Salud

Por Hugo El Búho Habrá que aplaudirle al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que conjuga el verbo rebuznar de memoria. Habrá que felicitarle por...

Hasta 1938, en Ecuador la penalización del aborto estaba sujeta a la moral pública y a la honra de la familia. En ese año, el entonces nuevo Código Penal tenía como su centro de protección jurídica, en casos de aborto, a la vida. En este código penal se despenalizó el aborto en caso que corra riesgo la salud o vida de la mujer embarazada, y también, en el caso de que la mujer tenga alguna discapacidad mental[1].

Será una década sin lograr un COS satisfactorio para los derechos a la salud. El infructuoso diálogo liderado por los gobiernos lleva a algunas conclusiones: los intereses contrapuestos en el sector salud son significativos y difícilmente reconciliables, a tal punto que no han hecho viable una perspectiva común. No es cuestión exclusiva de las personas y equipos que han dirigido o dirigen el MSP, responsable gubernamental del diálogo, sino del desajuste estructural entre los actores del sistema sanitario existente, sus intereses específicos, sus posturas ideológicas y una rectoría que resulta no pertinente. Las personas son importantes pero la estructura lo es más. El harakiri es patético para la institucionalidad, pero abre una puerta para otro sendero.

Un tema altamente controversial durante la pandemia han sido las cuarentenas. Solo después de casi un año de haberse aplicado indiscriminadamente, (algunos países tuvieron 5 meses de confinamiento seguidos o más), David Nabarro, encargado europeo de la Organización Mundial de la Salud, indica: “en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus”, debido a que “demasiadas restricciones dañan los medios de subsistencia de las personas y provocan resentimiento”. Igualmente, sostiene que la disponen “para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos, y para proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero, en general, preferimos no hacerlo”.

Al gobierno le salió una. Chiripazo, se diría en el juego de canicas en el recreo escolar. Con la obvia intervención del ministerio del ramo, vetó entero el Código Orgánico de la Salud. La Asamblea Nacional aprobó este instrumento y esperaba, cuando más un veto parcial. Pensaron que era lo mejor que habían hecho. Seguro, fue su mejor esfuerzo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020; China fue el escenario primario con un indicador relativo de 81 181 casos con 3 277 fallecidos y una tasa de mortalidad de 4,04 %; en Italia y España colapsaron los sistemas de salud y superaron el número de fallecidos de la China; luego EE.UU. registró irrefrenablemente el primer lugar en número de infectados y muertes a nivel global; en Ecuador, el primer caso fue el 29 de febrero del 2020, el 13 de marzo se notificó su deceso y hoy tenemos una de las tasas de mortalidad más altas.

El año veinte del siglo XXI transcurre con la primera “pandemia global” –valga la tautología- que afecta a la especie humana. El SARS-CoV2 es el protagonista y ocasionó una peste de tal propagación, que todas las anteriores no alcanzaron. Ha demostrado suficiente poder para enfilar a la humanidad en un largo, doloroso y conflictivo tiempo. Aunque no tendrá la mortalidad de la precedente, la “gripe española”, se ha catalogado como “la emergencia sanitaria más importante de los últimos tiempos”(1).

Ante la presión de los grupos que abanderan el retroceso en derechos, se juntaron las voces de distintas organizaciones para hacer un llamado al Presidente, Lenín Moreno, para que la sanción al Código Orgánico de la Salud (COS) sea pensando en la progresividad de derechos y considerando que “en un estado laico, la Iglesia no puede colegislar”.

Más de 170 proyectos compiten por la aprobación, en distintos niveles, de las vacunas contra el SARS-CoV2. Esta disputa se ha convertido en una verdadera guerra comercial. Rusia de inicio ofreció que su vacuna sería gratis, como un principio ético para enfrentar la pandemia; la población mundial está a la espera de que así sea.

Esta semana, el Estado ecuatoriano recibió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se le responsabiliza por la violencia sexual que sufrió la adolescente Paola Guzmán Albarracín, quien durante dos años fue víctima de violencia sexual frente a la indiferencia de los sistemas educativo y judicial y quien encontró como una salida, la muerte.

Por Tomás Rodríguez León* Se comprende mejor la situación pandémica si se reconoce la relación de los sistemas locales con las agencias internacionales de salud,...

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se fue de paseo a la playa. En la foto junto a su asesora Gabriela Gómez. A la vez, en Quito, los hospitales están colapsados por la pandemia.

La lógica del recorte y ajuste del sector público es la principal característica del gobierno del mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno. Una posición que cobró la vida de alrededor de 5.532 ecuatorianos confirmados por coronavirus y 3.444 probables debido a los recortes y despidos en el sector de la salud realizados antes de la pandemia.

un asunto de trascendental importancia que es evadido, o tratado de modo residual, es la desigualdad existente en el acceso a los servicios sanitarios y la protección de la salud individual. Esto último es una característica que esboza la mayoría de sistemas médicos mundiales, dentro de los cuales se incluye el nuestro, con alta repercusión en la salud de los grupos más desfavorecidos.

Guayaquil fue el epicentro de la pandemia y Omar Jaén Lynch estaba en medio de él. Después de haber perdido a su tío, empezó la búsqueda por el cuerpo. Relatamos la odisea de una familia guayaquileña que se despidió de su ser querido, sin estar segura de si el sepultado era el correcto.