25 de agosto 2026
“A veces me pregunto si el mundo está siendo gobernado por personas inteligentes
que nos están embromando o por imbéciles que hablan en serio”.
Mark Twain
El gobierno de Daniel Noboa intenta desde sus orígenes concretar la apertura del catastro minero. Luego de varios anuncios fallidos, ahora, por fin, parece que lo logrará. Hay varias señales que anticipan este objetivo largamente esperado por la hinchada pro-minera. Para conseguir ese objetivo, el gobierno del Ecuador busca cristalizar la mencionada apertura como una herramienta tecnológica para modernizar -léase acelerar- el otorgamiento de concesiones, apuntalándolo, en simultáneo, con ajustes normativos.
Así, un gran paso se dio con la expedición de la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía”, en marzo del presente año. A esa acción se suma el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Canadá el pasado 24 de julio que incluye -inconstitucionalmente- en el Capítulo 15 el mecanismo de resolución de controversias Inversor-Estado, y desarrolla figuras como el arbitraje de emergencia para blindar a las inversiones de empresas extranjeras (no solo canadienses). Pongamos sobre la mesa, inclusive, las pretensiones de Washington que prioriza proyectos de extracción de minerales convencionales y estratégicos, así como el hambre minera de China. Es evidente que la reciente visita del presidente Noboa a China, entre otros objetivos, está motivada por intereses mineros, también en el marco del TLC vigente con ese país. Y, en este mes de septiembre, será la sexta revisión del convenio con el FMI (SAF 2024-2025), que entre otras condiciones exige la reapertura del catastro minero. Esta ecuación se completa con el dinero que presta el BID para viabilizar proyectos extractivos.
De esta manera, como resultado de esta sumatoria, lo que se quiere es establecer “reglas claras” para que la minería se enraíce más y más en Ecuador. En paralelo, vía acuerdos de inversión -muchas veces vinculados a los TLC- se protegerán más y más las inversiones mineras, sobre todo a gran escala.
Un punto medular de esta construcción se encuentra en el TLC con Canadá, país que funciona como un minero-estado. Es visto como la capital mundial de la minería. Allí estarían afincadas la mayoría de las empresas mineras del mundo. El Estado canadiense las apoya de forma activa con su diplomacia minera. Las bolsas de valores como la Toronto Stock Exchange, y los marcos legales, aseguran la expansión internacional y nacional de esta actividad extractiva.
La minería en Canadá goza de un acceso al territorio virtualmente ilimitado. Es un sistema que se estableció hace unos 150 años. Las empresas adquieren derechos mineros simplemente al marcar el territorio físicamente, que luego son registrados como adquisiciones mineras. Con los títulos en la mano obtienen derechos perdurables para tareas de exploración y explotación. Los propietarios de los suelos tienen la obligación de permitir el ingreso y la acción de la minería. Luego pueden venir otros requisitos, como la planificación y a lo mejor la verificación pública. Por cierto, hay distintas normativas en los diferentes estados de Canadá, pero la esencia es similar.
Los títulos mineros son casi inalienables; solamente el ente federal responsable del territorio tiene el poder de confiscar las concesiones, cuando éste considera que el territorio sería mejor aprovechado en un proyecto de utilidad pública; poder que no se ha ejercido en varias décadas. Los estudios de impacto ambiental y los compromisos de remediación son escasos, si los hay. Eso conduce a que un enorme número de minas estén abandonadas: ¡más de diez mil! Miles de hectáreas están recubiertas de residuos que generan lixiviación ácida minera. Y eso genera impactos nefastos para el agua, la fauna y la flora de esos ecosistemas. Esta agua acidificada también causa afectaciones en lagos y ríos con los metales que se encuentran en la roca. Todo lo que, como es obvio, provoca graves problemas ambientales, con altísimos costos de remediación y de casi siempre imposible restauración, por lo que en muchos de estos casos el simple abandono es la norma…
Dejemos un punto de comparación. En el enorme territorio canadiense, con casi 9 millones de kilómetros cuadrados, cabe -figurativamente hablando- unas 40 veces el Ecuador.
Es el momento de plantear algunas preguntas o al menos hipótesis. Si en ese país, con tanto potencial minero, que cuenta con una normativa legal laxa, por decir lo menos, ¿por qué razón sus empresas están tan empeñadas en extender sus tentáculos por el mundo? Tengamos presente cuáles corporaciones canadienses lideran proyectos extractivos en diversos continentes. En Ecuador han estado o están presentes en los más grandes proyectos mineros: Mirador y Fruta del Norte (provincia de Zamora Chinchipe), Intag (Imbabura), Cangrejos (El Oro), El Domo (Bolívar), La Plata (Cotopaxi), Warintza (Morona Santiago), Loma Larga y Ruta del Cobre (Azuay).[1]
A modo de respuesta tentativa, ¿será acaso que allí han entendido la gravedad de los destrozos provocados por la minería, con una sociedad civil cada vez más empoderada en la defensa de sus territorios? Debe incidir, con mucha fuerza, el hecho de que en ese minero-estado existen muchas mineras de otras nacionalidades que se aprovechan de las normativas legales existentes y que lucran en los mercados financieros de Canadá, donde la especulación es una de las fuentes más redituables del capital minero. Bien decía Carlos Marx, citando al banquero inglés J. W. Gilbart (The History and Principles of Banking, 1834), que “todo lo que facilita el negocio, facilita la especulación, los dos en muchos casos están tan interrelacionados, que es difícil decir, dónde termina el negocio y empieza la especulación”.
Y vaya que el negocio minero se fundamenta en un sistema de especulación permanente, aprovechándose de la renta de la Naturaleza y de los beneficios que obtienen de este tipo de actividades.
En todo ese entorno el gobierno canadiense promueve una diplomacia minera, a través de múltiples mecanismos, como puede ser la firma de tratados de libre comercio e inversión para proteger a sus empresas mineras en el extranjero.
En síntesis, cobijada en un tratado de libre comercio, que bien sabemos no es libre y tampoco solo de comercio, se quiere abrir aún más la puerta al extractivismo minero en nuestro país. Un empeño que recibe soportes en la política económica que norma la gestión del gobierno de Noboa, sumiso a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que actúa como “Caballo de Troya” de los intereses del capitalismo metropolitano, sean empresariales, financieros o tecnológicos. Así, disfrazándolos de un enfoque inclusivo y de modernidad, a más del pantanoso terreno del mal llamado libre comercio, entre otros tantos temas, se limita la autonomía del Estado en lo que refiere a las compras públicas y a las patentes de medicinas, se atropella los conocimientos ancestrales, se establecen normas laborales y ambientales que apuntalan el fin último: mantener a nuestros países como economías primario exportadoras, sacrificando no solo la Naturaleza y las comunidades, sino, además, la posibilidad de la construcción de otro tipo de economías, es decir de sociedades más autónomas y libres, sustentadas en equidades sociales y ecológicas.
Constatamos, adicionalmente, que en el mencionado TLC se introduce el prohibido arbitraje internacional, al que se lo acompaña de un esquema de arbitraje de emergencia, que permitiría, vía medidas cautelares, mantener inamovibles las acciones de las empresas mineras, que seguirían lucrando de la explotación de la riqueza nacional. Recordemos que, en estos esquemas emergentes, la sede para reclamos internacionales se define por común acuerdo entre las partes: si no hay acuerdo, el tribunal lo determina bajo la condición de que sea un Estado parte de la Convención de Nueva York.
A la postre, con un TLC de esta naturaleza, que aún debe pasar por la aprobación de la Corte Constitucional, se hace tabla rasa de la voluntad popular. No solo que se negó masivamente los arbitrajes internacionales en el referéndum del 21 abril de 2024, sino que la Constitución vigente, la de Montecristi, aprobada en las urnas el año 2008 y ratificada también mediante el voto popular en el 2025, prohíbe expresamente esos arbitrajes. Dicha manifestación directa de la voluntad soberana del pueblo está por encima de cualquier dictamen de la Corte Constitucional, como lo es el Dictamen No. 5-21-TI/21 del 30-VI-2021, con el que se intentó manipular la Constitución en un acto de subordinación política al gobierno del banquero Guillermo Lasso.
Por otra parte, de conformidad con el principio de supremacía de la Constitución, establecido en el artículo 425, la carta magna está por encima de los tratados y convenios internacionales: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, por lo que, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecen de eficacia jurídica.
El asunto es aún más complejo en Ecuador, con instituciones estatales débiles y una legislación minera que favorece abiertamente a las empresas: incentivos tributarios generosos, exigencias laborales mínimas y controles ambientales reducidos, a cambio de muy poco seguimiento real de lo que ocurre en los proyectos. A esa debilidad se suma un problema práctico y poco discutido: las entidades estatales encargadas de controlar y fiscalizar la minería sufren una grave falta de personal técnico capacitado para velar por el cumplimiento irrestricto del marco constitucional y legal.
Los derechos y garantías establecidas en la Constitución, que incluye los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deben ser la base para cualquier acuerdo internacional. En ninguna circunstancia se puede comprometer el patrimonio natural y en especial el agua y la biodiversidad, el tejido social y el ser cultural de nuestras comunidades. Es preciso garantizar la conservación de la biodiversidad, los sistemas de áreas protegidas, los ecosistemas frágiles y amenazados, las zonas intangibles, el derecho al agua y la biosfera; en definitiva, el equilibrio ecológico en todo el territorio nacional. Eso sí, sin menoscabar la justicia social.
Todo este empeño para proteger la vida demanda no solo respetar, sino también fortalecer los mecanismos de control y participación popular; lo que implica respetar el resultado de las consultas populares que frenan la minería en el Azuay y en el Distrito Metropolitano de Quito (Así como la explotación petrolera en el Yasuni). Y por cierto, habrá que darle contenido efectivo al punto destinado a los pueblos originarios, que consta en el Tratado, exigiendo por fin, el cumplimiento real y efectivo de la consultas -previas, libres e informadas; y ambientales-, con los consiguientes consentimientos, tal como dispone la Constitución del Ecuador, artículos 57,7 y 398. Es importante también destacar, para apuntalar la fuerza de las mencionadas consultas, que los artículos 424 y 426 establecen que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, ratificados por el Estado, también prevalecen sobre las acciones y normas del poder público.
Por último, en Ecuador y también en Canadá, este TLC tiene que ser discutido y aprobado por sus respetivos parlamentos. Por lo tanto, es preciso movilizar a la sociedad civil en ambos países. Urge construir una gran alianza que enfrente lo que este TLC amenaza al poner los intereses de las empresas mineras por encima del derecho de las comunidades al agua y a la vida, tal como reclama Maude Barlow, activista y autora canadiense, fundadora del proyecto Blue Planet y cofundadora del Consejo de Canadienses: una exigencia que se multiplica en muchos ámbitos de la sociedad civil canadiense.
[1] Dejemos sentado, de forma puntual, que China también tiene puesta su mira en Ecuador y que ese tema está en la agenda de la reciente visita de Noboa al coloso asiático. Dos proyectos con capital chino tienen contratos por renegociar: Cascabel, que pasó a manos de la china Jiangxi Copper en marzo de 2026, busca una adenda cuyo punto crítico es la generación de energía por parte de la minera; Mirador, operada por Ecuacorriente – filial del grupo chino CRCC-Tongguan-, retrasó su ampliación por una negociación similar. China es, además, un mercado importante para el cobre ecuatoriano: empresas chinas controlan dos de los mayores proyectos cupríferos del país. Estos intereses mineros, así como otras cuestiones, hay que verlas en el marco de la enorme deuda externa de Ecuador con China, que sigue pesando y condicionando el margen con el que Ecuador negocia.
