para Bolivia fue diciembre de 1985.
Durante el periodo del 2000 al 2006, asistimos a los últimos programas del siglo XX. En 2006, Bolivia firmó otro Acuerdo Stand-By con el FMI. En 2006 y 2012 Bolivia accedió a dos programas de Acuerdos de Derecho de Giro Ampliado con el FMI. Son los programas del gobierno de Carlos Mesa Gisbert y del primer año de Evo Morales Ayma.
Se puede volver a considerar el lapso que viene del 2006 y llega al 2024 como los dieciocho años sin FMI. Desde que Evo Morales Ayma rompe con el FMI, Bolivia no firma programas formales. Se paga y se deja de pedir. Lo que ocurre ahora, con el reciente acuerdo con el FMI, los medios lo titulan como que “Bolivia volverá a recibir financiamiento del Fondo Monetario Internacional, después de más de dos décadas”, sin un programa formal.
En consecuencia, el el 2026 cuando se da lugar al regreso, con el SAF por USD 1.900 millones. El que se acaba de aprobar en Diputados y Senadores: Las autoridades bolivianas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un programa de treinta y seis meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), por aproximadamente US$1.900 millones, equivalentes a DEG 1.369 millones, o 570 por ciento de la cuota, destinado a respaldar el programa de reformas económicas del gobierno boliviano. Es el programa más grande en la historia de Bolivia con el Fondo. El anterior más grande era de 300 millones en los 80s. Por lo tanto ingresamos a una nueva ampliación de la deuda externa.
Haciendo una evaluación se puede decir que la aplicación FMI de 2026 no es el mismo que el de 1957 y el de 1985. Las condicionalidades se desplazaron de “congelar sueldos” a “tope a la maquinita”.
En 1957 el Plan Eder corresponde al FMI clásico. El contextos es el siguiente: Inflación de 475%, presupuesto crónicamente desequilibrado financiado por adelantos del Banco Central de Bolivia. Fue un plan de cincuenta pasos con un Fondo de Estabilización de 22,5 millones de dólares, equivalente a la quinta parte de las exportaciones de 1956. El principal autor de esta plan fue George Jackson Eder, un consultor norteamericano; sus recomendaciones se convirtieron en la condición para que la ayuda estadounidense siguiera fluyendo. El trabajo de Eder fue respaldado por una misión del Fondo Monetario Internacional, del que Bolivia era miembro desde 1945. Las medidas fueron: Estabilización del Boliviano al cambio de Bs 7.700 por dólar norteamericano; cambio libre; eliminación de la subvención a los precios de artículos de primera necesidad; eliminación de los controles de exportaciones e importaciones; libertad de comercio exterior; supresión de cambios múltiples; control del crédito bancario, reducción del déficit fiscal En resumen, la tradicional política económica del FMI: Congelación de salarios, liberación del intercambio, apertura al capital foráneo. La estrategia del FMI de aquel entonces fue: Tipo de cambio único y devaluado, añadiendo fin de subsidios, incluyendo disciplinar el déficit para parar la inflación.
En 1985 el Decreto Supremo 21060 corresponde a la medida de shock neoliberal. El contexto es el siguiente: Hiperinflación de 24.000%, déficit de 25% del PIB, sin reservas. El 21060, redactado en tan solo tres días por un reducido grupo de tecnócratas, introdujo una política de shock neoliberal: Congelamiento de salarios, despidos masivos en la minería estatal, liberalización de precios, devaluación del boliviano, eliminación de subsidios, apertura comercial y reforma tributaria. Estas medidas, inspiradas en el Consenso de Washington, avaladas por organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, permitieron controlar la inflación casi de inmediato. Las siete medidas claves que el FMI avaló fueron: Tipo de cambio libre, fin de subsidios, congelamiento salarial, despidos masivos en el sector público, reducción del déficit fiscal, apertura al libre mercado y reestructuración de la deuda externa. En el detalle las medidas contemplaron: Flotación cambiaria administrada; eliminación del control de precios; apertura comercial con reducción de aranceles; eliminación de subsidios; congelamiento salarial y fin de la indexación; flexibilización laboral; además de la Reforma Tributaria, Ley 843, que creó IVA, IT, ICE.
No hay que olvidar que estas medidas conllevan un costo social, debidas precisamente a las condiciones impuestas. Hablamos del despido, también relocalización de 23.000 mineros, del congelamiento de salarios por cuatro años. Otras fuentes hablan de más de 35 mil trabajadores mineros de COMIBOL dejados en la calle bajo el eufemismo de la relocalización. La lógica del FMI de ese entonces consistió en: Shock total. No solo corregir precios, sino desmantelar el Estado empresario.
En el 2026, como hemos dicho, se da lugar el SAF, por USD 1.900 millones, se trata de lo que podemos denominar, provisionalmente, el FMI técnico. El contexto es el siguiente: Déficit 9,1% del PIB, reservas netas en USD 3.170 millones, subvenciones crecientes, distorsiones cambiarias y uso recurrente del financiamiento del BCB para cubrir el déficit. Ahora ya no se habla de “congelación de sueldos por cuatro años”. Se ponen metas cuantitativas trimestrales, que el BCB y el Ministerio deben cumplir, de lo contrario no hay desembolso.
Las metas del 2026 que están en el memorando son las siguientes: El programa parte de un diagnóstico de fuertes desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y externos, propone una consolidación fiscal importante, reducción del financiamiento del déficit mediante el BCB y reconstrucción de reservas. Entre sus principales metas están un déficit del SPNF de Bs. 46.800 millones en 2026, nuevo crédito neto del BCB al sector público igual a cero, base monetaria de hasta Bs. 133.900 millones. Se propone el ajuste fiscal, control monetario y un régimen cambiario flexible. El objetivo es reducir el déficit, limitar el financiamiento del Banco Central al sector público, reconstruir las reservas y recuperar la sostenibilidad de la deuda. La meta respecto a las reservas consiste en elevar las reservas internacionales netas, desde aproximadamente $us 3.170 millones hasta $us 5.940 millones al cierre de 2026. La senda fiscal comprende recortar el déficit fiscal desde un 9,1% del PIB proyectado para 2026 hasta un 6,4% en 2027, alcanzando un 3,8% en 2028. El Gobierno proyecta recomponer las arcas hasta los 6.000 millones de dólares hacia fines de 2026, rozar los 8.000 millones en 2028 y consolidar un nivel cercano a los 9.067 millones en 2031. Se propone también un ajuste total en lo que respecta a eliminar el déficit primario del sector público no financiero, además de aplicar un ajuste fiscal acumulado de alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. Entre las condiciones acordadas figuran la eliminación de los subsidios a los combustibles, la reducción del déficit fiscal, el recorte del gasto corriente y un tipo de cambio flexible.
Comparativamente se puede observar que en 1957, también en 1985, el FMI establecía que precio liberar. En 2026 el FMI establece cuánto se emitir y cuánto se debe tener en reservas; deja decidir cómo se llega a las metas, aunque en la práctica, efectivamente, eso implica eliminar diésel y recortar gasto corriente.
Volviendo al balance, se puede comprobar que durante 1985 y en adelante, se logró estabilizar. El programa boliviano llevado a cabo en el año 1985, que hizo frente a una hiperinflación del 11700% en términos anuales, fue un programa puramente ortodoxo, que tuvo rápidamente éxito, en parte porque no existían mecanismos de indexación. La evaluación posterior del propio Fondo lo resume así: “La asociación de Bolivia con el FMI ha sido un testimonio del poder de los marcos de políticas integrales. El Servicio de Crecimiento y Reducción de la Pobreza de Bolivia ayudó al país a recuperarse de la hiperinflación y la inestabilidad económica en la década de 1980”. Para 2005, el país había estabilizado su moneda, reducido su deuda externa y aumentado sus reservas internacionales.
En 1957, con el Plan Eder también se paró una inflación de 475% en meses. En esos casos el FMI funciona cuando hay hiperinflación, sin reservas y con déficit financiado por el Banco Central, se puede decir, con las diferencias de contexto, que es parecida al cuadro económico de Bolivia en 2026.
Como hemos dicho, en contraste dramático, es el costo social dónde se manifestó el problema, regenerando la crisis social. La crítica no es que no baje la inflación, sino a qué costo, además de si la receta se vuelve procíclica. Las políticas de ajuste estructural del FMI produjeron más hambre, estallando disturbios, los beneficios se repartieron desproporcionadamente a favor de los más pudientes, mientras que los más pobres en ocasiones se hundían aún más en la miseria. La carta de la sociedad civil advierte al FMI que abandone la premisa equivocada de que la austeridad resolverá los desafíos, señala que estos programas alimentan la desigualdad y trasladan el costo del ajuste a las poblaciones vulnerables. En los años ochenta, sus programas de ajuste estructural fueron señalados como responsables de recesiones más profundas, además de mayor pobreza en varios países. Los costes económicos y sociales fueron muy elevados.
La ideología neoliberal se impuso en el FMI. Las tendencias de la economía mundial y estas políticas contribuyeron a aumentar la desigualdad en el interior de los países, sobre todo en los más vulnerables. Por eso el ajuste estructural se ha percibido a menudo como un aumento de la desigualdad. Recientemente el FMI ha fomentado que la reducción de la pobreza forme parte de las políticas de ajuste. En Bolivia este cuadro dramático se vio en 1985 con la relocalización de 23.000 mineros y el congelamiento salarial por cuatro años. Se estabilizaron los precios, empero se regeneró el desempleo, se incrementó la pobreza, que duró una década.
Al respecto, hay que anotar que no hay protección social real, sólo en papel. El programa de 2026 dice que protege a vulnerables, pero varios analistas advierten que el alcance de la supuesta protección es limitado, protege solamente a los más pobres, no alcanza a la clase media baja, que es la que va a absorber generalmente la mayor parte del ajuste.
El ajuste es procíclico. Depende si se recorta el gasto en plena recesión sin reservas, profundizas la caída. En cambio si se lo hace con financiamiento externo, que da aire para importar, como los USD 1.900 millones para subir reservas de USD 3.170 a USD 5.940 millones, el golpe puede amortiguarse.
El gobierno usa al FMI como recurso necesario e ineludible. Se señala al FMI como responsable de reformas impopulares, para desviar el descontento ciudadano, sin embargo es el gobierno el que a tomado las cartas en el asunto y el que ha decidido recurrir al FMI.
El objetivo es estabilizar lo monetario y cambiario, como en 1957 y 1985, porque el problema central ahora es fiscal y de reservas, aparentemente no productivo. Sin embargo, las medidas regeneran la crisis social. Todo el peso recae sobre los hogares y no sobre gasto el corriente improductivo. Como hemos mencionado, la pregunta central es: ¿Quién pagará el costo de esa estabilización? Si el costo recae sobre los pobres mientras los beneficios se concentran en grandes exportadores, capitales privados y grupos de poder, no nos encontramos ante una recuperación equilibrada, sino ante una profundización de la desigualdad. No hay cambios estructurales paralelos. Los recursos del FMI tendrán un efecto limitado si no están acompañados de cambios estructurales, que obviamente no son neoliberales, sino que son concebidos desde la solidaridad y el apoyo social.
En síntesis: El FMI es eficaz para apagar el incendio de la hiperinflación y de la falta de dólares, empero sin contar con una política interna apropiada, que reparta el costo y genere empleo, el incendio vuelve a cada diez o quince años. Eso explica por qué Bolivia volvió tres veces a recurrir al FMI, 1957, 1985 y 2026.
Conclusiones
