25 de mayo 2026
Históricamente, numerosos países que han adoptado programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), o paquetes de políticas similares promovidos —e impuestos— bajo la ortodoxia del Norte Global, han sufrido graves costos económicos, políticos y sociales en su búsqueda de una estabilidad macroeconómica que a menudo resulta inalcanzable. Ecuador es un ejemplo ilustrativo. En los últimos años, sucesivos gobiernos, respaldados por las élites nacionales, han buscado fervientemente la aprobación del FMI y de potencias mundiales como Estados Unidos, mientras que la carga de estas políticas ha recaído desproporcionadamente sobre la población en general.
Una característica estructural definitoria de la economía ecuatoriana es la dolarización. Desde su adopción oficial en el año 2000, este régimen monetario ha generado estabilidad monetaria —entre 2002 y 2025 la inflación promedió un 3% anual²— , pero no ha logrado impulsar la transformación productiva necesaria para reducir la dependencia externa. Por el contrario, alrededor del 80% de las exportaciones ecuatorianas siguen concentradas en materias primas (casi el 20% corresponde únicamente al petróleo crudo), las remesas representan alrededor del 5% del PIB y cerca del 30% de los ingresos del sector público dependen de las exportaciones de petróleo.³
Si bien la dolarización por sí sola no explica los principales problemas de la economía ecuatoriana, sí ha hecho más visibles varias fragilidades estructurales y, en algunos casos, las ha intensificado. Por ejemplo, ha profundizado las limitaciones externas de Ecuador, es decir, su dependencia del flujo constante de dólares para mantener la liquidez, las cadenas de pago, la estabilidad financiera y el funcionamiento general de la economía. Esta situación, agravada por una serie de choques exógenos —la crisis financiera internacional de 2009, el desplome de los precios del petróleo en 2015, la crisis del coronavirus en 2020 y las renovadas tensiones en Oriente Medio en 2026— ha convertido la deuda pública externa en un elemento central de la economía política ecuatoriana.
En ese contexto, la deuda pública externa se ha expandido a un ritmo que ha superado el crecimiento económico. Para enero de 2026, la deuda pública externa de Ecuador había alcanzado los 51.000 millones de dólares, equivalente a casi el 37% del PIB, estimado en 139.000 millones de dólares.? Esto marca un marcado aumento con respecto a 2009, cuando la deuda pública externa se situaba en 7.400 millones de dólares, lo que representaba solo el 12% del PIB.
El vínculo entre dolarización y deuda se hizo especialmente evidente durante la crisis del coronavirus de 2020. El cierre abrupto de la economía, sumado al desplome de los precios del petróleo, obligó al gobierno ecuatoriano de entonces a suspender los pagos de la deuda, congelar diversas obligaciones internas (incluidos los salarios del sector público) e impulsar una renegociación urgente de la deuda; todas medidas destinadas, en última instancia, a asegurar la entrada de dólares necesaria para restablecer la liquidez y reactivar las cadenas de pago locales. 5
El FMI desempeñó un papel clave en este proceso. En abril de 2026, la deuda pendiente de Ecuador con el Fondo ascendía a unos 9.600 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 18% de la deuda pública externa total. En términos comparativos, Ecuador se sitúa entre los mayores prestatarios del FMI, superado únicamente por Argentina (57.400 millones de dólares), Ucrania (14.700 millones de dólares), Egipto (10.100 millones de dólares) y Pakistán (10.000 millones de dólares) .
La fase más reciente de la relación de Ecuador con el FMI comenzó en marzo de 2019, cuando el gobierno liderado por Lenín Moreno firmó un acuerdo para un Servicio Ampliado del Fondo por un monto de 4.200 millones de dólares. El gobierno recurrió a la institución tras un período de endeudamiento externo acelerado, especialmente después de 2014, marcado por la emisión de bonos soberanos con vencimientos cortos y altas tasas de interés, en un contexto de caída de los precios del petróleo, apreciación del dólar estadounidense y el impacto económico del terremoto de 2016.
El acuerdo de 2019 fue cancelado en mayo de 2020, cuando Ecuador recibió financiamiento de emergencia a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), y posteriormente fue reemplazado en septiembre de ese mismo año por un nuevo programa de aproximadamente 6.500 millones de dólares. Los desembolsos de este segundo programa se completaron en 2022, durante el gobierno del banquero Guillermo Lasso. La implementación del programa del FMI estuvo acompañada de medidas de ajuste que desencadenaron importantes movilizaciones indígenas y populares en octubre de 2019 y junio de 2022. La consiguiente crisis política culminó con la disolución de la Asamblea Nacional y las elecciones anticipadas de mayo de 2023, allanando el camino para el ascenso de Daniel Noboa, heredero de una de las mayores fortunas de Ecuador y vinculado al negocio de la exportación de banano.
En mayo de 2024, el gobierno de Noboa concluyó un nuevo acuerdo con el FMI por USD 4 mil millones, ampliado posteriormente en julio de 2025 con USD 1 mil millones adicionales. 7 Una característica distintiva del programa actual es su fuerte componente de refinanciamiento. Según la cuarta revisión del FMI, se proyecta que Ecuador reciba aproximadamente USD 5 mil millones entre 2024 y 2028, mientras que se espera que los pagos de amortización e intereses al Fondo durante el mismo período alcancen aproximadamente USD 8 mil millones.
En marzo de 2026, al anunciar un acuerdo a nivel técnico para la quinta revisión, el FMI hizo hincapié en la necesidad de asegurar la consolidación fiscal, la sostenibilidad de la deuda, el acceso renovado a los mercados internacionales de capitales y la atracción de inversión privada.? En otras palabras , la relación actual con el FMI funciona menos como una fuente neta de divisas para la economía ecuatoriana que como un mecanismo para gestionar la restricción externa e impulsar la continuidad de las políticas de ajuste estructural.
Esta dinámica va más allá del endeudamiento de Ecuador con el FMI. Entre 2022 y 2025, Ecuador recibió aproximadamente 20.000 millones de dólares en desembolsos de deuda pública externa, pero durante el mismo período pagó 21.400 millones de dólares en servicio de la deuda: 12.800 millones de dólares en amortización del capital y casi 8.600 millones de dólares en intereses. La estructura de acreedores detrás de este financiamiento externo está dominada por prestamistas oficiales: la deuda pública externa de Ecuador se concentra principalmente en instituciones multilaterales y regionales —incluidos el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF—, seguida por títulos de deuda emitidos en los mercados internacionales y, en menor medida, obligaciones bilaterales con otros gobiernos, especialmente China. En 2025, las organizaciones multilaterales poseían alrededor del 60% de la deuda pública externa de Ecuador, los títulos de deuda del mercado internacional el 30% y los acuerdos con gobiernos extranjeros casi el 10%.
Así, una gran parte de los nuevos préstamos obtenidos por la economía ecuatoriana terminó saliendo del país para cubrir deudas pasadas. Esto ayuda a explicar por qué, a pesar del acceso a financiamiento externo, el gobierno de Noboa ha profundizado de manera sin precedentes su agenda de ajuste estructural. Las medidas clave incluyen el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15% (abril de 2024), el retorno del Impuesto sobre Salidas de Divisas (ISD) al 5% (también abril de 2024) y la introducción de contribuciones temporales impuestas tanto a las empresas como al sistema bancario para financiar un “conflicto armado interno” (que el gobierno declaró contra grupos del crimen organizado).? En otras palabras, el ajuste no se ha limitado a recortes de gastos; también ha implicado una reconfiguración de la carga tributaria para aumentar los ingresos fiscales y señalar un fuerte compromiso con la disciplina fiscal a los acreedores e instituciones multilaterales, utilizando el financiamiento de la seguridad interna como pretexto.
El ajuste también avanzó a través de la política de combustibles. Primero, se liberalizaron parcialmente los precios de la gasolina, seguidos de la eliminación del subsidio general al diésel (introducido originalmente en la década de 1970), lo que elevó su precio de 1,80 USD a 2,80 USD por galón. Una vez más, estas medidas provocaron protestas indígenas y populares, aunque a menor escala que las de 2019 y 2022, en un contexto marcado por una mayor militarización y represión social gubernamental. Al mismo tiempo, el programa económico recibió un renovado impulso extractivista. Si bien el FMI había enfatizado la necesidad de atraer inversión privada en minería, hidrocarburos y energía, el gobierno abrió 49 bloques de petróleo y gas en la Amazonía a la explotación privada, una medida denunciada por las comunidades indígenas por invadir territorios ancestrales y por no garantizar una consulta previa adecuada. 10
Otras medidas de ajuste incluyen una mayor flexibilización de las regulaciones del mercado laboral, particularmente en lo que respecta a los horarios de trabajo. Un nuevo Acuerdo Ministerial (MDT-2026-059) permite jornadas laborales de hasta 10 horas continuas sin pago de horas extras, autoriza turnos que superen los cinco días consecutivos sin períodos de descanso estándar y posibilita “acuerdos” entre empleadores y empleados sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, entre otras disposiciones típicamente asociadas con la flexibilización del mercado laboral. 11
El gobierno de Noboa ha implementado estos ajustes junto con el uso intensivo de la fuerza estatal, con la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Paradójicamente, esto ha coincidido con una creciente crisis de seguridad. En 2025, Ecuador registró 9.216 homicidios, la tasa más alta de su historia reciente (50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes).¹² Al mismo tiempo, han aumentado los informes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El llamado “caso Malvinas”, que involucra la desaparición forzada de cuatro menores a manos de militares, se ha convertido en un símbolo de estos excesos. Tampoco se trata de un hecho aislado: el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha expresado su preocupación por múltiples casos urgentes de niños y adolescentes desaparecidos tras operaciones militares. Human Rights Watch también ha advertido que la nueva legislación promulgada en 2025 corre el riesgo de expandir peligrosamente los poderes del Estado en materia de inteligencia, privacidad y debido proceso.¹³
Además de la inseguridad, la violencia y la represión, el país también enfrenta graves problemas en el bienestar social. A finales de 2025, varios hospitales públicos sufrían una escasez crítica de medicamentos e insumos, incluyendo medicamentos básicos y tratamientos oncológicos. En 2024, Ecuador sufrió una grave crisis energética, con apagones de hasta 14 horas diarias, causados por la sequía y la profunda fragilidad de una infraestructura eléctrica debilitada por la insuficiente inversión pública. Las respuestas oficiales no estuvieron exentas de controversia, como en el caso de los contratos de emergencia con la empresa Progen para abordar la crisis eléctrica, los cuales fueron cuestionados debido a presuntas irregularidades y al potencial de pérdidas multimillonarias para el Estado. 14 En conjunto, estos acontecimientos sugieren que el gobierno de Noboa ha priorizado una agenda de ajuste económico —oculta bajo la declaración de un “conflicto armado interno”— sin dar una respuesta efectiva al deterioro de los servicios públicos esenciales.
La priorización de la agenda del FMI se enmarca en un contexto internacional más amplio, caracterizado por vínculos más estrechos con Estados Unidos en materia de seguridad y comercio. En marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó nuevas operaciones militares conjuntas con fuerzas ecuatorianas en territorio nacional. Al mismo tiempo, Quito acordó avanzar con un acuerdo comercial recíproco con Washington, propuesto por la Casa Blanca en noviembre de 2025. Este cambio sugiere una creciente convergencia entre la agenda de seguridad de Noboa, la búsqueda de legitimidad externa y la apertura de nuevas vías para el capital transnacional. También refleja un esfuerzo por allanar el camino para el regreso de Ecuador a los mercados financieros internacionales, como ocurrió en enero de 2026, cuando el país emitió 4.000 millones de dólares y realizó una recompra de bonos próximos a su vencimiento. 15
Este realineamiento internacional también ha generado importantes tensiones regionales. En abril de 2024, el gobierno autorizó una redada policial en la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, lo que provocó una grave ruptura diplomática y constituyó una flagrante violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Más recientemente, Ecuador inició una disputa comercial con Colombia, que escaló rápidamente: desde la imposición unilateral de un arancel del 30% en febrero de 2026 hasta aumentos sucesivos al 50% y luego al 100% en abril, en medio de acusaciones mutuas sobre seguridad fronteriza, medidas comerciales de represalia y la suspensión de ventas de energía. Si bien el gobierno ecuatoriano ha justificado esta escalada por motivos de seguridad y desequilibrios comerciales, la secuencia y el momento de estas acciones sugieren que su política exterior también podría aspirar a influir en el proceso electoral colombiano programado para mayo de 2026.
En resumen, Ecuador enfrenta una serie de limitaciones derivadas de la combinación de dolarización, endeudamiento externo, dependencia del petróleo, fragilidad energética e inseguridad persistente. Esta configuración tiende a reforzar una coalición gobernante que vincula a instituciones multilaterales, élites exportadoras de materias primas y fuerzas de seguridad del Estado (incluidas las fuerzas armadas). Además, a corto plazo, la frágil infraestructura energética del país lo hace particularmente vulnerable a sequías y fenómenos climáticos extremos. En tales circunstancias, la proyección del Banco Central de Ecuador de un repunte del PIB del 3,7% en 2025 —tras la contracción de 2024 en medio de una grave crisis energética— resulta menos alentadora de lo que podría sugerir inicialmente.
Evidentemente, el gobierno parece estar perdiendo impulso y legitimidad. La protesta social persiste, la resistencia indígena a la expansión extractiva se mantiene activa, y el rechazo de los votantes en noviembre de 2025 a las propuestas del gobierno para una Asamblea Constituyente y el establecimiento de bases militares extranjeras demostró que el proyecto de Noboa dista mucho de ser hegemónico. Esto sugiere que aún existe espacio para la contestación política en Ecuador, particularmente en torno al imperativo de impedir que los sectores populares sigan asumiendo los costos de la “estabilización macroeconómica” en beneficio de los acreedores externos. Sin embargo, al mismo tiempo, la represión estatal y las tendencias autoritarias se intensifican, a menudo en medio del silencio o la complicidad de múltiples actores, incluyendo autoridades judiciales y electorales y sectores de los medios de comunicación. Ante este panorama, y ??a pesar de las persistentes tensiones socioeconómicas, el espacio para la contestación parece estar reduciéndose, lo que genera creciente preocupación por la resiliencia de la democracia ecuatoriana.
NOTAS
1 Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Sitio web personal: https://sites.google.com/view/johncajasguijarro
2 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-precios-al-consumidor/
3 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/informacioneconomica/PublicacionesGenerales/ix_InformacionEstadística.html
4 https://www.finanzas.gob.ec/https-wwwdeuda-publica-nueva-metodologia/
5 Cajas-Guijarro, John (2026). Dolarización y deuda: Perspectivas teóricas y lecciones del caso de Ecuador. Network IDEAS. https://www.networkideas.org/2026/02/11/dollarization-and-debt-theoretical-insights-and-lessons-from-the-case-of-ecuador/
6 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/balmov2.aspx?type=TOTAL
7 https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2025/english/1ecuea2025003-source-pdf.pdf
8 https://www.imf.org/en/news/articles/2026/03/31/pr-26099-ecuador-imf-reaches-agreement-on-5th-rev-under-ecuador-eff-arrang
9 https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar?id=0620a32d-24e2-44bc-9070-3a664278ceae&nombre=NAC-DGECCGC24-00000002.pdf
10 https://apnews.com/article/oil-expansion-ecuador-indigenous-protest-licensing-noboa-2adf72c66d755ee755c64213c4c21854
11 https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/2.7-ACUERDO-MINISTERIAL-MDT-2026-059.pdf
12 https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-asesinatos-violencia-crimen-organizado-2025-114304/
13 https://www.fiscalia.gob.ec/caso-malvinas/ ; https://documents.un.org/api/symbol/access?l=es&s=CED%2FC%2F28%2F3&t=pdf ; https://www.hrw.org/news/2025/06/19/ecuador-new-laws-endanger-rights
14 https://www.primicias.ec/sociedad/ecuador-salud-crisis-hospitales-ministerio-iess-medicamentos-desabastecimiento-108562/ ; https://apnews.com/article/10fd90fec69cbb8af2a5ef9a014fafa6 ; https://gk.city/2025/06/26/caso-progen-escandalo-empresa-estadounidense-celec-ecuador-explicado/
15 https://www.southcom.mil/News/PressReleases/Article/4419140/gen-donovan-visits-ecuador/ ; https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/11/joint-statement-on-framework-for-united-states-ecuador-agreement-on-reciprocal-trade/ ; https://www.finanzas.gob.ec/ecuador-logra-exitosa-estrategia-internacional-para-dar-sostenibilidad-a-las-finanzas-publicas/
